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Cariaco

Autopsia revela que preso asesinado en Cariaco fue torturado con corriente

“Rafael José Hernández Ramírez, de 31 años, presentó politraumatismos generalizados, desprendimiento de costillas, afección del tórax y expresión de corriente en los labios… Algo abominable, una tortura!”, exclamó el legislador sucrense Miguel Vásquez, quien acompañó a los familiares de la víctima a las afueras de la Fiscalía del Ministerio Público en Cumaná, capital del estado Sucre.

Alicia Hernández, madre de la víctima, había exigido justicia, junto a otros familiares, el pasado 5 de julio de 2022, por el asesinato registrado en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), institución adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Cariaco, municipio Ribero. 

“Esa gente (del DIP) hace lo que le da la gana en Cariaco… Me mataron a mi muchacho, cruelmente; le rompieron las costillas, le dieron golpes en la espalda, le metieron corriente en la boca. Quiero justicia porque no había necesidad de que mataran a mi hijo”, declaró la madre.

Igualmente, aseguró que los familiares no fueron notificados por funcionarios de la DIP sobre la muerte de Hernández Ramírez, y que fue una persona conocida de la familia quien vio el cuerpo en la emergencia del Hospital Diego Carbonell de Cariaco y avisó a sus seres queridos.

“Cuando lo dejaron en la emergencia, mi hijo ya tenía dos horas de haber muerto, pero los funcionarios no nos notificaron y solo dijeron que se había caído en el baño”, detalló la madre, quien además confirmó que Hernández Ramírez estaba detenido por presunto maltrato a una niña de 10 meses. 

Piden castigo para responsables

“La causa por la que estaba preso por 48 horas era quizá una causa menor para lo que sucedió, porque no fue enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado, sino un hecho que ocurrió dentro de los calabozos del DIP, ubicado en la calle Bermúdez, frente al liceo de Cariaco”, precisó el diputado Vásquez.

En su opinión, debe abrirse una investigación urgente de este caso. “Que pase por un castigo ejemplarizante a estos funcionarios sin ética y profesionalismo, y si este cuerpo policial sigue funcionando, que no sea bajo una dirección incorrecta”, añadió.

Vásquez solicitó al gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, que responda frente a esta denuncia, pues considera que no puede haber silencio cómplice. “Pedimos que se depuren los cuerpos policiales, para evitar la tortura y el trato cruel a los detenidos. Es urgente que se actué con el ejemplo, a través de un castigo formal a los responsables de este hecho”, añadió el legislador, quien además solicitará al Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles), que a través de la Comisión de Política Interior se abra otra investigación sobre este caso.

Señaló que las comisiones de la Fiscalía del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y del Cles que investigan el caso deben movilizarse a Cariaco, porque son fuertes las críticas hacia el desempeño de los funcionarios del DIP.

“No es posible que una persona que tenía dos días detenida, a quien sus familiares le llevaban comida –pero no se la daban-, amanezca muerto el tercer día…“, cuestionó. 

Durante su visita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Cumaná, los familiares aseguraron que había sido detenido un funcionario del DIP como presunto responsable del caso. 

@mayberm

Familiares de muertos en Masacre de Cariaco trancan Troncal 9 para exigir justicia

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Familiares de los nueve asesinados en la «Masacre de Cariaco» retomaron acciones de protesta este viernes 03 de febrero en la Troncal 9, la cual trancaron para exigir justicia.

A casi tres meses de ocurrida la masacre, los responsables no han sido encontrados, pero los familiares señalan a un sospechoso. De acuerdo al diputado de la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, el alcalde del municipio Ribero del estado Sucre sería el autor intelectual de los asesinatos.

“El juez Segundo de Control del Primer Circuito Judicial de Sucre, se niega a pronunciarse ante la solicitud hecha por la fiscalía”, comentó el diputado en el programa radial de Jesús «Chuo» Torrealba, La Fuerza es la Unión, sobre la petición de la emisión de una orden de aprensión contra Ángel Ortiz, el alcalde del municipio Ribero, del cual Cariaco es capital.

