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Carlos Moreno

Protestas 2017 |  Paul Moreno: El único paciente que no atendió la Cruz Verde
El brigadista y estudiante de medicina fue la víctima número 62 de las protestas antigubernamentales de 2017 y uno de los 12 caídos en el estado Zulia según el registro de  Runrunes
La nueva audiencia donde acudirá el supuesto victimario, Omar Barrios, se llevará a cabo a principios de junio de 2018
Familiares y compañeros decidieron crear una asociación con el nombre de Paul para ofrecer atención médica gratuita y dotar de medicinas a personas de escasos recursos

 

@franzambranor

A UN COSTADO DE LA AVENIDA Fuerzas Armadas en Maracaibo, a la altura de la calle 42, Paul Moreno, descansaba sentado luego de prestar servicios como brigadista voluntario en una marcha que nunca llegó a la sede del Consejo Nacional Electoral. Eran días de intensa protesta en la capital zuliana y ese 18 de mayo de 2017, pasadas las 3:00 pm, Paúl había dado por concluida su misión con la Cruz Verde. Una camioneta Hilux con vidrios ahumados se detuvo a metros de donde estaba el estudiante del quinto año de Medicina en la Universidad del Zulia, pero a diferencia del resto de los vehículos no dio una vuelta en “U” para sortear la barricada que habían levantado algunos manifestantes. Aceleró, hizo un rápido giro y se llevó por delante a Paul.

El joven falleció casi en el acto. Giovanni Varela, coordinador de primeros auxilios de LUZ, estaba a una cuadra de distancia y escuchó el brusco escape del carro. Minutos después, un desconocido se le acercó diciéndole: “mataron al paramédico, lo mataron, lo mataron”.

Varela, junto al grupo de profesionales que lidera, corrió al sitio y cuando llegó presenció una escena que jamás olvidará. “No vi a Paul tendido en el suelo, ya se lo habían llevado porque el Hospital Adolfo Pons queda muy cerca de allí. Había demasiada sangre en el piso, sabía que algo estaba mal…fue el único paciente que no pudimos atender y cuánto lo sentimos”.

En el Adolfo Pons no cabía un alma, según Varela. Allá también arribó instantes después la persona que más lamentaría el deceso de Paul: su madre, Marlene Camacho, quien solía acompañarlo a todas las manifestaciones. Ese día casualmente se quedó en casa. El propio Paul le pidió que bajara la frecuencia de participación en las protestas de calle porque se estaban tornando cada día más peligrosas. “Me tocó la puerta un compañero de él y me dijo: mami vístete porque a Paul lo atropelló un carro y necesitan tu sangre”, dijo Camacho.

Sacó fuerzas desde donde no tenía para vestirse y emprendió camino. Entró como una tromba a la emergencia del hospital. Allí un grupo de médicos la esperaban con caras largas, como tratando de atajarla antes de confrontar la dura realidad de haber perdido a un hijo.

“Yo confieso que me volví como loca, lo tenían en una camilla, me despedí con un beso, nunca me olvidaré de eso”.

Camacho asegura que ese fatídico día llamó por teléfono a su hijo cerca de la 1:00 pm y le dejó un mensaje de voz para recordarle que lo esperaba para almorzar.

“Él me dijo que no me preocupara, que iba a regresar temprano porque tenía que seguir trabajando esa tarde…a mí me daba miedo, porque para esa época ya habían como 40 muertos en el país, pero él siempre me tranquilizaba, me comentaba que ese era su trabajo: salvar vidas”.

Su hermano mayor Carlos estaba a miles de kilómetros de distancia, en Madrid, donde reside desde hace dos años. Era inevitable que Carlos, quien es periodista y fue director del periódico Versión Final, se enterase por las redes sociales porque además seguía el desarrollo de las protestas con especial interés.

“Hablamos un par de días antes del suceso y le pedí que se cuidara porque la represión estaba recrudeciendo. Le dije que los cuerpos de seguridad estaban saliendo a matar; él siempre me daba tranquilidad y me decía que ese era el trabajo que le correspondía”, aseveró Carlos desde España.

