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Carlos Nieto Palma

Los 24 años de Una Ventana a la Libertad
Han sido 24 años de triunfos y derrotas, pero con la satisfacción de habernos convertido en referente de los DDHH de los presos en Venezuela

 

@cnietopalma

Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, celebramos también el 24 aniversario de la creación de Una Ventana a la Libertad (UVL), organización pionera en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela. Tengo el honor de ser su fundador y coordinador general desde su creación.

Una Ventana a la Libertad nació de la idea de un grupo de personas vinculadas al tema penitenciario. Veíamos la necesidad de que se creara una organización que, como misión principal, tuviera la atención directa de los presos venezolanos. En ese grupo se encontraban Flor Isava, Livia Montes, Carol Carrero, Aida Martínez, el padre Roberto Martialay y otros que se me escapan de la memoria.

Así, el 10 de diciembre de 1997, en el auditórium del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP), nació Una Ventana a la Libertad. Fue un sencillo pero nutrido acto que contó con el padrinazgo del Dr. Elio Gómez Grillo, padre del penitenciarismo moderno de Venezuela.

Han sido 24 años de arduo trabajo, con sus triunfos y derrotas. Pero con la satisfacción de habernos convertido en un referente, no solo nacional sino internacional, cuando se habla de la situación de los derechos humanos de las personas encarceladas en Venezuela.

En los últimos años nuestro equipo ha crecido considerablemente. Hoy contamos con un excelente equipo de investigación que coordina la Dra. Magaly Huggins y que cuenta con un grupo de investigadores en todos los estados del país que se encarga de monitorear lo que sucede cada día en las cárceles y los centros de detención preventiva del país.

También contamos con un magnífico equipo de comunicación que informa del acontecer penitenciario a través de nuestra página web, redes sociales, boletines e informes que desde UVL constantemente estamos emitiendo.

No solo damos asistencia jurídica virtual a familiares de los privados de libertad, sino que desde hace dos años, en una maravillosa alianza con la organización Proyecto Once Trece, un grupo de médicos infectólogos que asiste a los más necesitados, realizamos jornadas de asistencia médica en centros de detención preventiva del país. Allí se le da asistencia médica general a la población reclusa; se le suministra los medicamentos que necesite y la orientación que requiera. En este proyecto, hasta la fecha, se han realizado 22 jornadas médicas en diferentes calabozos policiales y atendido a 1704 presos, de los cuales 195 fueron mujeres.

Es mucho lo que en Una Ventana a la Libertad hemos crecido a lo largo de estos 24 años. Si bien es cierto que no hemos logrado que el sistema penitenciario venezolano mejore o los derechos humanos de los reclusos sean respetados, sí hemos informado al mundo entero de las terribles condiciones infrahumanas en que viven.

Aún queda mucho camino por recorrer. Seguimos soñando con tener cárceles dignas en donde se respeten los derechos humanos y que sean realmente centros para reinsertar a las personas que allí entran y no en universidades del delito como son hoy en día.

Finalizo agradeciendo a todo el equipo que me acompaña en Una Ventana a la Libertad; sin ellos, todos estos logros serían imposibles. Igualmente agradecer a todos los que nos han apoyado a lo largo de estos 24 años, en especial a los presos venezolanos y sus familiares por creer en nuestro trabajo. A todos, muchas gracias.

Instagram: @carlos_nieto_palma | cnietopalma@gmail.com

*Director de Una Ventana a la Libertad

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Carlos Nieto Palma Nov 12, 2021 | Actualizado hace 1 mes
¿Presos con derechos humanos?

Logotipo internacional de los derechos humanos, del serbio Predrag Stakic. Imagen de fondo Freepik (Comp. Runrunes). 

En Venezuela los derechos humanos de los presos son violados de manera permanente, ante la indiferencia del Estado y de la colectividad que no termina de entender que ellos también tienen derechos

 

@cnietopalma

Hablar de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es un tema que siempre genera polémicas. Para un buen número de gente los presos no tienen ningún tipo de derechos, por el simple hecho de ser delincuentes.

