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Caracas Mi Convive

Caracas Mi Convive Feb 09, 2024 | Actualizado hace 2 meses
Mi Convive | De niña a madre
En Venezuela solo 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes que viven en comunidades vulnerables han tenido acceso a educación sobre los métodos anticonceptivos

 

@miconvive

Nayreth era una joven de 17 años, se enteró de que estaba embarazada en febrero del 2022, llevaba dos meses de retraso en su período y en un principio pensó que era una casualidad. El signo positivo del embarazo vino acompañado de un mar de lágrimas, también de reproches y ofensas de su pareja.

“Me enteré, me puse a llorar, lo primero que hice fue decirle al papá y me dijo muchas cosas feas y yo lo que hice fue llorar más entonces. Cuando llegué a casa y di la noticia a mi familia, su reacción fue ponerse a llorar conmigo, mi mamá me dijo ‘mi niña va a tener una niña’”.

Para esta joven el embarazo significó un duelo en función de la pérdida del rol de “niña” dentro de su hogar. Con 17 años se tuvo que enfrentar a los cambios fisiológicos y conductuales asociados con el proceso de gestación, y a la vez asumir un papel asociado con la adultez aun cuando no se encontraba en esta etapa. Nayreth se vio en un cambio drástico, en donde pasó de ser hija a ser madre.

Asumir dicho rol, sin haber completado satisfactoriamente las etapas de la adolescencia, conlleva a situaciones de tensión que generan estrés emocional y psicosocial, causando efectos psicológicos asociados a estados depresivos, pérdida de la autonomía, baja autoestima y problemas interpersonales (Aguilar et al., 2021). Afortunadamente Nayreth no pasó por estas situaciones. En parte porque contó con una red de apoyo que le permitió transitar su embarazo con más serenidad.

Gracias a Dios a mí no me dio depresión postparto ni nada de eso, gracias a Dios yo mantuve la mente tranquila, gracias a Dios (…) Yo en lo personal, tuve el apoyo de mi mamá principalmente, luego de mi familia y poco a poco me fueron aceptando”.

Es fundamental el rol de la familia dentro del acompañamiento del embarazo juvenil, pues las relaciones del círculo social cercano inciden en el desarrollo del proceso de gestación hasta representar una escuela de enseñanza sobre lo que significa la maternidad. El apoyo del entorno familiar o cercano a los futuros padres es esencial para que ejerciten sus capacidades como cuidadores. 

“Mi hermana no estaba nada de acuerdo en que yo estuviera embarazada, nada, no quería que lo tuviera, incluso ella me asomó la idea de no tenerlo. Yo al principio (…) no lo quería tener, y yo dije, bueno sí, vale… y mi mamá – Ey, un momentico, tú no vas a inventar y aquí estoy yo-, y ella fue la que me dio prácticamente todo su apoyo, la que me hizo sentir bien, la que me dio la tranquilidad, todo, mi mamá fue todo”.

Si bien la joven contó con el apoyo de su madre, el embarazo significó una reestructuración de su modelo familiar. Cada uno de los integrantes tuvo que incorporar nuevas funciones en casa, lo cual vino asociado a conflictos y preocupaciones. A estos eventos se le suma una situación económica precaria, la ausencia del apoyo de su expareja y el rechazo del padre de la joven.

“Yo duré prácticamente mis nueve meses de embarazo sin cruzar palabra con mi papá, hasta que nació la niña (…) y cuando nació la bebé, ya cuando yo tenía dolores, él estaba pendiente –mira te compré una sopita, ¿cómo te sientes?, ¿ya vas a parir? Que no sé qué, que no sé cuánto–. Hasta el sol de hoy que mi niña es la luz de sus ojos, ya a mí me quitaron el puesto. Y, para mí, mi niña lo es todo”.

La maternidad representa una redefinición de la identidad femenina, puesto que la vida de la gestante, desde el momento del embarazo, estará estrechamente vinculada a las demandas de su bebé (Dias y Teixeira, 2010, citado en Fonseca, 2019). Esta situación puede resultar difícil para las adolescentes embarazadas, pues existe un reto tanto biológico como madurativo, en donde la madre adolescente debe transitar su propio desarrollo personal y social hacia la adultez, a la vez que asume la responsabilidad de cuidar y velar por el desarrollo de su hijo.

La historia de Nayreth no es un caso aislado. En Venezuela solo 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes que viven en comunidades vulnerables han tenido acceso a educación sexual integral sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bajo esta brecha de desinformación, Venezuela tiene una de las tasas de natalidad adolescente más alta de América del Sur, contando 81 partos de cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años (Prodavinci, 2021).

Teniendo en cuenta la falta de información en cuanto a una vida sexual protegida, el embarazo adolescente suele ser inesperado para los jóvenes y para su núcleo familiar, ya que surge en una etapa en la cual los padres del bebé no tienen estabilidad económica y en la mayoría de los casos ni siquiera han culminado sus estudios secundarios (Fonseca, 2019). Ante la falta de planificación del embarazo, suelen ser los abuelos los encargados de la manutención y cuidado de los nuevos padres y de sus hijos.

El embarazo adolescente es un tema que ha sido abordado e internalizado dentro de nuestra cultura como un asunto familiar privado, de forma que en la familia recae la educación sexual, la orientación y el soporte a la crianza. Esta carga asumida suele superar en creces los recursos del núcleo familiar.

De esta manera, ante la precariedad de las políticas de salud pública en los temas relacionados a la educación sexual, es la familia la que asume la carga de educar y acompañar a las nuevas generaciones contando únicamente con sus recursos domésticos: experiencia, información disponible y voluntad, en un contexto de carencia de instituciones públicas que orienten y atiendan la realidad, las familias quedan a su suerte.

