La ONG informó que se produjo una riña entre internas debido a la llegada de una reclusa, por lo que los funcionarios que custodian el recinto ingresaron a los calabozos de modo «violento»
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este 25 de julio que cuatro mujeres que están recluidas en la cárcel Fénix, en el estado Lara, sufrieron heridas por arma de fuego, supuestamente por parte de un custodio del lugar.
A las mujeres, «que presentaron heridas producidas por arma de fuego», las trasladaron a un centro de salud cercano al penal. A tres de ellas las dieron de alta este lunes. Se desconoce el estado de la cuarta reclusa.
«Las heridas fueron (causadas) con perdigones, pero los disparos fueron a corta distancia, por lo que una de las mujeres presentó una herida abierta en la mano y otra fue enyesada por una herida en la pierna. Asimismo, presentaron lesiones en el abdomen y múltiples golpes», aseguró el OVP.
Según la información que maneja la organización, se produjo una riña entre internas debido a la llegada de una reclusa, por lo que los funcionarios que custodian el recinto ingresaron a los calabozos de modo «violento».
«Posteriormente, se escucharon los disparos que hirieron a las cuatro mujeres», añadió la nota de prensa.
Covid-19 en la cárcel
La directora del OVP, Carolina Girón, denunció recientemente que «la información oficial sobre casos de COVID-19 en las cárceles del país no ha sido compartida».
«Al parecer, Venezuela es el único país donde en las cárceles no llegó el COVID-19. No hay información oficial por parte del Estado», dijo. «Sabemos que sí han habido vacunaciones. No sabemos si se ha hecho el esquema completo o qué tipo de vacuna se suministró».
La directora del OVP destacó que desde el año 2020, durante la pandemia, las muertes dentro de los centros penitenciarios del país aumentó, pero no se especifican las condiciones de manera oficial y el observatorio «no está en las capacidades para corroborar la información».
«La capacidad instalada de los centros penitenciarios en el país es para 21.000 personas. Sin contar los calabozos policiales, existen alrededor de 32.000 privados de libertad», explicó.
«La comida no está llegando a los detenidos. El suministro de agua potable, aseo personal, ropa y comida recae en los familiares», agregó Girón.
Con información de EFE