El parlamentario también denunció que a los alcaldes de la oposición los “persiguen y los llevan presos” sin que haya evidencia convincente para encarcelarlos, mientras que a los alcaldes del PSUV, a quienes señaló de asesinos, «esto según los mismos cuerpos de seguridad del Estado y según las investigaciones del Ministerio Público, a esos los protegen. Eso está sucediendo hoy en el municipio Ribero, en Cariaco”, declaró.

Hay que recordar que la noche del pasado 11 de noviembre de 2016, seis sujetos encapuchados atacaron a un grupo de pescadores que compartían en el sector El Porvenir, ubicado en la carretera Cariaco-Casanay en el estado Sucre, mientras esperaban se efectuara el pago de la jornada laboral, en el hecho resultaron muertos nueve de los pescadores y otros tres heridos.

Por este caso el Ministerio Público solicitó privativa de libertad para cinco funcionarios adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas), por su presunta responsabilidad en el hecho.

*Con información de Tal Cual

Ministerio Público acusó a seis funcionarios del Conas por muerte de nueve hombres en Cariaco

 

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El Ministerio Público acusó a un mayor, un teniente y cuatro sargentos adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, y a un civil, por su presunta responsabilidad en la muerte de nueve hombres y las heridas ocasionadas a otros tres.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2016 en el sector Porvenir de Cariaco, municipio Ribero del estado Sucre.

Los fiscales 42º nacional y 2º de la referida jurisdicción, Mervings Ortega y Álvaro Caicedo, respectivamente, acusaron al Comandante del Conas en ese estado, mayor Diego José Challa Caraballo, como determinador en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía en perjuicio de los nueve occisos y homicidio intencional con alevosía en grado de frustración en relación con los heridos.

También fueron acusados el teniente Aldo Rafael Del Naza y los sargentos César Rafael Fuentes, Anthony José Ramos, Moisés Fernando Zamora y Robert Antonio Bastidas, por homicidio intencional calificado con alevosía en detrimento de los hermanos Carlos y Luis Cabello.

De igual forma, fueron acusados por homicidio intencional calificado en ejecución de un robo agravado respecto a Luis, Jackson, Javier, Jesús y Luis José Rodríguez, además de Eduardo Vallejo y Miguel Acosta; y el mismo tipo penal pero en grado de frustración acerca de los heridos.

Adicionalmente, fueron acusados por agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado.

Por el caso también fue acusado José Gregorio Ramírez como cómplice necesario en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, y en grado de frustración.

En el escrito presentado ante el Tribunal 2º de Control del Primer Circuito Judicial de Sucre, los fiscales del caso solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los funcionarios y que se mantenga la medida privativa de libertad. Los militares y el civil permanecen recluidos en varios centros ubicados en la entidad sucrense.

En horas de la noche del citado día, Del Naza, Fuentes, Ramos, Zamora y Bastidor se encontraban cenando en la plaza de Cariaco, cuando presuntamente habrían golpeado a un joven sin motivo aparente y después lo despojaron de su teléfono celular y una cadena.

Además, los uniformados dispararon al aire en múltiples oportunidades para disipar a las personas que se encontraban aglomeradas en el lugar, y causaron daños severos a varios carros y motos que estaban estacionadas en las adyacencias de la plaza.

Minutos más tarde, José Gregorio Ramírez trasladó a los funcionarios hasta una vivienda del sector Porvenir, donde habrían agredido a una mujer para que les diera información sobre la ubicación de una persona. En este sentido, los hermanos Cabello intentaron defender a la joven, razón por la cual los efectivos les habrían disparado en varias oportunidades causándoles la muerte.

Luego, los uniformados habrían despojado de sus pertenencias a las otras siete víctimas, quienes se encontraban celebrando en la vía pública del mencionado sector, y les dispararon sin mediar palabras. Durante el hecho otras tres personas resultaron heridas.

Tras la investigación iniciada por el Ministerio Público y ejecutada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el teniente y los sargentos fueron aprehendidos el 23 de noviembre en Cumaná y puestos a la orden del Ministerio Público.

Posteriormente, Ramírez y el mayor Challa Caraballo fueron detenidos por su presunta vinculación con el caso.

