Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, se pronunció a propósito de la sentencia 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justiciaemitida este lunes 27 de marzo de 2017. Matheus alertó que la sentencia «acota la inmunidad parlamentaria y exhorta al Presidente la República a tomar medidas políticas, económicas, administrativas y militares para salvaguardar el orden interno. Los siete magistrados de la Sala Constitucional firmaron una ponencia que establece las condiciones para que Nicolás Maduro promulgue una Ley Marcial que criminalice la lucha democrática».

«Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia confirma la necesidad de activar la Carta Democrática Interamericana. En Venezuela no hay separación de poderes y los magistrados son un brazo del Ejecutivo. Denunciamos que la sentencia somete a todo el país a una Ley Marcial que busca silenciar la voz de quienes exigimos elecciones», precisó.

El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia recalcó que «el Tribunal Supremo de Justicia le dio a Nicolás Maduro una patente corso para perseguir a quienes levantamos la bandera de la democracia y exigimos elecciones. Esta Asamblea Nacional permanece firme al lado del pueblo de Venezuela y esta tarde emplazará a los poderes públicos secuestrados por Nicolás Maduro a convocar a elecciones».

Para finalizar, el Doctor en Derecho Constitucional explicó que una Ley Marcial es «un instrumento que fue utilizado en los regímenes comunistas del Europa del Este en el S.XX para procesar penalmente en instancias militares a la disidencia. Alertamos al país y a la comunidad internacional que Nicolás Maduro está en una ofensiva autocrática para evitar la activación de Carta Democrática Interamericana».

TSJ ordena revisar política exterior y define límites de inmunidad parlamentaria – https://t.co/EFq6bukgpm

— Runrunes (@RunRunesWeb) March 28, 2017

¿Qué dice la constitución al respecto?

En la sentencia del TSJ, se menciona el Estado de Excepción y Estado de Conmoción. Ambos mecanismos están estipulados en los artículos 337 y 338 de la Constitución de la República y son aplicables en situaciones extraordinarios que pongan en peligro la seguridad de la Nación. En el caso del Estado de Excepción, se estipula que podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

*Con información de nota de prensa

El Grupo Ávila, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, emitieron un comunicado a propósito de la reunión de prevista para el martes 27 de marzo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos propuesta por el secretario general, Luis Almagro, a propósito de la crisis venezolana.

En el texto, la agrupación explica que el informe presentado por Almagro a principios de mes ayuda a entender y clarificar la situación por la que atraviesa Venezuela. El Grupo Ávila asegura que si bien todavía hay mecanismos a usar estipulados en la Carta Democrática Interamericana, hacen un llamado a los gobiernos de la región para que sirvan «como catalizadores del proceso de recuperación de la democracia en Venezuela»

Le agradecen el interés de Almagro por el país y le piden a la organización adoptar «las decisiones que consideren pertinentes para encontrar una solución pacífica y electoral a esa crítica situación.»

A continuación el comunicado completo:

El 14 de marzo, el Secretario General de la OEA (SG), Luis Almagro envió al presidente del Consejo Permanente  una actualización de su informe sobre el deterioro de la democracia en Venezuela, sometido a la consideración del Consejo Permanente en mayo de 2016, en ejercicio de la potestad que le confiere la Carta Democrática Interamericana y con el fin de que los Estados Miembros realizasen una apreciación colectiva de la situación y emprendiesen las acciones que considerasen necesarias, en la cual hace un exhaustivo examen del agravamiento de la situación política, económica y social venezolana, llamando de nuevo a examinarla y a adoptar las medidas necesarias, en vista de la ausencia de resultados positivos tras las gestiones y acciones emprendidas por representantes del gobierno venezolano, la oposición y la comunidad internacional.

La precisión de los hechos expuestos en el nuevo informe permite determinar con total claridad las características del régimen que gobierna a nuestro país de manera inconstitucional, contrario al Estado de Derecho –al extremo de señalar su inexistencia-, con total desconocimiento de la independencia de los poderes públicos y una gestión administrativa calificada como corrupta y altamente ineficiente, que da como resultado un país abandonado, empobrecido, con lamentables carencias en salud, alimentación y seguridad.