Durante los más de 25 años que tengo defendiendo los derechos humanos de los encarcelados, son muchas las discusiones que he tenido que afrontar sobre este tema y lograr que se entienda que los presos, independientemente del delito y las razones por las que están privados de su libertad, tienen derechos humanos que el Estado debe garantizar y respetar.

Nuestra Constitución nacional, en su artículo 272 establece: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”. Igualmente el Código Orgánico Penitenciario en su artículo 4 establece: “El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, garantiza a las personas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las establecidas en el presente código”.

De estos textos legales, así como de la normativa internacional en la materia, se desprende que los presos tienen derechos humanos aun estando en prisión.

El único derecho que tienen suspendido mientras se encuentran en prisión es la libertad de tránsito fuera del establecimiento, así como los suspendidos en la sentencia condenatoria como son los derechos políticos.

No se debe confundir el garantizar los derechos humanos de los presos, con que haya impunidad por el o los delitos cometidos. A quien comete un delito se le debe juzgar y sancionar de hallarse culpable y cumplir la condena impuesta en una cárcel.

El asunto es que esta cárcel donde se cumple la condena, o permanece el recluso en detención preventiva mientras es juzgado, debe tener las condiciones para garantizar los derechos humanos de los allí detenidos. Hay que tomar en cuenta que los privados de libertad permanecen bajo la custodia absoluta del Estado, bien sea a través de los funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario, la Guardia Nacional Bolivariana o los diferentes cuerpos policiales; entes responsables de garantizar los DD. HH. a las personas recluidas en los centros de detención preventiva.

Lamentablemente en Venezuela los derechos humanos de los privados de libertad son violados de manera permanente, ante la indiferencia del Estado y de la colectividad en general que no termina de entender que los presos también tienen derechos.

Desnutrición, enfermedades como la tuberculosis, hacinamiento, retardo procesal, malos tratos, torturas y un largo etcétera, son algunos de los derechos que diariamente les son violados a nuestros presos; sin que nunca se hayan sancionado a los responsables de estas violaciones a la integridad de nuestros encarcelados.

Mientras no se eduque a la población, mientras Estado y ciudadanía no asuman que los presos tienen derechos humanos que les deben ser garantizados y no se sancione a los responsables de estas violaciones, será muy difícil lograr la solución al grave problema carcelario que se vive en Venezuela.

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*Director de Una Ventana a la Libertad

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Carlos Nieto Palma Oct 30, 2021 | Actualizado hace 1 mes
Exorcismos penitenciarios
El cierre y demolición de cárceles en Venezuela es algo así como un exorcismo medieval que busca ahuyentar, sin lograrlo, los grandes males penitenciarios

 

@cnietopalma

En Venezuela, el cierre de centros de reclusión para personas privadas de libertad siempre ha estado relacionado con una especie de rito satánico para eliminar los males que vive nuestro sistema penitenciario. Algo así como un exorcismo medieval que busca alejar o ahuyentar los grandes males de nuestras cárceles o centros de detención preventiva.

Me viene a la memoria cuando el presidente Rafael Caldera, el 16 de marzo de 1997, apretó el botón que activaba la implosión del Internado Judicial de los Flores Catia, popularmente conocido como “Retén de Catia”, un centro penitenciario ubicado en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas que funcionó entre los años 1966 y 1997. La implosión del Retén de Catia fue un gran acto público, con una cobertura extraordinaria de medios de comunicación social, globos, música y anuncios oficiales del fin del desastre penitenciario que vivía Venezuela en esos momentos.

Esta práctica de cierres y demoliciones de centros de reclusión fue revivida con la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario el 26 de julio del 2011, cuando la designada como responsable de ese ministerio, la ahora diputada María Iris Varela, inició el cierre masivo de recintos carcelarios de una manera descontrolada. Con ello inició la más grave situación penitenciaria que ha vivido Venezuela en toda su historia.

Son 10 los recintos carcelarios que cerró Iris Varela durante su gestión. Para que lo recuerden, lo refresco cronológicamente: Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012; Internado Judicial de Coro: octubre 2012; Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013; Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014; Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta). Febrero 2016; Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros, (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial “Los Pinos”. San Juan de los Morros (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial de San Fernando (Apure): abril 2018; Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA) en Puerto Ayacucho (Amazonas): agosto 2018 y Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare (Portuguesa): mayo 2020.