Un tiempo que no tenemos, un costo que no debemos seguir pagando, por Roberto Patiño

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El régimen de Nicolás Maduro continúa la aplicación de políticas y estrategias que tienen como fin perpetuarlo en el poder, a contracorriente de la enorme crisis que sacude al país y de las distintas emergencias (alimentarias, de salud, de inseguridad, por nombrar las más graves) que afectan diariamente a los venezolanos.

Hechos tan diversos como la implementación de las OLP, la detención de un  médico en Magallanes de Catia por recibir medicamentos donados o el incumplimiento de los acuerdos en la Mesa de Diálogo,  son ejemplos de las intenciones dictatoriales y de perpetuación en el poder del gobierno liderado por Nicolás Maduro. Intenciones que ya no son ocultas y cuyas consecuencias perjudican, de manera cada vez más grave y profunda, a todos los venezolanos.

Está claro que más allá de la instauración de un Estado Malandro que continúe manteniendo cuotas de poder y aportando enormes beneficios económicos a un grupo particular consolidado entorno al gobierno, las acciones emprendidas por el régimen solo buscan ganar tiempo y reprimir a los distintos sectores de la población.

La estrategia madurista hasta el momento  opera en dos niveles: por un lado genera políticas y acciones con resultados que agravan y dificultan aún más los problemas que pretendidamente buscan solucionar. Por otra parte se utiliza el aparato del Estado para bloquear o sabotear cualquier respuesta  externa de alivio o salida a la crisis.

Las OLP son un ejemplo de lo primero. Han recrudecido la ya crítica situación de inseguridad y criminalidad en el país, sumando terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos vinculados a ellas. Las masacres de Barlovento y Cariaco han sido la última expresión, funesta,  de esto. Lo mismo puede decirse  de los CLAPS, con su distribución parcializada e ineficiente de alimentos. De los  “Dakazos”, verdaderos ejemplos de saqueos  institucionalizados en nombre de una supuesta “guerra” a la especulación. O de las terribles políticas cambiarias y de controles estatales, que han propiciado un mercado negro de divisas y alimentos, la devaluación de la moneda  y una inminente hiperinflación.

Por otra parte, el bloqueo a mecanismos institucionales como el RR, o hechos tan ruines como la detención, por parte de agentes del  SEBIN, de un médico en los Magallanes de Catia por haber recibido donaciones de medicamentos, son muestras de una línea de acción de bloqueo y  sabotaje a la búsqueda de soluciones o salidas a la crisis. Esto alcanzó su máxima expresión la semana pasada con los incumplimientos de acuerdos logrados en la  Mesa de Diálogo.

Este hecho y los recurrentes ataques de voceros del gobierno contra miembros de la MUD, han sido reconocidos por los mediadores, sobre todo El Vaticano. La respuesta del gobierno ha sido la usual: desacreditar agresivamente a quienes lo critican por medio de diferentes voceros y mantener un discurso esquizofrénico, en el que se posicionan como víctimas de una conspiración y principales promotores de aquello que enérgicamente están perjudicando.

Los intentos del Vaticano de reconducir la crisis por canales democráticos se han encontrado, al igual que nos ha venido sucediendo a los venezolanos, con un gobierno que lo único que busca es ganar tiempo en detrimento de la emergencia y necesidades del país.

En estos días decembrinos nos hemos encontrado con distintos líderes y miembros de las comunidades en el municipio Libertador, para mantener la continuidad de iniciativas que sigan construyendo convivencia sobre las bases del reconocimiento, el respeto y la solidaridad.  Son unas duras navidades frente a un próximo año complejo y difícil. Todos con quienes nos hemos reunido viven conscientes de esta implacable realidad y de lo que ello implica.

El trabajo de establecer redes de apoyo e involucrarnos en conjunto no se da a partir de prebendas u oportunismos. Surge de la convicción de que no podremos sobreponernos frente a lo que viene sin apoyarnos mutuamente y asumiendo el compromiso de participar de manera activa en la organización e implementación de soluciones.  En nuestros encuentros las personas nos honran con su confianza y nos permiten compartir con sus amigos y familiares, en sus hogares. No se trata de intercambiar solo opiniones y llegar a acuerdos, sino también de reconocer vivencias y compartir puntos de vista.  

