Casa

El empresario está acusado por las autoridades de supuestamente invertir en este condominio y otros activos inmobiliarios parte de las «ganancias ilegales» que obtuvo de los acuerdos con el gobierno de Maduro

Agentes federales de EE.UU. arrestaron y acusaron este 3 de agosto al empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil de formar parte de una red de lavado de dinero, así como de amasar una «fortuna ilícita» en contratos de alimentos y petróleo con el gobierno de Nicolás Maduro.

De hecho, Wakil no solo fue proveedor de alimentos del gobierno chavista, sino que, además, fue acusado de pagar sobornos al general Carlos Osorio, exministro de Alimentación y expresidente de CASA.  

Wakil, que dispone de un lujoso apartamento en Coconut Grove, aledaño a Miami, está acusado por las autoridades de supuestamente invertir en este condominio y otros activos inmobiliarios parte de las «ganancias ilegales» que obtuvo de los acuerdos con el gobierno de Maduro, recogió hoy el diario Miami Herald.

La detención de Wakil, de 59 años, fue realizada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), organismo oficial a la cabeza en el país de la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero que ha involucrado a venezolanos en Miami.

El caso de Wakil es el más reciente de detenciones de empresarios con conexiones políticas en Venezuela acusados en tribunales de Miami por enriquecimiento ilícito aprovechándose de disfrutar de relaciones personales con altos funcionarios del gobierno de Maduro.

Caso Papeles de Panamá

El nombre de Wakil, empresario nacido en Siria, se conoció en 2016 tras el escándalo de los papeles de Panamá, que involucraba a empresas fantasmas secretas establecidas en cuentas bancarias extraterritoriales por los clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca.

Las cuentas se establecieron para ayudar a los clientes del bufete de abogados a esconder dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos, según informes de investigación que publicaron el Miami Herald y otros medios.

Según un artículo de 2015 de la empresa editorial estadounidense McClatchy, propietaria del Miami Herald, un banquero de Citigroup, con sede en Miami, envió un correo electrónico al bufete de abogados panameño con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda.

Los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca identificaron a ese cliente como Wakil, un empresario con una fortuna de unos 400 millones de dólares e intereses comerciales en Carolina del Norte y Florida.

El bufete de abogados panameño propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades «offshore» para el cliente. Un año después, Wakil se vio envuelto en un caso que lo relacionó con un general venezolano en una presunta estafa de adquisiciones con las que supuestamente recaudó 76 millones de dólares, añadió el citado diario del sur de Florida.

En 2019, la compañía de información financiera Bloomberg describió a Wakil como un exvendedor ambulante que acumuló una gran riqueza mediante la compra de productos cárnicos con descuento que se vendían luego a precios enormemente inflados al gobierno de Maduro.

Wakil mantenía una relación cercana con un general de división del Ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos, según una auditoría venezolana que menciona el Miami Herald.

El nombre de Naman Wakil figura en el especial Chavismo INC

ChavismoInc, investigación realizada entre Connectas, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Transparencia Venezuela, incluye un pequeño pero revelador perfil de Wakil, a quien definen de la siguiente manera:

El especial ChavismoInc ganó el 2 de agosto el premio a la Excelencia Periodística 2021, en la categoría de Periodismo en Profundidad, que entrega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Este trabajo fue reconocido por la SIP «por describir, mediante una excelente narrativa periodística y sobre la base de una impresionante base de datos, la trama de corrupción y enriquecimiento ilícito durante más de 20 años de gobierno chavista en Venezuela, sus rutas a través de países de América Latina y España; un ejemplo de trabajo colaborativo meticuloso y profundo entre periodistas de más de 10 países para rastrear el lavado de 30 mil millones de dólares».

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero, resaltó la calidad y relevancia de los trabajos concursantes. «Una vez más se demuestra el papel fundamental de la prensa en la cobertura de los temas clave de nuestras sociedades, uno de cuyos ejemplos es la cantidad de postulaciones dedicada a la pandemia de covid-19», expresó.

