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Carlos Correa

Espacio Público: Venezuela batió récord de cierres de emisoras de radio en 2022
Datos de la organización apuntan que la cifra de 2022 supera la de años como 2017, cuando contabilizaron 55 emisoras cerradas, o 2009, cuando computaron 30 

Foto: AP

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, aseguró a EFE que en Venezuela se cerraron, por orden de Conatel, 78 emisoras de radio en lo que va de 2022. Este es el mayor número registrado en un solo año.

«El cierre de las estaciones de radio este año es el mayor desde que nosotros hemos hecho registro de violaciones de este derecho (libertad de expresión) en Venezuela», dijo Correa.

Datos de la organización, que lleva este computo desde 2001, apuntan que la cifra de 2022 supera la de años como 2017, cuando contabilizaron 55 emisoras cerradas, o 2009, cuando computaron 30.

Correa aseguró que, si bien durante noviembre bajó significativamente el número de emisoras cerradas por el ente regulador, al pasar de 35, en octubre, a 5, se trata de una «una política de Estado de mediano y largo plazo» que deriva en la reducción de los medios informativos en el país.

«La salida de emisoras del aire ha sido constante durante los últimos dos meses, contabilizando un total de al menos 78 radios que han dejado de transmitir información en 2022», reseñó Espacio Público en su boletín de noviembre, en el que da cuenta de 33 violaciones a la libertad de expresión, 70 menos que en octubre.

Explicó que, en noviembre, los cierres se produjeron por «elementos estructurales de hostigamiento a periodistas y medios de comunicación y un aumento de los casos de persecución penal».

Aumentan casos de violación a la libertad de expresión

Un reporte de Espacio Público divulgado el 3 de octubre reveló que en Venezuela hubo 27 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión en septiembre, lo que representa un aumento del 28 % respecto a agosto, cuando se documentaron 21 hechos. 

De acuerdo con la ONG, septiembre «cerró como el mes que más casos de violaciones a la libertad de expresión» ha registrado en lo que va de 2022. En su mayoría, se documentaron censura, restricción administrativa e intimidación.

En enero de 2022, Espacio Público registró 24 casos; en febrero, 19; en marzo, 20; en abril, 8; en mayo, 11; en junio, 12; en julio, 15; y en agosto, 21. Fueron, en total, 157 casos en los primeros nueve meses del año.

Las «principales víctimas de violaciones a este derecho fundamental en septiembre fueron los medios de comunicación». A este grupo le siguen la «ciudadanía en general» y periodistas, mientras que los «principales victimarios» fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad, «desconocidos» y funcionarios.

Con información de EFE

3x3 | Reforma de Ley del Ejercicio del Periodismo generará más restricciones en su práctica
Además de los trabajadores de la prensa, los ciudadanos venezolanos pueden ser los más afectados si esta reforma de ley se lleva a cabo

El 17 de junio de 2022, la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional oficialista anunció que estaba evaluando una reforma la Ley del Ejercicio del Periodismo. 

Tras el anuncio, expertos denunciaron que el posible cambio no será en beneficio de los trabajadores de la prensa y la sociedad venezolana. 

Los especialistas indicaron que, luego de observar las modificaciones hechas anteriormente a otras leyes por el oficialismo, es probable que los nuevos cambios se traduzcan en más restricciones y censura para el ejercicio del periodismo en Venezuela. 

“La consecuencia principal de esta reforma es el control. Controlar a la gente, evitar que haya controversia”, indicó Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. 

Además de los trabajadores de la prensa, los ciudadanos venezolanos pueden ser los más afectados si esta reforma de ley se lleva a cabo. 

“Se afectaría a toda la población. Cuando un pueblo no está informado, es un pueblo que no tiene el insumo necesario para tomar sus propias decisiones”, reiteró Guía. 

Andrés Cañizález, director de Medianálisis, señaló que si se aprueba esta ley continuará el modelo de desinformación y de censura que se tiene en Venezuela actualmente. “El principal perjudicado es el pueblo”, dijo.

Por su parte, Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló que en este caso hay un problema de forma: no se ha consultado a los periodistas. “El conjunto de periodistas es una característica de cualquier elaboración legislativa”, afirmó.

Además de esperar nuevas restricciones para el ejercicio del periodismo, los especialistas resaltaron la poca información que se tiene sobre la reforma de la ley.

