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Carlos Nieto Palma

Una Ventana a la Libertad: Los DD.HH. de los presos tienen que ser respetados
El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, denunció las condiciones en que sobreviven los presos venezolanos, tanto en los centros de detención preventiva como en las cárceles del país

 

El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, enfatizó en que los derechos humanos de los privados de libertad tienen que ser respetados, durante una ponencia que desarrolló en la Comandancia General de Policía de Carabobo, ubicada en la calle Navas Spinola, en Valencia.

Ante un gran número de funcionarios de los 45 Centros de Coordinación Policial (CCP) localizados en los 14 municipios de la región, el experto en DD.HH. dio una breve explicación de los derechos humanos que tienen los privados de libertad, y además habló de las condiciones terribles en que sobreviven los presos venezolanos, tanto en los centros de detención preventiva como en las cárceles del país.

“Conversamos un poco sobre los derechos humanos de los privados de libertad, leímos algo del Código Orgánico Penitenciario para que los funcionarios tuvieran conocimiento del mismo, y también hablamos del artículo 272 de la Constitución Nacional que es donde se establece de cómo debe funcionar el sistema penitenciario venezolano”, sostuvo Nieto Palma.

Durante la conferencia que se llevó a cabo este viernes 17 de junio, hizo hincapié en que cuando la persona está presa no pierde sus derechos humanos, sino que solamente se aplican limitaciones a algunos derechos como por ejemplo, la libertad personal o el libre tránsito, entre otros.

Los DD.HH. de los presos son los mismos que te tienen que respetar a ti, a mí, o a cualquiera que esté en la calle. El derecho humano es de todos y el responsable de que se respete es el Estado venezolano. Además, los DD.HH. no los violan los particulares, lo hacen los funcionarios del Estado, llámese Presidente o quien sea. El Estado es el responsable de garantizar los derechos humanos a la ciudadanía”, dijo.

Recomendaciones

En cuanto a las propuestas o recomendaciones que haría al Estado venezolano para avanzar en cuestiones de hacinamiento o enfermedades en las cárceles o centros de detención preventiva en el país, Nieto Palma sugirió que primero hay que eliminar el retardo procesal, construir nuevas cárceles, pero que la clave estaría en la descentralización.

“Creo que la descentralización es la solución principal, pero esto no se hace en un día. Estoy seguro que el sistema penitenciario venezolano va a surgir. Creo que vamos a dejar de tener presos viviendo como animales. Yo estoy seguro que esto va a surgir. Creo que el sistema penitenciario tiene solución”, dijo.

Por otra parte, recomendó que se prepare a funcionarios penitenciarios para que se encarguen de esta tarea, porque el policía debe estar en la calle cumpliendo con labor de prevención y mantenimiento del orden público.

Concientizando al funcionario

El comisionado agregado Kerly Bondarenco, comandante de la Estación Policial Bella Vista, aseguró que se ha estado concientizando al personal policial sobre los derechos humanos, el trato digno y adecuado a las personas que están bajo custodia en los recintos o centros de reclusión en las diferentes estaciones policiales.

Por su parte, la comisionada agregada Rosselly Lacle, directora de Operaciones de la Policía de Carabobo, manifestó que la ponencia de Nieto Palma ratifica lo que establece el artículo 272 de la Constitución Nacional, en que el Estado brinda a los privados de libertad la preservación de los derechos básicos y propios de los derechos humanos.

“Nuestro cuerpo de policía puede decir hoy, de manera satisfactoria, que el nivel de humanización, de compromiso para los privados de libertad, está garantizado de acuerdo con las políticas de Estado. Podemos dar fe en que todas las políticas en materia de salud y de alimentación se cumplen de manera perfecta, continua y supervisada”.

Cabe señalar que Nieto Palma, antes de su ponencia sobre los derechos humanos de los privados de libertad, sostuvo conversaciones con Jesús París Lara, secretario (e) de Seguridad Ciudadana de Carabobo, el comisionado agregado Yosbel Solórzano, director general de la Policía regional, y el comisionado agregado Miguel Bandali, segundo Comandante de cuerpo de seguridad estadal.

Arrecia la saña oficial contra defensores y ONG de DD. HH.
La aprobación del proyecto de Ley de Cooperación Internacional sería la prohibición definitiva de la solidaridad en Venezuela

 

@cnietopalma

Con verdadero estupor hemos visto cómo en los últimos tiempos la persecución a defensores y organizaciones de derechos humanos ha ido en franco aumento. El régimen se ha encargado de prohibir la solidaridad en Venezuela.

