El Senado de Estados Unidos formuló este martes un llamado al gobierno de Venezuela para que «libere inmediatamente prisioneros políticos» y acepte la distribución de ayuda humanitaria para subsanar la carencia de alimentos y medicinas.

En una Resolución de tres páginas, aprobada de forma unánime, la cámara alta del Congreso estadounidense expresó su apoyo a «esfuerzos significativos» en favor de un diálogo en respeto por los mecanismos constitucionales y «resuelva la crisis política, económica, social y humanitaria» en ese país.

Los senadores también manifestaron su apoyo a la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de invocar la carta democrática interamericana para evaluar la situación actual en Venezuela.

En la resolución, los senadores también «urgen» al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a proporcionar «apoyo pleno a los esfuerzos de la OEA en favor de soluciones constitucionales y democráticas» a la situación política.

Los senadores presionaron al presidente Donald Trump a que «oriente a las agencias federales a hacer responsables a funcionarios de Venezuela por violaciones a la legislación estadounidense y abusos de derechos humanos internacionalmente reconocidos».

El pasado 15 de febrero, el presidente Trump pidió públicamente a Venezuela que libere al dirigente opositor Leopoldo López.

Dos días antes, el Tesoro estadounidense había impuesto sanciones económicas contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, al que acusa de tráfico de drogas, una decisión que fue condenada fuertemente por Caracas.

En un escenario marcado por la escasez generalizada de alimentos y medicinas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó la inflación del año 2016 en 475%, aunque podría llegar hasta los 1.660% en el año en curso.

El viernes, durante una conferencia en un centro de estudios en Washington, Almagro se manifestó favorable a la convocatoria de elecciones generales anticipadas en Venezuela.

«Debe haber una elección general ya (…) Necesitas una elección para salir de un régimen autoritario hacia uno democrático», dijo el diplomático uruguayo.

Organizaciones sociales y de derechos humanos enviaron al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una carta en la que insisten en la necesidad de la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

 

Doctor Luis Almagro
Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Su despacho.-

Reciba ante todo nuestro respetuoso saludo y reconocimiento al valioso trabajo que viene realizando desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Somos un grupo de personalidades, organizaciones sociales y de derechos humanos que fuimos parte de la comunicación remitida a usted el pasado 24 de octubre de 2016, en la cual denunciábamos la violación de los principios presentes en la Carta Democrática Interamericana (CDI) por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como la petición de activar los mecanismos presentes, tanto en su artículo 19 como en su artículo 20, para su activación frente a la situación venezolana.  Hoy nos comunicamos con usted para insistir en esta solicitud, debido a la continuación del agravamiento del quiebre de la institucionalidad democrática y los retrocesos en materia de derechos sociales.

Con atención seguimos los esfuerzos que usted realizó durante el año 2016 para visibilizar el deterioro político y social sufrido por Venezuela. También sabemos que este impulso inicial debió esperar por los resultados del proceso de diálogo iniciado en noviembre de 2016, el cual contó por primera vez con un interlocutor que gozaba de la confianza de todas las partes: El Vaticano. Sin embargo, como es de su conocimiento, el gobierno venezolano se negó sistemáticamente a asumir compromisos, profundizando su ataque contra las libertades democráticas, suspendiendo de manera indefinida los procesos electorales pendientes y tomando decisiones que han empeorado la dificultad de acceso de la población a los alimentos y medicinas, en un contexto de alta inflación y crisis económica.

Consideramos que el diálogo es importante y necesario en cualquier conflicto, pero hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha mostrado evidencias de no tener la voluntad política para respetarlo y, por el contrario, se ha valido de su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para evitar dar cauce democrático a la crisis social y política de Venezuela. Por ello creemos que, independientemente de si el mecanismo de diálogo seguirá llevándose a cabo en el país, la OEA debe continuar con el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Esto significaría suspender al Estado venezolano de la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. Asimismo, implicaría realizar una convocatoria al Consejo Permanente de la OEA para la evaluación de la situación venezolana, estimulando todas las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en nuestro país.