A continuación, las preguntas sobre el tema que respondieron los tres expertos. 

¿Qué consecuencias pueden enfrentar los trabajadores de la prensa si la reforma se lleva a cabo?

A pesar de que no conocen los detalles de la reforma, los expertos indicaron que este cambio puede traer más restricciones, más control y censura para ejercer periodismo en Venezuela.

Tinedo Guía: «Control, controlar a la gente, que solo se diga lo que al Estado venezolano le interese, que no haya controversia, que impongan o castiguen con lo que ellos consideran. Por ejemplo, que apliquen la Ley Contra El Odio»,

Carlos Correa: «Después de lo que se ha modificado los últimos años, no se tiene garantía de que una iniciativa legislativa sea para promover el periodismo y favorecer las condiciones de trabajo del periodista».

«El ejercicio del periodismo en Venezuela enfrenta grandes dificultades como acceso a la información, hostigamiento desde políticas estatales y estigmatizaciones del trabajo de los periodistas en medios de comunicación estatales»

«Por ello, no hay elementos para pensar que esta reforma de ley será diferente a lo que hemos enfrentado durante los últimos años».

«La dinámica de esta reforma debería ser transparente, informar a todos los interesados sobre los parámetros e indicar cuál es la necesidad de modificación para que la gente pueda participar en los procesos de la elaboración legislativa de esas normas que conforman la Ley del Ejercicio del Periodismo.

Andrés Cañizález: «De antemano, por la experiencia que hemos tenido, estamos en un punto en el que cualquier cosa que promueva el chavismo, relacionado a la comunicación, uno diría que hay que tener cuidado con lo que viene porque el chavismo no se ha caracterizado por hacer cumplir la constitución».

«La mayoría de instrumentos legales que ha aprobado el chavismo no ha estado vinculada con los principios constitucionales de una comunicación libre y plural en Venezuela

Partiendo lo que ha sido la experiencia histórica que tenemos en Venezuela con las leyes y otros instrumentos legales aprobados por el chavismo, con relación al periodismo y la comunicación, se puede sostener que hay que tener cuidado de que podamos tener una reforma de la Ley del Periodismo que termine siendo más restrictiva y más sancionatoria y, por ende, que termine estableciendo mayores restricciones».

Además de los trabajadores de la prensa, ¿cree que, en caso de llevarse a cabo, esta reforma afecte a otro grupo de la población venezolana?

Tinedo Guía: «Sí, afectaría a toda la población. Cuando un pueblo no está informado, es un pueblo que no tiene insumo necesario para tomar sus propias decisiones. Ese es uno de los ejercicio de libertad de expresión más importantes que tiene el ser humano, el poder tomar decisiones de acuerdo a la información que recibe».

Carlos Correa: «Claro. En Venezuela hay temas censurados, que no se hablan. La política de Estado, que ha sido asociada a la restricción de medios de comunicación y periodistas, se ha traducido en que hay menos ofertas de trabajo para periodistas y menos opciones para la sociedad para informarse».

«El hecho de que informarse sea un esfuerzo titánico es una carrera de obstáculos. La gente que quiere informarse tiene que burlar la censura, conseguir la información y después informar a otros, es decir, todo es una carrera de obstáculos, el hecho de informar e informarse»

Andrés Cañizález:   «Si se aprueba una reforma de Ley del Ejercicio del Periodismo, los periodistas serán afectados, pero, en algo en que insisto, es que cada vez que surge una discusión sobre periodismo o libertad de expresión,  la discusión sobre las restricciones debe ser más amplia y debe pasearse en el impacto que eso tiene en la sociedad. Y la  pregunta no es en cómo serán afectados los periodista  si se aprueba esta ley restrictiva, la pregunta debe ser cómo eso impactará a la sociedad».

«Con todo los procesos que hemos visto en los últimos años, si se aprueba esta ley, continuará el modelo de desinformación y de censura que se tiene en Venezuela actualmente. El principal perjudicado es el pueblo».

Si la Asamblea Nacional continúa esta reforma, ¿cuáles son los próximos pasos que podríamos observar?