“Él estaba allí para todos, tanto para los que eran opositores como para los chavistas, socorría a los que sufrían de un lado y otro”, asegura el tío de Paul, Octavio Gómez, director de Finanzas de la Asociación Civil “Dr. Paul Moreno Camacho”.

Marlene Camacho relató que horas antes de morir Paul había auxiliado a un manifestante que sufría de asma y se había ahogado con el humo de una bomba lacrimógena. Paul se quitó la máscara que portaba y se la puso al joven afectado.

“Luego durante uno de los homenajes a mi hijo, la mamá de ese muchacho se me acercó y me dijo que Paul le había salvado la vida a su hijo”.

El supuesto culpable y proceso judicial

Luego del suceso, el Ministerio Público aún comandado por Luisa Ortega Díaz, designó al fiscal 4to del Zulia, Israel Vargas para dirigir la investigación.

A bordo de la camioneta Hilux blanca de vidrios ahumados nunca se determinó cuántas personas iban en realidad. En un principio se hablaba de tres individuos y luego se expuso que una pareja formada por Omar Andrés Barrios, de entonces 22 años y Liz Mary Hernández, de 20. También se creía que quien estaba al volante era Hernández, pero en la audiencia de presentación de ambos, Barrios asumió la conducción del vehículo.

Omar Andrés es hijo de Omar Barrios, dueño de la farmacia La Zuliana y el Supermercado La Fiorella, establecimientos donde en diciembre de 2017, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) incautó 600 cajas de medicamentos provenientes del convenio Cuba-Venezuela.

Luego de arrollar a Paul, Barrios y su compañera huyeron del lugar. Siete días después familiares del señalado como asesino de Paul aseguraron que se entregó voluntariamente, aunque Carlos Moreno niega rotundamente esa tesis.

“Estaba oculto en su residencia que, por cierto, queda en una zona acomodada de Maracaibo”, dijo el mayor de los Moreno. “Quisieron hacerlo ver como que sí se entregó y eso es mentira, fue una captura empujada por la presión social y la indignación que había en ese momento, ellos incluso trataron de contactarnos para ver si llegábamos a un arreglo”.

Posterior a dos días de deliberaciones, la jueza sexta de control, Milagros Méndez, dictó libertad plena para Hernández, mientras que a Barrios le ratificó la privativa por el supuesto delito de homicidio calificado con alevosía.

“Eso es una aberración jurídica porque ella sabía el paradero del victimario de Paul y de algunas modificaciones que se le hicieron a la camioneta Hailux que lo arrolló con la intención de que no la encontrasen, ella es cómplice”, sostuvo Carlos Moreno.

“El habló cerca de dos horas y ella por 50 minutos y ambas declaraciones estuvieron repletas de contradicciones. Ella dijo que Barrios había bajado el vidrio para mediar con quienes obstruían el tránsito, cuestión que él no hizo, entonces él manifestó que le habían lanzado piedras al vehículo y ella no, y cosas así por el estilo”, indicó Moreno.

“Tuvimos seis meses de retardo procesal por razones tan banales como que la jueza se sentía mal o que no había luz en el juzgado”, agregó.

Aunado a esa decisión en noviembre de 2017, la jueza encargada Yesiré Rincón emitió la sentencia Nro 050-2017 en la que ubica la muerte de Paul Moreno el 2 de agosto de 2009.

Con el cambio de fechas, Rincón eximió parcialmente a Barrios de la calificación intermedia de homicidio intencional a título de dolo eventual, una sentencia de criterio aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2011.

En el texto, la jueza Rincón argumenta que aunque el homicidio de Paul se trató de un accidente por imprudencia de Barrios y la falta de cuidado del joven brigadista por estar en una vía pública, el hecho no encajaba en la calificación de homicidio intencional a título de dolo eventual.

“Ella dijo que no se podía apegar a una sentencia de 2011 del TSJ porque Paul había muerto en 2009, así de simple”, expuso Moreno.

De esa manera, Barrios quedaba en libertad con régimen de presentación de un año y siete meses, además de prohibición de salida del país.

