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Cárceles

OVP denuncia la falta de información oficial sobre el impacto del COVID-19 en las cárceles
Aseveran que las principales causas de muerte hasta ahora entre 2020 y 2021 fueron la desnutrición y la tuberculosis

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció que «la información oficial sobre casos de COVID-19 en las cárceles del país no ha sido compartida».

«Al parecer, Venezuela es el único país donde en las cárceles no llegó el COVID-19. No hay información oficial por parte del Estado», dijo. «Sabemos que sí han habido vacunaciones. No sabemos si se ha hecho el esquema completo o qué tipo de vacuna se suministró».

La directora del OVP destacó que desde el año 2020, durante la pandemia, las muertes dentro de los centros penitenciarios del país aumentó, pero no se especifican las condiciones de manera oficial y el observatorio «no está en las capacidades para corroborar la información». 

«La capacidad instalada de los centros penitenciarios en el país es para 21.000 personas. Sin contar los calabozos policiales, existen alrededor de 32.000 privados de libertad», explicó.

«La comida no está llegando a los detenidos. El suministro de agua potable, aseo personal, ropa y comida recae en los familiares»,  agregó Girón.

La vocera del OVP remarcó que existe una vulnerabilidad al contagio por COVID-19 en las cárceles debido al aislamiento, la poca ventilación e higiene.

Desnutrición en las cárceles 

El OVP identificó en su informe anual del 2021 que, de las 126 personas que murieron dentro de los centros penitenciarios, 96 mueren por desnutrición. La mayoría de las muertes son por tuberculosis

Girón aseveró que el Estado destina un presupuesto para la alimentación de los centros penitenciarios, pero no hay registro a dónde se destina. 

«El Estado tiene la responsabilidad de mantener saludables a esa población. Estamos hablando de derechos, no de privilegios», dijo.

En una entrevista a la plataforma VPItv, Girón destacó que las condiciones del sistema penitenciario en Venezuela son «graves y precarias», porque no existe un modelo que vele por la salud, espacio e higiene de los privados de libertad a lo largo del país. 

«En vista de que la pirámide de penitenciaría está al revés: hay mayor cantidad de personas procesadas que las que están condenadas. Los problemas del sistema carcelario generan un riesgo mayor a esa población», dijo. 

Solo las mujeres pueden visitar

Las medidas que ha tomado el Estado en las cárceles frente a la pandemia del COVID-19 ha sido restringir las visitas.

Pero el OVP constató que no se está cumpliendo los protocolos de bioseguridad en ninguna fase de las citas.

«En Venezuela, solo las mujeres pueden visitar a los privados de libertad. Eso es una violación de derechos, porque no se sabe si la persona solo tiene algún familiar como un padre o hermano. Además, la responsabilidad de brindar los servicios de agua y comida que mencioné anteriormente recae exclusivamente en ellas», explicó Girón. 

La directora del Observatorio constató que el Estado no deja a la institución entrar a los centros penitenciarios para brindar acompañamiento y asesoría legal a los familiares de los reos. 

«Todo esto pasa bajo la mirada del Estado y no hay ninguna reacción», dijo. «La situación para analizar es complicada, más cuando el Estado tiene el monopolio de la información», concluyó. 

 

Observatorio Venezolano de Prisiones calcula en 159 % el hacinamiento penitenciario en 2021
Un informe reveló que 54 % de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir, «todavía no ha sido probada la culpabilidad» de los delitos, mientras que el restante 46 % ya está penado 

 

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que el hacinamiento en centros penitenciarios de Venezuela fue de un 159,09 % durante el año 2021, aun cuando la población reclusa se redujo un 10 % respecto a 2020.

La directora de la organización, Carolina Girón, dijo durante la presentación del informe del pasado año que la población penitenciaria al cierre de 2021 era de 33.710 reclusos, que son 3.833 menos que en 2020, cuando los centros cuentan con capacidad para 21.188 personas.

El 68 % de la población reclusa se encuentra en 14 de los 52 centros carcelarios que hay en Venezuela, según el estudio.

«La situación penitenciaria no ha sido diferente a lo que ha sucedido en los últimos cinco años. Lamentablemente, la situación no ha mejorado. Siguen ocurriendo muertes, falleciendo personas por hambre y condición de desnutrición», afirmó Girón.

Aseveró que la población reclusa está en «riesgo crítico» debido al hacinamiento, cuyas causas son, principalmente, la disminución de 5.050 plazas vacantes por el cierre de 10 centros penitenciarios desde 2002 y el retardo procesal, que afectó al 70 % de los casos.

Señaló que el 54 % de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir, «todavía no ha sido probada la culpabilidad» de los delitos, mientras que el restante 46 % ya está penado.

«El Poder Judicial ha optado por privación de la libertad en detrimento de beneficios (libertad bajo fianza). Muchas personas pudieran llevar sus procesos desde sus casas y eso ayudaría al descongestionamiento de los centros penitenciarios», expresó.