Ajeno a estas vivencias y negando estas realidades, Nicolás Maduro aparece en la televisión bailando en una comparsa. Busca ganar un tiempo que nosotros hace rato no tenemos y cuyo costo no debemos seguir pagando.

 

@RobertoPatino

 

Fotos | Piratas del mar aterrorizan a pescadores de Sucre

 

Los piratas habían matado al hermano del «Flaco» Marval y a dos primos, y se corría la voz de que tenían en la mira al resto de la familia.

Fue así que el delgado muchacho de 17 años y otros hombres de la familia salieron corriendo a tomar las armas que habían preparado soldando tuberías de la cocina, se fumaron una droga con un olor punzante para cobrar valor y salieron a patrullar las arenosas calles del pueblo. El «Flaco» estaba envalentonado.

«Solo tenemos que acabar con esta banda y podemos volver a la vida normal, a pescar», comentó.

Los piratas han aterrorizado el estado costero de Sucre, que alguna vez tuvo una pujante industria pesquera y la cuarta flota atunera más grande del mundo.

Ese negocio se ha venido abajo, igual que casi todas las industrias en Venezuela. Bandas de pescadores sin trabajo roban a los que todavía se aventuran en el mar abierto. Se llevan sus pescados y sus motores, los atan, los tiran por la borda y a veces les disparan. Este año ha habido asaltos casi a diario y han muerto decenas de pescadores.

«Como pescar ya no es rentable, usan las lanchas para las industrias que quedan: contrabando de gasolina, tráfico de drogas, y piratería», expresó José Antonio García, líder de la central de trabajadores más grande del estado.

La otrora poderosa industria petrolera de Venezuela se ha desmoronado durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En las zonas rurales occidentales, el ganado muere por falta de alimentos. Los estados orientales, ricos en minerales, ya no producen metales. En la región agrícola, los campesinos hacen cola para comprar los productos que cultivaban antes de quedarse sin fertilizantes. En el cinturón petrolero, las plataformas y las refinerías están paralizadas y este mes se han notado grandes aumentos en las colas para comprar gasolina, en el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo.

«Nunca ha habido un país que sufre semejante contracción económica sin pasar por una guerra», expresó el economista venezolano Alejandro Grisanti, ex analista de Barclays Capital.

Aquí, en la costa, se pesca una tercera parte de las 120.000 toneladas de atún que Venezuela produjo en el 2004. En junio Sucre fue el epicentro de una ola de saqueos de supermercados que recorrió el país. Las familias de Punta de Araya sobrevivieron al verano comiendo «caldo de perro», una sopa a base de agua de mar y los peces descartados.

«Esas sardinas pequeñas salvaron nuestras vidas», declaró el trabajador de una biblioteca Efrén Pares.

Desesperados, los venezolanos se roban lo que queda de tiempos mejores: se llevan las redes de las lanchas de pesca, los generadores de electricidad y los motores fuera de borda. El cálido mar Caribe se está convirtiendo en un sitio donde la gente vela exclusivamente por sus propios intereses y todo vale.

Siete miembros de la familia Marval se disponían a volver a su casa una noche de septiembre cuando escucharon disparos.

«No se puede escapar cuando estas detenido en el medio del mar… Empecé a rezar», relata Edecio Marval, de 42 años.

Los bandidos se robaron los peces capturados, y luego mataron a tiros al hijo mayor de Edecio, quien se había pasado la noche contando chistas, y a otros familiares.

Cuando se aprestaban a matar a un sobrino adolescente de Edecio, uno de los piratas le gritó a los demás que no lo hiciesen: «No, es mi amigo», les dijo. Habían pescado juntos el año previo.

El grupo se marchó y los sobrevivientes empezaron a encender luces en medio de la noche. Lloraron mientras los cadáveres de sus seres queridos se enfriaban a su lado.

De vuelta en Punta de Araya, le dijeron a la policía que habían reconocido al líder de la banda: «El Beta», un asesino de 19 años al mando de 40 individuos, que vivía a menos de un kilómetro (media milla).

«El Beta» empezó a llamar al «Flaco» Marval, amenazándolo con acabar con toda su familia.

En un mensaje amenazador, insultó al Marval que había asesinado y dijo que el próximo era el «Flaco».