Las vivencias y los cambios dentro de la familia de Nayreth representan la historia de miles de familias venezolanas que han asumido responsabilidades en cuanto a la educación sexual de sus hijos contando exclusivamente con sus creencias y conocimientos, debido a la falta de garantías por parte del Estado sobre la difusión de información sexual y el apoyo familiar. Es en este sentido que, a partir de nuestra labor como sociedad, se hace imprescindible afianzar y promover la orientación y educación sexual, ya que es uno de los tantos desafíos a los que se enfrenta la población joven.

* Licenciada en Psicología graduada de la UCAB, especialista en acompañamiento psicosocial en el programa Vamos Convive, de Mi Convive.

Bibliografía

  • Aguilar, L., Barroeta, G., Guillén, D y Rodríguez, L. (2021). Maternidad adolescente: Apuntes derivados de una experiencia. Alternativas cubanas en psicología, 9 (27). Recuperado en acupsi.org
  • Rojas, Indira (2021). “Eres muy joven para hablar de esto”. Recuperado de Factor Prodavinci
  • Fonseca, E. (2019). Análisis dinámicas familiares, redes de apoyo y embarazo adolescente. [Tesis de especialización no publicada]. Universidad El Bosque.
  • Mi Convive A.C. (2023, 10 de octubre). Embarazo juvenil (Núm. 1) [Pódcast de video]. Háblame convive por Vamos Convive.
 
 
Mi Convive gradúa a 265 jóvenes caraqueños en diferentes oficios
Los cursos son anuales o cuatrimestrales y otorgan certificación oficial: un título técnico en oficios, avalado por el Instituto Provincial de Formación Laboral

Foto: Mi Convive

La ONG Mi Convive celebró el pasado viernes la graduación de 25 jóvenes en la cuarta cohorte de oficios del programa Vamos Convive, en las instalaciones de la Escuela Enrique de Ossó, en Artigas, Caracas.

13 jóvenes, oriundos de distintas comunidades de la capital como El Cementerio, la Cota 905, La Bandera y Coche, recibieron su título en servicio técnico telefónico, gracias a la alianza entre Mi Convive y la empresa Canguro. Los estudiantes brindaron jornadas gratuitas de diagnóstico de celulares a los vecinos de El Cementerio como parte de sus prácticas.

Asimismo, 12 aspirantes provenientes de Artigas, El Guarataro y la avenida Morán, de la Parroquia San Juan, se graduaron de maestros pintores, formación que estuvo a cargo de Pinturas Pineco, aliada de la organización social, en los espacios de la Escuela Técnica Enrique de Ossó – Fe y Alegría. A raíz de esta formación, se realizaron intervenciones en espacios de la Escuela Enrique de Ossó y en el Bloque 1 de Artigas.

«Un programa de acompañamiento y capacitación juvenil que busca prevenir la violencia en adolescentes y adultos jóvenes de comunidades vulnerables», así describe la ONG a su programa Vamos Convive que, desde 2019, brinda estudio integral con información y entrenamientos propios en cada oficio.

Además de la formación práctica y completa que dan a los participantes, Mi Convive procura dar acompañamiento integral. Se enseñan conocimientos en el área psicosocial, como comunicación asertiva, género y sexualidad, prevención de consumo de sustancias, trabajo en equipo, entre muchos otros.

Nueva cohorte formada por Mi Convive en Caracas
Cuarta cohorte formada por Mi Convive. Foto: Mi Convive

De acuerdo a la ONG, su programa ha reducido entre un 25% y 40% conductas de riesgo relacionadas al consumo de sustancias, contacto con bandas delictivas y con personas de estilo de vida violento de sus participantes.

El reto de estudiar y formarse en Venezuela

Iniciativas como Vamos Convive dan una pequeña esperanza para buena parte de los jóvenes venezolanos, quienes se encuentran inmersos en una dinámica de hiperinflación, precarias condiciones en los servicios públicos, colapso del sistema sanitario e inseguridad social.

Según el Índice de Criminalidad por País 2023 Mitad de año elaborado por Numbeo, Venezuela ocupa el primer puesto de Sudamérica como el país con mayor riesgo de robos, hurtos, secuestros y homicidios en la región. Alejar a la juventud de este ambiente violento, mediante el estudio y la formación parece ser la respuesta de distintas ONG para garantizar su futuro.

Pero no es una tarea sencilla la que realizan las ONG como Mi Convive. La ENJUVE 2021 reveló que cerca del 40% de los jóvenes no estudia ni trabaja.

Formarse y trabajar al mismo tiempo parece misión imposible en el contexto criollo. Solamente el 4% de los encuestados estudia y trabaja al mismo tiempo. Al cuestionar sobre qué consideraban más importante para su futuro, más del 40% afirmó que cursos cortos, hacer cosas prácticas o trabajar para aprender en el camino eran mejor opción que realizar un estudio superior.

¿Cuánto cuesta estudiar en Venezuela?

La paulatina pérdida de interés de la juventud por alcanzar un estudio universitario también se explica por los altos costos de mantener una carrera de 5 años sin posibilidad de obtener un empleo bien remunerado en el proceso formativo.

En agosto, El Diario compartió cuánto costaba la formación superior en las principales universidades privadas de Caracas. Los precios oscilaban desde los 600 $ por semestre y podían ascender hasta los 2.800 $, dependiendo de la casa de estudio.