Además, aseguró que hay casos de reclusos que, pese a que cumplieron su pena, no han sido emitidas sus boletas de excarcelación, o de otras de personas con boletas de excarcelación que continúan presas.

Por otra parte, indicó que 126 personas privadas de libertad fallecieron en 2021, lo que representó una reducción del 56,8 % respecto a 2020, cuando murieron 292.

De los 126, 90 fallecieron por cuestiones de salud.

En el año 2021 se registraron como principales patologías la tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo, escabiosis, enfermedades gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares.

«En nuestras cárceles no hay médicos, se niega el acceso a la atención médica a presos. Hay malas condiciones de salubridad e higiene, lo que empeora las condiciones de salud. Nuestros presos están todos desnutridos. Unos presentan ya signos de desnutrición severa. Hay hombres y mujeres que pesan menos de 45 kilos», dijo.

Aquí puede leer el informe anual 2021 del OVP

Información de EFE

Delsa Solórzano alerta sobre traslado de presos políticos
La dirigente tuiteó: «Gaceta Oficial 42.125, contiene decreto 4.610 de Nicolás Maduro, donde ordenó a Dgcim  y a Sebin transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ello implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes» 

 

La opositora Delsa Solórzano alertó este 18 de mayo del traslado de presos políticos a cárceles comunes, luego de que el Gobierno ordenara al Servicio de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar transferir la custodia de detenidos en sus sedes al Ministerio Penitenciario.

«Gaceta Oficial 42.125, contiene decreto 4.610 de Nicolás Maduro, donde ordenó a Dgcim (Dirección de Contrainteligencia Militar) y a Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ello implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes», dijo Solórzano en Twitter.

El decreto al que hace referencia Solórzano tiene fecha del pasado día 12 y en él se establece que la Dgcim y el Sebin «deberán transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».

En el mismo decreto se «exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para contribuir con el cumplimiento» de la orden, «incluyendo la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen» presas en la Dgcim y el Sebin.

Asimismo, se señala que ambos órganos «deberán adecuar su estructura, normas de funcionamiento, manuales y procedimientos», aunque sin especificar.

Según la ONG venezolana Foro Penal, líder en la defensa de «presos políticos», en el país hay 306 detenidos por causas políticas.

Los que no se rinden | Una Ventana a la Libertad: 97 de cada 100 presos no tienen sentencia
De acuerdo a la ONG, no hay reportes de fallecidos de COVID-19 en las cárceles 

Según Carlos Nieto Palma, director de la ONG, Una Ventana a la Libertad, el retardo procesal en Venezuela es cada dia mas grave y se ha agudizado debido a la parálisis de los tribunales durante la pandemia. 

“3 de cada 100 reclusos tienen una sentencia firme, el resto está en proceso, esperando una audiencia preliminar o un juicio, es realmente alarmante”, dijo Nieto Palma. 

El director de UVL sostuvo que el retardo ocasiona hacinamiento y a la postre enfermedades en los reclusos. 

“La principal causa de muerte en las cárceles y centros de detención preventiva son las enfermedades y específicamente la tuberculosis. Los reclusos carecen de atención médica, no hay ese servicios en las prisiones, es algo que venimos denunciando desde hace tiempo”. 

Nieto Palma indicó que en UVL no tienen mayor información sobre COVID-19 en las prisiones. “Esa ha sido una información confidencial, en septiembre dijeron que un número cercano a 100 estaban contagiados, pero oficialmente no manejamos cifras de coronavirus”. 

El director de la ONG manifestó que tampoco poseen reportes de pesquisas ni exámenes para detectar la enfermedad en las cárceles. 

“Recientemente supimos el caso de una infectada en el retén de Caraballeda, que pertenece a la Policía de Vargas y al Cicpc, esto hizo que a los días siguientes fuera Seguridad Ciudadana de Vargas a entregar gotas de Carvativir a los detenidos”. 

No se habla de vacunas

En cuanto a la vacunación de privados de libertad, Nieto Palma indicó que no posee mayores expectativas.  

“Los presos siempre han sido los grandes marginados en cualquier tipo de planes, la mayoría de la gente piensa que como están presos y son delincuentes no tienen ningún tipo de derecho y mientras peor la pasen es mejor. Los detenidos tienen los mismos derechos que el resto de la población, salvo el libre tránsito”. 

Para Nieto Palma, los detenidos deberían ser prioridad porque son una población sensible en vista del hacinamiento en el que viven. “Incluso la Cruz Roja Internacional los incluye en una proporción muy mínima. No solo deben darle vacunas, sino también incluirlos en los planes de ayuda humanitaria”. 