Los Marval se prepararon para dar batalla. Junto con sus vecinos, dejaron de ir al hospital estatal cercano porque se encuentra en una zona controlada por «El Beta». Sus hijos dejaron de ir a la escuela y comenzaron a patrullar el pueblo de noche.

«Uno no está a salvo si sale de su casa», dijo Tibisay Marval, cuyo hijo fue asesinado.

Uno de los estados más pobres de Venezuela, Sucre ha sido un bastión del movimiento socialista lanzado por el finado presidente Hugo Chávez. Ese apoyo se ha ido desvaneciendo desde que el gobierno nacionalizó la empresa pesquera más grande de la zona, Pescalba, en el 2010, con resultados mayormente desastrosos. Un día reciente, más de la mitad de la flota de la compañía permanecía en los muelles, con agujeros en las cubiertas y los costados producto de la oxidación.

El puerto principal está silencioso, como si los trabajadores se hubiesen declarado en huelga. Algunas empresas privadas emigraron a otros países porque el gobierno les exige que vendan la mitad de lo que capturan en bolívares que no valen casi nada.

«Los pescadores entendemos lo que es trabajar, pero no podemos hacerlo si no tenemos el equipo necesario», se quejó Fernando Patiño, de 57 años.

En octubre unos piratas dejaron a Patiño y a su hermano atados con un cordel en su pequeña embarcación, a kilómetros de la costa. Patiño logró soltarse y después tuvieron que remar por horas para volver a la costa, usando como remos pedazos de madera que sacaron de un costado de la embarcación.

La noche que se prepararon para hacer frente al «Beta», el «Flaco» divisó un soldado empuñando un fusil Kalashnikov debajo de un farol callejero. Pronto, las calles estaban llenas de personas ansiosas por saber si la guardia costera había capturado a los piratas.

«¡Vamos a ver si muere alguien!», gritó un lugareño.

Los residentes vieron que las autoridades subían tres hombres a un camión. Pero empezaron a quejarse de que habían detenido a la gente equivocada. Dijeron que eran pescadores honrados y los soldados los soltaron.

Varias mujeres rodearon a un teniente. ¿Por qué no recuperaron sus motores? ¿Cuándo iban a plantársele al «Beta»?

El teniente pidió paciencia. Más tarde admitió que él también quería ver muerto al «Beta».

Cinco oficiales fueron acusados de llegar a un pueblo cercano y matar a nueve miembros de una familia de pescadores que se cree pertenecían a una banda. Las fuerzas de seguridad del estado mataron asimismo a tres sospechosos de piratería en el mar este año y detuvieron a uno de los hombres del «Beta» en conexión con los asesinatos de los Marval. Pero las autoridades son renuentes a hacer arrestos masivos porque las cárceles están llenas, al punto de que los reos se turnan para dormir en camas de noche.

«Oyes hablar de piratería marítima y piensas en tipos que roban barcos de carga en África. Pero aquí tenemos pescadores pobres que roban a otros pescadores pobres», afirmó el abogado de Sucre Luis Morales. «El delito común está conquistando el mar. Mañana serán las fincas o las montañas».

Poco después de la partida de los soldados de Punta de Araya, las mujeres de la familia Marval empezaron a recibir advertencias de amigos del barrio del «Beta» de que 15 miembros de su banda se preparaban para atacar.

Las mujeres debatieron si llamar a la guardia costera y ser tildadas de soplonas. Justo cuando decidieron avisar, se cortó la luz y también el servicio de teléfonos celulares. Asustadas, las mujeres fueron a alertar al «Flaco» y a los demás.

Los primos salieron corriendo hacia el pequeño depósito de pistolas y rifles caseros que tenían escondido en una casucha de hormigón, con una sábana por puerta.

Riéndose mientras tosían, fumaron marihuana con cocaína en una pipa de vidrio larga que habían inventado usando una tubo de luz fluorescente. Se mentalizaron para la batalla escuchando el mensaje amenazador del «Beta».

«¿Recuerdan cuando dormíamos en la playa con plata (dinero) en el bolsillo?», preguntó uno de los primos. «Esto no se acabará hasta que alguien mate a ese tipo», respondió otro.