Para leer el especial ChavismoInc haga clic aquí

Más sobre este tema:

Trabajo de investigación ChavismoInc gana el Premio SIP a la Excelencia Periodística 2021 en la categoría Periodismo en Profundidad

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Con información de EFE

El criminal enterró el cadáver en un matero ubicado en el patio de la vivienda y lo tapó con cemento

@carlos_dhoy | Fotografía: Carlos Ramírez

Un joven asesinó a su madre para quedarse con su vivienda y luego enterró el cadáver en el patio de la casa. 

La víctima fue identificada como Kuit Teresa Ibáñez, de 54 años de edad, cuyo cadáver fue localizado bajo varias capas de cemento, en el interior de un matero que estaba en el patio de su casa ubicada en el barrio El Carpintero de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

El femicida fue Luis Eduardo Pérez Ibáñez, de 26 años, quien es su hijo y estuvo tres años preso por robo en el Internado Judicial de Yare.

El crimen se hizo público el pasado sábado 1 de agosto, cuando vecinos de la barriada comenzaron a extrañar la presencia de la señora Ibáñez, por lo que le preguntaron a su hijo. El sujeto respondió que estaba hospitalizada porque había contraído la Covid 19, pero los vecinos no le creyeron por la actitud evasiva como respondió y porque el protocolo de tratamiento de la enfermedad incluye la ubicación y aislamiento de los familiares cercanos del paciente, lo que no había sucedido.

En vista de la situación, los vecinos se comunicaron con familiares de la señora Ibáñez y estos acudieron a verificar qué sucedía.

Al llegar a la casa no se les permitió el acceso, por lo que forzaron la cerradura para entrar y notaron que faltaban muchos objetos de valor. Además, el homicida trató de fingir que su madre estaba dormida y colocó varias almohadas tapadas por una cobija para simular que estaba allí arropada.

Los familiares hicieron la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y una comisión se lo llevó detenido. Durante la entrevista el sujeto confesó su crimen y el lugar donde había dispuesto del cadáver. Entonces, lo desenterraron.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Bello Monte donde se realizaron los exámenes forenses y fue entregado a sus familiares para que le dieran sepultura.

FOTOS: @Mariafernandazb

COMO SE SABE, la “casa de la cultura de Robert Serra”, ubicada en La Pastora, es un símbolo del chavismo en esa zona populosa de Caracas, en la que la noche del 22 de enero se registraron manifestaciones y actos vandálicos.

Entre esas acciones violentas, personas desconocidas arremetieron contra estas instalaciones. Las imágenes se difundieron a través de Twitter en donde las llamas salían por todas las ventanas de la residencia, convertida en una especie de lugar de culto tras su fallecimiento.

Pasada la noche y con los primeros rayos del sol en la convulsa ciudad, los vestigios de las protestas nocturnas -luego de que un grupo de guardias nacionales se entregaran tras haber desconocido a Nicolás Maduro como mandatario- aparecen.

Un grupo de protestantes prendieron en llamas la ‘Casa de la Juventud de Robert Serra’, un museo conmemorativo al fallecido líder del chavismo, ubicada en la esquina de Puerta de Caracas, en La Pastora.

Las manifestaciones registradas en la capital del país se registraron durante todo el día en el sector de Cotiza, pero fue en la noche donde varias zonas del Municipio Libertador como Lídice, Catia y El Valle se vieron afectadas por estas acciones.

En un video difundido por redes sociales la noche de este lunes 21, se pudo apreciar el momento en que las llamas provocadas por los habitantes de la zona consumían la edificación.

#ATENCIÓN Quemaron la casa "Robert Serra" en La Pastora / video cortesía pic.twitter.com/9XqQ92aB56

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 22, 2019

*Vea más detalles en TalCual

Este domingo 15 de julio se cumplen seis meses de la muerte de Óscar Pérez y sus aliados, José Pimentel, Daniel Soto, Abraham y Jairo Lugo, Abraham Agostini y Lizbeth Ramírez, en El Junquito durante la Operación Gedeón, por lo que la diputada Delsa Solórzano compartió, a través de sus redes sociales, fotografías de cómo luce en la actualidad la casa en la que se atrincheraba el grupo.