La persecución a los que velamos por los derechos humanos de la ciudadanía no es nada nueva. Desde hace años, a través de programas de televisión en el canal del Estado, se ha cuestionado nuestro trabajo como defensores de derechos humanos, igual en muchos casos hemos recibido amenazas directas con el objeto de intimidarnos.

Esto ha ido en aumento y la persecución ha crecido de una manera importante. Recordemos que el 14 de enero de 2021 los defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios de Azul Positivo, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz fueron imputados por presuntos cargos de “manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir”’. Azul Positivo es una organización humanitaria que lleva más de quince años brindando ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables del Zulia, en particular a las personas que viven con el VIH / SIDA.

Igualmente, los activistas de Fundaredes José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona fueron detenidos de manera arbitraria el 2 de julio de 2021 por funcionarios SEBIN al salir de la sede del Ministerio Público del estado Falcón, donde denunciaron el hostigamiento del cual habían sido víctimas en la ciudad de Coro, Falcón, el mismo día por parte de funcionarios de la Policía de Falcón, del SEBIN y otros sujetos armados sin identificar. De este grupo José Javier Tarazona aun continúa detenido, habiendo sido imputado por los delitos de “instigación al odio”, “traición a la patria” y “terrorismo”.

Para continuar con esta ola de persecuciones, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, a comienzo de esta semana presentó una acusación privada en contra del defensor de derechos humanos y coordinador del área legal de PROVEA Marino Alvarado y del sacerdote jesuita Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, por una supuesta difamación en la presentación de un informe sobre ejecuciones extrajudiciales y donde la Policía de Carabobo ocupaba el primer lugar. Aunque es un proceso que apenas se está iniciando, ante la falta de independencia judicial nos hace temer por la integridad física de ambos defensores de derechos humanos venezolanos.

Aunado a esto, el régimen vuelve al ataque a las organizaciones de la sociedad civil, presentando un nuevo proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, cuya primera propuesta data de del año 2005 y que fue aprobada en primera discusión en junio de 2006. En los años 2010 y 2015 se incorporó de nuevo a la agenda legislativa, sin que se haya aprobado.

De ser aprobado, esta ley suspendería la cooperación internacional y la ayuda humanitaria que recibimos las organizaciones de la sociedad civil e impediría la ayuda que se les brinda a millones de venezolanos que sufren de la grave crisis humanitaria que vivimos en Venezuela.

Por esto, en un comunicado publicado el miércoles 18 de mayo, 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazamos el proyecto de ley que cierra la cooperación internacional y a la que han llamado ley antisolidaridad.

De este comunicado debemos resaltar lo siguiente: “Con este proyecto de ley se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. A su vez, queda claro la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales. Incluyendo la posibilidad de dejar sin efecto las obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del proyecto de ley”.

La aprobación de este proyecto traería consecuencias nefastas al país, además sería la prohibición definitiva de la solidaridad en Venezuela por ahora.

Carlos Nieto Palma May 06, 2022 | Actualizado hace 3 semanas
Presos amotinados

En la gráfica: captura de pantalla del motín en San Carlos del Zulia (izq.) y el de Los Guayos, estado Carabobo (fotos de la derecha).  

Llama la atención que los 2 reciente motines en centros de detención prevención del Zulia y Carabobo tuvieran como detonante la situación de salud de los presos

 

@cnietopalma

En los últimos días, en diferentes centros de detención preventiva del país, hemos visto la protesta de privados de libertad. Los reclusos reclaman las malas condiciones de vida en estos recintos, así como las constantes violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado venezolano, encargado de su custodia y por tanto de garantizar plenamente el cumplimiento de estos derechos.

El pasado 22 de abril un grupo de reclusos denunció un brote de tuberculosis en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, municipio Colón del estado Zulia. Los presos hacían un llamado a las autoridades a brindar atención médica a la población que allí se encuentra.

Solo 10 días después, el 1 de mayo, en el Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el municipio Los Guayos del estado Carabobo, un número importante de privados de libertad mantuvo como rehenes a tres funcionarios policiales encargados de su custodia. El motín fue en reclamo por la presunta violación de sus derechos humanos y por la muerte de un compañero de celda por falta de atención médica.