Para el director de UVL es perentorio la construcción de nuevas cárceles en Venezuela. “Deben haber establecimientos para reclusos condenados y procesados en cada Estado, con todas las condiciones de higiene. En vez de abrir han cerrado prisiones. En Vargas, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Cojedes no hay cárceles y esa es una de las razones por las cuales colapsan los centros de detención preventiva”. 

Pranes, carros, causas y luceros: la realidad de las cárceles venezolanas

Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en cautiverio

En Venezuela, los presos pasan hambre, están hacinados, a la merced del COVID-19, la desnutrición y otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, pero sobre todo, dependen de una mafia cuyos tentáculos van hasta lo más alto del Gobierno y que hoy en día hacen un mejor trabajo que este a la hora de conseguir alimento para los reos: los pranes, como se conocen en venezuela a los criminales que tienen el poder y el control en las cárceles.

Así lo demuestra un incidente ocurrido en el penitenciario de Yare (San Francisco de Yare) el mes pasado, cuando un grupo de presos escaló uno de los muros de la cárcel en un intento desesperado para pasar al lado del complejo que es controlado por los pranes. El hambre los estaba matando, así como la desidia del Gobierno, que es el encargado de velar por la integridad de los presos en el lado de la prisión del cual trataban de escapar.

La cárcel de Yare, ubicada en el estado central de Miranda, la conforman dos complejos penitenciarios. Yare I, una “prisión de régimen abierto” o de “régimen externo” que está totalmente controlada por los “pranes” o jefes de la mafia carcelaria; y Yare II, que es una “máxima” con régimen “interno o cerrado” y está bajo el control del Gobierno.

Quizá las medidas más polémicas fueron las restricciones a las visitas de familiares a los presos, la principal fuente de alimentación de muchos reclusos. Y luego, la prohibición de no poder dejarles alimentos no perecederos en las visitas.

El caso de esta cárcel es el perfecto retrato de la crisis humanitaria que se vive en la mayoría de las prisiones venezolanas. Aquí, como en la mayor parte del país, una situación precaria que ya estaba a punto de colapsar terminó siendo mucho peor debido a la pandemia del COVID-19, y no precisamente porque el virus se haya tomado las prisiones -como amenazaba hacer- sino porque las medidas adoptadas para detener su propagación en los centros carcelarios fueron peores.

“No planeaban escaparse de la cárcel, querían saltar desde el penal con régimen penitenciario hacia el abierto porque tienen hambre, no les están dando comida”, le dijeron familiares de presos de Yare II a la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los familiares denuncian que la autoridad carcelaria no alimenta a los presos, los cuales comen una vez en la mañana raciones pequeñas de pasta o arroz, y si tienen suerte reciben otra en la tarde.

Esta situación está siendo reportada en cárceles por todo el país, como el Centro Hombre Nuevo, en Carabobo; la prisión Rodeo II que también está en el estado de Miranda y en donde se han registrado casos graves de desnutrición, hepatitis y tuberculosis; o en los centros penitenciarios del estado de Amazonas donde tampoco cuentan con agua potable, poniendo en riesgo a más de 200 presos. Esto solo por citar algunos lugares donde la OVP ha hecho denuncias.

En contraparte a esto están los “pranes” y sus “cárceles de régimen abierto”, lo que significa que en ellas manda la mafia y no el Estado. Allí, estos grupos crecen en poder e influencia, logrando controlar todos los aspectos de la vida carcelaria y convirtiéndose de paso en una fuente mucho más confiable que el Gobierno a la hora de ser proveedores de alimentación para los reclusos.

¿Cómo surgen los pranes?

El fenómeno de los pranes no es algo nuevo en Venezuela, pero comenzó a fortalecerse progresivamente durante los años del chavismo en el poder, ya que fue después del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia cuando sus estructuras adquirieron las características que tienen hoy en día.

En lo alto de la pirámide mafiosa está el “pran”, un acrónimo de “Preso Rematado Asesino Nato”, este es el mandamás de la cárcel, el que determina cómo son las reglas de la prisión. Él maneja “el carro”, que es como se le conoce a la organización, acompañado de los “luceros”, que sirven como los mandos medios de la estructura.

Uno de los primeros pranes, que sirvió para establecer estas estructuras criminales en las cárceles fue Wilmar José Brizuela, más conocido como “Wilmito”, un campeón de boxeo local.

Él empezó a ganar poder en la prisión de Vista Hermosa, donde primero tuvo control de una sección de la prisión desde la cual iba eliminando sistemáticamente a sus rivales. Para 2006, Wilmito tenía el control de casi todas las secciones de la cárcel y a medida que conquistaba una nueva, establecía allí un lugarteniente, un “lucero”.

Los luceros pueden ascender a pranes si el pran reinante sale de la cárcel o es asesinado en un “cambio de carro”, como se les llama a los golpes contra un pran.