El nuevo informe expresa que ninguna de las recomendaciones anteriores ha sido tomada en cuenta y pone de manifiesto la profundización del deterioro del estado de la democracia y los derechos humanos, además del agravamiento de la ya crítica situación de abastecimiento de alimentos y medicinas, presagio de una crisis humanitaria sin precedentes en la región, a pesar de los esfuerzos realizados mediante un infructuoso diálogo.

En vista de ello, el SG estima que los mecanismos previstos en la CDI para el restablecimiento del orden democrático han sido agotados y que de no hacer el gobierno venezolano un llamado a elecciones generales en un plazo perentorio, los países miembros deberían tomar la decisión de suspender a Venezuela de la Organización, como medida de presión adicional para lograr su retorno a la normalidad democrática.

Como quiera que el gobierno nacional no ha rebatido las afirmaciones contenidas en el nuevo informe y se ha limitado a descalificar al SG, y que las diferentes declaraciones oficiales se orientan más bien a desdeñar la importancia de nuestra participación en la OEA, antes que a reconocer la existencia misma de una grave crisis que exige acciones concretas e inmediatas, la urgencia planteada por el SG en su informe de convocar a elecciones, como el mejor y más democrático camino para recuperar la vigencia del estado de derecho y la democracia, reviste la mayor importancia.

En el lapso entre ambos informes, los venezolanos hemos sido testigos de la arbitraria obstaculización de la solicitud de un referendo presidencial y de la posposición sine die de las elecciones regionales de gobernadores, ambas previstas en la Constitución, lo que constituye una conculcación del derecho constitucional de los ciudadanos a revocar y elegir sus mandatarios y significa además un grave retroceso en el ejercicio efectivo del derecho a vivir en democracia.

La compleja situación nacional se complica aún más con la persistencia de numerosos presos políticos, la inflación irrefrenable y la escasez y el desabastecimiento de bienes de todo orden, a lo cual se añaden el deterioro institucional generalizado del sistema judicial y el continuado irrespeto a las decisiones de la Asamblea Nacional, asiento de la más genuina voluntad popular.

Aunque consideramos que aún existen espacios para agotar las gestiones diplomáticas y los buenos oficios contemplados en la CDI, como podría ser la implementación de un Grupo de Amigos, coincidimos con el planteamiento de que solo mediante la celebración de elecciones que permitan entre otras cosas renovar los poderes del Estado venezolano a la brevedad posible, se podrá avanzar en la recuperación de la democracia.

Hacemos por ello un nuevo y urgente llamado a los gobiernos del hemisferio para que actúen como catalizadores del proceso de recuperación de la democracia en Venezuela, en concordancia con los inmanentes principios y valores universalmente compartidos del respeto a la libertad, la democracia y los derechos humanos, convencidos de que solo mediante su plena vigencia y observancia podrán nuestros pueblos convivir y progresar en paz.

Los integrantes del Grupo Ávila, al extender su agradecimiento a Luis Almagro por su preocupación y constante atención sobre la gravísima problemática que sufre el pueblo venezolano, exhorta a los Estados miembros de la OEA, 14 de los cuales ya se han pronunciado al respecto, para que en sesión del CP, examinen los informes presentados, efectúen una apreciación colectiva de la situación planteada y adopten las decisiones que consideren pertinentes para encontrar una solución pacífica y electoral a esa crítica situación.

Finalmente, exhortamos a la sociedad civil organizada, a la academia, a los gremios profesionales, a los estudiantes, a los trabajadores y a la ciudadanía en general a respaldar las acciones de la comunidad internacional dirigidas al rescate de la democracia en el país, solo posible mediante la recuperación de su elemento más esencial, el derecho a votar.

El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges se pronunció sobre la declaración conjunta que realizaron 14 países de América Latina que exigen al Gobierno nacional el calendario electoral, el respeto al Poder Legislativo y la Constitución y la liberación de presos políticos.

“No se trata de intervencionismos, se trata de la petición a que sea el pueblo venezolano, como está en la Constitución, quienes puedan tener en sus manos la posibilidad de lograr la solución del voto (…) Estar dentro de la Constitución es aceptar la Carta Democrática Interamericana”, enfatizó Borges, quien encabezó este viernes la reunión de Diálogo Social donde se congregaron las distintas federaciones y centrales obreras del país.

El presidente del Parlamento destacó que este pronunciamiento de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Guatemala Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay  debe ser  “motivo de orgullo y una gran victoria” para los venezolanos porque se está presionando desde la región para tener una solución a la crisis que vive el país.