Continuaremos informando a la Secretaría General sobre las represalias contra nuestras organizaciones que pudieran generarse por haber realizado esta solicitud y exigir, a viva voz, el fin de la ruptura del hilo constitucional y por la adopción de medidas eficaces para detener el aumento de la pobreza en Venezuela.

Quedando de usted atentamente, nos despedimos.

Suscriben la presente comunicación
Individualidades
Hasler Iglesias, presidente saliente Federación de Centros Universitarios UCV
Margarita López Maya, historiadora
Oscar Murillo, periodista

Organizaciones:
Acción Ciudadana Contra el Sida
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Amigos Transplantados de Venezuela
Asamblea de Educación
Aula Abierta Venezuela
Cátedra de DDHH de la UCLA
Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ
Convite AC
Civilis Derechos Humanos
Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (FUNDAMUJER)
Fundación Venezolana y de América Latina (FUNDAVAL)
Foro Penal Venezolano
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS DDHH
Federación de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
Fundación Incide
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
María Estrella de la Mañana AC
Laboratorio de Paz
Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social  (OVCS).
Oficina de DDHH del vicariato de Puerto Ayacucho
Padres Organizados de Venezuela
Promoción, Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (Red Ara)
Redes Ayuda
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Sinergia
Stop VIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Un Mundo Sin Mordaza

 

 

Organizaciones sociales y de derechos humanos enviaron una carta al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que insisten en la petición hecha el pasado 24 de octubre de 2016, en la que solicitaban la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

A través de su cuenta en Twitter, Almagro informó que recibió el documento, por lo que en breve concluiría la actualización del informe sobre la situación en Venezuela.

«Hoy nos comunicamos con usted para insistir en esta solicitud de activar los mecanismos presentes frente a la situación venezolana, debido a la continuación del agravamiento del quiebre de la institucionalidad democrática y los retrocesos en materia de derechos sociales», reza la carta de las ONG.

En la misiva, las organizaciones dejan claro que consideran que el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición «es importante y necesario», aunque hicieron la salvedad: «hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha mostrado evidencias de no tener la voluntad política para respetarlo y, por el contrario, se ha valido de su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para evitar dar cauce democrático a la crisis social y política de Venezuela».

Algunas de las ONG que firmaron la carta son: Acción Ciudadana Contra el Sida, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Amigos Transplantados de Venezuela, Asamblea de Educación, Aula Abierta Venezuela, Convite AC, Fenasopadres, Fundaval, Redes Ayuda, Unión Afirmativa, Un Mundo Sin Mordaza, entre otros.

A continuación la carta enviada al Secretario General:

Caracas, 24 de febrero de 2017

Doctor Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos Su despacho.-

Reciba ante todo nuestro respetuoso saludo y reconocimiento al valioso trabajo que viene realizando desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Somos un grupo de personalidades, organizaciones sociales y de derechos humanos que fuimos parte de la comunicación remitida a usted el pasado 24 de octubre de 2016, en la cual denunciábamos la violación de los principios presentes en la Carta Democrática Interamericana (CDI) por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como la petición de activar los mecanismos presentes, tanto en su artículo 19 como en su artículo 20, para su activación frente a la situación venezolana. Hoy nos comunicamos con usted para insistir en esta solicitud, debido a la continuación del agravamiento del quiebre de la institucionalidad democrática y los retrocesos en materia de derechos sociales.

Con atención seguimos los esfuerzos que usted realizó durante el año 2016 para visibilizar el deterioro político y social sufrido por Venezuela. También sabemos que este impulso inicial debió esperar por los resultados del proceso de diálogo iniciado en noviembre de 2016, el cual contó por primera vez con un interlocutor que gozaba de la confianza de todas las partes: El Vaticano. Sin embargo, como es de su conocimiento, el gobierno venezolano se negó sistemáticamente a asumir compromisos, profundizando su ataque contra las libertades democráticas, suspendiendo de manera indefinida los procesos electorales pendientes y tomando decisiones que han empeorado la dificultad de acceso de la población a los alimentos y medicinas, en un contexto de alta inflación y crisis económica.