Wilmito llegó a amasar tal poder que su “carro” movía para 2009 unos 3 millones de dólares al año en la prisión de Vista Hermosa. Ahí controlaban todo, prestaban servicios de seguridad, cobro de deudas e imponían impuestos extorsivos llamados “causas” a todas las actividades carcelarias.

En el ascenso de Wilmito y de otros pranes que imitaron su forma de controlar las prisiones, tuvieron un papel importante ciertos personajes del régimen chavista como Tareck El Aissami, actual ministro del Petróleo, e Iris Varela, hoy diputada de la Asamblea Nacional.
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El Aissami para 2008 era ministro del Interior y de Justicia, cargo desde el que introdujo cambios en las cáceles, como horarios de visita más laxos, y al tiempo que redujo los controles para el ingreso de visitantes y equipaje. Esto ayudó a aumentar el contrabando al interior de las prisiones y fortaleció las mafias que lo controlaba.

“Tareck El Aissami fue quien le dio reconocimiento a la figura del pran. Y le dio, de paso, la autorización para que los familiares pernoctaran dentro de las cárceles”, le explicó Humberto Prado al observatorio de crimen organizado InSight Crime para un especial sobre la mafia en el Estado venezolano.

Prado explica que cuando se dio el cambio, los visitantes pasaron de llevar una bolsa con comida y ropa limpia para la persona privada de la libertad, a maletas donde se contrabandeaban todo tipo de productos, incluso armas.

Con estas libertades los pranes de varios centros penitenciarios comenzaron a construir sus imperios. Traficaban con armas, con drogas, disponían de las acomodaciones más lujosas al interior de las prisiones, hacían fiestas extravagantes y distribuían a los presos a su antojo en las demás celdas. Si tenías dinero podías acceder a un mejor lugar, si estabas entre los afectos del pran podías tener una línea de negocio dentro de la prisión que podía ir desde una barbería hasta la venta de drogas, en todos los casos siempre había “causas” semanales que pagar, y de no hacerlo la consecuencia podía ser la muerte.

Gran parte de esta dinámica se mantiene hoy en día dentro de las prisiones. Hoy, todo lo que entra a la prisión tiene un impuesto, encareciendo su valor hasta diez veces lo que vale por fuera. En una cárcel como la de Tocorón en Aragua, que tiene unos 7.000 presos, se estima que la causa recoge más de 2 millones de dólares al mes.

El hambre, una fuente de poder

El otro hito para terminar de consolidar el poder de los pranes sucedió en 2011, cuando Hugo Chávez decidió crear el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en respuesta a un escándalo internacional causado por un “cambio de carro” en las cárceles de Rodeo I y Rodeo II, una verdadera guerra entre pranes que duró 27 días y dejó -según cifras oficiales- 27 muertos y 70 heridos.

Ese ministerio quedó en cabeza de Iris Varela, una política chavista que este año dejó el cargo para integrar las listas de la Asamblea Nacional en las últimas elecciones.

Ella fue la responsable de “pacificar” las matanzas en las prisiones venezolanas, las cuales estaban disparadas y lo hizo mediante al establecimiento de una “paz mafiosa” con la que pranes ganaron cada vez más y más poder.

Básicamente, el gobierno venezolano les entregó a estas mafias el control de las prisiones, los llamados “régimenes abiertos”, en los cuales son los pranes los amos y señores, incluso la policía y la GNB les tienen que pedir permiso para entrar a las cárceles que controlan. Esto los convirtió en actores políticos, los hizo una extensión de la revolución chavista, algo similar a los llamados “colectivos” y ciertos grupos criminales que operan en los barrios pobres.

Toda esta situación se exacerbó con la llegada de Nicolás Maduro al poder, la disparada de la inflación, la escasez de muchos alimentos básicos o sus precios exorbitantes y aún más grave, la pandemia.

Según las cifras del OVP para 2019 en el sistema penitenciario venezolano hay unos 43.992 reclusos distribuidos en 44 cárceles funcionales de los 52 recintos existentes, que tienen una capacidad real de 21.000 personas.

Además, hay otras 25.000 personas aproximadamente que están en calabozos policiales.

No hay comida para alimentarlos a todos, ya las familias no pueden llevar comida como lo hacían por las restricciones del COVID-19 y desde hace años existen denuncias de que la propia policía le quita a los reos el alimento que les llevan sus familiares. Durante el año 2019, por ejemplo, un total de 1.934 presos venezolanos hicieron huelga de hambre, protestando por la falta de alimentos en los penitenciarios, el retraso en los procesos y un hacinamiento que supera el 120% en todo el país.

Afuera la cosa no está mejor. El desabastecimiento en los almacenes está sucediendo hace años en Venezuela, y solo ha empeorado con la pandemia. Con este panorama, irónicamente, son los pranes los proveedores más confiables y eficientes.

Ellos parecen tener la capacidad de conseguir los alimentos necesarios y distribuirlos entre quienes pueden comprarlos, sea al interior de la prisión o afuera, como sucede en el estado de Aragua cuyos habitantes acuden a la prisión de Tocorón para conseguir provisiones.