La también presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) reiteró que luego de la investigación realizada se puede “concluir que hubo una MASACRE, que los ciudadanos asesinados estaban ‘rendidos’, que hubo uso desproporcionado de la fuerza, que se utilizaron armas de guerra contra civiles, que se destruyeron evidencias”.

Solórzano informó también que fue remitido un informe de lo ocurrido a instancias internacionales, entre ellas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Criminal Internacional.

1. Oscar Pérez, José Díaz Pimentel, Daniel Soto, Abraham y Jairo Lugo, Abraham Agostini y Lizbeth Ramírez fueron ASESINADOS por el régimen de Maduro hace 6 meses. Hoy la dictadura sigue obstruyendo la justicia interna

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

2. La investigación que llevamos en #PoliticaInterior permitió concluir que hubo una MASACRE; que los ciudadanos asesinados estaban “rendidos”; que hubo uso desproporcionado de la fuerza; que se utilizaron armas de guerra contra civiles; que se destruyeron evidencias

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

3. Que hubo obstrucción la justicia; que se impidió acceso de @AsambleaVE al lugar de los hechos el día de la masacre; que la Cadena de mando que ordena el operativo tiene a la cabeza a Cmdte en Jefe FFAA; que actuaron civiles y militares (MIN Defensa y MIN Interior)

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

4. Que se negó información a @AsambleaVE ; que se cometieron tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los familiares; que se ha perseguido políticamente a las familias de los masacrados; que actuaron civiles (colectivos armados) con doble identidad haciéndose pasar por PNB

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

5. Que se impide a @AsambleaVE obtener lista de funcionarios actuantes, con lo que se oculta evidencia; que se pretendió cremar a los cadáveres; que se nos oculta la autopsia de ley y sólo tenemos acta de defunción que dice: causa de muerte: disparo en la cabeza

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

6. Que hay encubrimiento por parte de funcionarios encargados de la investigación; que se siguen cometiendo delitos para pretender ocultar la verdad

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

8. No descansaremos hasta obtener justicia. Seguiremos brindando apoyo a las familias

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

*Fotos Delsa Solorzano

EL REGRESO AL GABINETE MINISTERIAL del mayor general Carlos Osorio, ahora como Ministro de Transporte, también trae de vuelta el caso de uno de los altos funcionarios de gobierno con un grueso historial de denuncias por supuesta corrupción, favorecido con una sentencia que censura las denuncias en su contra por parte de miembros de la Asamblea Nacional.

Osorio se estrenó en el Gobierno bolivariano en 2006, cuando presidió la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA). En 2010 se erigió como el funcionario con más poder en materia alimentaria, pues ostentó las presidencias de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y de la Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícola (CASA), para luego ser nombrado ministro de Alimentación, encargarse de la vicepresidencia de la Soberanía Alimentaria y coordinar el Estado Mayor contra la guerra económica. Durante su gestión se destapó el caso de las miles de toneladas de comida podrida de PDVAL, pero fue destituido sin averiguaciones formales en su contra.

Seguidamente asumió el Ministerio para el Despacho de la Presidencia entre abril de 2014 y marzo de 2015, fecha ésta en la que nuevamente vuelve al despacho de Alimentación y asume otra vez CASA. En esa época fue señalado como el ministro de la escasez e irregularidades en la importación y distribución de insumos básicos, por lo que la AN le aplicó una sanción política en 2016 y pidió a la Fiscalía General iniciar una averiguación. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), aun siendo aliado del chavismo, solicitó ese mismo año que se le investigara por irregularidades en Abastos Bicentenario.

Tras un fugaz retiro, desde el 26 de noviembre de 2017, Osorio integra otra vez el gabinete ministerial, ahora a la cabeza del despacho de Transporte Terrestre.

Censura

El 20 de abril de 2016 la Asamblea Nacional (AN) declaró la responsabilidad política de Osorio, para entonces ya exministro, por supuestos ilícitos durante su gestión en el despacho de Alimentación. El 28 de abril de ese año, el legislativo también  procedió contra el ministro en ejercicio, Rodolfo Marco Torres y le aprobó voto de censura, en medio de una creciente escasez de productos alimenticios y acusaciones por corrupción.