Consideramos que el diálogo es importante y necesario en cualquier conflicto, pero hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha mostrado evidencias de no tener la voluntad política para respetarlo y, por el contrario, y, por el contrario, se ha valido de su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para evitar dar cauce democrático a la crisis social y política de Venezuela. Por ello creemos que, independientemente de si el mecanismo de diálogo seguirá llevándose a cabo en el país, la OEA debe continuar con el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Esto significaría suspender al Estado venezolano de la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. Asimismo, implicaría realizar una convocatoria al Consejo Permanente de la OEA para la evaluación de la situación venezolana, estimulando todas las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en nuestro país.

Continuaremos informando a la Secretaría General sobre las represalias contra nuestras organizaciones que pudieran generarse por haber realizado esta solicitud y exigir, a viva voz, el fin de la ruptura del hilo constitucional y por la adopción de medidas eficaces para detener el aumento de la pobreza en Venezuela.

Quedando de usted atentamente, nos despedimos.

Suscriben la presente comunicación

Individualidades

Hasler Iglesias, presidente saliente Federación de Centros Universitarios UCV.

Margarita López Maya, historiadora.

Oscar Murillo, periodista

Organizaciones:

Acción Ciudadana Contra el Sida

Acceso a la Justicia Acción Solidaria

Amigos Transplantados de Venezuela

Asamblea de Educación Aula Abierta Venezuela

Cátedra de DDHH de la UCLA

Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)

Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia

Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ Convite

AC Civilis Derechos Humanos Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (FUNDAMUJER)

Fundación Venezolana y de América Latina (FUNDAVAL)

Foro Penal Venezolano

Espacio Humanitario

Espacio Público

EXCUBITUS DDHH

Federación de Sociedad de Padres y Representantes (FENASOPADRES)

Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)

Fundación Incide

Humano Derecho Radio Estación

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

María Estrella de la Mañana AC

Laboratorio de Paz Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Oficina de DDHH del vicariato de Puerto Ayacucho

Padres Organizados de Venezuela Promoción, Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (Red Ara)

Redes Ayuda

Sociedad Hominis Iura (SOHI) Sinergia

Stop VIH Transparencia Venezuela Una Ventana a la Libertad Unión Afirmativa Un Mundo Sin Mordaza

Mauricio Macri junto a Mario Vargas Llosa en un foro en Madrid el 23FEB17. Foto: Casa de América

 

La aplicación de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro en el marco de la OEA comenzó a considerarse ya abiertamente entre diversos gobiernos de la región. En el seno del grupo de una decena de gobiernos que desde principios del 2016 realizan usuales reuniones informales en la OEA sobre la coyuntura venezolana, nuevamente se estaría mencionando la aplicación de medidas sancionatorias contempladas en la Carta Democrática. Se trataría de retomar las gestiones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, frenadas ante el “diálogo nacional” inventado por el gobierno de Nicolás Maduro con el concurso del colombiano Ernesto Samper y el español José Rodriguez Zapatero con respaldo tras bastidores de algunos sectores opositores venezolanos. El diálogo Maduro-MUD está congelado y hasta el gobierno español de Mariano Rajoy que brinda apoyo a las gestiones de Zapatero, advirtió el 23FEB17 que el “diálogo no puede prolongarse indefinidamente”.

Pese al silencio acomodaticio que Raúl Castro y Maduro mantienen sobre el nuevo gobierno  estadounidense, la situación interna venezolana fue rápidamente asumida por Donald Trump quien la ha mencionado en sus conversaciones con los mandatarios de Panamá, Colombia, Argentina y Perú.