De repente, los perros comenzaron a ladrar. Los muchachos salieron a la calle a ver si venían los piratas. Siguieron patrullando por horas, fumando de vez en cuando de la pipa de vidrio.

Con el correr de las horas, los perros dejaron de ladrar y volvió la luz. «El Beta» no se hizo ver.

Las mujeres de la familia Marval permanecieron despiertas hasta el amanecer, jugando al dominó cerca de un altar en homenaje a los tres parientes muertos. Una tía del «Flaco», Petra Marval, dijo que temen por lo que les pueda pasar a los primos, pero que no ven otra salida.

«El ‘Flaco’ puede morir en la calle», expresó. «Pero también puede morir en el mar».

Cofavic alerta que planes de seguridad basados en represión profundizan exclusión social

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En un comunicado Cofavic expresó su profunda preocupación por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de nueve personas en la población de Cariaco y la presunta detención arbitraria, desaparición forzada y posterior localización con signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial de doce ciudadanos en el Municipio Acevedo del estado Miranda y en las que se ha identificado la presunta participación de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

De acuerdo con información pública disponible, el viernes 11 de noviembre de 2016, nueve hombres presuntamente murieron baleados, con tiros en la cabeza, en el sector El Porvenir de Cariaco, capital del Municipio Ribero, estado Sucre.

En el estado Miranda también se registró un nuevo hecho con elementos similares. De acuerdo con versiones de testigos y familiares de las víctimas, el pasado 15 de octubre presuntos funcionarios del Ejército practicaron una serie de detenciones en el Municipio Acevedo, en el marco de uno de los operativos de seguridad en la zona.

Los familiares de las personas detenidas denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, el 25 de noviembre, se conoce del hallazgo de fosas comunes en dos áreas de Barlovento, el sector La Maturetera del Municipio Brion y en el sector Aragüita.

Según la información pública disponible, las  localizaciones se dieron a través de la actuación de los funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del CICPC  y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar. Frente a estos hechos, el Ministerio Público,  informó que imputará a 11 funcionarios del Ejército por la muerte de 12 personas que fueron halladas en el sector El Café y Araguita.

Por su parte, con relación a los hechos ocurridos en el sector El Porvenir de Cariaco, el Ministerio Público informó que 5 funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) fueron privados de libertad por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía, agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado.

Responsabilidad del Estado 

Con respecto a estos hechos, el Estado venezolano debe cumplir con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos de las presuntas víctimas, identificando individualmente a cada uno mediante mecanismos confiables e independientes.

Dada la magnitud de los hechos y el temor en los familiares de las víctimas y en la población civil, es posible determinar que en ambos casos existió un pleno conocimiento del Estado sobre los hechos, debido a que son zonas de alta militarización y control policial, en las cuales  se han venido realizando operativos enmarcados dentro de la denominada “Operación de Liberación del Pueblo”.

El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, así como por la falta de investigación y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos, si los mismos no se investigan de manera imparcial, efectiva y conclusiva.

El Estado tiene la obligación intransferible de atender la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos.

La Corte Interamericana ha manifestado en el desarrollo de estándares internacionales de obligatorio cumplimiento que: “los Principios básicos sobre empleo de la fuerza establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”

En reiteradas oportunidades, Cofavic ha alertado y denunciado la política equivocada del Estado venezolano, en la cual se han cedido espacios vitales que solo deben estar bajo su control a grupos armados civiles y bandas delictivas. La creación de las denominadas “Zonas de Paz” y la aceptación que líderes negativos autodenominados “pranes” gobiernen cárceles o territorios bajo el argumento que, negociar con el crimen tendrá como resultado que acabe, ha terminado fortaleciendo a quienes cometen actos delictivos.

PETITORIO

Por todo lo anterior, Cofavic insta al Estado venezolano a:

Con respecto a los hechos destacados:

  1. Investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva los referidos hechos (Arts 23, 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV).
  2. Realizar las investigaciones exclusivamente en la jurisdicción civil (Art. 29 de la CRBV). Deben separarse de todo el proceso de investigación a los organismos de seguridad del Estado cuyos funcionarios presuntamente puedan haber participado de manera directa o indirecta en los hechos.
  3. Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV)con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas.
  4. Asegurar la participación, incorporación y protección de las víctimas durante el proceso de investigación y el trámite judicial. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. El Estado debe sin dilación y con todas las garantías incorporar a los sobrevivientes como víctimas y documentar debidamente las lesiones sufridas por estos.