Nicolás Maduro, reaccionó rápidamente y, como había anunciado, dictó un decreto mediante el cual impidió a la AN ejercer su función de control  a través del mecanismo constitucional del voto de censura; esto mientras dure la vigencia del estado de emegencia económica.

El voto de censura puede ser acordado por la AN contra el vicepresidente ejecutivo y los ministros por su mal desempeño. Dicha sanción conduce a la destitución por tratarse de una sanción política.

Además, este mecanismo de control político deriva en inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos púbicos por el resto del período presidencial, de acuerdo con el artículo 246 de la Constitución.

El jefe de Estado, amparándose en el estado de emergencia económica, no puede eliminar una potestad del Parlamento (artículo 187, numerales 3 y 10), porque un estado de excepción no permite suspender normas del texto constitucional y menos aún socavar los cimientos del Estado de Derecho y democrático, como lo constituye el principio de separación de poderes y el consecuente control entre poderes derivado de este.

Demanda

Debido a las continuas denuncias en su contra desde el poder legislativo, el militar resolvió –el año pasado– demandar ante un tribunal a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia, y al dirigente de Un Nuevo Tiempo, Carlos Tablante, por daño moral, difamación, injuria y sometimiento al escarnio público.

En julio de 2016, la juez tercera de primera instancia en lo Civil del estado Carabobo, Omaira Escalona, falló a su favor al prohibir a los tres diputados demandados declarar, publicar y difundir información en los medios y redes sociales que “atenten contra el honor y reputación” de Osorio. Además, les ordenó indemnizarlo con 900 millones de bolívares.

El abogado de García, Jesús Ollarves, dijo que la decisión no es más que  censura judicial y propicia la corrupción, ya que “distorsiona el propósito y sentido del artículo 57 de la Constitución”, el cual reza: “Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

Añadió que la decisión además atenta contra el artículo 199, que estipula que “los diputados del Parlamento nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones”.

Militantes de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, acompañados del diputado Juan Pablo Guanipa, fueron dispersados con bombas lacrimógenas este lunes 10 de abril, cuando se encontraban protestando frente a la casa del gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas.

Hay varias personas afectadas por los gases. En el lugar se encuentran efectivos de la GN y de la Policía Nacional Bolivariana.

#10abr #EnDesarrollo represión de la guardia en #maracaibo , GN lanza lacrimójenas y disparan perdigones contra manifestantes #350ya

— Vente Zulia (@ventevzulia) 10 de abril de 2017

Así @PanchoArias2012 reprime a manifestantes en #Zulia ¡Basta ya! #SinDescansoContraLaDictadura pic.twitter.com/gmq15Uf8uY

— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) 10 de abril de 2017

#Zulia #10A Manifestantes opositores se concentran frente a residencia del gobernador del estado Zulia pic.twitter.com/V4pwF7owA7

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 10 de abril de 2017

#10Abr REPRESION FRENTE A LA CASA DE LA GOBERNACION #maracaibo #Zulia pic.twitter.com/Mm8YjNn3so

— amoravzla (@amoavzl) 10 de abril de 2017

Con estas bombas nos ataca la GNB y la PR. Ante más represión por parte de la dictadura más personas en la calle a defender la LIBERTAD. pic.twitter.com/4dWPLo8E6S

— VP Zulia (@VPZulia) 10 de abril de 2017

EN DIRECTO en #Periscope COBARDE GOLPISTA @panchoarias2012 ¡Reprimiendo al Zulia! https://t.co/T8c7HOdTjE

— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) 10 de abril de 2017

#10A Protesta en Residencia oficial de Gobernador del Zulia Video: @LDanieri pic.twitter.com/78JRgCgNpM

— Edgar Cárdenas (@Edgarcardenasp) 10 de abril de 2017

#10abr residencia gobernador #zulia, afectada por gases tóxicos lanzados contra manifestación pacífica. #jaquematemaduro #350ya pic.twitter.com/CzJOgN560l

— Vente Zulia (@ventevzulia) 10 de abril de 2017

Arias Cárdenas rechazó ataques contra residencia oficial en Maracaibo

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, rechazó de manera contundente los ataques perpetrados este lunes contra la Residencia Oficial en Maracaibo.