El motín en la sede del municipio Los Guayos de la Policía Nacional Bolivariana fue más sangriento que el del Zulia. Aquí los 3 policías secuestrados resultaron con lesiones, uno de ellos de gravedad; y trajo como consecuencia el traslado de más de un centenar de reclusos a las cárceles que están en Tocuyito, también del estado Carabobo.

La (mala) salud como detonante

Llama la atención que ambos conflictos en los aludidos centros de detención preventiva tuvieran como detonante la situación de salud de los presos venezolanos. Un problema que no es exclusividad de estos lugares, sino que es recurrente en todos los centros de detención del país que sufren del mismo padecimiento. Ojalá que no ocurra un efecto dominó y se extiendan estas protestas a los demás centros de detención preventiva del país.

Otro dato curioso, y que cada vez lo vemos con más frecuencia, es el uso de la tecnología por parte de los reclusos. Mediante videos o audios informan a la colectividad de lo que ocurre en sus protestas. Y las redes sociales se encargan del resto.

También es importante tener en cuenta que la Comisión para la Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro el pasado 21 de junio, infundió muchas expectativas a la población reclusa y sus familiares, pues una de sus promesas centrales fue erradicar el hacinamiento de los centros de detención preventiva.

La «revolución judicial» que tampoco cumplió

Lamentablemente, esta comisión no ha cumplido con las expectativas creadas. Y los centros de detención preventiva o calabozos policiales siguen siendo utilizados como cárceles permanentes, sin dar síntomas de mejoría pues los niveles de hacinamiento, retardo procesal, enfermos sin atención y la desnutrición siguen siendo el pan de cada día.

Esperamos que estos conflictos no sean el inicio de una serie de protestas de los detenidos en centros de detención preventiva ante la inacción de la comisión judicial recientemente creada.

*Director de Una Ventana a la Libertad | cnietopalma@gmail.com | Instagram: @carlos_nieto_palma

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Presos con boleta de excarcelación, pero siguen detenidos
Una de las más graves violaciones a los DD. HH. es negarles la libertad a los presos con boleta de excarcelación. Lo está haciendo el régimen de Maduro

 

@cnietopalma

Entre las numerosas violaciones a los derechos humanos que se cometen contra los reclusos venezolanos, que son de todo tipo, están: el retardo procesal, el hacinamiento, la desnutrición y las muertes por enfermedades desatendidas, como la tuberculosis.

Pero hoy quiero hablar de un nuevo agravio, tan o más grave que los anteriores: la negación de libertad a los reclusos pese a tener boletas de excarcelación emitidas por los tribunales de su causa. Contraviniendo las decisiones judiciales, el régimen de Maduro se niega a liberarlos.

Esta modalidad de no liberar a los reclusos con boleta de excarcelación es una creación de la exministra para el Servicio Penitenciario Iris Varela; arbitrariedad que su sucesora, Mirelys Contreras, ha mantenido como una muestra de lealtad a su antigua jefa.

Los reclusos con boleta de excarcelación deben ser liberados de inmediato y no esperar a que nadie autorice esta libertad.

Ya los jueces la decretaron y el Ministerio Penitenciario no puede oponerse a esa decisión. Además de no ser de su competencia.

Actuaciones írritas como esta del Ministerio Penitenciario son similares a las que se tomaron cuando Iris Varela prohibió el ingreso de nuevos presos a las cárceles hasta que ella le diera el cupo. Las consecuencias la conocemos: el caos en todos los centros de detención preventiva de Venezuela. Y que el régimen de Nicolás Maduro admitió tácitamente al crear la Comisión de Revolución Judicial para encarar el desastre.

El artículo 44 de la Constitución nacional es clarísimo al señalar que ninguna persona continuará detenida después de dictada orden de excarcelación.

También el Código Penal, en su artículo 179, establece: “El funcionario público que rigiendo un establecimiento penitenciario o un establecimiento penal, reciba en calidad de preso o de detenido, a alguna persona, sin orden escrita de la autoridad competente, o se niegue a obedecer una orden escrita de excarcelación emanada de la misma autoridad, será castigado con prisión de cuatro a seis meses”.

Como vemos, el retener la libertad de presidiarios está legalmente prohibido y penalizado por la Constitución nacional y el Código Penal, respectivamente. Es decir que hay penas para los funcionarios que no cumplan con las órdenes de liberación de los detenidos; es esta una violación flagrante a los derechos humanos del privado de libertad.