Con respecto a las medidas de seguridad ciudadana y control de orden público:

  1. Que el Poder Ejecutivo revoque las resoluciones que ha dictado para la creación de las denominadas “Zonas de Paz” y haga público la estructura y características, así como informes sobre el denominado plan de seguridad “Operación de Liberación al Pueblo”.
  2. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.

3.- Que el Poder Ejecutivo enmarque todas sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana en los principios del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley así como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, ambos aprobados por la Organización de Naciones Unidas.

  1. Ratifique Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

 

Derechos sin revés: Medidas de seguridad basadas en violaciones a los DD.HH atentan contra la democracia en Venezuela

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La Organización no gubernamental para la Protección de los Derechos Humanos, COFAVIC expresó su profunda preocupación por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 9 personas en la población de Cariaco y la presunta detención arbitraria, desaparición forzada y posterior localización con signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial de 12 personas en el Municipio Acevedo del estado Miranda y en las que se ha identificado la presunta participación de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

De acuerdo con información pública disponible, el viernes 11 de noviembre en la noche, nueve hombres presuntamente murieron baleados, con tiros en la cabeza, en el sector El Porvenir de Cariaco, capital del Municipio Ribero, estado Sucre.

En el estado Miranda también se registró un nuevo hecho con elementos similares. De acuerdo con versiones de testigos y familiares de las víctimas, el pasado 15 de octubre presuntos funcionarios del Ejército practicaron una serie de detenciones en el Municipio Acevedo, en el marco de uno de los operativos de seguridad en la zona, llevado a cabo en el sector entre el 7 y el 15 de octubre de 2016.

Los familiares de las personas detenidas en el Municipio Acevedo denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, el 25 de noviembre, se conoce del hallazgo de fosas comunes en dos áreas de Barlovento, el sector La Maturetera del Municipio Brion y en el sector Aragüita, en el Municipio Acevedo.

Según la información pública disponible, las  localizaciones se dieron a través de la actuación de los funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar. Frente a estos hechos, el Ministerio Público, en fecha 26 de noviembre de 2016, mediante nota de prensa, informó que imputará a 11 funcionarios del Ejército por la muerte de 12 personas que fueron halladas en el sector El Café y Araguita del Municipio Acevedo del estado Miranda. Por su parte, con relación a los hechos ocurridos en el sector El Porvenir de Cariaco, Municipio Ribero del estado Sucre, el Ministerio Público informó que 5 funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) fueron privados de libertad por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía, agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado.

 

Responsabilidad del Estado venezolano:

Con respecto a estos lamentables hechos, el Estado venezolano debe cumplir de manera ineludible e intransferible en forma integral con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos de las presuntas víctimas, identificando individualmente a cada uno mediante mecanismos confiables e independientes.

Dada la magnitud de los hechos y el temor en los familiares de las víctimas y en la población civil de las localidades de Cariaco, en el estado Sucre y Barlovento del estado Miranda, y por el contexto en que se desarrollaron, es posible determinar que en ambos casos existió un pleno conocimiento del Estado sobre los hechos, debido a que son zonas de alta militarización y control policial, en las cuales  se han venido realizando operativos de los cuerpos de seguridad del Estado, algunos enmarcados dentro de la denominada “Operación de Liberación del Pueblo”.

El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, así como por la falta de investigación y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos, si los mismos no se investigan de manera imparcial, efectiva y conclusiva. “Es un principio del derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia

 

En reiteradas oportunidades, COFAVIC ha alertado y denunciado la política equivocada del Estado venezolano, en la cual se han cedido espacios vitales que solo deben estar bajo su control a grupos armados civiles y bandas delictivas. La creación de las denominadas “Zonas de Paz” y la aceptación que líderes negativos autodenominados “pranes” gobiernen cárceles o territorios bajo el argumento que, negociar con el crimen tendrá como resultado que acabe, ha terminado fortaleciendo a quienes cometen actos delictivos.