El cierre de todos estos recintos carcelarios, sin abrir nuevos sitios de reclusión, es la causa principal de que los centros de detención preventiva del país se hayan convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

La crisis en los centros penitenciarios llegó al extremo de que Nicolás Maduro creó el pasado 21 de junio una Comisión para la Revolución Judicial, cuya misión principal es eliminar el retardo procesal y hacinamiento de estos centros, trabajo que se debía terminar en 60 días pero que aún no ha concluido.

El pasado martes 26 de octubre volvimos a ver otro exorcismo carcelario con la demolición del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, conocido como el Retén de Cabimas. Era símbolo del horror carcelario que se vive en los centros de detención preventiva de Venezuela, el único con Medidas Cautelares de Protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde febrero del 2020.

No hubo ningún contratiempo para que encendieran la excavadora y el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, golpeara con una mandarria la fachada principal, anunciando el cierre de una puerta al infierno y finalizando con ello esa gran historia de horror que fueron los últimos años de funcionamiento del Retén de Cabimas.

Lamentablemente la demolición de este recinto no soluciona el problema penitenciario venezolano. Como tampoco lo solucionaron la implosión del Retén de Catia, ni el cierre de 10 cárceles del país por Iris Valera. Es claro que la solución no es ni cerrar, ni demoler cárceles. Las experiencias que he contado lo demuestran.

Mientras no se creen programas de atención a los reclusos que coadyuve a lograr la reinserción social de estos, el respeto a sus derechos humanos, la eliminación del retardo procesal y la profesionalización del personal de prisiones, que son algunas de las muchas soluciones que hay para resolver el caos penitenciario venezolano, la situación no mejorará y seguiremos viendo shows mediáticos como el del Retén de Cabimas, que no soluciona el problema, solo lo trasladan de un sitio a otro.

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*Director de Una Ventana a la Libertad

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El desastre penitenciario de Venezuela
Nunca en la historia los presos venezolanos se habían muerto por desnutrición y enfermedades no atendidas como la tuberculosis. Tampoco había pranes

 

@cnietopalma

Venezuela vive actualmente el peor desastre en materia penitenciaria de toda su historia. Nunca la situación había sido tan grave como la de ahora, lo cual es mucho decir, porque nuestro sistema penitenciario siempre ha sido muy malo.

En la llamada cuarta república nuestras cárceles funcionaban muy mal. Recordaremos grandes masacres de esos tiempos, como la del Retén de Catia en 1992, la de la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia en el año 1994, o la ocurrida en la cárcel La Planta en Caracas en 1996, donde un grupo de reclusos murió calcinado de manos de funcionarios de la Guardia Nacional. Sin olvidar la implosión del Retén de Catia el 16 de marzo de 1997, cuando el para entonces presidente de la república, Dr. Rafael Caldera, pretendió que con esa especie de exorcismo medieval acababa con los males que aquejaban a nuestro sistema penitenciario.

Con la llegada de la revolución chavista, algunos imaginamos que la situación penitenciaria mejoraría. Sobre todo porque se promulgó una nueva Constitución Nacional donde por primera vez se incluía un artículo, el 272, donde se establecía cómo debía ser el sistema penitenciario venezolano y se daban los lineamientos generales de su funcionamiento.

Lamentablemente esta norma constitucional es letra muerta. Y a pesar de que han transcurrido casi 22 años desde su aprobación, ninguno de los puntos en ella establecidos se ha implementado. El régimen revolucionario se niega a cumplir con ese mandato, a pesar de haberse aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces hubo ovaciones de pie e intervenciones de algunos de sus miembros anunciando un nuevo sistema penitenciario más justo y humano.

Esta renuencia a cumplir con el artículo 272 de la carta magna marca el inicio de lo que, no tengo dudas, es el peor desastre penitenciario que los venezolanos hayamos vivido.