“Estamos en una Venezuela donde la gente se muere de hambre, donde no hay empleo y donde hay violencia y corrupción generalizada. Hay un entendimiento de que a través del voto, podemos cambiar esta Venezuela miserable, corrupta por una Venezuela prospera y  unida”, recalcó.

En el documento que fue enviado por las cancillerías de los 14 países consideran urgente que se atienda de manera prioritaria en Venezuela “la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución  y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas», reza el texto.

Borges destacó, además, que por primera vez los 14 países hablan de presos políticos, “siempre se nombraban como personas detenidas o se utilizaban otras frases muy diplomáticas. Hoy se dice con todas sus letras que en Venezuela hay presos políticos y se exige su liberación inmediata”.

Asimismo, exigen categóricamente el respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución que el Gobierno “ha violado e irrespetado”, al no reconocer que el parlamento fue elegido por el voto de 14 millones de venezolanos. “El Gobierno le ha puesto un candado a la Asamblea Nacional y nosotros seguimos aquí, resistiendo y luchando, haciendo leyes para que el país cambie”.

También pide que se acepte la ayuda humanitaria que han ofrecido varios países de la región. “No es posible que el Gobierno venezolano sea el primero que le cierre las puertas a los países de la región que quieren poner medicina y comida gratuita para todos los venezolanos”.

El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, respaldó «con firmeza» la declaración conjunta emitida este jueves por 14 países del continente sobre Venezuela y celebró que dejen abierta la posibilidad de suspender al país si fracasa la vía diplomática.

«Estoy plenamente de acuerdo, como señalara en mis dos informes, que la suspensión es una medida para tomar al final del proceso y veo positivamente que el referido grupo de países deja abierta esa posibilidad», indicó Almagro en un comunicado.

Varias naciones americanas, entre ellas EE UU, Canadá, México, Argentina, Brasil y Colombia, exigieron ayer al Gobierno venezolano que fije un calendario electoral y libere los «presos políticos», y señalaron que antes de la suspensión, que es «el último recurso», deben «agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable».

Almagro respaldó hoy «el trabajo de evaluación crítica realizado por los 14 países firmantes» y alentó «a la unidad de los gobiernos de la región a continuar y profundizar el esfuerzo colectivo para volver a contar con una Venezuela democrática en la OEA».

Aunque no precisó más al respecto en esta nota, Almagro pidió en su informe del 14 de marzo que los países de la OEA prosigan el proceso de la Carta Democrática Interamericana, que él inició el 31 de mayo pasado con su primer informe sobre Venezuela.

Para ello, el Consejo Permanente de la OEA debería someter a votación el declarar que en Venezuela «hay una alteración del orden constitucional» que afecta «gravemente su orden democrático», algo que Almagro afirmó ya en su documento del año pasado para invocar el artículo 20 de la Carta.

Se necesitarían al menos 18 votos de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962), cuatro más de los que firmaron la declaración de ayer.

Si ese voto prosperara, según el proceso gradual que contempla la Carta Democrática, habría gestiones diplomáticas y buenos oficios. De no avanzar estas, se necesitaría que 24 embajadores (dos tercios de los 35 países de la OEA) votaran en un Consejo Permanente la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria de cancilleres. de nuevo se intentaría la vía diplomática y, de fracasar esta, sería necesario otra vez el voto de 24 países para suspender a Venezuela del ente, con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA.

Por el momento las cuentas diplomáticas están lejos de arrojar esa cifra, gracias al apoyo del bloque de países del Caribe aliados de Venezuela y que se han beneficiado durante más de una década del petróleo subvencionado venezolano a través de Petrocaribe.

A eso se suma el apoyo incondicional a Venezuela de sus socios no caribeños de la Alianza Bolivariana: Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Los firmantes de la declaración de ayer quieren celebrar un Consejo Permanente la semana próxima sobre Venezuela, pero aún no han decidido si someterán a votación ese texto o si propondrán votar sobre el comienzo de la aplicación de la Carta Democrática. Incluso para que esa reunión se celebre necesitan 18 votos a favor de aprobar el orden del día, en caso de que Venezuela, como ha hecho en otras ocasiones, se oponga a que se dé la sesión.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a las esposas de los presos políticos venezolanos. La mujer de Leopoldo López exigió a los miembros del organismo que defiendan la democracia. “El diálogo legitimó la dictadura de Maduro”, afirmó.