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El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, afirmó el 18FEB17 que su gobierno contempla solicitar la aplicación de la carta democrática del Mercosur al gobierno Maduro. Igualmente sugirió que el Secretario General de la OEA solicite la convocatoria de una nueva reunión del Consejo Permanente de ese organismo para continuar el debate inconcluso iniciado en la sesión del 23JUN16 sobre la situación interna venezolana. En esa sesión el organismo, tras conocer el informe de Almagro, optó por no pronunciarse sobre la aplicación o no de medidas contra el gobierno Maduro. La continuidad de las violaciones a normas constitucionales por Maduro son el epicentro del expediente que Almagro y su equipo actualiza y que podría ser presentado en próxima fecha al Consejo Permanente de la OEA.

El 23 y 24FEB17 durante su visita oficial a Madrid, en foros públicos organizados por Casa de América y el diario El País, el presidente argentino Mauricio Macri afirmó estar dispuesto a procurar los votos necesarios en la OEA para aplicar la Carta Democrática al gobierno Maduro. “Nosotros hicimos enorme tarea suspendiendo a Venezuela de Mercosur. Era un mensaje. Si el mensaje de aplicar la carta democrática en la OEA suma, hagámoslo”, afirmó Macri quien ratificó su apoyo a las gestiones de Almagro.

Por su parte, el candidato opositor ecuatoriano Guillermo Lasso anunció que de alcanzar la presidencia de su país en la segunda vuelta, apoyaría la aplicación de sanciones a Maduro en la OEA. El cambio de gobierno en Ecuador debe producirse el 24MAY17 y de alcanzar Lasso la Presidencia, su país dejaría de practicar la actual solidaridad automática a favor del régimen venezolano en las instancias internacionales.

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Rafael Correa anunció que procederá a derrocar al próximo gobierno ecuatoriano, en caso de que el opositor Guillermo Lasso resulte triunfador en las elecciones presidenciales cuya segunda vuelta está prevista para el 02ABR17.

Correa, quien califica como un “golpe parlamentario” el juicio político y destitución de Dilma Rousseff en 2016 en Brasil y, quien impulsó sanciones internacionales contra Paraguay en 2012 a raíz de la destitución de Fernando Lugo, ahora no duda en propiciar la destitución, por vía parlamentaria, de un gobierno que ni siquiera ha sido electo en su país. La Constitución ecuatoriana dictada bajo el gobierno de Correa, da a la Asamblea Nacional la facultad de destituir al Presidente sin proceso judicial, cuando fuera acusado de “grave crisis política y conmoción interna”. En caso de reunirse dos tercios de los votos parlamentarios se produciría la destitución presidencial y la disolución de la Asamblea Nacional. Las autoridades electorales deberán convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas en un procedimiento que se conoce como “muerte cruzada” en el argot político ecuatoriano.

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Las elecciones presidenciales ecuatorianas del 19FEB17 se realizaron en un clima de intensa interferencia por parte de Correa a favor de su candidato Lenin Moreno. La noche de las votaciones, cuando las mediciones a boca de urna indicaban claramente que ningún candidato reunía los votos necesarios para proclamarse ganador, el canal de propaganda cubano-venezolano Telesur anunciaba el triunfo de Moreno en primera vuelta y, sobre la media noche el propio Correa, suplantando funciones de las autoridades electorales, tuiteó que su candidato ya había vencido. Presiones del gobierno de Correa obligaron al Consejo Nacional Electoral a no difundir los resultados de un “conteo rápido” contratado con la Corporación Participación Ciudadana y fue sólo tras setenta y dos horas de espera, que Correa reconoció que sería necesario realizar una segunda vuelta. El jueves 23FEB17, Correa aceptó la posibilidad de que su entenado político pierda las elecciones y, ante ese escenario, ya anuncia su plan para destituir al próximo mandatario ecuatoriano y presentarse nuevamente como candidato. El castrochavismo define a Ecuador como actual escenario de batalla contra la “restauración neoliberal”.

