Un informe indica que Venezuela es el país con menos libertad de prensa de la región
La detención y posterior liberación en Venezuela de los reporteros de la cadena colombiana NTN24, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, así como de los activistas de la ONG Fundaredes, Juan Salazar y Diógenes Tirado, ha provocado el “rechazo” y la “indignación” en organizaciones pro-derechos humanos y libertad de prensa de la región latinoamericana.
Varios representantes, en declaraciones a la Voz de América, pusieron de manifiesto “el peligro que corren los profesionales de la información” a la hora de trabajar en el país liderado por Nicolás Maduro.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, expresó su “máxima preocupación por lo que está ocurriendo” en Venezuela e instaba a los funcionarios del Palacio de Miraflores a colaborar para “que haya una mejora en el estado de la libertad de expresión” en el país. Jornet es además el director periodístico de la Voz del Interior, un medio de Argentina.
El miércoles, los cuatro arrestados se habían desplazado al estado Apure para realizar una cobertura especial sobre el conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia.
A través de un comunicado al que ha tenido acceso la VOA, la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, confirmó que ellos habían sido detenidos por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sin motivo aparente y que desde las 4:18 de la tarde de ese día habían perdido el contacto con ellos.
“No entendemos las razones por las que fueron arrestados estos periodistas y estos activistas”, subrayó Jornet a la VOA al tiempo que exigía al régimen de Maduro a dar las explicaciones pertinentes para “esclarecer” lo ocurrido.
El jueves por la tarde, la cadena televisora confirmó que habían sido liberados pero señaló que tanto los periodistas como los activistas sufrieron heridas de diversa gravedad.
Situación agravada
La SIP es la entidad más reconocida en la región latinoamericana por el trabajo que sus miembros, colaboradores y directivos realizan para abordar la situación de la prensa en los distintos países del continente.
El año pasado se reportaron más de 800 ataques a la libertad de prensa en Venezuela, entre los que se incluyen detenciones a periodistas, activistas y manifestantes.
Jornet, encargado de velar por la situación de la prensa en la región, criticó la “censura permanente” y las “trabas en el ejercicio del periodismo” por parte del régimen de Nicolás Maduro.
En el 45º Informe Anual de Derechos Humanos, un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se analiza las vulnerabilidades entorno a los DD.HH., ya se exponía la situación que había en Venezuela.
Su portavoz, Namita Biggins, en entrevista con la VOA, recalcó la difícil situación en la que viven muchos medios y periodistas independientes a los que desde el Palacio de Miraflores se les intenta silenciar con acciones represivas.
“Existe una impunidad total, nadie está responsabilizando a estos perpetradores de abusos de derechos humanos”, alertó Jornet al respecto.
Venezuela, el país con menos libertad de prensa de la región
La SIP también ha reflejado esta crisis en torno a la libertad de prensa a través del Índice Chapultepec colocando a Venezuela en el puesto más bajo del ránking. El organismo considera que el ejecutivo es responsable del “mayor cerco institucional contrario a la libre circulación de ideas y al derecho a la información”.
“Por ello venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que se garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión en ese país y para que los medios de comunicación puedan informar libremente sin trabas”, expuso al tiempo que pedía que los profesionales “tengan acceso a los insumos”.
“No hay posibilidad de contacto con el gobierno de Maduro”
La SIP cuenta con un vicepresidente regional en Venezuela que conoce de primera mano lo que ocurre en el país. Sin embargo, Jornet lamentó la opacidad que existe en el régimen de Nicolás Maduro ya que, a pesar de los intentos para mantener un contacto fluido para tratar de abordar la crisis de la libertad de prensa, no han dado sus frutos.
“El diálogo con el gobierno venezolano hace tiempo que no es fluido, que no hay una frecuencia de reuniones. Mantener un contacto con Nicolás Maduro es imposible en estos momentos”, subrayó.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela también lleva mucho tiempo sufriendo los estragos a raíz de esta situación con la prensa en el país. “Estamos sumamente preocupados por la escalada que ha venido aumentado desde 1998 para acá contra los periodistas, tratando de cercenar la información oportuna y veraz que debemos comunicar a nuestro pueblo”, comentó Tinedo Guía, su presidente.
Es la misma opinión que comparte Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización no gubernamental que vela por la libertad de expresión y de prensa, al opinar que lo ocurrido con los reporteros y activistas se circunscribe a “un patrón de criminalización recurrente” entre los comunicados sociales del país.
El acuerdo internacional que protege la labor de los periodistas
Organizaciones pro-derechos humanos defienden la actividad de la prensa, especialmente en aquellos lugares de conflicto, como el registrado en los últimos diez días en la frontera colombo-venezolana.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que en un “conflicto armado interno”, los periodistas deben estar protegidos por el artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que establece que las personas civiles “gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”.
“En este caso se está violando porque lo que ha ocurrido inicialmente en el caso de estos periodistas es que ha habido una desaparición forzosa. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzosa, esta puede ocurrir sólo por el hecho de que estén desaparecidos por horas, no hace falta que transcurra un tiempo muy largo”, señaló.
En esa línea, Daniels agregó que cubrir la situación que se está registrando en Apure “no es ningún delito”, entre otras cosas, porque el derecho a la información no está suspendido.
“En el caso particular de los periodistas tiene una gravedad particular porque están haciendo su trabajo y en segundo lugar porque están privándonos a los demás de la información que ellos están teniendo”, exponía el experto en Derecho Internacional Humanitario.
La función “indispensable” de las ONGs
El papel de las organizaciones no gubernamentales también es clave a la hora de denunciar algunos hechos que suceden en Venezuela y que el gobierno trata de silenciar mediante los arrestos y la represión.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, la ONG a la que pertenecían los activistas arrestados, lamentó que este tipo de situaciones se han convertido en la tónica habitual en el país y condenó las últimas detenciones.
“Repudiamos este tipo de situaciones, de desapariciones forzadas de ciudadanos que están cumpliendo con su rol. En este caso, los activistas de derechos humanos documentando la situación del conflicto que hay en el estado Apure y los periodistas también tratando de mostrar al mundo lo que ocurre frente a la opacidad que se nos impone como normalidad en Venezuela”, apuntó.