Pienso que ante este desbarajuste que se vive dentro del sistema penitenciario y la administración de justicia, los jueces están en la obligación de velar porque realmente se acaten las liberaciones que ellos otorguen.

Es importante tener en cuenta que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no tiene que inmiscuirse en asuntos de exclusiva competencia del poder Judicial, como son la designación del sitio de reclusión de los detenidos y darle la libertad a los reclusos con boletas de excarcelación.

La Comisión para la Revolución Judicial debería tomar cartas en el asunto y atender estos casos de privación ilegítima de la libertad.

*Director de Una Ventana a la Libertad | cnietopalma@gmail.com | Instagram: @carlos_nieto_palma

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Carlos Nieto Palma Abr 08, 2022 | Actualizado hace 2 semanas
El regreso de la revolución judicial
Esperamos que, en este regreso de la Comisión para la Revolución Judicial, logre realmente erradicar la mala praxis de la primera fase

 

@cnietopalma

Después de unos meses desaparecida, desde el pasado fin de semana ha retomado su trabajo la Comisión para la Revolución Judicial. Recordemos que fue creada por Nicolás Maduro el 21 de junio del año pasado, con el objetivo principal de eliminar el hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela, que como he dicho muchas veces se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

Para esto en aquella oportunidad dio un plazo de 90 días para cumplir con su trabajo. Y aunque lograron disminuir un poco el hacinamiento de estos lugares, el mismo sigue siendo muy crítico.

La organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, en su último informe de 2021 dijo con respecto al trabajo de la comisión: “Si el objetivo fundamental de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial era, como dijera el presidente de la República, acabar con el hacinamiento; lograron disminuirlo, es cierto, pero aún este supera en 161 % el total de cupos disponibles en los 302 calabozos o centros de detención preventiva revisados en diciembre del 2021. Para esta fecha el hacinamiento había bajado en un 130,75 %. Evidentemente mejor que los niveles que había antes de la creación de la comisión, pero no precisamente un éxito. Aun, hoy en día, con los nuevos detenidos y el incumplimiento del debido proceso, la situación sigue amenazando en volver a la anterior y, esperamos que no la supere pronto”.

Los errores y mala praxis de la comisión

Es evidente que esta comisión, aunque nunca fue eliminada, dejó de visitar los centros de detención preventiva del país. La falta de estas visitas, que debió hacer para cumplir con la labor encomendada, es una clara muestra de que el problema continúa y que en su primera fase no lograron concretar los objetivos asignados.

Pienso que en la primera fase de trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial se caracterizó por la improvisación y falta de coordinación entre los diferentes actores que forman parte de ella. Aunado a eso no existía un plan de trabajo común para aplicarlo en todos los estados del país. Igualmente se generaron falsas expectativas a la población reclusa y sus familiares, que ante la falta de claridad en la información que se daba, creyeron, erróneamente, que se iban a liberar todos los presos, cosa imposible de suceder.

Esperamos que, en este regreso de la Comisión para la Revolución Judicial, se hayan aprendido de los errores del pasado y logren realmente erradicar la mala praxis, usada hasta ahora, de convertir a los centros de detención preventiva o calabozos policiales en centros de permanencia indefinida, cuando su uso es para instancias cortas, no superiores a las 48 horas.

Igualmente hay que pensar en la creación de nuevos espacios, que reúnan las condiciones físicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los presos, pues es claro que en las cárceles tradicionales tampoco hay espacio suficiente para el número de reclusos que tenemos en Venezuela.

Finalizo este articulo con un texto tomado del último informe de Una Ventana a la Libertad: “Dijimos y ratificamos que no se pueden improvisar medidas que se vinculan directamente con la calidad y condiciones de la vida humana, en ningún contexto que esta se desenvuelva. Acabar con el hacinamiento no se logra de la noche a la mañana, sin previamente generar las condiciones que lo hagan posible y permanente, a fin de acabar con esta caótica condición de vida para las personas detenidas o presas en Venezuela. Cuando se permite la violación de los derechos humanos fundamentales durante tanto tiempo, dejar de hacerlo no es fácil; por ello vemos que se mantuvo el hacinamiento en 16 estados del país, y allí, se mantienen las mismas condiciones de vida que antes y se continúa con la misma impunidad violando los derechos humanos de todas las personas detenidas por una u otra razón. La más básica las condiciones de habitabilidad en los saturados calabozos y la convivencia forzada de detenidos enfermos con los sanos”.