A un estudiante o empleado que perciba salario mínimo (Bs. 130), le tomaría 14 años de trabajo pagar un solo semestre en alguna universidad privada de Caracas. En este sentido, el acompañamiento y labor de Mi Convive y otras ONG parece una necesidad para la juventud venezolana.

Donde formarse en Venezuela

Venezuela Sin Límites es otra ONG que suele ofrecer cursos de capacitación laboral en diferentes áreas, como educación, salud, cultura, deporte, entre otras. La formación es gratuita, modular y basados en competencias laborales, según las necesidades y demandas de la zona.

Por otra parte, institutos como EDTécnica, en el centro de Caracas, ofrecen formación a bajos costos en el área tecnológica. Así como también en marketing y diseño gráfico. El Instituto Tecnológico Luisa Cáceres de Arismendi también ofrecen cursos formativos prácticas en sinfín de áreas y ramas. No hace falta pagar inscripción y dan certificación al finalizar la formación.

 

Monitor de Víctimas | Misión de la ONU: 4to año consecutivo confirmando graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela
¿Para qué sirve el informe ONU si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, para que las violaciones a los DD. HH. no queden olvidadas como anécdotas

 

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El pasado miércoles 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (Fact Finding Mission, en inglés) sobre Venezuela publicó su 4.° informe sobre los descubrimientos del último año, titulado “El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático” (para acceder a todos sus informes puede dirigirse a esta página). Estas son misiones de la Organización de las Naciones Unidas enviadas a áreas conflictivas con la finalidad de recabar evidencia e información con respecto a un conflicto o situación particular.

En septiembre del año 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión de Determinación de Hechos (FFM, siglas en inglés) en Venezuela con el objetivo investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado Venezolano desde el año 2014. Si bien la misma tenía un plazo inicial de un año, ha sido extendida en tres ocasiones por encontrar motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados constituían crímenes de lesa humanidad. Además, después de 4 años, el gobierno nacional no permite la entrada de oficiales de la misión, por lo que las investigaciones son llevadas a cabo a distancia.

Entonces, ¿qué dice este nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país?

Monitor de Víctimas fue referenciado 13 veces en el informe como medio para sustentar, comparar y visibilizar denuncias de violaciones de derechos humanos. El mismo, que estudia el periodo específico entre enero del 2020 y agosto del 2023, establece que la misión tiene motivos razonables para creer (estándar de prueba utilizado para sus investigaciones -o, en castellano- el criterio por el que la misión da por probado o no un hecho) que el Estado Venezolano:

  • Es responsable de al menos 53 privaciones arbitrarias de la vida, que se refiere a “un acto u omisión deliberados o previsibles y evitables, destinados a infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida” de una persona. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos y protestas, pero también la responsabilidad del poder negar cuidados médicos necesarios a personas detenidas que terminaron falleciendo.
  • Estos números, que aparentan estar incompletos, responden a la rigurosa metodología que debe implementar la FFM para la comprobación de los hechos, teniendo que enfocarse en casos específicos para poder llevar a cabo todas las averiguaciones necesarias (lo cual añade más contundencia a los casos comprobados).
  • Ha cometido desapariciones forzadas, manteniendo desaparecidos hasta por diez días a personas detenidas, sin informar a sus abogados o familiares e incluso llevándolas a casas clandestinas antes de llevarlos a un centro de reclusión oficial.
  • Ha llevado a cabo al menos 58 detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales. La mayoría de ellas, sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento y, comentan, atribuidas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
  • Ha detenido arbitrariamente a familiares de sospechosos, sin tener evidencia alguna de vinculación con los presuntos hechos, esto como forma de presión y tortura a los detenidos. Estos familiares, en su mayoría, son mujeres.
  • Puso en marcha políticas de tortura con miras en “silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” e incluso de extraer confesiones falsas. Las mismas incluyen: “Golpizas, suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado”. Esto además de tortura psicológica, como amenazas de hacer daño a familiares. Muchos de estos abusos ocurren en centros de reclusión oficiales, pero también a lo largo de todo el país en casas clandestinas (recomendamos leer Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas, de ArmandoInfo).
  • Usó las violaciones, la amenaza de violación, los registros invasivos y la desnudez forzada como formas de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno. Con respecto a la violencia de género, señalan que “las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas»‘. Esta técnica de represión y tortura suele ser mayormente utilizada contra mujeres. Sin embargo, los hombres no han estado exentos de ellas.
  • Ha puesto en marcha ataques, amenazas, vigilancia y acoso, descrédito y censura como forma de represión sistemática, ya sea mediante intervenciones directas o mediante acciones de intimidación y vigilancia. Esto mediante el uso de funcionarios del Estado, pero también a través de “colectivos” y grupos civiles adeptos al Gobierno.

Además de señalar todos estos hechos, el informe hace especial mención a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como una de las estructuras más implicadas en graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. De hecho, Monitor de Víctimas ha registrado al menos 891 homicidios cometidos por funcionarios de este cuerpo policial (aunque estima que el número real es significativamente mayor), incluyendo unas 603 supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Luego de la recomendación de la comisión en 2020 de “desmantelar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación”, no fue sino hasta julio del año 2022 que el Gobierno supuestamente las disolvió. Sin embargo, tal como hemos denunciado desde Monitor de Víctimas (La DAET: cambio de siglas, igual letalidad) y otras organizaciones de derechos humanos (Provea con ¿Disueltas las FAES?), la comisión establece que esta “disolución” no fue más que una medida disuasoria para despistar a la comunidad internacional, manteniéndose gran parte de su estructura, modus operandi y letalidad en un nuevo cuerpo policial: la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

En conclusión, el informe establece que las graves violaciones de derechos humanos registradas de forma más reciente (2020-2021) en Venezuela sigue el mismo patrón de ataque sistemático contra la población civil, identificado y calificado como crímenes de lesa humanidad en informes previos.