La primera respuesta de los defensores del gobierno dictatorial y narco-corrupto – lo dicen los datos del Informe Almagro – de Venezuela, ante el pedido del Secretario General de la OEA de intimarlo para que cumpla ya con la democracia o se atenga a las consecuencias sancionatorias que aparejan su conducta contumaz, ha sido la de señalar que el mismo no logrará los votos para ello.

Al gobierno de Costa Rica le basta decir que no acompaña la suspensión de Venezuela como miembro de la Organización, en tanto que el peruano apoya la invocación de la Carta Democrática Interamericana, que a su vez la canciller argentina – muy resbaladiza – considera que no resolverá la crisis. Las posiciones finales dentro del Hemisferio, sin embargo, no se han dilucidado, salvo lo ya dicho por el acusado: ¡No lograrán condenarme!

Pues bien, quienes se contentan con estas nimias y triviales percepciones sobre el Informe de actualización del otro original, que les entregara Luis Almagro a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA – éste de 30 de mayo de 2016 y aquél de 14 de marzo de 2017 – no hacen sino desviar o diluir – ¿interesadamente? – la cuestión de fondo, crucial para la vida del Sistema Interamericano y su razón de ser.

Decir que hay o no votos para acompañar las recomendaciones de Almagro equivale a la cínica respuesta del delincuente quien se mira descubierto y se burla de sus acusadores: ¡Preséntenme las pruebas! O al caso les pide que lo lleven ante el juez, seguro de que no le condenará. Es su coludido, beneficiario de sus crímenes y corruptelas.

Almagro, no me canso de decirlo, recibe su mejor elogio de quien – el ex presidente Mujica – luego de años de amistad y al decirle que su relación llega hasta allí por haber dicho del régimen de Maduro lo que dijo y ahora completa, agrega lo esencial: ¡Es un esclavo del Derecho! Es un sirviente de los principios.

Almagro, sin titubeos, disecciona con escalpelo diestro el diálogo de utilería, parcializado e ilegítimo, que impulsan los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, todos de mano del ex presidente Ernesto Samper para apuntalar a Nicolás Maduro y los suyos, denunciados por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Es un libelo, asimismo, dirigido a los gobiernos americanos y a sus presidentes en ejercicio. Si bien señala a Maduro antes lo hace con la lenidad y el silencio de los que, sabiendo lo que ocurre en Venezuela, optan por mirar de lado con excusas inaceptables: que si cabe esperar por la gestión de Zapatero, o que si dejar que sea el Vaticano el que fije el punto de inflexión al respecto.

En los días recientes, al establecimiento político y democrático del continente se le ha sometido a una prueba diabólica. Los gobiernos del socialismo del siglo XXI, tras la excusa de su servicio a los pobres, muestran sus manos e instituciones enlodadas, emporcadas con los dineros corruptos de la ODEBRECHT. Pero como siempre ocurre con las mafias criminales y las políticas, ellas cometen sus crímenes o tropelías y se blindan de antemano. Corrompen a la vez – lo he dicho – a sus posibles y futuros juzgadores, a sus adversarios, neutralizándolos, haciéndolos cómplices.

¡Que si Lula y la Dilma están comprometidos! al caso lo están junto a quienes los echan del poder; tanto como al igual que los miembros del inenarrable régimen venezolano reciben dineros de la contratista brasileña también los dirigentes de la campaña de Santos, en Colombia, tuvieron su parte.

Nada distintos son, cabe señalarlo, los dineros de la corrupción administrativa de los que reciben de los cárteles de la coca los generales venezolanos puestos al descubierto por la DEA, y que a la par recibe, en su momento, el dialogante mayor y cancerbero del chavismo, Samper, ex Secretario de la UNASUR, como candidato presidencial.

No repetiré lo que todos a uno sabemos en las Américas. El régimen de Maduro rompió el hilo constitucional y democrático; acabó con las elecciones; tiene presos políticos y los tortura; cerró la prensa libre o la compró con sus testaferros; hizo del Estado una empresa al servicio del narcotráfico vecino y la lavandería de sus dineros manchados de sangre; ha hecho del país que desgobierna el más violento del mundo, tanto como lo ha empobrecido a niveles de Burundi.