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Carlos Nieto Palma Feb 11, 2022 | Actualizado hace 2 semanas
El descontrolado cierre de cárceles
Cuando se implosionó al Retén de Catia, ya se tenían 2 cárceles nuevas: las del Rodeo II y Yare II, eso evitó un caos carcelario. Mirelys Contreras retorna hoy a la improvisación de Iris Valera con el cierre de Yare I

 

@cnietopalma

Realmente el sistema penitenciario venezolano camina hacia atrás como el cangrejo. El pasado 21 de junio del 2021, el mismo Nicolás Maduro en cadena nacional anunciaba la creación de una Comisión para la Revolución Judicial, cuya misión principal era descongestionar las cárceles y centros de detención preventiva, por los altos niveles de hacinamiento que existían.

El pasado domingo 6 de febrero de 2022, la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, anuncio el cierre del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, ubicado en los Valles del Tuy en el estado Miranda.

Desde hace varios años he denunciado que el cierre de cárceles no es la solución al caos carcelario. Menos en un sistema penitenciario donde los centros de detención preventiva se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

Es importante destacar que desde que fue creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011, esta es la undécima cárcel que clausura sin ningún tipo de planificación al cierrePara que lo recuerden, se los refresco cronológicamente: Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012; Internado Judicial de Coro: octubre 2012; Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013; Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014; Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta): febrero 2016; Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial Los Pinos, San Juan de los Morros (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial de San Fernando (Apure): abril 2018; Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA), Puerto Ayacucho (Amazonas): agosto 2018 y Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare, (Portuguesa): mayo 2020. Y ahora el Centro Penitenciario Metropolitano Yare II.

Al régimen le resulta más fácil cerrar cárceles que buscar soluciones a los problemas que ellas enfrentan.

En lo personal, no estoy en desacuerdo con el cierre de cárceles, que por sus estructuras se han convertido en ranchos carcelarios. Solo que debe haber una planificación previa que incluya el menudo detalle de dónde llevar a los presos.

Siempre recuerdo cuando se implosionó al Retén de Catia (1997). Más allá de las críticas personales que pueda albergar por tal acción, hay que reconocer que se tenían dos cárceles nuevas: las del Rodeo II y Yare II, que recibieron a estos reclusos. Ello evitó un caos carcelario.

Lamentablemente, el cierre de la cárcel de Yare nos retorna a la improvisación a la que nos tenía acostumbrados la gestión de Iris Valera en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que creó el caos en los centros de detención preventiva, al convertirlos en las nuevas cárceles venezolanas. Aunado a que lanzaron por la borda la promesa de Nicolás Maduro el 21 de junio de 2021 de eliminar el retardo procesal en el sistema penitenciario venezolano.

La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, informó el pasado domingo 6 de febrero 2022, durante el desalojo del Centro Penitenciario Región Capital Yare I, que se otorgaron 70 libertades y se llevaron a cabo 780 traslados de privados de libertad a otros recintos carcelarios.

Esto deja claro que al menos 780 presos fueron trasladados a otros sitios, que ya están hacinados, para aumentar este flagelo penitenciario del hacinamiento carcelario.

Hasta que el régimen de Nicolás Maduro no aplique políticas serias para solucionar el problema penitenciario, seguiremos teniendo uno de los peores sistemas del continente.

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Carlos Nieto Palma Feb 04, 2022 | Actualizado hace 2 semanas
Venezuela reprobada en derechos humanos
Los 112 informes de la sociedad civil y las 328 recomendaciones del EPU (ONU) confirman que Venezuela es un Estado forajido en materia de derechos humanos

 

@cnietopalma

Estimados lectores, al iniciar mis artículos de opinión en este 2022, quiero desearles un feliz año nuevo. Que en este año se cumplan todos sus deseos, tanto personales, como el que todos anhelamos para Venezuela: el regreso de la democracia.

Hoy quiero iniciar este año hablando del tercer ciclo del examen periódico universal al que fue sometido Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y donde se evaluó la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Según la página web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.

Al ser una de las herramientas principales del Consejo, el EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos. El EPU es uno de los elementos clave del consejo que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como este.”

Para el EPU, tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil envían sus informes donde expresan su criterio sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con sus respectivas recomendaciones. Según Civilis DDHH, en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, las organizaciones venezolanas de derechos humanos enviaron 112 informes que abordan 34 temas sobre situaciones, problemáticas, abusos y violaciones a los derechos humanos en el país. El fin es brindar información actualizada y veraz a los Estados que deseen participar como evaluadores.