Tinedo Guía: «Si quieren actuar democráticamente, si de verdad buscan promover el trabajo del periodista y de los medios de comunicación, deben consultar a las fuerzas vivas del país, tal como universidades, estudiantes, empresarios, a todos los grupos que llevan gremios de diferentes profesiones, a propietarios de medios y, por supuesto, a los periodistas. Todos los ciudadanos se verán afectados por esta ley, por lo tanto, todo ciudadano debe participar en la reforma. Lo que pudieran hacer es derogar la ley y hacer una nueva».

Carlos Correa: «La verdad que no sé, porque no se sabe nada. La dinámica ha sido restrictiva en lugar de promover esta práctica transparente».

«Es muy difícil saber qué cambios se harán porque uno de los problemas es que no se conoce cuáles son los parámetros de la propuesta que se quieren hacer, tampoco se sabe cuáles son los objetivos.

«El temor que se tiene gira en torno al modo en el que se han ido haciendo reformas o las propuestas legislativas anteriores. Son propuestas que refuerzan un papel del Estado para ejercer control en dinámicas arbitrarias y discrecionales. Una dinámica prohibitiva».

«Se necesita que desde el poder se pare la descalificación de los medios de comunicación y de periodistas, que se garantice que la publicidad estatal se distribuya con criterios más o menos armónicos con ciertos estándares internacionales y no de manera discrecional. También, se debe frenar la aplicación de normas regresivas a los periodistas, que cesen los bloqueos y restricciones a los portales y que se reduzca la persecución penal por informar».

«Todo esto ayudaría más al periodismo venezolano antes que la reforma de una ley, de la que no se sabe cuáles son los objetivos».

Andrés Cañizalez: «No conocemos las características de este proyecto, pero si se restringe la labor del periodista, si se ponen más obstáculos al trabajo que realizan los periodistas en Venezuela en la búsqueda, procesamiento y difusión de la información; lamentablemente el ciudadano va a enfrentarse a una situación en donde habrá menos información. Los periodistas tendrán más dificultad para corroborar y contrastar los datos. Será más difícil ofrecer una visión amplia de lo que ocurre».

Gremios y periodistas solicitan transparencia en status de solicitudes para renovación de concesiones

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Con la entrega de un documento que contenía al menos ocho exigencias finalizó este jueves (día del periodista) la movilización por la libertad de expresión Conatel.

Una representación del gremio periodístico encabezado por el presidente del CNP, Tinedo Guía y el director de la ONG, Carlos Correa, se reunió en el mediodía de este jueves con el director de la institución, Enrique Quintana.

«Fue una reunión donde le expusimos nuestras preocupaciones por las reiteradas violaciones a la libertad de expresión, por las agresiones que han sufrido los periodistas en el marco de las manifestaciones y por las frecuencias y medios que han dejado de operar», dijo Guía a la salida del cónclave.

Previo al encuentro en la sede de la empresa del Estado, periodistas y sociedad civil se reunieron en la Plaza Alfredo Sadel, donde se le rindió homenaje póstumo al comunicador social Miguel Castillo, una de las víctimas de estos 88 días de protestas.

«Miguel era un contestatario, tal vez por eso es que el régimen lo asesinó», dijo la madre de Castillo en Las Mercedes.

«Hemos sido agredidos de mil formas y buscamos la manera de ejercer en democracia. Libertad es democracia, periodismo es democracia, si no hay libertad no hay periodistas, si no hay periodistas no hay libertad, sin periodistas ni libertad, no hay democracia», agregó Guía.

Por su parte, Correa, expuso que al menos ocho de cada diez frecuencias radioeléctricas poseen un status incierto en el país.

«Pedimos que nos aclarasen ese aspecto y él (Quintana) quedó de averiguar, ellos alegan que la mayoría no han presentando los documentos correspondientes para la renovación de concesiones, pero nosotros no tenemos forma de averiguar eso, porque es un proceso que no es transparente, hemos contabilizado al menos emisoras que dejaron de transmitir este año y eso es preocupante», indicó Correa.

Sentenció que hasta ahora el gobierno no posee plan alguno para regular los portales web de información.

Advirtió que el mismo documento será entregado a la Guardia Nacional, Minci, PNB, Ministerio de Interior y Justicia e incluso instancias internacionales.