Así mismo, comentan que, si bien últimamente el Estado ha sido más selectivo y optado por medidas más “blandas” de represión, esto responde a un intento de anular al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado y al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos, mostrando capacidad y disposición a recurrir a una línea represiva más dura, contundente y violenta a mera conveniencia.

¿Para qué sirven este tipo de comisiones e informes si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, a pesar de que la mayoría de ciudadanos estamos al tanto de este tipo de ataques, la comisión ayuda a que estos sucesos no queden olvidados como anécdotas, sino que puedan quedar establecidos a escala mundial como hechos comprobados con responsables directos e indirectos. Además, si bien la comisión no toma acciones directas, sus informes, testimonios y existencia ayuda a generar costo político sobre las violaciones de derechos humanos y presiona al Estado venezolano a actuar. De esta forma, si bien no ha habido avances significativos en temas de derechos humanos en Venezuela, existen casos particulares en los que, tras ser reseñados por la comisión, se han liberado personas detenidas arbitrariamente o se ha avanzado en la judicialización de funcionarios responsables de muertes.

Caracas Mi Convive Abr 21, 2023 | Actualizado hace 2 meses
Jóvenes en el desierto
En el Estado ausente, todo el peso social reposa sobre los hombros de la familia, de lo doméstico, y en forma particular, de los jóvenes

 

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“Aranza, mi segunda hija, estaba en clases de música. Debido a la situación del transporte, que no nos alcanza el dinero para los pasajes de ida y venida, no pudo continuar. Era todo un proceso para poderla llevar, desde El Valle a Montalbán. Y comenzó mi preocupación porque allá ella tenía su disciplina. Ahora no tiene otra actividad además de los estudios. Ha estado muy sedentaria y quiere estar metida en la tablet nada más. Yo le digo ‘bueno y entonces, Aranza, ¿qué vas a hacer tú, en tu vida? Vete en mi espejo, que después me arrepentí’. Quiero que sea independiente, que aprenda a defenderse, porque el día de mañana cuando yo no esté, tiene que poder hacer sus cosas”, comenta Andrea, madre residente de El Valle, al equipo de Vamos Convive, un programa de la ONG Mi Convive dedicado a la atención de jóvenes en situación de riesgo por la violencia armada en Caracas.

Andrea no es la única. Su preocupación está enmarcada en un duro contexto país. Hoy la gran mayoría de adolescentes y jóvenes estudiantes en Venezuela solo tiene actividades escolares entre dos y tres días a la semana. Es un modo de supervivencia de las escuelas, frente a las muchas y complejas deficiencias en recursos, personal profesional e infraestructura. “Eso es lo normal. Ahorita todos estudian así”, suelta Aranza de 15 años, en la conversación mientras scrollea videos en TikTok con Calm Down de Selena de fondo.

No es solo que no hay clases diarias, la crisis también se expresa en el absentismo. Durante el año escolar 2021-2022 la inasistencia escolar se ubicó entre 20 % y 50 %, según la ONG Con La Escuela, es decir, los estudiantes perdieron de 40 a 100 jornadas de clases, de los 200 días que tiene el año escolar.

¿Dónde están los estudiantes si no están en el aula? Estudiar, salir al cine, tener tiempo para ejercitarse, acudir con regularidad a un chequeo médico, pasear con amistades. En la Venezuela de 2023, estos verbos son un privilegio para adolescentes y jóvenes. ENJUVE estima que el 11 % de los varones entre 15 y 17 años de edad que no estaban inscritos en el sistema educativo para 2021 se había retirado para trabajar.

Este porcentaje se incrementa para los jóvenes varones entre 18 y 24 años (16 %) y entre 25 y 29 años (17 %). En el caso de las mujeres, la diferencia es poca, pero tienden al alza: 14 % entre las adolescentes y 18 % tanto para el renglón entre 18 y 24 años como para las que tienen 25 y 29 años. Además, mientras ninguno de los adolescentes varones encuestados asegura que la razón para salir del sistema educativo sea hacerse cargo de los cuidados del hogar, las adolescentes mujeres tienen un porcentaje de 13 % en esta categoría.

Los ciudadanos son los que asumen las labores de un Estado ausente. La fragilidad se expresa no solo en el sistema educativo, sino también en las deficiencias de las instituciones de salud (que hace que sean los pacientes los que lleven los insumos operatorios cuando requieren una intervención), los salarios destruidos en medio de una economía anómala de inflación y desigualdades, la condición caótica de los servicios básicos (que hace que las personas busquen resolver con propias manos instalando plantas eléctricas, tanques de agua y otros), un gobierno de corrupción voraz y campante que colecciona décadas de saqueo.

En general, coexistimos en un desierto baldío de instituciones sólidas que acompañen y atiendan las necesidades de los hogares venezolanos.

La expresión de preocupación de Andrea como madre, aunque pueda resultar cotidiana y trivial, es manifestación de una realidad profunda de la familia venezolana. Es un síntoma del escenario de desamparo general que conlleva a situaciones de riesgo y vulnerabilidad para los jóvenes. ¿Cómo resolver? ¿cómo la familia se da abasto para enfrentar las necesidades de educación, salud, sustento, movilización y recreación? ¿de qué echar mano para construir una vida con oportunidades y espacios de desarrollo personal y social?