Sobre este hecho, Arias Cárdenas señaló que un grupo de simpatizantes de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular marcharon hasta este lugar donde rayaron las paredes y las puertas, así como vociferaron consignas contra el Gobierno.

“El atentado contra lo público y la destrucción de bienes privados, no son protesta pacífica; que dejan de serlo cuando se agrede y destruye”, afirmó Arias a través de su cuenta en Twitter, @PanchoArias2012.

La angustia invadió el corazón de Yarelis Paternina, en horas de la madrugada los gritos desesperados de sus vecinos fue la alarma de un día que se convertiría en la peor pesadilla de su vida.

El 17 de agosto de 2015, un grupo de funcionarios de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) ingresó en la barriada Brisas del Hipódromo. Sin piedad alguna desalojaron a sus habitantes de sus hogares.

Paternina recuerda cómo se llevaron preso a su esposo e hijo que para ese momento tenía 13 años. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales, pero la OLP iba decidido a acabar con todo a su alcance, y lo lograron. De la barriada solo quedó el terreno baldío.

Desde las 2:00 a.m., piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía de Carabobo restringieron la entrada y salida de personas, así como de vehículos en la vía principal El Hipódromo.

Los recuerdos de la dama son atormentantes, “todo transcurrió como una película macabra, cuando la OLP llegó en la madrugada, reventaron los transformadores de luz, nos dejaron a oscuras” relató.

Todo parecía un plan perfecto para destruir, lo que en nueve años se había convertido en el hogar para 436 familias. La comunidad había escuchado constante promesas de la Gobernación de Carabobo para ser reubicados en Ciudad Chávez, algo que parecían solo palabras, ningún habitante había sido reubicado.

La Gobernación los dejó en la calle, los que tenían familia como en el caso de Paternina fueron a sus casas en busca de refugio, el resto de las personas los enviaron al Centro por la Paz y la Vida en Bella Florida.

En nota de prensa, el Gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach informó que la comunidad Brisas del Hipódromo fue tomada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Policía Nacional  Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Policía de Carabobo (PC).

Para el gobernador el desalojo obedeció una supuesta invasión en la que fueron ubicados 36 extranjeros, de los cuales 31 estaban en condición ilegal. También indicó que en el sector se detuvieron tres delincuentes solicitados por tribunales y aprehendidos ocho ciudadanos por antecedentes policiales. Por lo que se procedió a la demolición de más de 200 construcciones ilegales, tipo rancho.

El acontecimiento fue todo un orgullo para el gobernador, la OLP había realizado un maravilloso trabajo, en lo que se convirtió en el lunes negro para los habitantes de Brisas del Hipódromo, nombre que ellos mismo le otorgaron al día que perdieron sus hogares.

Situación actual

Yarelis Paternina vive con su esposo e hijo en casa de su mamá. El espacio es pequeño, en el patio construyeron con algunas tablas que les quedó de su rancho una habitación, allí tienen su cama y cocina. No hay privacidad, pero no tienen opción, es eso o vivir en la calle.

En Brisas del Hipódromo, la familia había logrado construir dos estructuras de bloques, contaban con un cuarto, sala y cocina. Estaban más cómodos, además habían comprado varios enseres que perdieron con la demolición.

Paternina se siente engañada, ya han pasado dos años desde que perdió su hogar. Las promesas de una “vivienda digna” en Ciudad Chávez retumban en su cabeza.

Antes del desalojo, la Gobernación de Carabobo les había garantizado vivienda, luego que los dejaran en la calle el compromiso de Ameliach con el pueblo era mayor. “Me dijeron que tendría un lugar donde vivir y aquí estoy, sin nada. La promesa fue rancho por casa.” detalló la dama.

Lilibeth Acosta es otra de las afectadas, es madre soltera de cinco niños. Fue sorprendida el 17 de agosto de 2015 en la madrugada. Al igual que Paternina la angustia por lo que sucedía se adueñó de su ser.