Lo que importa, al término, es lo vertebral. Almagro pide de los actuales gobernantes una regeneración colectiva y poner de lado la cultura del cinismo. Les exige hacerlo con el coraje de quienes redimen y refundan sociedades: “Sería inmoral que las acciones políticas que se instrumenten y ejecuten hoy en Venezuela sean simplemente movidas de fichas en un tablero que pretendiera disfrazar de democracia un país que sufre la violación sistemática de los derechos humanos de su pueblo”.

No se trata de votos más o de votos menos. O todos volvemos a los caminos mínimos de la decencia, o nos enterramos todos en los mismas y otra vez mancharemos las páginas de la historia regional. Atrás quedaran, como pequeñas y anecdóticas, las dictaduras del Cono Sur, los genocidios de los Castro, o las guerras centroamericanas.  

@asdrubalaguiar

correoaustral@gmail.com

Suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos -OEA)- como propuso esta semana el secretario general del organismo, Luis Almagro, es un proceso diplomático complejo que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 34 países miembros.

Para suspender a un país de la OEA hay que aplicar la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico aprobado en 2001 por todos los Estados miembros con el fin de proteger la democracia en la región.

La suspensión es la sanción más alta que la OEA puede hacer a un Gobierno y solo se ha efectuado una vez desde la creación de la Carta: tras el golpe de Estado en Honduras de 2009.

Más que las consecuencias prácticas de dejar de participar en las actividades y programas de la OEA, el valor de la suspensión es su carácter de sanción política y moral de unos gobiernos sobre otro.

Almagro defiende que, en este caso, la suspensión es “el más claro esfuerzo y gesto” que los países americanos pueden hacer por el pueblo venezolano y por la democracia en la región.

Estas son las principales claves para entender cómo es el proceso de suspensión de un Estado en la OEA y qué posibilidades tiene Almagro de recabar los apoyos para su propuesta de aplicarlo a Venezuela si ese país no convoca en 30 días elecciones libres.

-¿Por qué propone Almagro suspender a Venezuela?

Cree que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llevado al país a un “extremo nunca visto” en la historia reciente del continente: “rompe el orden democrático, viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos, tortura, roba, trafica drogas y somete al pueblo a falta de alimentos, medicinas y dinero”.

-¿Por qué ahora?

Almagro cree que “el pueblo venezolano ya no tiene más tiempo”, que todos los intentos de diálogo fracasaron y que volver a las mediaciones solo “daría nuevamente” al Gobierno la oportunidad de “ganar tiempo para mantener sus privilegios y prolongaría la miseria de la gente y el aplastamiento de sus derechos”.

-¿Qué países apoyan a Almagro?

Ningún país ha secundado por el momento la suspensión. El Gobierno de Perú ha pedido aplicar la Carta Democrática, pero prefiere utilizar las diversas opciones que ofrece para “comprometer a Venezuela a solucionar el problema”.

-¿Cuáles son esas opciones?

El artículo 20 de la Carta contempla gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el Estado en cuestión.

-¿Por qué Almagro da por agotada esa vía?

Ese es el camino por el que apostó Almagro desde el pasado 31 de mayo, cuando invocó el artículo 20 para activar la Carta. Sin embargo, casi un año después, cree que los intentos de mediación han fracasado y no han hecho más que “agravar la situación del país y legitimar la continuidad del deterioro de sus instituciones”.

-¿Veremos avanzar el proceso de la Carta a corto plazo?

Todo depende de la voluntad política de los países, sobre todo de los 15 que han expresado su preocupación por Venezuela en resoluciones de la OEA. En ese grupo está EE.UU., el único que podría convencer a los Estados del Caribe de votar contra la nación que les ha suministrado petróleo subvencionado durante más de una década.

-¿Cuál es el primer paso para aplicar la Carta Democrática?

Lo primero que debería ocurrir para avanzar en ese proceso es que al menos 18 países voten a favor de que en Venezuela, como sostiene Almagro, existe “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”.

-¿Y después?

Pueden iniciar gestiones diplomáticas y buenos oficios, pero Almagro cree que eso ya lo han hecho tanto la OEA como el resto de la comunidad internacional, por lo que pide dar un ultimátum a Caracas en este punto: o convoca en 30 días elecciones generales libres con observación internacional o se le suspende del organismo.