Durante esta revolución bolivariana surgieron los “pranes” de las prisiones, una figura desconocida hasta los momentos y que se han convertido en los nuevos regentes del sistema penitenciario venezolano. Ellos están acompañados de sus “luceros”, una especie de ejército pretoriano que los acompaña, y a los cuales el Estado les ha cedido el control del sistema penitenciario venezolano.

También en tiempos de revolución la corrupción carcelaria ha ido en incremento. Recuerdo que mi maestro Elio Gómez Grillo siempre decía que “las cárceles eran un negocio tan productivo como PDVSA”. Las “mafias carcelarias” formadas por funcionarios penitenciarios, guardias nacionales y presos han tomado el control absoluto del sistema penitenciario venezolano y diversificado sus áreas de acción y negocios ilícitos dentro del sistema carcelario.

Por último, la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011, fue la guinda que le faltaba a la torta para terminar de destruir el sistema penitenciario del país. Este ministerio, en vez de una solución, fue el detonante del caos que viven miles de presos y sus familiares.

No podemos olvidar que la responsable de que los centros de detención preventiva o calabozos policiales se hayan convertido en las nuevas cárceles venezolanas es la que por muchos años dirigió este ministerio, Iris Valera. Con la prohibición de recibir a nuevos reclusos en las cárceles que ella dirigía, traspasó el problema penitenciario a los organismos policiales, abarrotando sus calabozos. Centros destinados por ley a retener presos por lapsos no mayores de 48 horas.

Finalizo diciendo que nunca en la historia los presos venezolanos se habían muerto por desnutrición y enfermedades no atendidas como la tuberculosis; ni que estas hayan suplantado a los enfrentamientos entre reclusos como principal causa de muerte en nuestras cárceles, como ocurre hoy en día.

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Carlos Nieto Palma Sep 24, 2021 | Actualizado hace 1 mes
La revolución judicial en cifras
Solo el 21,8% de la población reclusa fue atendida por la llamada comisión para la revolución judicial, según el riguroso informe especial de la ONG Una Ventana a la Libertad

 

@cnietopalma

Uno de los grandes problemas que enfrentamos los venezolanos, desde tiempos de Hugo Chávez hasta ahora, es la opacidad en la información pública. Tener datos oficiales en Venezuela es realmente una odisea. No hay manera de obtener cifras de los funcionarios del Estado, pareciera que hay una prohibición expresa de ello.

Por esto, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde hace varios años, se han dedicado a recabar datos, cifras, testimonios, etc., que puedan dar al mundo una aproximación bastante cercana a la grave situación en materia de violaciones a los derechos humanos que vivimos en Venezuela.

La organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), desde hace muchos años se ha dedicado a recabar información veraz sobre la situación que se vive en el sistema penitenciario venezolano. Bajo una rigurosa metodología de investigación y con un equipo de investigadores que hoy en día cubre toda la geografía nacional, logra levantar esa data que las autoridades se niegan a dar.

En otras oportunidades me he referido a la llamada Comisión para la Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro el pasado 21 de julio con el fin de acabar «en 60 días» con el hacinamiento y el retardo procesal en los centros de detención preventiva del país. Esta vez me quiero referir a un informe especial que UVL acaba de hacer público. Llamado 60 días de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. ¿Acabar el hacinamiento?, da a conocer, en cifras, los resultados del trabajo realizado por aquella comisión.

Es importante aclarar que las únicas cifras oficiales del trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial las dio el presidente de la misma, Diosdado Cabello, en una sesión de la Asamblea Nacional el pasado 14 de septiembre. En la misma dijo: «Nosotros, en pandemia, hemos visitado 394 centros, entrevistado a 27.963 hombres y mujeres, buscado, revisado y adecuado al momento que estamos viviendo». Hasta allí la información oficial.

El informe de UVL, que abarca desde el 21 de junio al 31 de agosto del presente año, 10 días más del plazo de 60 días dado por Maduro, indica que durante ese lapso los miembros de la comisión solo visitaron 332 (66,4 %) de los más de 500 calabozos policiales que hay en el territorio nacional. 

Igualmente se otorgaron 6529 libertades y se gestionaron 1085 traslados a recintos carcelarios, para un total de 8446 reclusos beneficiados por el trabajo de esta comisión. Ello representa solo el 21,8 % de la población penitenciaria.