No tuvo más opción que agarrar con sus cinco pequeños, después de haber perdido todo, a casa de su mamá. Allí hay solo dos habitaciones, antes de su llegada, una era de su madre y otra de su hermano. Ahora, una de las habitaciones es de ella y sus hijos. Todos duermen juntos en una cama.

Su hermano tiene como cuarto el mueble de la sala desde que Acosta llegó. Ya son dos años desde que la dama perdió su hogar, son dos años que vive “arrimada” con su mamá y son dos años que espera por ser reubicada en Ciudad Chávez como le prometieron.

El 23 de agosto de 2015, sólo una semana después de dejar a 436 familias sin hogar. Desde el sur de Valencia, el gobernador Francisco Ameliach, realizó un balance de los cuatro años de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), detallando que a finales del 2014 se habían construido 47 mil 290 domicilios.

En el 2015 se habían entregado para esa fecha dos mil 688 viviendas, de las cuales mil 476 fueron entregadas a familias que vivían en ranchos, con construcciones improvisadas y precarias condiciones en sectores alrededor de Ciudad Chávez, destacó el mandatario regional.

En las viviendas entregadas, las familias de Brisas del Hipódromo fueron reubicadas, o eso quisieron decir. Aún quedan en el olvido varias de estas personas que perdieron su hogar. Son alrededor de 80 familias que siguen sin el apartamento prometido en Ciudad Chávez, expresó Lilibeth Acosta.

Yarelis Paternina informó que hace aproximadamente dos semana fueron a Caracas,  a la sede de Redes Populares del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Los desalojados entregaron un documento donde  especifican las promesas de la Gobernación de Carabobo, desde antes de la demolición y que aún no les han cumplido. En el informe del ministerio, estas familias salen esperando por misión vivienda desde el 2011.

“Estamos con el Gobierno, tenemos el carnet de la patria, siempre los hemos apoyado y ahora pareciera que nos han dado la espalda. Nos dejaron en el olvido y sin hogar” Expresó Paternina.

En las promesas, la dama recuerda que los primeros urbanismos serían para Brisas del Hipódromo, pero ahora en los apartamentos habitan personas que pagaron, militares y otras pocas familias que verdaderamente ayudaron.

Borges Márquez, dirigente de la Defensa de los Derechos del Pueblo, detalló en entrevista para el El Carabobeño el 13 de febrero de 2017, que el estatus social de estas familias en la Gobernación de Carabobo es como reubicadas, pero no es cierto, siguen sin apartamento.

Paternina comentó que siguen con el mismo estatus en los informes, pero que ellos no tienen hogar, “nuestras casas deben estar en manos de otras personas, ¿como nos ponen como reubicados si no lo estamos?

Los desalojados se reunieron también con la secretaría de Desarrollo Social en Carabobo, Gloribel Vásquez, quien les comentó que el organismo pensaba que los habitantes de Brisas del Hipódromo habían sido reubicados, pero ahora no son su prioridad.

El compromiso de Vásquez está con las familias que perdieron su hogar por las lluvias, dejando sin esperanza, a aquellos que llevan esperando por su vivienda desde hace dos años.

Los afectados de Brisas del Hipódromo, exigen a Gloribel Vásquez que tome en cuenta el caso de los desalojados.

La tristeza de quedar en el olvido en los planes de la Gobernación de Carabobo, luego de las promesas de vivienda digna,  mantiene en desasosiego a las 80 familias que aún esperan por ser reubicados.

 

#URGENTE 6 funcionarios dl Cicpc, armados, allanaron a primera hora la casa d @ElGatoDeAragua. Preguntaban «dónde está Alexander Tirado» 2/3

— Alexander Tirado (@ElGatoDeAragua) 29 de junio de 2016

#URGENTE Familiares d @ElGatoDeAragua fueron fotografiados por el CICPC, quienes desconocían que está en Tocuyito y es un #presopolitico 3/3

— Alexander Tirado (@ElGatoDeAragua) 29 de junio de 2016

sebin alrededor de las 7:00 am allano la casa de nuestro dirigente de @VoluntadPopular ARAGUA @ElGatoDeAragua

— manuel gonzalez (@manuelgozalezVP) 29 de junio de 2016