-¿Qué sería necesario para la suspensión?

El Consejo Permanente de la OEA debería convocar una Asamblea General extraordinaria en la que se necesitaría que dos tercios de los cancilleres (24) votaran a favor de la suspensión, al constatar que “se ha producido la ruptura del orden democrático en el país y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.

-¿Cuándo entraría en vigor la suspensión?

Lo haría de inmediato, pero la OEA mantendría sus gestiones diplomáticas para restablecer la democracia en el Estado miembro afectado.

-¿Cómo se levanta?

Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado miembro o el secretario general podría proponer a la Asamblea General su levantamiento, que requeriría de nuevo el voto de 24 de los 34 cancilleres. La de Honduras de 2009 se levantó dos años después, con 32 votos a favor y la única oposición de Ecuador.

Continuando con su agenda parlamentaria y los debates sobre los problemas de los venezolanos, la Asamblea Nacional está semana declaró emergencia alimentaria en todo el territorio nacional.

Se aprobó en plenaria la creación de una Comisión Especial para investigar y abordar el tema del hambre en Venezuela. El miércoles fue instalada y se informó que una de las líneas de acción que se llevará a cabo de inmediato es “abrir la caja negra” de la inmensa corrupción.

«El país tiene derecho a conocer quiénes están detrás de esta inmensa corrupción que ha generado tanta hambre, por lo tanto, uno de los primeros temas que vamos a investigar desde esta Comisión Especial es la designación de los dólares para importar alimentos. No se sabe a quién le asignan esos dólares, cuántos dólares se han entregado para que empresarios de maletín, amigos del gobierno, traigan productos importados al país», dijo el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

La Comisión Especial está por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández, y por los diputados, Carlos Paparoni, Manuela Bolívar, Carlos Valero, Andrés Eloy Camejo y Mariela Magallanes.

Durante la reunión los miembros de la Comisión presentaron el abanico de tareas que se ha propuesto a realizar: 1) Revisar todo lo que tiene que ver con la producción nacional en los actuales momentos, a qué niveles está, qué se está produciendo y qué se dejó de producir y por qué, 2) Por qué se llegó a los CLAP, de dónde y cómo se traen los alimentos que se incluyen en esas bolsas o cajas, cuánto es su costo real y cuánto le queda de ganancia a los personajes que hacen estas importaciones, 3) Realizar un censo de las tierras que están productivas y cuántas hectáreas se han expropiado y cuáles han sido las consecuencias de esas medidas, además, del estado de la producción de semillas, 4) Revisar exhaustivamente todo el marco legal que permite que el Gobierno nacional maneje todo «el entramado» de la producción nacional y por ende controle desde la siembra de una semilla hasta el precio justo de un producto terminado. Cabe destacar que esta investigación servirá, entre otras cosas, para demostrar que es totalmente falsa la versión oficial sobre la llamada Guerra Económica.

Asimismo, la semana giró en torno a la discusión de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El martes en horas de la tarde, el Jefe del Poder Legislativo ofreció declaraciones en torno al más reciente informe sobre Venezuela que publicó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

«El país debe saber, primero que nada, que la Carta Interamericana es un instrumento con rango constitucional, es una ley venezolana en tanto está incluida en los Tratados Internacionales. En este sentido lo que estamos pidiendo es que los países miembros demuestren la preocupación que sienten por la crisis venezolana. En definitiva, la Carta Democrática plantea la misma solución que venimos reclamando desde el Parlamento, el voto, que tengamos en Venezuela las elecciones que corresponden este año, unas elecciones generales incluso», dijo el parlamentario no sin antes destacar que una de las virtudes de dicho instrumento es que pone en manos de todos los venezolanos la solución al problema interno.

También, la Comisión Permanente de Política Exterior, presidida por los diputados,  Luis Florido (Presidente) y Marialbert Barrios (Vicepresidenta), aprobó solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana y respaldar el informe presentado este martes por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que solicita elecciones generales, presencia de misiones de observadores internacionales y profundización de la presión internacional

El presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina (Unidad-Bolívar), anunció este jueves que se suman a la propuesta presentada por la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional en el sentido de realizar una consulta nacional que permita escuchar a la sociedad civil y difundir el alcance de la activación de la Carta Democrática a Venezuela.