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La Secretaría General de Unasur permanece acéfala y el organismo suramericano está virtualmente en manos del gobierno de Nicolás Maduro que detenta la Presidencia protempore anual y está violando las normas internas de funcionamiento. Dentro de Unasur se vive un crudo enfrentamiento de burócratas que, sin representar a ningún país, se disputan el control operativo. El organismo diseñado e impulsado por la diplomacia brasileña en los años noventa y que al crearse fue rápidamente colonizado por el castrochavismo, se ha convertido en un nuevo campo de batalla.

Para el 31ENE17 fue convocada una reunión de los doce cancilleres suramericanos para escuchar un “informe” del saliente Secretario General  Ernesto Samper y realizar una reunión privada donde se tocaría el tema de la sucesión en el cargo. Sólo asistieron los cancilleres de Ecuador, Bolivia y Venezuela, gobiernos ideológicamente vinculados con el saliente Secretario General, a quienes se sumó la canciller María Angela Holguín paisana de Samper. El Informe Otálvora del 04FEB17 reportó: “No dejó de llamar la atención que la ministra argentina, Susana Malcorra, se hiciera presente en el evento, desatando especulaciones sobre el posible interés del gobierno de Mauricio Macri de sondear alguna candidatura para Unasur”. Esta versión ya está confirmada: el gobierno Macri se está moviendo para colocar a un argentino en la Secretaría General de Unasur.

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En la reunión celebrada en la sede de Unasur en las afueras de Quito el 31ENE17, la canciller Malcorra anunció formalmente la postulación de José Octavio Bordón para el cargo de Secretario de Unasur.

Bordón, políticamente peronista con buen tránsito entre la izquierda argentina,  cuenta con una larga hoja de actividad política dentro y fuera de su país. Ha sido gobernador, senador, candidato presidencial, Embajador de Nestor Kirchner ante el gobierno de EEUU, representante del chileno José Miguel Insulza cuando éste ejercía como Secretario General de la OEA, entre otras funciones. Bordón fue designado por Mauricio Macri como Embajador en Santiago de Chile, cargo que actualmente ejerce.

La escogencia del Secretario General de Unasur requiere la unanimidad de los doce gobiernos miembros. Macri utilizó sus recientes visitas de Estado a Chile y Brasil para confirmar el voto de Michelle Bachelet y Michel Temer a favor del argentino, mientras ya el gobierno paraguayo se manifestó públicamente en apoyo a Bordón. En la cancillería argentina contabiliza ocho votos comprometidos de los doce requeridos ya que los “gobiernos del ALBA” (Bolivia, Ecuador, Venezuela) no se han pronunciado al respecto pese a las buenas relaciones de Bordón con sectores de la izquierda continental. La elección de Bordón no pareciera depender de las condiciones personales del candidato sino de la improbable disposición del gobierno Maduro para apoyar a un candidato presentado por Mauricio Macri, con quien el chavismo mantiene una abierta confrontación internacional e incluso al interior de la propia Argentina.

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Un reputado parlamentario brasileño, quien fuera blanco de un ataque por grupos chavistas cuando intentó visitar Caracas el 18JUN15, pudiera convertirse en el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Se trata del senador socialdemócrata paulista Aloysio Nunes, quien en aquella ocasión viajó a Venezuela como parte de una delegación oficial parlamentaria que se proponía visitar a los presos políticos venezolanos.

El senador José Serra, dirigente del partido PSDB, quien asumió la jefatura de la cancillería brasileña (Itamaraty) con el actual gobierno, dimitió el 22FEB17 como consecuencia de un deterioro de su estado de salud tras ser sometido a una operación quirúrgica de columna vertebral en diciembre pasado. El presidente del  PSDB, Aécio Neves, informó el 23FEB17 al presidente Michel Temer la posición de su partido en cuanto mantener a uno de sus hombres al frente de Itamaraty y que el escogido es Nunes, quien cuenta con el pleno apoyo de la jerarquía del partido tucano y con la bendición del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Dada la alianza de gobierno entre Temer (PMDB) y el PSDB, resulta muy probable que en breve Neves sea designado como Ministro.