Estas son algunas de las interrogantes que nos ocupan el pensamiento cuando observamos los datos publicados por el estudio PsicoData 2023 de la UCAB. En este se indagaron distintas características psicosociales de la sociedad venezolana. Entre ellos, el apartado de Apoyo Social Percibido examina las redes y recursos sociales con que cuentan las personas. La encuesta preguntaba adónde recurre la gente para solventar sus problemáticas y necesidades: el 67 % afirmó que apela a la familia, el 30 % a amistades y vecinos, y solamente el 9 % expresa que acude a las instituciones cuando necesita ayuda: públicas, políticas, religiosas o deportivas.

Este hecho nos parece resaltante. En primer lugar, señala una sobrecarga importante, casi diríamos asfixiante, sobre la familia y el nivel doméstico en la resolución de las necesidades básicas de vida. Pero, además, confirma nuevamente la condición de desamparo institucional para los hogares venezolanos. Implica la falla estatal en su rol de proporcionar seguridad social que arroja a los ciudadanos a la jungla de la supervivencia.

Una jefatura con mucho costo

Mirtha es una representación de este análisis. Es una joven de 25 años, quien en 2017 quedó como la principal cuidadora de su hermano de 6 años, una vez que sus padres emigraron. “Tomar ese rol de mamá también ha sido fuerte porque es como que mira, aquí tienes un niño de 6 años. Es como que toma, críalo. A pesar de que la comunicación con mi mamá es constante y ella me puede decir algo o si el problema con mi hermanito fue muy fuerte ella es la que termina hablando con él; hay cosas menores que en la casa tengo que trabajar con él. A veces me acuesto y pienso: ‘Dios mío, cómo hago con este, para que no sea un niño flojo cuando esté grande sea un niño en lo que cabe independiente y todas esas cosas»‘, dijo al equipo de Comunifilm, productores de la serie documental Lejos de casa, publicada por Cecodap, una organización con más de tres décadas de trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

El adelanto de la carga familiar sobre los hombros de adolescentes y jóvenes irrumpe en su desarrollo evolutivo. Rosa Pellegrino, psicóloga de Cecodap, lo planteó así en una entrevista radial: “Hablamos de un adolescente que evidentemente no es un adulto. Su desarrollo aún está ocurriendo, en el que tiene que desarrollar habilidades mediante procesos de socialización como lo es vincularse con sus pares, en la escuela o en eventos sociales. El permanecer en casa para asumir roles de adulto, incluso trabajar, trunca ese proceso; pues asume responsabilidades con las que incluso puede que no cumpla con las usuales como lo sería ir a clases”.

Su pronóstico empírico tiene relación con el que arroja el científico, de acuerdo con las proyecciones que realizan los investigadores de la Encuesta Nacional sobre la Juventud 2021 (ENJUVE). Según este estudio, 1 millón y medio de adolescentes y jóvenes venezolanos (de 15 a 29 años de edad) están al frente de la jefatura del hogar donde residen. Son quienes llevan la carga económica de la familia, les toca asumir responsabilidades de sustento, protección y cuidado, dentro del contexto en que se dificultan las capacidades de los encargados de un hogar para mantener las necesidades básicas de sus miembros; incluso más, cuando este “cargo” les llega de forma intempestiva. Son adolescentes y jóvenes con más de un derecho coartado por esta situación, y como piezas de dominó en fila, afectar un derecho corrompe otros.

No se entienda que estamos en contra de que la familia juegue un rol importante en la satisfacción de requerimientos básicos, o que a nivel comunitario las personas se organicen y satisfagan parte crucial de sus situaciones; lo que queremos resaltar es la implicación que tiene el hecho de que en detrimento de tener en sus manos una enorme responsabilidad y poder político, económico, administrativo y armado, el gobierno está divorciado de la construcción de garantías de bienestar humano, en una situación que describe en gran medida las características de un Estado fallido. Y todo ese peso social está reposando sobre los hombros de la familia, de lo doméstico, y en forma particular, de los jóvenes.

* Vanessa Moreno es periodista, activista por los derechos humanos de la niñez y adolescencia, coordinadora de comunicación de CECODAP.

* Ernesto Rodríguez, Psicología Social, activista por los derechos humanos de la adolescencia y juventud, coordinador del programa Vamos Convive de Mi Convive.

Roberto Patiño Feb 16, 2023 | Actualizado hace 2 meses
Diez años de Mi Convive
Al llegar a los diez años de Mi Convive es imposible resumir su alcance en un puñado de líneas. No hay espacio ni tiempo para hablar en pasado de una idea que es, hoy más que nunca, un verbo que se conjuga en tiempo presente

 

@RobertoPatino

Al llegar al décimo aniversario de la puesta en marcha de la organización social Mi Convive, afrontamos como un reto, que nos llena de orgullo, tratar de describir el alcance de un proyecto que ha llegado a más de quince parroquias en toda Caracas. Una iniciativa de promoción de la actividad comunitaria para la participación ciudadana que ha sobrepasado nuestros mejores deseos con que comenzamos el trabajo hace una década.

Mi Convive nace como un proyecto para la acción social en las comunidades más vulnerables y con altos niveles de violencia. Su objetivo es lograr la participación ciudadana que permita ganar espacios para la convivencia y generar redes de confianza que ayuden y comprometan a los vecinos a explorar líneas de trabajo para hacer frente a sus problemas.

Este empeño por generar confianza entre nosotros, para aprender a ponernos de acuerdo y hacer frente a los problemas, es un proceso de aprendizaje constante que llevamos adelante con proyectos concretos como la recuperación de espacios públicos que desplacen la violencia y transforme estas zonas de las comunidades en un lugar de encuentro; con Vamos Convive buscamos la formación de jóvenes para su inserción laboral dando opciones de vida a la juventud alejándolos de la violencia.