Es claro que dentro del plazo acordado de 60 días no se logró cumplir con la meta de eliminar el hacinamiento de los centros de detención preventiva; este continua, al igual que el retardo procesal y las graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

En el informe especial se señala que liberar o trasladar a centros penitenciarios a un 21,80 % de las personas detenidas, según cifras de la misma comisión, en 70 días (10 días extras), habiendo dicho que acabarían con el hacinamiento en los CDP en solo 60 días, es una agresión a las personas detenidas.

“Es un chantaje para que acepten cualquier culpa o condición y una afrenta a las familias que siguen luchando por las debidas garantías procesales para sus familiares que, si bien pudieron haber cometido un delito, no dejan de ser portadoras de derechos humanos”, agrega el informe.

Finalmente esperamos que, aun y cuando no se logró cumplir con lo establecido en el lapso de 60 días, el trabajo de esta comisión continúe y se logre erradicar ese uso perverso que se le ha dado a los centros de detención preventiva, de convertirlos en las nuevas cárceles venezolanas.

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Carlos Nieto Palma Sep 10, 2021 | Actualizado hace 1 mes
Asistencia al preso liberado
A los reclusos liberados por la comisión de la ‘Revolución judicial’ se les debe brindar una asistencia pospenitenciaria, establecida en el artículo 272 de nuestra Constitución

 

@cnietopalma

El trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial, creada el pasado 21 de junio por Nicolás Maduro con el fin de resolver el hacinamiento de los centros de detención preventiva en Venezuela, ha ocasionado la liberación de un buen número de reclusos de los diferentes calabozos policiales y cárceles del país.

Hoy quiero hablar de la asistencia que se les debe brindar a los reclusos liberados, establecida en el artículo 272 de nuestra Constitución nacional como asistencia pospenitenciaria. Esta se les debe dar a los privados de libertad excarcelados para evitar que vuelvan a delinquir y lograr su reinserción completa a la sociedad. Es ayudar en el paso de la cárcel a la calle.

Sobre este tema Elio Gómez Grillo, padre del penitenciarismo contemporáneo venezolano, manifestó en su obra postrera Prosa de prisa para presos lo siguiente: “No debe olvidarse que el preso recién liberado sufre la llamada “crisis de la liberación”, que comprende las siguientes 4 fases:

Fase explosiva y eufórica

Un preso liberado la ha considerado así: “Es el placer de volver a ser niño y aprender a usar los instrumentos habituales para comer: el tenedor, la cuchara, la servilleta y también aprender, lentamente, a caminar libremente por la calle y atravesar las avenidas y con toda naturalidad ver que el policía, en vez de caminar atrás, puede caminar adelante”.

Fase depresiva de adaptabilidad

Un preso liberado lo dice: “Todos me dan la espalda”. Ocurre que el medio le es hostil, que es rechazado por todos y en todas partes.

Fase alternativa

El sujeto se debate entre permanecer en la sociedad que le está rechazando o volver a delinquir. En la cárcel no es rechazado, porque es igual a los demás presos. En la calle es rechazado, porque es inferior a las demás personas. Además, la cárcel le ofrece techo y comida. El rechazo en la calle le niega la posibilidad de trabajar honradamente para tener ese techo y esa comida. El sujeto sufre crisis de angustia, cambios de humor y síntomas de agresividad ante la necesidad de tomar una decisión: la calle con sus rechazos o el delito con la terrible posibilidad de ser otra vez un preso más.

Fase de fijación

Es la salida definitiva. El sujeto fija esa salida. O se adapta definitivamente a la vida en sociedad con todos sus inconvenientes o delinque de nuevo”.

Por otra parte, el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 165 al 170, le otorga al Ministerio para el Servicio Penitenciario la facultad de brindar esa atención a los presos liberados. Por lo tanto es a ellos a quienes les corresponde dar asistencia a los reclusos que han sido beneficiados con la libertad por la Comisión para la Revolución Judicial.

La falta de planificación en el trabajo que realiza la mencionada comisión, no la llevó a prever la asistencia a los reclusos liberados. Y lamentablemente estamos viendo casos de reincidencia en nuevos delitos de algunos presos liberados.