Por otro lado, el pasado 1 de noviembre durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos quedó evidenciada la preocupación de la comunidad internacional sobre el incremento de prácticas como las ejecuciones extrajudiciales en el país, este tema junto a la tortura, la independencia del poder judicial, debido proceso, impunidad, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violencia, violencia de género y reanudación de las visitas de los relatores de los defensores de DDHH en el país, fueron algunas de las 274 recomendaciones que formularon los Estados a Venezuela.

La desaparición forzada de personas dentro del Derecho Internacional es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. Constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino viola la integridad y la seguridad personal y pone en peligro la propia vida del detenido, colocándolo en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos.

La jurisprudencia de la CIDH ha considerado que la responsabilidad internacional del Estado se ve agravada, en el caso de la desaparición forzada de personas, cuando esta forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado.

 

Por todo lo anterior, COFAVIC insta al Estado venezolano a:

Con respecto a los hechos destacados:

  1. Investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva los referidos hechos (Arts 23, 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV).
  2. Realizar las investigaciones exclusivamente en la jurisdicción civil (Art. 29 de la CRBV). Deben separarse de todo el proceso de investigación a los organismos de seguridad del Estado cuyos funcionarios presuntamente puedan haber participado de manera directa o indirecta en los hechos.
  3. Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV) con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas.
  4. Asegurar la participación, incorporación y protección de las víctimas durante el proceso de investigación y el trámite judicial. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. El Estado debe sin dilación y con todas las garantías incorporar a los sobrevivientes como víctimas y documentar debidamente las lesiones sufridas por estos.

Con respecto a las medidas de seguridad ciudadana y control de orden público:

  1. Que el Poder Ejecutivo revoque las resoluciones que ha dictado para la creación de las denominadas “Zonas de Paz” y  haga público la estructura y características, así como informes sobre el denominado plan de seguridad “Operación de Liberación al Pueblo”.
  2. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.
  3.  Que el Poder Ejecutivo enmarque todas sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana en los principios del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley así como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, ambos aprobados por la Organización de Naciones Unidas.
  4.  Ratifique Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Masacre en Cariaco: nueve muertos y tres heridos en asalto a pescadores

CICPC4

 

Nueve hombres fueron asesinados por sujetos aun por identificar en el sector El Porvenir, ubicado en la carretera Cariaco Casanay, en el municipio Ribero del estado Sucre.

Los muertos fueron identificados por las autoridades policiales como Luis Rodríguez (40),  Miguel Ángel Acosta García (33), Javier Rodríguez (24), Jesús Ramón Rodríguez (38),Eduardo Jiménez (52), Carlos Cabello (24), Jesús Rodríguez (22), Yairinson Rodríguez García (20) y Elvinson Arias Cabello (25).

Además se reportó el ingreso al Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano de otras tres personas que resultaron heridas en ekl ataque y quienes fueron identificados como Ramiro José Rodríguez Brito (18), José Rafael Rodríguez Brito (20), Samir Urbina (18).​

Versiones suministradas por testigos señalan que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:00 de la noche del viernes cuando los jóvenes estaban sentados, bebiendo y compartiendo, mientras esperaban el pago de la faena del día (ya que laboraban en una empresa pesquera en el sector) y al vehículo que les presta transporte hasta sus hogares; cuando seis encapuchados llegaron al lugar y los asesinaron sin mediar palabras.

Al parecer paralelamente se produjo otro ataque contra dos jóvenes quienes estaban en su casa y los sacaron hasta la calle, donde les preguntaron sobre el paradero de una persona y como no sabían de quién se trataba, los ajusticiaron.

Los testigos reportan que presuntamente una patrulla policial escoltaba a los encapuchados.

Los vecinos de la población de El Porvenir realizaron una protesta en horas de la mañana de este sábado en la Troncal 9, impidiendo el paso mientras exigen se haga justicia ante la masacre perpetrada.

Durante la manifestación de calle protagonizada por los ciudadanos, tampoco se observó representación policial. Sin embargo, antes de las 9:00 am de este sábado una representación del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas CICPC y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sebin, se desplazó hasta la zona para iniciar las investigaciones del caso, que no se descarta sean iniciadas bajo el móvil de venganza.