Serra logró retomar el tema de la incorporación de Brasil y el Mercosur a nuevos acuerdos comerciales internacionales, a la vez que distanció la cancillería brasileña de la diplomacia partidista e ideológica que los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff le impusieron a Itamaraty. Se estima que la probable designación de Nunes implicará la continuación de esa línea política la cual ha representado una abierta confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro y varios choques con el régimen cubano.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que el diálogo en Venezuela está en un punto muerto y añadió que la presencia del Vaticano en el país mantiene en stand by la aplicación de la Carta Democrática.

En una entrevista con el programa Todo Pasa, de Océano FM de la radio de Uruguay, Almagro analizó lo sucedido en las diferentes mesas de negociaciones en el proceso de diálogo y aseguró que durante las conversaciones se perdieron nuevos derechos civiles y políticos de la gente, y la institucionalidad quedó en camino.

“Mientras el Vaticano esté ahí, definitivamente no emprenderemos ninguna acción para impulsar la CartaDemocrática. Si nos dicen que ese diálogo terminó y hay una comunicación formal de la oposición y elVaticano al respecto, recomenzaremos los esfuerzos a la hora de tomar medidas”, dijo.

Recordó que entre los acuerdos del diálogo estaba que el Parlamento recuperaría sus funciones y lamentó que esto no se haya cumplido. Sin embargo, aseveró que en todo este tiempo la Asamblea Nacional perdió poderes como la posibilidad de hacer un juicio político al presidente de la República, elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral e inmunidad, porque hay un diputado preso y otro requerido por la justicia que está prófugo.

“Todas estas cosas que dichas así, rápido, parecen hechos de la normalidad, es en el despropósito en que está Venezuela”, expresó Almagro.

En cuanto a la liberación de presos políticos indico: “Hay una lógica que dice que cuando se negocia la liberación de presos políticos, un principio de buena fe que es no meter más presos políticos, pero acá se ha seguido encarcelando políticos. La cifra pasó de 83 a 119, ahora está en 102”.

El secretario general alegó que todos estos deterioros institucionales son demasiado marcados para obviarlos en la Organización de Estados Americanos.

Consideró que hay que seguir las dinámicas de protección de la democracia. “Todos debemos actuar y elaborar esa presión internacional para que los derechos sean restituidos; lo peor es la indiferencia, que nada está pasando, esconderse en cosas que han significado deterioros progresivos. Desde el punto de vista social, humanitario y político Venezuela está en crisis, ese es el punto que tenemos que atacar todos y seguir elaborando las condiciones internacionales como fue llevar al gobierno a involucrar al Vaticano en el diálogo”.

Almagro agregó que el diálogo eliminó la única posibilidad de una salida constitucional que era el referéndum revocatorio, pero ni siquiera se hacen elecciones atrasadas, como la de los gobernadores.

 

El pasado 11 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) atendió la solicitud hecha por el presidente de la República respecto a la ampliación de una decisión dictada por el Máximo Tribunal sobre el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, y autorizó la presentación de la solicitud de aprobación del presupuesto nacional para el año 2017 ante el Alto organismo jurisdiccional. A los efectos de esta decisión, la competencia establecida a la Asamblea Nacional (AN) en el Artículo 187 de la Constitución de la República  (C.R) de  “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”, así como la de “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” queda suspendida, pospuesta, o eliminada mientras dure la ejecución del referido decreto de emergencia.

Para quienes desconocen el contenido de dicha sentencia poco sentido tendría el comenzar a analizarla, toda vez que la misma ratifica lo que todo el mundo sabe y es que en Venezuela no existe ni democracia, ni mucho menos respeto al Estado de Derecho y que las formas que solía utilizar el entonces Presidente Hugo Chávez, de hacer parecer legal o constitucional lo que no lo era, han desaparecido.