“Otro de los argumentos que esgrimió la juez fue que Paul no tenía derecho de estar obstruyendo el tránsito y este señor sí lo tenía para circular”, reclamó el hermano de la víctima.

Pero las acciones de la familia Moreno surtieron efecto y la Corte de Apelaciones con ponencia de la magistrada Maurelis Vílchez decidió el 31 de enero de este año revocar la libertad a Barrios y ordenó arresto domiciliario mientras se espera una nueva audiencia preliminar.

Moreno denunció que el pasado 9 de mayo intentaron hacer una audiencia sin la presencia de los familiares y la defensa.

“A todas estas no sabemos si Barrios está cumpliendo ese arresto domiciliario, no sabemos qué organismo lo custodia, a mí me da la impresión que incluso podría estar fuera de Venezuela”, indicó Marlene Camacho.

Moreno aseguró que la nueva audiencia tendrá lugar el próximo 4 de junio. “Nosotros no confiamos en la justicia venezolana, no solo por el caso de Paul, sino por todas las familias de muchachos que han sido asesinados. Pese a eso, no vamos a dejar de luchar para que se haga justicia dentro y fuera del país”.

La vocación y la asociación

Para Giovanni Varela, coordinador de primeros auxilios de la Universidad del Zulia, Paul Moreno era una inspiración. “Yo pienso que Paul era un ejemplo porque la facultad de Medicina de LUZ tiene 8 mil estudiantes y de esos, 30 preferimos estar en la calle, ayudando a la gente”.

La brigada de la Cruz Verde surgió de manera espontánea afirmó Varela.

“El equipo comenzó a trabajar el 19 de abril de 2017 a propósito de las intensas protestas aquí en Maracaibo y motivados también por el trabajo que hicieron los colegas de la UCV en 2014”, dijo.

Varela manifestó que el grupo de voluntarios llegó a atender entre 40 y 50 heridos por día durante las protestas del año pasado.

“Establecimos una hermandad entre nosotros, nos dimos cuenta que las protestas iban escalando y también los heridos, tanto manifestantes como miembros de cuerpos de seguridad del Estado, así como gente que no tenía que ver con el asunto”.

Varela aseguró que entre los afectados resaltan 8 por arma de fuego, uno de ellos un menor de edad de 17 años que tenía una herida en la arteria femoral.

Manifestó que posterior al asesinato de Paul hubo un obvio luto y repliegue de los miembros de la Cruz Verde. “Muchos no querían salir por miedo”.

Pero pasado el tiempo retomaron las calles y concluidas las manifestaciones presenciaron un fenómeno que no esperaban.

“Hubo un interés inmenso en formar parte del equipo, desde que Paul murió empezamos a recibir solicitudes, hoy en día somos 120 voluntarios”.

“Luego de que cesaron las marchas, nos reunimos para replantearnos nuestra labor y decidimos que teníamos que ayudar a las comunidades más necesitadas, ahora hacemos jornadas médicas en 13 sitios diferentes del estado Zulia y atendemos a 4 mil pacientes”.

Pero la repentina muerte de Paul Moreno no solo inspiró a cientos de compañeros a hacer labor social, también a sus familiares que crearon una asociación con su nombre.

“La asociación civil la hicimos para que prevalezca el anhelo que Paul tuvo en la vida, que era la lucha por la igualdad”, sentenció su tío, Octavio Gómez.

La asociación se encarga de llevar a cabo acciones sociales y recolectar medicinas y nutrientes para personas de escasos recursos. Funciona tanto en Venezuela como en España con el apoyo de la Unión Europea. “Atendemos a enfermos y hacemos entregas de medicamentos gratuitos a la gente”, agregó Gómez.

Marlene Camacho, madre de Paul, entrega un donativo a nombre de la asociación

Este 18 de mayo, a un año del asesinato de Paul, familiares y compañeros aspiran llevar a cabo varios actos.

Rendirán tributo al estudiante en la Facultad de Medicina, donde hay un mural con su imagen, harán una misa cerca de su residencia y acudirán al sitio donde fue asesinado en la avenida Fuerzas Armadas, vía a la que la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales le puso el nombre de “Paul Moreno Camacho” y posteriormente el dirigente municipal Willy Casanova optó por quitar.