“En las prisiones controladas por los pranes, hay menos escasez”, ha señalado Beatriz Carolina Girón, directora del OVP, en conversación con medios locales.

Todo este poder actualmente trasciende las paredes de los penitenciarios y hace de los pranes jefes no solo del “carro” al interior de la cárcel, sido de estructuras por fuera denominadas “trenes” o “megabandas”. Un andamiaje criminal que crece día a día y que hace de las cárceles venezolanas un epicentro de criminalidad y violencia.

Según cifras del OVP desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en las cárceles venezolanas y otras 17.715 resultaron heridas, lo que da un total de 25.089 víctimas. Y aunque el año pasado las cifras parecieron bajar en cuanto a muertes violentas en las prisiones, solo tomó 9 meses de este año superar esas cifras.

Para septiembre de 2020 habían muerto 162 personas en las cárceles, 125 en calabozos, en total 287 muertes, muchas más que las 137 registradas durante el mismo período en 2019.

Las principales causas de esas muertes en las cárceles fueron por desnutrición (40 muertes), motines al interior de las prisiones (48 muertes), violencia entre reclusos (6 muertes) y tuberculosis (51 muertes). Cifras que muestran un claro deterioro de la situación de los presos en el país.

El motín que referencian las cifras sucedió a principios de la cuarentena, el pasado 1 de mayo en la cárcel Los Llanos del Guanare, en el estado de Portuguesa. Una cárcel con capacidad para 750 presos, pero con 2.500 reclusos.

En ese momento la versión oficial entregada por la entonces ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela apuntaba a un motín promovido por el pran alias «Olivio» que había obligado a los presos mas débiles a promover un supuesto escape. Pero el OVP señaló que realmente se debía a una protesta por falta de alimentos que fue respondida con disparos por parte de la los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que produjeron 47 muertes.

Lo paradójico es que, por lo menos en las cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la ONG Una Ventana a la Libertad, solo se cuenta una muerte por COVID-19 de 109 contagios, algo que podría apuntar a una estrategia “exitosa” del Gobierno en el control de la infección.

La paradoja radica en que las medidas adoptadas para ello exacerbaron el hambre que dispararon las muertes en las cárceles, y el poder de las estructuras criminales que las controlan.

AN advierte sobre crítica situación de las cárceles en el país
La diputada Yajaira Castro aseguró que en 273 calabozos policiales hay aproximadamente 60 mil presos

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) debatieron sobre la crítica situación de las cárceles en el país, por la falta de articulación entre diferentes ministerios, que ha provocado un «caos». Sin embargo en ningún momento hicieron mención a la aprobación de la extensión del mando de la Misión de Determinación de Hecho en las Naciones Unidas, este martes, 6 de octubre. 

El diputado Gilber Caro (VP-Miranda) señaló en la sesión virtual del Parlamento, que ha hecho falta voluntad política para solucionar un problema que ha acabado con muchas vidas. 

Sobre esto la diputada Yajaira Castro (PJ-Anzoátegui) indicó que en las cárceles, los muertos se han duplicado con respecto al primer semestre del año pasado por enfermedades y por desnutrición. «El régimen irresponsable los mantiene en un hacinamiento total».

“118 presos han muerto en el primer semestre en los calabozos policiales, 119 en las 26 cárceles y en ambos casos el 50%  es por desnutrición y otras enfermedades”, indicó.

«No puedo dejar de mencionar lo sucedió en el retén de Cabimas, en el Zulia el pasado lunes 28 de septiembre cuando un grupo de 150 reclusos salieron a la calle a protestar. Esto solo sucede en Venezuela», agregó la diputada de la AN.

También relató que actualmente en 273 calabozos policiales se encuentran detenidos aproximadamente 60 mil presos, «que se encuentran en condiciones inhumanas, ya que estos calabozos no tienen las condiciones para tener detenidos por más de 48 horas».

También relató que actualmente en 273 calabozos policiales se encuentran detenidos aproximadamente 60 mil presos, «que se encuentran en condiciones inhumanas, ya que estos calabozos no tienen las condiciones para tener detenidos por más de 48 horas».

AN alerta sobre salud colapsada

Otro punto que tocaron los parlamentarios en la sesión de la AN, es el del deterioro y colapso del sistema de salud venezolano, y que de acuerdo al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 han muerto 1.557 personas por falta de insumos en los centros de salud.

El diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara) señaló que desde 2014 se viene alertando del déficit en el sistema sanitario y que en 2016 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se indicó que había una escasez de 90% de medicamentos esenciales.

Palacios hizo referencia al caso de la enfermera Hilda Lameda, del estado Lara, quien fue mordida por una serpiente el viernes, 2 de octubre, fue trasladada hasta un ambulatorio, pero no tenían el suero antiofídico, pero tampoco la pudieron trasladar a Carora porque la ambulancia no funciona y no la pudieron llevar en un carro particular por falta de gasolina. 