Como consecuencia de la referida decisión, hace un par de días el Presidente Maduro  dirigió una asamblea popular con el objeto de aprobar dicho presupuesto a ser presentado ante el TSJ. En esa asamblea igualmente señalo que “todos los gobernadores y alcaldes deben firmar carta de acatamiento de la sentencia del TSJ», por cuanto que a quienes no lo hagan “no se les aprobarán recursos del situado constitucional”.  Esta imposición por parte del mandatario, si bien carece de asidero legal, evidencia un ejemplo más del poder absoluto que representa, así como un reto a los alcaldes y gobernadores que se dicen contrarios al régimen. Si firman la mencionada carta, aceptando lo que en todo caso ya es una decisión judicial y como tal debe cumplirse, actuaran en contra de la mayoría opositora del país, la cual ha manifestado su total rechazo a dicha sentencia. Por el contrario, de no firmar la absurda misiva se encontraran excluidos de recibir los referidos ingresos adicionales.

Mientras esto ocurría, la AN debatía en su recinto sobre el “rescate de la democracia y el respeto a la Constitución”. Dentro de las muchas opiniones que se escucharon en el debate hubo algunas que llamaron la atención de los analistas internacionales, las cuales nos proponemos resaltar.  La primera fue la realizada por el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  quien manifestó que «el derecho al voto no es del CNE, ni del TSJ, sino del pueblo, y lo haremos valer para resolver esta crisis”; señalando más adelante  que el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia «están fuera de la Constitución».

Por su parte el presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la AN advertía que el parlamento desconocería el presupuesto nacional aprobado por el presidente de la República y presentado al TSJ. A cuyo efecto señalo, que harían un “llamado a los organismos públicos, ejecutores de gasto, la tesorería nacional y demás entes públicos para que no ejecuten gastos basados en el presupuesto y también a las instituciones financieras para que se abstengan de hacer operaciones de crédito público».

Por último, el presidente de la A.N declaraba que “con todos los quebrantamientos del orden constitucional (…) Luego de la recolección del 20%, iremos a la OEA a ponerlos al día sobre Venezuela y pedir la aplicación de la Carta Democrática”.

Es evidente que  los más altos representantes del organismo legislativo, los cuales hacen vida política en el país, se encuentran conscientes del “quebrantamiento del orden constitucional” en el que se encuentra el gobierno. No obstante, el planteamiento que se hacen los ciudadanos y que repercute en los análisis que presentan los investigadores sobre el tema de Venezuela, no es la ausencia de constitucionalidad de los actos del poder público, sino la manera en que esto pretende enfrentarse.

¿Qué valor puede representar para los venezolanos el que se les diga que “el voto es del pueblo”, si no pueden ejercerlo? se preguntan algunos. ¿Qué importancia podrían darle los organismos del Estado a la advertencia respecto a que la Ley de Presupuesto es inconstitucional, y qué organismos públicos rechazaran la ejecución de dicha Ley? Señalan otros con sorna.

¿Cómo es eso que antes de cualquier acción en contra de tanto abuso de poder, la sociedad venezolana tendrá que esperar a “luego de la recolección del 20% de las firmas”?, se preguntan abrumadoramente los estudiosos. ¿Será que quienes así opinan no se han enterado que el propio organismo electoral ha establecido unos requisitos, tan inconstitucionales como la mencionada Ley de Presupuesto, que de ser cumplidos posponen el referéndum revocatorio para el próximo año?

Hay quienes  solemnemente anuncian la existencia de un golpe de Estado de parte del TSJ en contra de la AN.  Quienes afirman esto se equivocan. No existe ningún golpe de Estado en contra de la AN, lo que existe es un golpe contra la República, y este fue ejecutado hace más de 15 años. Los únicos que al parecer no lo han visto son los políticos, porque el pueblo, aquellos que no tienen inmunidad, a los que no les pagan dietas por participar en comisiones ni debates, los que no tienen carro, ni mucho menos chofer, hace años que ya se dieron cuenta.