“Estas fechas son fuertes porque se revive todo, no hay un día que pase que no piense en mi hermano”, dijo Carlos Moreno. “Este año se me hubiese graduado de médico”, recordó su madre Marlene Camacho.

 

Carlos Moreno: Los 18 años que truncaron los colectivos en San Bernardino durante las protestas de 2017
Al joven, estudiante de Economía de la UCV, lo mataron tres días antes de que cumpliera su mayoría de edad. Había salido de su casa con la idea de ir a jugar fútbol, pero paramilitares que arremetieron contra una concentración en la plaza La Estrella, en Caracas, le cegaron la vida antes de que llegara a su destino. Hace un año, se convirtió en el primer caído en la capital venezolana en medio de las protestas

 

Lorena Meléndez G. | @loremelendez

ANA BARÓN RECUERDA QUE CARLOS, su hijo menor, tenía apenas tres años cuando le detectaron déficit de atención. Fue así como halló explicaciones a la impulsividad e hiperactividad del niño y cómo ella comenzó una búsqueda para asegurarle que pudiera ser educado de la mejor forma posible. Lo cambió de escuelas, acudió a médicos y psicopedagogos, le aplicó tratamientos, supervisó cada una de sus tareas, lo infló de ánimo cuando no quería hacer nada, lo consoló cuando cuestionaba su condición, lo impulsó a que pasara sus materias, a que nunca le quedara un año escolar. Carlos se volvió el centro de su vida, tanto así que Alejandra, la mayor, a veces le reclamaba un poco de atención. “El asesino de mi hijo no sabe todo lo que yo luché”, comenta mientras aprieta los labios y trata de contener las lágrimas que ya recorren su rostro, mientras hace su mejor esfuerzo para que la voz, ya rota, no se le quiebre. Su nombre completo era Carlos José Moreno Barón y tenía 17 años de edad cuando el miembro de un colectivo paramilitar lo mató en medio de la protesta del 19 de abril de 2017.

“Yo lo veía y pensaba ‘él es mi reto, yo quiero salir adelante con él’. Trabajé para él, todo lo hice para él. Yo decía, mi hijo ya va a cumplir los 18 años (…) y pensaba que iba a ser un reto más grande porque me iba a decir que era mayor de edad y que podría hacer lo que él quisiera. Pero ahí iba a estar yo, luchando, lo iba a seguir haciendo. Y nada, me mataron todo”, asevera.

Carlos, quien era estudiante del primer semestre de Economía en la Universidad Central de Venezuela, fue la primera víctima que cayó en Caracas durante las manifestaciones. Solo en el municipio Libertador del Distrito Capital mataron a 24 personas en el contexto de las movilizaciones antigobierno que se extendieron por cuatro meses de 2017. En ese período, en todo el país, cayeron 20 menores de edad. Quince de ellos eran parte de los 38 jóvenes que cursaban bachillerato o carreras universitarias.

Aquella mañana del 19 de abril, alrededor de las 9:30 am, había convencido a su mamá de darle permiso para salir a jugar fútbol con unos amigos. Era feriado, no había clases y la oportunidad era perfecta para irse a hacer lo que más le gustaba. Sin embargo, no era un día cualquiera. En 26 puntos de la capital venezolana se concentrarían manifestantes para marchar hasta la Defensoría del Pueblo para exigir la anulación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que días atrás habían disuelto la Asamblea Nacional. Uno de estos lugares de concentración era la Plaza La Estrella, en San Bernardino, apenas a cinco cuadras de la casa del muchacho.

Ana no quería que él saliera, precisamente porque el sitio a donde iba Carlos, unas canchas de la urbanización Chuao, estaría lleno de marchistas. Temía que lo tocara de cerca la represión que había visto en día anteriores y que, para la fecha, ya había dejado cinco muertos. Pero él insistió.

“¿Tú me ves a mí vestido para ir a una marcha?”, le dijo el adolescente a su madre. Melvin, su hermano de crianza, cuestionó también su salida. Al final, ambos cedieron. A Carlos nada lo detenía. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”, comenta hoy Ana, sabiendo que era imposible conocer qué iba a pasar horas después.