 

   

Persiste la política de negar papel periódico a medios independientes

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Se está reduciendo el suministro de papel a los medios independientes por parte de la Corporación Maneiro, que de paso tiene el monopolio de la venta de papel periódico en el país, declaró el Dr. Carlos Correa, coordinador de Espacio Público.

Como consecuencia de esa política, ya hay varios diarios que han dejado de circular. Algunos, ni siquiera les vendieron, como es el caso de El Carabobeño. Otros se han achicado. La situación persiste, ya que no hay respuesta por parte de esa compañía.

Más aún, el presidente de la Corporación Maneiro ha sido convocado varias veces a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional; pero, nunca se ha dignado asistir para que explique cuáles son los motivos que privan en la negativa de suministro de insumos a los diarios.

Mientras tanto, existe una gran incertidumbre, ya que no se sabe si la mencionada empresa seguirá suministrando, aunque en volúmenes bajos, el papel que necesitan para ser impresos los periódicos.

¿No cree que esa es una política definida porque el propio Presidente Nicolás Maduro ha dicho que los diarios impresos ya están “obsoletos”?

-Ciertamente hay unos cambios en la industria periodística a nivel mundial, pero en el caso venezolano el suministro de papel está condicionado. Se le da a unos y se le niega a otros. Por supuesto, es una política estatal.

Los mecanismos para que los periódicos puedan adquirir papel del gobierno y que éste acceda o no, es una política ya conocida. Por principio no puede ser que se castogue a los medios independientes.

Indicó que los periodicos estatales o gubernamentales no solamente reciben suficiente papel, sino que son distribuidos en forma gratuita.

Todo esto que está ocurriendo es una violación a los derechos humanos porque se le está negando el papel a medios, para acallarlos.

En Venezuela, antes que surgiera la Corporación Maneiro, había diarios grandes y medianos, que se editan en Caracas y en la regiones, que importaban directamente el papel y al mismo tiempo había empresas nacionales que vendían ese insumo.

Todo eso se acabó. El papel se lo están asignando en principio a la Corporación Maneiro y entendemos que a algunas empresas periodísticas.

Algunos diarios parece no quejarse por el papel y uno ve que circulan gratuitamente. Esa es una situación que llama la atención.

Carlos Correa: juicio contra Correo del Caroní es un mecanismo de violencia institucionalizada

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La reactivación del juicio contra el diario Correo del Caroní, cuya sentencia está prevista para la tarde de este jueves 10 de marzo, fue calificada como de “violencia institucionalizada” por Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público.

En la página web del Correo del Caroní se explica que el juicio por difamación e injuria en contra de su director, David Natera Febres, fue reactivado el miércoles 9 de marzo.

Recuerdan, además, que el proceso judicial tiene como raíz la cobertura informativa que hizo el medio de comunicación en 2013, acerca de las denuncias y posterior investigación del Ministerio Público sobre la corrupción en Ferrominera Orinoco.

El juicio podría desembocar en alguno de estos desenlaces: el sobreseimiento de la causa –que daría pie a un segundo juicio civil en contra, esta vez, de Editorial Roderick-; la culpabilidad de Natera Febres, por lo que se enfrenta hasta a dos años y medio de prisión; y la absolución del director de Correo del Caroní.

 Al respecto, el director de Espacio Público afirma que se trata de “un mecanismo de violencia institucionalizada. Reactivar un proceso judicial viciado, luego de tres años paralizado, es una situación que evidencia un ensañamiento deliberado en el que se está utilizando al Poder Judicial en contra de un medio que sencillamente intentaba hacer su trabajo”.

Dinámica de inhibición

Correa sostiene que “hay unos componentes que se han venido utilizando tanto en instancias administrativas como en instancias judiciales, mediante los cuales algunos tribunales deciden sobre qué temas se puede o no hablar».

Menciona el caso de Cedice, cuya campaña sobre la amenaza sobre la propiedad privada fue prohibida, luego de que un tribunal determinara que tal amenaza no existía, ergo, no se podía difundir la campaña. Hace referencia también a la demanda que el diputado Diosdado Cabello presentó en contra de los medios Tal Cual, La Patilla y El Nacional, la cual derivó en una querella civil.

“Básicamente, se están haciendo juicios que tienen una sanción de naturaleza penal y la posibilidad de un procedimiento en materia civil, que va en función de los bienes, en este caso, del patrimonio de los medios de comunicación”, explica Correa.