Sabemos que el sistema penitenciario venezolano no cumple su función de reeducar a los privados de libertad para reinsertarlos a la sociedad una vez son liberados. Contrario a esto, nuestras cárceles y centros de detención preventiva son verdaderas universidades del delito. El hacinamiento, la falta de clasificación de los reclusos y el ocio, son algunas de las causas por las que la reinserción social de los hombres y mujeres privadas de libertad no tiene éxito en Venezuela.

Por eso, si a este grupo importante de reclusos que está siendo liberado por la llamada revolución judicial, no se le hace un seguimiento a lo que hace en su nueva vida en libertad, muy pronto volveremos a ver las cárceles y centros de detención preventiva abarrotados de gente.

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A 60 días de revolución judicial
El gobierno no tiene idea de la crisis de los calabozos policiales, por eso la ‘Revolución Judicial’ poco logró al concluir este 21/8 el temerario plazo de 2 meses que dio Maduro para resolverla

 

@cnietopalma

El pasado 21 de agosto se cumplieron 60 días desde que Nicolás Maduro, en una reunión del Consejo de Estado realizada en el Palacio de Miraflores, creara la Comisión para la Revolución Judicial. Entonces fueron designados los diputados de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello y Cilia Flores, en calidad de presidente y vicepresidenta, así como por la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson, como secretaria.

Según palabras del propio Maduro en esa oportunidad, “En un plazo de 60 días la Comisión Especial deberá solucionar el hacinamiento y retardo procesal en centros de prisión preventiva del país”. 

Ya los 60 días de plazo acordado transcurrieron. Por eso hoy quiero hacer un breve análisis del trabajo que, en líneas generales y según nuestra apreciación, ha efectuado esta comisión.

En primer lugar, tal y como lo dijimos cuando fue creada, el lapso de 60 días dado por Maduro para descongestionar los centros de detención preventiva del país, así como para solucionar el retardo procesal, era muy corto para la magnitud del problema. 60 días después vemos que no se ha logrado el objetivo planteado.

Si bien es importante que al fin el gobierno asumiera la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales y se hayan tomado medidas al respecto, considero que no se tenía una verdadera idea de la grave situación de estos recintos. Esto impidió una planificación detallada del trabajo a realizar, así como la confección de un manual de procedimientos a ser aplicado por todos los que participan de esta comisión, una de las más grandes debilidades que tiene.

Como lo he denunciado en muchas oportunidades, los calabozos policiales se han convertido en las nuevas cárceles de estos tiempos, a pesar de que son recintos para alojar a privados de libertad por lapsos no mayores a 48 horas. Por su misma naturaleza temporal o de tránsito, no reúnen condiciones ni de infraestructura, ni higiénicas, ni de seguridad para tener a presos de manera permanente, como viene ocurriendo desde hace varios años.

La crisis de los calabozos se llama Iris Varela

No podemos olvidar que la situación de los centros de detención preventiva es consecuencia de una decisión arbitraria de la exministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Hace unos cuantos años, el 3 de agosto de 2011 para ser exactos, decidió prohibir el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles dependientes de ese ministerio, si ella no lo autorizaba. Esta y ninguna otra es la causa de que estos recintos se hayan convertido en las nuevas cárceles de la revolución.

A esto hay que agregarle que el retraso procesal en Venezuela afecta aproximadamente al 70 % de la población penitenciaria, una cifra verdaderamente alarmante y considerada como la más alta del continente.

El trabajo de la comisión va a continuar. Los 60 días anunciados quedaron cortos para cumplir con el trabajo asignado. Como recomendación para que se pueda lograr el cometido propuesto de descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales, es necesario la construcción de nuevos recintos carcelarios. Hay estructuras prefabricadas que en otros países han dado buenos resultados y su construcción se hace en corto tiempo. Otra opción puede ser rehabilitar los recintos carcelarios que fueron cerrados por el Ministerio Penitenciario y ponerlos nuevamente en uso.