Carlos se marchó con el morral negro que siempre cargaba, en donde llevaba el efectivo que le había dado su madre para que desayunara unas empanadas, su teléfono y poco más. Sus familiares, todavía hoy, desconocen por qué fue a parar a la plaza La Estrella de San Bernardino, hacia el norte, cuando debía encaminarse hacia el sureste de la ciudad. Tampoco encontraron mensajes en su teléfono o en sus redes sociales que confirmaran que se iba a encontrar con otros muchachos para anotar unos goles, tal como lo había avisado.

El adolescente, apunta su madre, nunca mentía sobre lo que iba a hacer. Ana piensa que quizás había desistido de ir a Chuao e iba a las canchas del Hotel Ávila, en San Bernardino, donde también solía jugar fútbol. Días después de su muerte, a ella le llegaron muchos comentarios de personas que estuvieron en la marcha. Hubo quienes lo vieron allí solo y le advirtieron que era muy jovencito para andar en una protesta, pero él siguió en el sitio. No se sabe si esperaba encontrarse en ese lugar con otros compañeros, si solo estaba de paso, o si realmente se había ido a protestar, tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso.

Lo cierto es que Carlos estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman La Estrella, que no es más que la intersección de la avenida homónima con la Caracas, Gamboa, Cajigal, Este 5, Anauco y El Parque. Justo en esta última se había ubicado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos. A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.

Otro episodio que llama la atención es el paso de un camión, que los testigos identifican como del gobierno, en medio de la concentración. El vehículo pesado recorrió la avenida Gamboa, en dirección a la plaza y, pese al poco espacio, cruzó hacia la avenida La Estrella sin importar que iba en contrasentido. Los marchistas gritaron al conductor, pero este siguió su camino. En medio de ese caos, cuando ya el camión había avanzado, se escucharon los balazos.

Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco. Esa es, por cierto, la vía más rápida para llegar a la plaza desde Cotiza, en donde está la sede del Frente 5 de Marzo, cuyos miembros fueron los presuntos responsables del asesinato. Para arribar hasta allí, debieron bajar por el Mercado de Las Flores, tomar la avenida Fuerzas Armadas, cruzar en la avenida Panteón y luego seguir por la avenida Anauco, un tramo que sin tránsito –como estaba Caracas en ese feriado– se cruza en unos seis minutos.

Los motorizados arribaron al sitio cerca de las 10:30 am haciendo disparos y lanzando bombas lacrimógenas. Quienes pudieron, huyeron por las distintas avenidas del gas y los tiros. El final de la avenida La Estrella, en donde estaba Carlos, había quedado revuelto luego del paso del camión. El muchacho cayó justo en la intersección. Su cabeza y la sangre que derramaba quedaron encima del rayado.

Ana vio una y otra vez los videos que circularon sobre los momentos posteriores al ataque. En dos de ellos, Carlos está en el suelo, mientras los manifestantes que lo rodean gritan, se lamentan, maldicen. Una joven, con uniforme médico, reconoció que aún tenía signos vitales y alertó que debían llevarlo rápido al hospital más cercano. Un hombre cargó en sus brazos al muchacho, ya inconsciente, y lo montó en la moto que lo trasladó hasta el centro de salud.

Poco después, Ana supo que le habían disparado a un joven en la manifestación de San Bernardino. Se enteró porque a su hija Alejandra se lo contó una vecina. “¿Ven? Por eso es que no me gusta que vayan a marchas”, soltó la madre para recordar las veces que se había negado a asistir a cualquier acto político. En los minutos siguientes, sonó el teléfono. Llamaban del Hospital de Clínicas Caracas para informarle que había sucedido algo con Carlos. Del otro lado del auricular, nadie tuvo el valor de contarle del disparo, solo le dijeron que fuese al centro de salud en compañía de alguien más.