Aliados para el cambio

Aliados para el cambio

Con la Red Solidaria ayudamos a formar a la nueva generación de líderes que apoyen el trabajo de la comunidad mientras que con Voces Visibles y el Monitor de Víctimas contribuimos a empoderar a las víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales elevando la voz por el respeto a los derechos humanos y documentando cada caso, para hacer seguimiento y lograr la justicia para sus familiares.

Un esfuerzo que muestra que se puede trabajar con la gente, codo con codo, apoyando los liderazgos naturales de todo color que surgen y se construyen de abajo hacia arriba y que trabajan para organizar a las comunidades en procura de alcanzar mejores condiciones de vida, un esfuerzo que demuestra que la polarización extrema no beneficia a nadie y que hemos logrado trabajar juntos a pesar de las diferencias políticas.

En estos diez años hemos alcanzado quince parroquias en Caracas. Hemos llegado a más de 3000 beneficiarios directos, más de mil personas sensibilizadas en talleres sobre la violencia, se han identificado más de 400 puntos calientes, se han recuperado 25 espacios y se han hecho más de diez informes registrando la violencia criminal, los casos de ajusticiamientos extrajudiciales y también los principales problemas que aquejan a las distintas parroquias.

Como se puede ver, todo un compendio de estadísticas que aún no logran reflejar el verdadero alcance de una idea que se inició hace diez años y que hoy es una contribución para apoyar un valor que hemos identificado en la cultura venezolana: su capacidad para resistir y reinventarse frente a las dificultades.

Si Mi Convive ha crecido más allá de los límites que impone un proyecto atado a un presupuesto es porque hemos coincidido, en nuestros valores y compromiso de trabajo, con una aspiración profunda del venezolano, su compromiso por resistir todos juntos, sin dejar nadie afuera, a la crisis humanitaria compleja.

En la actualidad los especialistas llaman a este compromiso con la vida “resiliencia”. Para nosotros no es una idea nueva. Aunque ahora se le bautice con este nombre, la hemos visto en los jóvenes que se forman en oficios y sus padres, en quienes se incorporan al trabajo para recuperar una cancha deportiva, en la voz de un líder comunitario que ha entendido que los verdaderos liderazgos nacen en el compromiso de trabajo con las comunidades, escapando los límites que a veces imponen las organizaciones políticas y las redes sociales.

Al llegar a los diez años de Mi Convive podemos decir con satisfacción, que es imposible resumir el alcance de la organización en un puñado de líneas. No hay espacio ni tiempo para hablar en pasado de una idea que es, hoy más que nunca, un verbo que se conjuga en tiempo presente y futuro, un proyecto que se ancla en nuestra resiliencia diaria y en nuestra vocación por el cambio pacífico que quiere Venezuela.

*Fundador de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive | rpatino.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Roberto Patiño Feb 02, 2023 | Actualizado hace 2 meses
Educando en la calle
Los maestros, con su presencia en la calle, nos enseñan que es falso que el venezolano esté condenado a dos opciones: o salir del país o aceptar las imposiciones del régimen

 

@RobertoPatino

Leales a su compromiso de vida, los educadores venezolanos están haciendo otro ejercicio de pedagogía social al obligar a recordar al régimen, con su presencia en la calle, que al lado de unos pocos privilegiados existe una mayoría de ciudadanos que sobreviven a la estela de dos megadevaluaciones que sacudieron al país durante el 2022, un gremio que concentra en su voz y en su protesta, el reclamo de millones de venezolanos amarrados a un sueldo que no da garantías de subsistencia.

Los maestros han vuelto a la calle a sabiendas de que el 2023 será un año duro, marcado por un salario miserable de solo 6 dólares mensuales, mayor desempleo, la migración y la crisis humanitaria, si el régimen prosigue en su empeño de colgar sobre las espaldas de los empleados públicos el costo de su incapacidad para controlar el gasto del Estado y la presión alcista del dólar, imponiendo recortes y desconociendo los logros alcanzados en sus luchas sindicales a través de mecanismos como el lamentablemente Instructivo ONAPRE.

“No me quiero ir, yo quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país” ha sido una de las consignas que más se han repetido durante las jornadas de protestas que han cruzado el país en los últimos días, sumando un estimado de cuatrocientas en casi todos los estados de Venezuela, según el registro hecho por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hasta el jueves 19 de enero.

Existe un compromiso firme de los docentes, que no se diluye con la entrega de cajas CLAP o esporádicos bonos desembolsados por Miraflores (apenas 29 dólares) y que no cede el terreno ante las amenazas de colectivos pues, como bien lo indica la líder Elsa Castillo, “hace rato que el miedo se cambió de acera, el miedo ya no se encuentra en esta acera de lucha, se encuentra en la acera de los opresores, en la acera de los que violan la ley”.

Nuestros maestros, y junto con ellos otros sectores de la administración pública como el personal sanitario y los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, han regresado al cemento y al asfalto para señalar que la crisis en la administración pública es sistémica, amarrada a una política económica errática, donde parecen privilegiarse unos pocos. Un sistema donde se desconocen las cifras reales de la economía, donde se maneja de manera discrecional el presupuesto del Estado y donde se busca sustituir el salario con bonos, discursos ideológicos, reconocimientos vacíos al sacrificio y promesas etéreas que nada tienen que ver con la realidad de millones de ciudadanos.

A estas alturas todos tenemos claro que el mito revolucionario que afirmaba que “Venezuela se arregló”, murió a finales del año pasado como queda claramente demostrado en las manifestaciones de los trabajadores venezolanos, que exigen condiciones de vida dignas a un régimen que les miente.