Además aseguró que no es el único caso y por eso solicitó al Parlamento que abra una investigación a través de la subcomisión de Salud, además de llevar el caso a la oficina de la Alta Comisionada y a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

La diputada Dianela Parra (AD-Zulia) dijo en el debate que en el país no hay posibilidades de atención social de prevención, de conducción que garantice una mejor calidad de vida.

“No hay atención para los enfermos y mucho menos para los difuntos que son enterrados en los patios de las casas, porque no hay programas funerarios. Estamos transitando por una verdadera calamidad, una catástrofe sanitaria, asistencial y social, sin comparación en el mundo”, aseguró la parlamentaria.

CONNECTAS Ago 25, 2020 | Actualizado hace 4 años
Coronavirus sin barrotes
Sin atención médica, sin tapabocas, sin comida, sin antibacterial, sin respiradores, ni distanciamiento social, los reos latinoamericanos enfrentan con la pandemia la agudización de las violaciones a los Derechos Humanos que ya padecían. La covid-19 desnuda las entrañas de los sistemas penitenciarios que no garantizan asistencia sanitaria ni celeridad en los procesos judiciales. En Venezuela la información sobre la situación en las prisiones es escasa

 

Por CONNECTAS 
Ilustración: Juan García

 

Las cárceles de América Latina viven una agudización del hacinamiento tras la llegada del nuevo coronavirus. Medidas como suspender las visitas y el ingreso de alimentos, así como los encuentros conyugales y los procesos judiciales, llevó a que los más de un millón setecientos mil reos que hay en la región quedaran aislados de la poca interacción que tenían.

“Ese virus nos jodió, nos dejó sin familia. Que te quiten la visita es la peor desgracia de un preso”, relata Luis, uno de los 2.020 beneficiados con medidas de excarcelación en Venezuela. Logró salir del Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales (Cepello), en Venezuela, luego de un motín ocurrido el primero de mayo, en el que murieron 47 reos.

La directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara, le da la razón. Asegura que dentro de las penitenciarías de la región no existen condiciones adecuadas para sobrellevar la COVID-19. “No hay lo mínimo y básico: agua potable, productos sanitarios, limpieza individual, desinfección de las instalaciones”, comenta la experta.

Miembros de la Comunidad de Periodistas de CONNECTAS realizaron un detallado monitoreo de prensa y reportes oficiales de 37 países de la región para esta entrega del especial #HuellasDeLaPandemia. Se contabilizaron al menos 11.680 contagios y 431 muertes por COVID-19 dentro de los reclusorios del continente hasta el 15 de julio, con una tasa de 24,8 presos muertos por cada 100.000 privados de libertad.

 

 

Las cifras corresponden a 23 países, pues 14 naciones adicionales que se revisaron no están informando del efecto de la COVID-19 en sus prisiones.

Venezuela: calabozos policiales y presos políticos

En el caso de Venezuela, la información sobre la COVID-19 en las prisiones ha sido parcial. Las autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario no han reportado contagios en las cárceles, que albergan unos 57.096 presos.

Sin embargo, la inexistencia de casos del virus llama la atención, pues se trata de recintos con más de 130 por ciento de hacinamiento, sin asistencia médica, ni alimentación adecuada. En julio de 2020, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció las graves consecuencias de la falta de atención a la población penitenciaria. “El aumento de las muertes causadas por enfermedades relacionadas con la desnutrición (en prisiones) es palpable. 63,46 por ciento de las muertes en 2019 estuvieron relacionadas con falta de tratamientos, alimentos y cuidados no otorgados por el Estado”, detalló.

En paralelo, hay reportes de que la COVID-19 sí llegó a los llamados centros de detención preventiva (calabozos en delegaciones policiales), que no son administrados por el despacho de prisiones del Ejecutivo. Se han conocido 48 casos de coronavirus hasta el 17 de agosto en los recintos que tienen aproximadamente 62.000 reos, según la ONG Una Ventana a la Libertad: 43 en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antisecuestros de la Guardia Nacional (Conas) en el estado Nueva Esparta y cinco en calabozos de la policía judical (Cicpc) en Barinas.

“Decir coronavirus es como nombrar al demonio. Aquí en la celda uno está asustado. Porque siguen llegando nuevos y aunque no tengan nada, ellos pueden traer el virus… Nosotros queremos que nos apliquen un plan cayapa (mecanismo de juicios exprés en Venezuela), que nos dejen salir, que nos lleven para los tribunales. Pero aquí encerrados, metiendo a más gente, esos nos van a traer el virus y nos vamos a morir. Porque si se mueren los que no están presos, para nosotros no queda más nada”, dice Carlos desde un centro de detención preventiva del estado Vargas.