Ana, Alejandra y Melvin salieron cuanto antes a la clínica. “Yo pensaba que lo habían detenido porque le había dicho algo a un policía en la calle”, cuenta la madre, quien recalca que la impulsividad de Carlos le hacía alterarse ante cualquier injusticia, así que una reacción contra algún uniformado era de esperarse. Mientras caminaban, se dieron cuenta que todas las vías que conducían hacia la clínica estaban cerradas por las movilizaciones, así que tuvieron que rodear la plaza La Estrella para poder llegar. “Yo ni siquiera pasé por donde estaba la sangre”, dice.

Al llegar, Ana se identificó y ahí lo supo todo. A pesar de que lloraba, no comprendía la gravedad de lo que acababa de pasar. “Yo todavía, viéndolo que estaba acostado en una camilla, no reaccionaba”, agrega. Pensaba que lo iban a operar, porque eso le habían dicho los médicos, escuchaba cuáles eran las consecuencias del disparo y la posibilidad de que quedara tetrapléjico, lloraba, pero aún así estaba segura de que Carlos iba a “salir de eso”. Sin embargo, en medio de la intervención quirúrgica, el muchacho sufrió un paro respiratorio. No pudo resistir más.

Los 16 del 5 de Marzo

“En mi mente, yo ni siquiera me he puesto a indagar la vida del que mató a mi hijo, porque es que a mí no me ha dado chance de pensar en nada sino en Carlos. Yo sé que (quien lo asesinó) está preso y que así están cuatro más y todo eso, pero que yo sepa quién era ese señor, dónde andaba él, si tiene familia o no tenía familia, a mí no me importa porque, qué me puede importar a mí una persona si a mí quién realmente me importa es mi hijo y ya no lo tengo”, sentencia Ana mientras seca con la punta de los dedos sus párpados húmedos. El dolor de aquel 19 de abril de 2017 continúa intacto un año después a pesar de que ella se haya dedicado a trabajar y a ocupar el tiempo para evadir la ausencia de su muchacho, que hoy ya sería mayor de edad.

Del procedimiento judicial que se abrió sobre el asesinato de su hijo, apenas conoce detalles. Ana sabe que aunque hay solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, solo cuatro han sido capturados y acusados. Uno de ellos es el supuesto autor material de la muerte del adolescente: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años de edad, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. El arma con la que impactó a Carlos la consiguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su casa durante un allanamiento. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.

La aprehensión de Camacho Delgado se produjo un día después de la de otro miembro del colectivo: Alexander José Linares, de 40 años de edad. A él lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Tras un interrogatorio, señaló a Camacho Delgado como la persona que había disparado. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo.

No es la primera vez que el nombre del colectivo 5 de Marzo aparece en los titulares. Su líder fue José Odreman, asesinado el 7 de octubre de 2014 en el edificio Manfredy de Quinta Crespo, en Caracas, por funcionarios del Cicpc. Su muerte provocó la destitución del ministro de Interior y Justicia de la época, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo con un reportaje de Efecto Cocuyo, en los último tres años han caído al menos nueve miembros del “frente” en distintos hechos que van desde enfrentamientos armados hasta rencillas con bandas criminales.

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Carlos fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares. El primero fue Brayan Principal, de 14 años, quien cayó el 11 de abril en medio de un ataque a una protesta que se efectuaba en las adyacencias del urbanismo Alí Primera, al norte de Barquisimeto, estado Lara. El caso de Carlos es uno de los seis, cometidos por colectivos, en los que hay victimarios acusados. No obstante, ninguno ha recibido sentencia.

Rebelde y libre

El estandarte de la Escuela de Economía de la UCV se extendió el lunes pasado en la sala Bernardo Ferrán (aula 307) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la casa de estudios. A media mañana, una delegación del Centro de Estudiantes le rindió un homenaje a Carlos para recordar cómo, hace un año, lo habían perdido.

“Este no es un evento para estar tristes, es un evento de júbilo (…) Aceptamos lo que pasó, pero no olvidamos”, dijo al comienzo del acto Félix Ruiz, organizador y compañero de estudios de Carlos. Pero después de hacer un acróstico en la pizarra, de las palabras de José Guerra –diputado de la AN y profesor de la Escuela– y de entonar una canción en su memoria, los testimonios de los estudiantes rompieron el protocolo. Hablaron con la voz quebrada, con la impresión aún de la muerte repentina. Una y otra vez repitieron que jamás pensaron que la tragedia los tocaría tan de cerca. Ana, en primera fila, los escuchó conmovida.