Según datos proporcionados por la misma organización, que ha hecho un trabajo admirable en el seguimiento del EPU, además de asesorar a las organizaciones no gubernamentales que allí participaron, el informe oficializa 328 recomendaciones de 115 países. Igualmente aumentaron de 96 a 116 el número de estados examinadores; así como aumentó de 276 a 328 el número de recomendaciones.

El primer EPU en que Venezuela participo fue el 7 de octubre del 2011, el segundo el 1 de noviembre del 2016 y ahora acabamos de concluir el tercer ciclo, en todos nos han reprobado.

Una clara muestra de la preocupación del mundo entero de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivimos los venezolanos es que los resultados del tercer ciclo del EPU son aterradores. Expresan el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los 112 informes de la sociedad civil y las 328 recomendaciones lo confirman.

Tengo claro que el régimen no le hará caso a ninguna, como ha pasado en los 2 ciclos anteriores. Seguiremos siendo un país forajido en materia de derechos humanos.

*Director de Una Ventana a la Libertadcnietopalma@gmail.com | Instagram: @carlos_nieto_palma

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Tuberculosis, desnutrición y retardo procesal, el balance carcelario del 2021
2021 ha sido el peor año de toda la historia penitenciaria venezolana. El balance carcelario arroja muertos por hambre, tuberculosis y un hacinamiento sin precedentes

 

@cnietopalma

Finalizamos el año 2021 y es propicia la ocasión para hacer un balance general de lo ocurrido en este año que termina en materia penitenciaria. Me atrevo a decir que es el peor que hemos vivido en la historia penitenciaria venezolana, que ya es mucho decir.

Yo insisto en que nuestras cárceles siempre han sido muy malas. Tanto en la cuarta como en la quinta república han sido depósitos de seres humanos, muy lejos de cumplir con la función de la cárcel de reeducar a los hombres y mujeres que allí caen, sino más bien convirtiéndose en universidades del delito.

Este 2021 nos trajo, aunado al desastre que se vive en las cárceles, la desnutrición y la tuberculosis, que nunca se había vivido antes. Estos males se apoderaron de las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela.

Nuestros presos se están muriendo de hambre y enfermedades, donde la tuberculosis lleva la voz cantante.

Hasta hace unos años las muertes en las cárceles y centros de detención preventiva tenían como principal causa las riñas y enfrentamientos entre reclusos, hoy esta cifra cambió.

Tomo un dato del último informe de la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, correspondiente al primer semestre de este año 2021: “En los calabozos de la Policía Nacional de Boleíta, también conocidos como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, hay un recluso con VIH, al menos 109 con tuberculosis y 114 con desnutrición”. Una cifra que alarma a cualquiera y nos da una breve panorámica de lo que pasa en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela.

Definitivamente las autoridades penitenciarias venezolanas han fracasado en tener unos recintos medianamente acondicionados para que los presos vivan de manera honesta y con el respeto a sus derechos humanos. Este fracaso lo vemos en las cifras de muertos cada año por enfermedades no atendidas.

Otro de los graves problemas que hay que sumar es el retardo procesal. Nunca con cifras oficiales, una gran debilidad como país. Tenemos como apoyo las investigaciones de Una Ventana a la Libertad, que nos dicen que el 70 % de nuestros presos tienen retardo procesal, es decir no saben si son culpables o inocentes.

Estos datos que me atrevo a dar son cifras generales, el próximo año daremos cifras definitivas. Pero es claro que este 2021 ha sido el peor año de nuestro sistema carcelario. Nunca pensábamos los que conocemos el tema que la situación se desbordaría.

Nadie nos hizo caso cuando dijimos lo grave que era que convirtieran a los centros de detención preventiva o calabozos policiales en cárceles permanentes. No nos equivocamos. Y al régimen de Maduro le tocó crear una comisión para solucionar el problema en 60 días. No cumplieron, pero reconocieron el error. Ojalá lo solucionen.

Aprovecho de despedirme por este año de todos mis lectores, gracias por leerme y nos vemos la segunda quincena del 2022. Una feliz Navidad y lo mejor en este nuevo año 2022.

*Director de Una Ventana a la Libertadcnietopalma@gmail.com | Instagram: @carlos_nieto_palma

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