 

Esta situación ha llevado a que comiencen a anunciarse algunas liberaciones de detenidos en estos centros. Pero la medida, que ha sido una de las más recomendadas por expertos y defensores de derechos humanos para frenar la pandemia en las prisiones, ha despertado algunas controversias. La falta de claridad en los términos y condiciones de estas excarcelaciones ha generado desconfianza entre la población y miembros de las instituciones judiciales.

“A mí me dijeron que fuera a presentarme en un tribunal, pero no he ido porque por lo del virus los tribunales están cerrados. Así que lo dejaré para cuando esto termine. De resto, me dijeron que viviera mi vida normalito y que no volviera a caer en malos pasos. Yo para Tocuyito no vuelvo, haya o no coronavirus”, sentenció Manuel, uno de los presos liberados en Venezuela, donde 3,5 por ciento de la población penitenciaria quedó en libertad.

 En el caso de Venezuela, las liberaciones se otorgaron bajo el régimen de confianza tutelado, según el cual, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios estaría en la obligación de hacer seguimiento a cada caso y de emitir informes sobre el estatus de cada uno de los beneficiados con la medida, pero el despacho ministerial venezolano, no tienen esa capacidad. No parece haber ninguna supervisión sobre los presos excarcalados debido a la pandemia.

Por otra parte, Venezuela tiene entre su población penal más de 400 detenidos -según registros de la ONG Foro Penal- que son considerados presos políticos. En El Helicoide, uno de los recintos donde permanecen muchos de estos privados de libertad, ya se reportó el caso de un fallecido por COVID-19, mientras que también hay denuncias de contagios en la cárcel de Ramo Verde, donde están recluidos militares y policías.

Insalubridad y hacinamiento potencian el virus

La desesperación de los reos demandando atención médica, medidas sanitarias básicas y alimentos bajo la pandemia es una constante en una región que por años ha condenado a su población carcelaria al hacinamiento -que sobrepasa el 120 por ciento- y el abandono. La ansiedad entre los reclusos aumenta ante la incertidumbre y las imágenes de sus compañeros de celda muertos.

“El Gobierno optó por encerrarnos a cada uno en nuestras celdas, hay muchos casos y no se nos dice nada. El virus ya entró al centro penitenciario La Joya”, denuncia Francisco, quien enfrenta la pandemia en esa prisión panameña, donde está recluido por robo agravado. “No nos dan mascarillas, no nos dan ningún artículo de aseo… No nos dejan entrar gel alcoholada. Nos oprimen, nos oprimen…”, describe. Lea acá la historia. 

Para María Luisa Romero, experta independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, las características propias del encarcelamiento, agudizadas por el hacinamiento, dificultan la toma de medidas recomendadas para “aplanar la curva”.

“En centros sobrepoblados resulta imposible la distancia física. Hasta lavarse las manos es un lujo: en muchos centros escasea el agua, en muchos más escasea el jabón y se prohíbe el alcohol en gel por seguridad. Tampoco funciona el aislamiento como se implementa para la población general; por un lado no hay suficiente espacio, por el otro, aunque los detenidos no reciban visitas, en las cárceles a diario entran y salen un sinnúmero de funcionarios”, analiza la experta en un artículo publicado en Open Democracy.

El limbo del retorno

El limbo del retorno

La situación es todavía más grave en casos como los de Pablo, un preso de nacionalidad peruana, que tiene 40 años de edad, de los cuales los últimos 15 años los ha pasado en prisión. Está en la cárcel San Pedro en Bolivia y sobrevive con ocho bolivianos al día (cerca de un dólar) en alimentos de muy baja calidad. Como en otras cárceles de la región, muchos internos se alimentaban principalmente de los insumos que llevaban familiares; pero ahora están prohibidas las visitas. “Me da más miedo morir de hambre que infectado por el coronavirus”, asegura Pablo.

 Esta realidad, junto con los abusos de la fuerza pública y el miedo al contagio, ha causado una estallido de motines, fugas y protestas; acciones de inconformidad en las prisiones de casi toda la región. El registro de prensa levantado por CONNECTAS arrojó más de un incidente por semana en las prisiones latinoamericanas desde la llegada de la COVID-19, con un balance de 91 reclusos muertos y 309 heridos en hechos de violencia.

Esta crisis en las cárceles podría ser lo que detone la urgencia por implementar las aplazadas reformas a la justicia penal y a los sistemas penitenciarios de los países de la región, caracterizados por un retardo crónico en los procesos judiciales. Vea acá la historia.