Fernando Bustamante, secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes, rememoró lo duro que fueron los días de las protestas. “Lo más bonito que me pasaba cada día era cuando, en la noche, llegaba vivo a la casa y saludaba a mi mamá. Que no se haya logrado eso con Carlos es una razón más para luchar”, comentó justo antes de admitir que lloraba cuando veía en los medios noticias relacionadas con el asesinato del chamo rebelde al que pudo convencer de que votara por él en unas elecciones estudiantiles luego de jugar una partida de voleibol.

“Hoy Carlos no podrá estar bajo las nubes, hoy está sobre ellas”, afirmó el secretario de Cultura estudiantil, Moisés Medina, quien nunca imaginó que tendría que despedir a un compañero durante su vida universitaria.

Richard Mujica, uno de sus más cercanos compañeros, lo describió como un muchacho tratable y excelente amigo. “Él no estaba interesado en la política, sino centrado en su carrera y en el fútbol (…) A él le arrebataron la vida por la incompetencia de los que nos gobiernan”, señaló.

Jonathan Pérez, uno de sus amigos, se enteró del asesinato a través de un grupo de Whatsapp. Varios de su clase comentaban que habían matado a Carlos en una manifestación, pero Jonathan, al borde de su cama, buscaba cualquier otra vía para confirmar si lo que decían era verdad. Se sintió desesperado.

“Yo había hablado con Carlos dos días antes y nunca llegué a pensar que esa fuera la última vez que lo iba a ver, que no iba a estar otra vez sentado en clases o que nunca más iba a voltear en un examen y me iba a encontrar su rostro con una expresión con la que me preguntaba cómo iba. Es algo que no esperas, es algo muy duro”, añadió fuera del micrófono.

Ana dice que el mayor anhelo de Carlos siempre fue ser libre. “Quizás por eso murió un 19 de abril”, agrega. Todavía, algunas tardes, se asoma al balcón de su apartamento, justo al lado de las bicicletas con las que salía a recorrer la ciudad, con la idea de que lo verá jugando en el callejón.

Ministerio Público acusó a policía de Sucre por asesinato de Carlos Moreno

Polisucre

 

El Ministerio Público acusó al oficial jefe de la Policía del municipio Sucre del estado Miranda, Jonathan Ramón Camacho Delgado (35) y a Alexander José Linares (40), por su presunta responsabilidad en la muerte del adolescente de 17 años, Carlos Moreno, ocurrida el pasado 19 de abril en la plaza La Estrella, parroquia San Bernardino del Distrito Capital.

Adicionalmente, en ese mismo hecho resultó herido un hombre de 48 años de edad.

Los fiscales 79ª nacional y auxiliares, así como el 55º del Área Metropolitana de Caracas, Amis Mendoza, Jorge Hernández, Luis Castillo y Farik Mora, respectivamente, acusaron al funcionario como autor material en el delito de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles con las agravantes establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Linares también fue acusado por el referido delito como cooperador inmediato.

El policía también fue acusado por porte ilícito de arma de fuego.

Adicionalmente, ambos hombres fueron acusados por los delitos de agavillamiento y lesiones personales en detrimento del hombre de 48 años.

Camacho Delgado fue detenido en horas del mediodía del 16 de mayo en su sede policial, por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Mientras que Linares fue detenido el día anterior en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas. Tales procedimientos respondieron a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por dicha instancia judicial.

De acuerdo con la investigación, aproximadamente a las 11:00 de la mañana del 19 de abril, ambas víctimas se encontraban en las adyacencias de la plaza La Estrella de la citada parroquia, donde se desarrollaba una manifestación cuando un grupo de motorizados lanzó una bomba lacrimógena y posteriormente disparó contra los presentes.

Durante esa situación el menor de edad resultó herido en la cabeza y el hombre en el glúteo derecho. El adolescente fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, donde falleció durante una intervención quirúrgica.