“Este tipo de medidas lo que hace es reducir el vigor del debate; porque la libertad de expresión no es que tú puedas decir lo que quieras, sino que por ello no tengas repercusiones ulteriores”, argumenta.  

Límites a la libertad de expresión e información

El también profesor universitario explica que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, en el juicio contra Correo del Caroní se está torciendo la interpretación de los códigos venezolanos y la interpretación de la Constitución -que en el Art. 57 consagra la prohibición de la censura previa-, para castigar a un medio de comunicación.

“Esto es un mecanismo de censura previa, una acción que busca el silencio de los medios. Cualquier medio al que mañana llegue información sobre un caso de corrupción, se va a ver en el espejo de Correo del Caroní y probablemente se inhibirá de investigar o de publicar la información”, dice Correa.

Esta decisión podría sentar un precedente muy peligroso, afirma, ya que llevará a que los periodistas sepan que podrán ser objeto de una persecución penal y después de una demanda de naturaleza civil, que puede enajenar los bienes que estén a su nombre. “Eso limitará los temas que se debatirán en la sociedad”, agrega.

“Si bien ningún periodista va a reconocer que se inhibe de realizar ciertas investigaciones por temor a represalias legales, la reducción en la publicación de informaciones sobre temas sensibles al poder, evidencia que la autocensura es real”, argumenta Correa.

“¿Cómo es posible que un caso de genuino interés público, como el que investigó Correo del Caroní, no se pueda divulgar, que no se pueda hablar de ello? Queda claro que hablar sobre corrupción en este país tiene consecuencias ulteriores dependiendo de sobre quién estés hablando”, concluye.

Cadena de este viernes costó 4,6 millones de bolívares

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La cadena de radio y televisión emitida ayer en la mañana costó 4.694.870 de bolívares, cifra que fue publicada en la cuenta de Twitter @cadenometro, página del proyecto de Monitoreo Ciudadano y el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, que registra las transmisiones oficiales del Estado.

La cadena de ayer fue transmitida a las 7:45 am y su contenido se basó en el Noticiero de la Patria, en el que se expusieron algunas actividades gubernamentales. De acuerdo con el reporte, la transmisión duró 18 minutos con 44 segundos.

El monitoreo da cuenta que la primera cadena del presidente Nicolás Maduro en este año fue el 6 de enero, cuando presentó al país su nuevo gabinete ejecutivo. Ese día la transmisión oficial duró dos horas con tres minutos, pero la cadena del mensaje anual del jefe del Estado ante la Asamblea Nacional fue de 3 horas con 46 minutos y su costo fue calculado en 57.736.699 millones de bolívares, por Monitoreo Ciudadano.

El cadenómetro indica también que durante 2015 el Estado encadenó un total de 146 horas y 39 minutos.

Lee más en El Nacional.

PROVEA y Espacio Público denuncian a Diosdado Cabello de espiar sus comunicaciones

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Este miércoles 27 de mayo, Provea y Espacio Público dieron una rueda de prensa referida a la denuncia que introducirán en el Ministerio Público sobre la presunta intervención de sus comunicaciones por parte de altos funcionarios del gobierno nacional. En el comunicado dirigido a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, las ONG aseguran que Diosdado Cabello en su programa Con el mazo dando, divulgó información sobre reuniones que tendrían Rafael Uzcátegui y Carlos Correa -coordinador de Provea y director de Espacio Público, respectivamente- con Marino Alvarado en el exterior, que solo se podrían haber conocido a través de la intervención de sus comunicaciones electrónicas.

Las organizaciones exigen al Ministerio Público que se les informe si son objeto de alguna investigación y, en caso afirmativo, consideran que se debe iniciar una investigación contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, por revelar información que no está relacionada con ningún proceso. En caso contrario, solicitan investigar al parlamentario por violar el artículo 48 de la Constitución, donde se consagra el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

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Lee a continuación el comunicado que entregarán las ONG al Ministerio Público:

:: Dra. Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Su despacho.-

Reciba, en primer lugar, un cordial saludo por parte de los integrantes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos Provea y Espacio Público. El motivo de la presente comunicación es denunciar ante su despacho la intervención ilegal de las comunicaciones a nuestras organizaciones por parte de altos funcionarios del gobierno nacional, por lo que le solicitamos a usted el inicio de la investigación y sanción correspondiente.