Como reflexión final, me viene a la memoria que cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, hace ya 10 años, una de las primeras promesas de la para entonces titular de ese despacho, Iris Varela, fue la construcción de un recinto carcelario en cada estado del país para reclusos procesados. Hasta el presidente Hugo Chávez emitió en el momento un decreto emergencia en materia de infraestructura penitenciaria, pero nada de esto se cumplió. Ningún recinto se construyó y por eso el caos que vive nuestro sistema penitenciario en la actualidad.

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Ana llora a su hijo Jorvi Escalona, joven de 29 años que murió de tuberculosis y desnutrición extrema en un calabozo de Barquisimeto, en 2018. En lo que va de 2021 han muerto por las mismas causas otros 47 reclusos. Foto del episodio 7 del pódcast Voces del desamparo

Los presos venezolanos ya no tienen ni fuerzas para pelear. La mayoría muere de hambre y enfermedades

 

@cnietopalma

La pasada semana la organización Una Ventana a la Libertad (UVL), que desde hace 23 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, presentó su informe del primer semestre del año 2021. El mismo recoge el monitoreo que durante los últimos cinco años hace la organización en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela.

Este monitoreo fue realizado en 21 estados del país por el equipo de investigación de UVL, formado por 23 investigadores y coordinados por la doctora Magaly Huggins. Bajo una metodología de trabajo con objetivos definidos previamente, el equipo logró levantar la información de 289 centros de detención preventiva del país.

Con este, Una Ventana a la Libertad suma 15 informes, entre semestrales, anuales y especiales, dando a conocer la grave situación de los reclusos que se encuentran en estos recintos. Estos espacios teóricamente transitorios, donde legalmente los detenidos deben permanecer por lapsos no mayores de 48 horas, lamentablemente se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas, creando un sistema penitenciario paralelo al que tradicionalmente conocemos y que depende del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Como dato importante de este informe, destaca la grave situación de salud que se vive en estos recintos.

De los 95 reclusos fallecidos en el primer semestre de este año, según el informe de UVL, 72 murieron por enfermedades.

La tuberculosis es la principal causa de muerte con más del 65 % de los casos, 47 para ser exactos. El resto de las muertes se distribuye en cinco causas principales: infarto, desnutrición, enfermedades respiratorias como neumonía, y síntomas de covid-19; Otras patologías importantes fueron cirrosis, hemorragia pulmonar, amibiasis y VIH. Hubo tres defunciones cuyas enfermedades no se especificaron.

La segunda causa de muerte en los centros monitoreados por UVL fue la de supuestos enfrentamientos entre funcionarios y reclusos fugados. Así, 15 reclusos fugados murieron en “procedimientos de recaptura”, mientras que otras ocho defunciones se dividen de la siguiente manera: tres en riñas, tres por abusos de funcionarios y dos en motines.

Es importante destacar que desde hace más de un año las muertes por enfermedades, tanto en cárceles como en calabozos policiales, ha desplazado por completo a las ocurridas por enfrentamientos entre reclusos o motines, que anteriormente era la causa principal de muertes en el sistema penitenciario venezolano.

En materia de enfermedades reportadas en los centros de detención preventiva monitoreados por UVL, la escabiosis (sarna) es la principal enfermedad detectada, con 1522 presos afectados; luego la desnutrición con 1468 casos; tuberculosis con 1095; gripe con 437; enfermedades respiratorias con 419; fiebre con 117; diarrea con 84; covid-19 con 43; y VIH 19 casos.

Son cifras verdaderamente alarmantes. Lllama la atención que aunque las cifras por covid-19 no son altas, queda la duda de si los casos de gripe, enfermedades respiratorias y fiebre podrían estar relacionados con la pandemia.

Otro de los graves problemas detectados en el informe de Una Ventana a la Libertad es el grave hacinamiento que se vive en estos recintos. Los 289 recintos monitoreados tienen una capacidad para 8634 personas y se encontraban ellos 25.186, lo que representa un 292 % de hacinamiento.

Falta esperar los resultados del trabajo de la Comisión de Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro el 21 de junio de este año, casi terminando el semestre monitoreado por UVL. Esperamos que este sirva para cambiar la dramática situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que es el mandato principal de esta comisión.

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