Algunos han llegado a anunciar con seria preocupación la posibilidad de que  en los próximos días el TSJ podría publicar una sentencia en contra el referendo revocatorio (RR) presidencial. ¿A cuál RR se referirán?, porque el único RR pautado formalmente por el ente electoral ha sido fijado para el próximo año. ¿Será ese el revocatorio que persiguen, el que permitiría al Presidente Maduro salir del poder sin que nadie le exigiera cuentas por sus desmanes, porque quien lo sustituiría seria su Vicepresidente?

Los días pasan y la situación que padecen los venezolanos frente a la criminalidad desatada, la impresionante inflación, y la carencia de bienes de primera necesidad es absolutamente dramática. Ya ni los medios de comunicación lo reseñan con la gravedad que lo amerita, y es que toda esta tragedia se ha convertido en cotidiana, y lo cotidiano no atrae noticias.

Son dos países en uno, describiría Kafka en alguna mágica novela de esas en las que hacía de lo absurdo una realidad, en las que nada era lo que parecía ser. Dos Venezuelas que transitan en líneas paralelas en donde nadie escucha lo que no quiere escuchar, y otros miran para otro lado porque no quieren ver. ¿Inventaremos un país, o tendremos que esperar hasta las elecciones presidenciales del 2018 para darnos cuenta que estas también no las quitaron? ¿Lo dudan?

 

Publicado en Notiminuto

Virginia Contreras Abogada experta en seguridad

 

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, anunció que luego de la recolección de firmas del 20% los días 26, 27 y 28 de octubre «una comisión de la AN, irá a la Organización de Estados Americanos (OEA) a consignar un informe de la situación venezolana actual. Vamos a pedir que se active y se aplique la Carta Democrática Interamericana».

La comisión está conformada por los diputados Luis florido, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, y Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea.

Por otra parte, el parlamentario indicó que el Gobierno teme llamar a elecciones y que se vale del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), para pasar por encima de la voluntad del pueblo.

“No quieren elecciones porque saben que van a perder, este Gobierno tiene demasiado rechazo y no se puede sostener contra la voluntad popular. La Constitución nos obliga a no acatar ninguna decisión ni ningún acto que viole la norma, quien está en desacato es (el presidente) Nicolás Maduro y el TSJ”, dijo Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional.

En Venezuela “ha habido un quebrantamiento muy severo del sistema democrático venezolano y un irrespeto grotesco de la Constitución”, reiteró el diputado.

En referencia a las elecciones a gobernadores, indicó que “tienen que hacerse este año por vencimiento de ley”, repudió la afirmación del Presidente al expresar que estas elecciones no eran necesarias ya que primero se debía atacar la necesidad de alimentación en el país, por eso añadió: “para que la gente pueda volver a comer, tener medicinas y servicios públicos es necesario que votemos para que lo saquemos a usted (Presidente) de allí”.

 

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que la Carta Democrática “no está en reposo”, luego que desde junio no se haya emitido una decisión sobre su aprobación o no.

El parlamentario señaló que buena parte de los países de América respaldan a la oposición en su solicitud.

“La Carta Democrática no está en reposo porque deriva del desacuerdo de los países de Mercosur contra las políticas del gobierno. Además, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió que se establezca un club de naciones amigas a Venezuela para recobrar la institucionalidad democrática en nuestro país”, destacó Florido este jueves desde el Palacio Legislativo.

El dirigente político resaltó que sectores de la comunidad internacional también respaldan la activación del referéndum revocatorio: “15 países de la OEA se pronunciaron hace unas semanas en favor al revocatorio”.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es la peor y más severa crisis de democracia que ha ocurrido en dos décadas, concluyó.

 

La Carta Democrática no está en reposo. Preparamos nuevas acciones ante la OEA frente al agravamiento de crisis en Venezuela #06Oct pic.twitter.com/YLZQ0Y735u

— Luis Florido (@LuisFlorido) 6 de octubre de 2016