Frente a un 2023 tan complejo como el que tenemos por delante, todos debemos unirnos, incluyendo los partidos políticos, dejando de lado las divisiones y mezquindades y dirigir los esfuerzos para apoyar las reivindicaciones de los servidores públicos.

Los educadores han dado la cara nuevamente, representándonos a todos nosotros y en su lucha nos han educado como sociedad, demostrado que es falso que el venezolano esté condenado a dos opciones: o salir del país o aceptar las imposiciones del régimen. Hay otro camino posible, la organización social y la resistencia frente al régimen. La lucha pacífica para lograr la Venezuela del cambio que todos queremos.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

*Fundador de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive | rpatino.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Justificar es complicidad: cuidemos cómo hablamos de las víctimas
Comentarios como ‘seguro lo mataron por malandro’, va en contra el derecho a la vida, que busca protegernos de Estados y funcionarios policiales que actúen como jueces y verdugos

 

@miconvive

A todos nos gustaría creer que el mundo es un lugar justo y predecible, donde todo lo que ocurre tiene un sentido lógico y en el cual “las cosas malas pasan por algo”. De hecho, el psicólogo experto en violencia, Ervin Staub, plantea que todos los seres humanos compartimos ciertas necesidades básicas, entre ellas, la necesidad de seguridad. Con ello, se refiere a una necesidad universal y compartida de sabernos, o al menos creernos, a salvo de daños físicos y psicológicos del exterior y con la capacidad de protegernos ante posibles ataques.

La satisfacción de estas y otras necesidades son fundamentales para mantener un adecuado funcionamiento interno en los seres humanos. Sin embargo, en nuestro esfuerzo por conseguirlo podemos no solo llegar a conclusiones discriminantes y erróneas, sino resistirnos a cambiarlas y, por si fuera poco, actuar con base en ellas. Muchas veces las consecuencias de equivocarnos por asumir algo son simples: perdemos el autobús por creer que saldría a una hora o nos perdemos de una buena película porque su portada nos hizo estar seguros que no valía la pena.

¿Pero qué pasa cuando estas creencias nos llevan a profundizar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares? ¿Hasta qué punto pueden volvernos cómplices?

Esto es especialmente importante en una realidad como la que viven muchas comunidades vulnerables en Venezuela, y en especial, la de los hombres jóvenes que habitan en ellas, la cual se ha visto marcada por la violencia. Solo en Caracas, Monitor de Víctimas ha contabilizado al menos 4665 muertes violentas desde marzo del 2017, con un 39,87 % de ellas a manos de fuerzas de seguridad del Estado.

Los operativos policiales en Venezuela, como los llevados a cabo durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), son sinónimo de abusos, miedo, dolor y muerte en cada una de las comunidades donde fueron llevados a cabo, dejando atrás un rastro de al menos 1860 presuntas ejecuciones extrajudiciales y, con ellas, miles de madres, padres, hijos y hermanos, todos víctimas secundarias marcadas para siempre por el dolor de perder un familiar a manos de una violencia estatal desproporcionada.

En un contexto así, en el que la muerte está a la orden del día y las personas no sienten confianza en aquellos que se supone deben protegerlas, es posible caer en la justificación del actuar de la policía y las violaciones de derechos humanos como una forma de satisfacer, hasta cierto punto, la necesidad de seguridad. Por lo tanto, culpabilizar a la víctima se convierte en una forma de convencernos de que “si hacemos las cosas bien, seguimos las reglas y no cometemos ningún delito, estaremos a salvo”. Con lo cual, no es extraño para las víctimas secundarias escuchar comentarios del tipo “Si lo mataron, por algo sería” o «seguro lo mataron por malandro», palabras bastante crueles que en ocasiones surgen de personas cercanas o familiares.

Sin embargo, a diferencia de los errores frecuentes e intrascendentes mencionados al inicio, tomar esta postura tiene consecuencias graves para nuestra vida en sociedad y contribuye a perpetuar el problema del que pretende defendernos.

En un principio, pensar de esta forma va en contra de un derecho humano tan fundamental como es el derecho a la vida, el cual es inherente a cada ser humano por el simple hecho de existir y que busca, en casos como estos, protegernos de Estados y funcionarios policiales que actúen como jueces y verdugos. Así, todo individuo tiene derecho a vivir libre y seguro, siendo responsabilidad del Estado tomar medidas para preservar este derecho.

Incluso en casos donde la víctima pudiera haber cometido algún delito, el Estado tiene la obligación de seguir el debido proceso, aplicando correctamente las leyes y respetando la dignidad humana.

Por tanto, avalar este tipo de acciones significa aceptar que el Estado y, por ende, los funcionarios, puedan establecer los criterios según los cuales un individuo merece morir, permitiéndoles poner a cualquiera en el punto de mira. Incluso por motivos políticos.

Además de ello, este tipo de creencias profundiza el dolor y el sufrimiento de las víctimas secundarias, quienes no solo han tenido (y tienen) que lidiar constantemente con el dolor y el trauma de perder un ser querido de forma violenta por la decisión arbitraria de aquellos que juraron protegerlos, sino que además se vuelven víctimas del estigma social de familiares y amigos, personas que en cualquier otro contexto deberían ser un apoyo.

Como si no bastara con la desconfianza hacia las instituciones de justicia que son indiferentes sobre su situación o con las consecuencias económicas de perder un sostén de familia, el estigma las fuerza a aislarse, a callar cuando quieren alzar su voz y a evitar expresar su dolor por miedo a ser juzgadas. No debería ser polémico decir que todos merecen tener derecho a defenderse, a ser tratados con justicia y, en el caso de las víctimas secundarias, a llorar a sus familiares.