“La pandemia nos está revelando que los Estados tienen que hacer una profunda reflexión sobre sus políticas de justicia penal en las cuales recurren de manera primordial a la prisión como una medida de prevención y sanción (…) y esto los debe obligar, una vez pasada la crisis, a entrar en procesos profundos de reforma penal”, explica Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La corta experiencia de cuatro meses de pandemia y las medidas adoptadas hasta la fecha apuntan a la necesidad de crear sistemas judiciales más eficientes y ágiles en la región. Nunca habían sido más urgentes que en esta difícil coyuntura. Como concluye José Miguel Vivanco en entrevista para esta nota: “los gobiernos y los jueces deben actuar con urgencia. Es una cuestión de vida o muerte”.

Para conocer más del especial #HuellasDeLaPandemia ingrese acá.

 

 

Los que no se rinden | Una Ventana a la Libertad: Mueren más presos por tuberculosis que por riñas
Desde 1997 la ONG se encarga de brindar apoyo a los reclusos y sus familiares 

@franzambranor

En octubre de 1996, 29 presos murieron calcinados en la extinta cárcel de La Planta en Caracas. Funcionarios de la Guardia Nacional arrojaron dos bombas lacrimógenas al interior de una celda lo que originó el incendio. La masacre hizo que Carlos Nieto Palma, junto a Elio Gómez Grillo, Flor Isava, Libia Montes y Carol Carrera fundaran el 10 de diciembre de 1997, la ONG Una Ventana a la Libertad.

“En ese momento no había una organización que se dedicara al tema carcelario  yo ya estaba involucrado en eso. Lo de La Planta fue el detonante, nos conmovió bastante”, dijo Nieto Palma.

El director de Una Ventana a la Libertad señaló que durante el segundo mandato del presidente Rafael Caldera, la situación carcelaria era realmente precaria, pero que las relaciones con el alto gobierno y las ONG eran de respeto mutuo. “El ministro de Justicia era Hilarión Cardozo y siempre hubo buen trato, pese a las denuncias que hacíamos”.

En su informe correspondiente a 2019, Una Ventana a la Libertad reportó 192 muertes de reclusos en calabozos. 46 perdieron la vida por enfermedades, 40 por violencia entre reclusos, 16 por abuso policial, 34 en fugas y 21 por otras causas.

¿En qué ha cambiado el sistema penitenciario desde entonces?

Carlos Nieto: En aquel momento era muy mala, las cárceles eran terribles. Actualmente el sistema penitenciario de Venezuela es tal vez uno de los peores del continente, yo diría que del mundo. Jamás me imaginé que la situación fuera más terrible de lo que era antes, hoy en día mueren más presos por tuberculosis y por desnutrición que por riñas y peleas.

¿Cual es el rol de Una Ventana a la Libertad?

CN: Monitorear la situación de las cárceles, presentar denuncias, asesoría jurídica a los familiares, damos talleres en derechos humanos a personas privadas de libertad. La mayoría de la gente cree que los presos no tienen derecho y si los tienen. 

¿Cuál es la realidad de los centros de detención preventiva en este momento?

CN: Los centros de detención preventiva o calabozos policiales cumplían la función de albergar a los presos por un lapso no mayor a 48 horas, eso se cumplia antes, pero ahora se han convertido en pequeñas cárceles que alojan incluso a más detenidos que las cárceles normales, que según la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, son 44 en todo el país.  

¿Cómo hacen para monitorear las cárceles en el interior del país?

CN: Somos un equipo de 32 personas, 19 de ellos son investigadores que están desplegados en 17 estados de Venezuela. En enero de 2021 pensamos agregar dos estados más.

¿Cual es el tipo de persona que se acerca a su organización?

CN: 97% de los presos en Venezuela son pobres. Nosotros atendemos a sus familiares, les brindamos asesoría jurídica. Ellos no tienen cómo pagar un abogado, a veces ni siquiera tienen el pasaje para trasladarse al centro de reclusión. Hay un fenómeno y es que la mayoría de los familiares que solicitan ayuda para un preso son mujeres, los hombres se involucran muy poco en esos menesteres. 

¿Tienen algún tipo de alianzas? 

CN: Alianzas como tal no, pero hemos contado con la colaboración de la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

¿Cuál es el objetivo principal de Una Ventana a la Libertad? 

CN: Que las cárceles se conviertan en centros de reeducación, que se humanicen las prisiones y los presos puedan vivir como personas.

¿Cuál es la principal amenaza sobre ustedes? 

CN: Estamos en un régimen al que solo le gusta escuchar lo que ellos quieren. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela me ha hecho amenazas públicas. A uno lo pueden meter preso, obligar a exiliarse o incluso amedrentar a tu familia. Diosdado Cabello en su programa de TV ha dicho mentiras sobre mí.   

En el portal de Una Ventana a la Libertad destaca un informe sobre la salud de los reclusos en los centros de detención preventiva donde se especifica el riesgo que corren los reos por el brote de coronavirus en Venezuela. Durante mayo de 2020 UVL monitoreo 57 centros de detención preventiva donde se encontraron 941 casos de desnutrición, 188 padecen de tuberculosis y 10 de VIH.