En la noche del pasado 13 de mayo de 2015 el ciudadano Diosdado Cabello, en su programa “Con el mazo dando” divulgó información que sólo es posible obtenerla a través de la intervención de las comunicaciones realizadas tanto por Provea como por Espacio Público. En dicho programa, y posteriormente en el sitio web http://www.conelmazodando.com.ve/, Cabelló aseguró: “Rafael Uzcátegui encargado de la ONG Provea y Carlos Correa de la ONG Espacio Público, salieron hacia  Panamá el sábado 09 de mayo con destino final a la ciudad de Lima, Perú, donde participarán en un foro de derechos humanos junto a otros integrantes de ONG de países latinoamericanos. Luego de esta actividad viajarán a Chile donde se encontrarán con Marino Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y quien lleva tiempo fuera del territorio nacional”. Si bien la información sobre nuestros itinerarios de viaje y nuestras actividades internacionales es posible obtenerla por otras fuentes, el detalle de nuestro encuentro con el ciudadano Marino Alvarado en Santiago de Chile, quien se encuentra desde hace meses fuera del país y con quien sólo tenemos contacto por medios digitales, sólo era posible conocerlo mediante la intervención de nuestras comunicaciones electrónicas.

En virtud del artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa “Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por una orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”, le solicitamos al despacho que usted dirige:

1) Que se nos informe, tanto a Provea como a Espacio Público, si existe una investigación en nuestra contra que haya autorizado a un tribunal la emisión de la orden judicial de interferir en nuestras comunicaciones. Si tanto la investigación como la orden judicial existen, que se inicie una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello por la revelación de información que no guarda relación con el proceso iniciado en nuestra contra.

2) Si no existe una orden de un tribunal para interferir las comunicaciones de Provea y Espacio Público, solicitamos a usted el inicio de una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello por violación del artículo 48 de la Constitución.

3) Un pronunciamiento público por parte del Ministerio Público sobre la vigencia en Venezuela del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tal como se encuentra garantizado en el artículo 48 de la Constitución.

Agradeciéndole cualquier respuesta a la presente comunicación, nos despedimos atentamente:

Rafael Uzcátegui
Coordinador General de Provea

Carlos Correa
Director de Espacio Público

IPYS Venezuela: Diosdado Cabello volvió a intimidar a periodista y activistas de DDHH

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IPYS Venezuela

El 11 de febrero de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), intimidó y mencionó por segunda vez en menos de cuatro meses  a varios activistas de Derechos Humanos en su programa Con el mazo dando, transmitido los días miércoles por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal. Cabello afirmó que se planea presentar un informe en contra de su programa en la  audiencia de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en la sede de la OEA, en marzo de 2015. Acusó a la periodista Mariengracia Chirinos de liderar la investigación del mencionado informe en colaboración con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Como ya es costumbre en el programa del presidente del Parlamento, la intimidación se hizo por medio de la lectura de las cartas de los llamados “Patriotas cooperantes”. Así como ocurrió en el mes de noviembre de 2014, “Patriota Mundo” quien suministró la información en una carta leída por Cabello en la que se mencionó a Marco Ponce (Observatorio Venezolano de Conflcitividad  Social),  Rafael Uzcátegui (PROVEA), Ligia Bolívar (Centro de Derechos Humanos de la Ucab), Carlos Nieto (Una Ventana para la Libertad), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Carlos Correa (Espacio Público) y Liliana Ortega (COFAVC). Estos activistas fueron señalados por el parlamentario por formar parte de una representación que presuntamente irá a denunciar violaciones de Derechos Humanos en el país.

“Los temas que trataran en la audiencia son los siguientes: la supuesta persecución e intimidación de los defensores de los DDHH por parte de Diosdado Cabello, la denuncia a la asociación de Patriotas Cooperantes, como coparticipes de violaciones de Derechos Humanos y miembros de un estado policial, ya que supuestamente los patriotas cooperantes han criminalizado, intimidado y perseguido a la disidencia política en Venezuela”, leyó el presidente de la AN.

 

 

Lea la nota completa en el siguiente enlace: Diosdado Cabello acusa e intimida a periodistas y activistas de DDHH