Finalmente, comentarios que explícita o implícitamente sugieran que las ejecuciones extrajudiciales son algo merecido solo contribuyen a profundizar la desvalorización de poblaciones vulnerables mediante la representación negativa de las víctimas, acciones que perpetúan estereotipos nocivos y discriminantes y facilitan la aceptación del discurso violento del Estado que busca justificar e incluso hacer ver como algo necesario y positivo las violaciones de derechos humanos.

Desde Mi Convive trabajamos diariamente en pro de la disminución y prevención de la violencia en cualquiera de sus formas y del respeto de los derechos humanos, por lo que rechazamos cualquier intento de justificar políticas estatales que violen los principios básicos de la dignidad humana y señalen como enemigo a una población con base en generalizaciones que no dan lugar a la aplicación precisa y oportuna de la ley.

De esta forma, creemos en el registro de información sobre estas graves violaciones de derechos humanos, como lo fue la investigación “Diez que son miles”, como forma de visibilizar, denunciar y, aunque a veces sea difícil, intentar obtener justicia para las víctimas. Por eso, a través de nuestro programa “Voces Visibles” buscamos dar un espacio seguro a las víctimas secundarias de las ejecuciones extrajudiciales para que puedan hablar libremente, sentirse apoyadas y empoderarse en la búsqueda de un país libre de injusticias, visibilizando una realidad que se busca esconder,

Diez que son miles

Diez que son miles

El venezolano y su orgullo por ser independiente
El venezolano tiene una subjetividad independiente, el impulso a la autonomía no se ha inhibido a pesar de las intenciones del Estado, según informe del CIP

 

@RobertoPatino

Hace unos días el Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno difundió su informe sobre las Dinámicas Comunitarias: “Vivir en Venezuela”. En el documento se plasman seis meses de investigación rigurosa, con un alto nivel profesional, que describe las estrategias de vida y supervivencia de muchos venezolanos.

El Centro de Investigaciones Populares, CIP, realiza estudios sistemáticos desde la socio-antropología del venezolano popular, para describir y entender su vida cotidiana, afectiva, su familia y las estructuras de convivencia colectiva. Una escuela de investigación y formación con más de treinta años de servicio público, un referente necesario para todas las personas y organizaciones que trabajan en Venezuela.

En sus páginas nos encontramos con información valiosa sobre los principales problemas de la gente, el modo en que se organiza para tratar de hacer frente a la crisis, las experiencias con las bandas delictivas, el tráfico de personas y los abusos de los cuerpos de seguridad. Un compendio de experiencias vitales expresadas desde la voz de sus propios protagonistas; una investigación que nos muestra, entre otras muchas facetas de la vida del venezolano, cómo se vive en una familia desgarrada por la migración o la capacidad que tienen las comunidades organizadas para resistir ante los intentos del régimen de imponer una forma de “organización comunal” ajena a las propias comunidades que se anclan en el verdadero poder de lo popular.

Resulta revelador encontrar en el informe algo que veníamos percibiendo en nuestro trabajo, a saber, el rechazo que existe en el pueblo a depender de los del régimen (cajas CLAP o cilindros de gas). Aunque muchos reciben estas cajas, movidos por la necesidad, la mayoría (el 89 % de los entrevistados) preferiría tener sus propias opciones basadas en una verdadera autonomía económica. La gente sabe que estas “políticas sociales” tienen un claro objetivo de control sobre las comunidades, una estrategia ajena a la vocación que anida en nuestro pueblo por ser autónomos e independientes del poder, en las propias palabras del estudio: “aunque el régimen ha diseñado políticas para contribuir una subjetividad dependiente, el impulso a la autonomía no se ha inhibido a pesar de las intenciones del Estado”.

Lo hemos visto  en nuestra experiencia de trabajo en los comedores de Alimenta la Solidaridad, en los esfuerzos por la recuperación de los espacios deportivos, en el apoyo a las formas de organización popular e impulso de los liderazgos que existen en las comunidades: los venezolanos somos gente sanamente orgullosa, que quiere  ser independiente y controlar su propio destino, deseamos mejores condiciones de vida logradas con nuestro propio esfuerzo, no queremos nada regalado y desconfiamos de quienes así lo ofrecen.

Los intentos del régimen por adocenar a una sociedad e imponer un liderazgo a cambio de los beneficios de las llamadas “Misiones” no encuentran el eco necesario en las personas, no suman voluntades, no convoca a la gente. Los líderes designados por estructuras verticales están condenados a marchitarse. Esto es una realidad que hemos visto con nuestros propios ojos y que queda refrendado en el trabajo del Centro de Investigaciones Populares.

En un tiempo tan complejo como el que vive Venezuela, estos estudios son necesarios para quienes trabajamos con la gente, quienes hemos decidido apoyar a los verdaderos liderazgos populares que nacen y crecen arraigados en las propias comunidades, de abajo hacia arriba, luchando por resistir a los chantajes del poder y trabajando por la Venezuela del cambio que todos queremos.

Agradecemos los esfuerzos del Centro de Investigaciones Populares por darle forma, y profundidad conceptual a lo que hemos constatado en nuestra propia experiencia, su investigación nos ayuda en nuestro trabajo y reafirma el compromiso de lucha y servicio por el país que todos queremos.

Para más información sobre, haz clic en este enlace: CIP.

Aliados para el cambio

Aliados para el cambio

*Cofundador de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive | rpatino.com

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