Cinco. Ese es el número de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han sido cuestionados por ciudadanos, cifra que representa el 1,17% del total de 424 abogados interesados en ingresar al máximo juzgado.
La información la suministró el secretario del Comité de Postulaciones Judiciales, Elvis Hidrogo, quien en conversación telefónica con El Universal, alertó que este 3 de diciembre cierra el lapso para que la colectividad formule objeciones contra los nominados.
Respecto a los cuestionados Hidrogo solo informó que Francisco Coggiola, exjuez rector de Aragua, es uno de ellos. «Ese es el nombre que recuerdo, porque esa impugnación la recibí el jueves y estuvo acompañada por una protesta de una representación del Poder Popular a las puertas de la Asamblea Nacional», se excusó, recordando que la instancia evaluadora está en estos momentos también entrevistando a los candidatos.
Coggiola, quien era vinculado al destituido Eladio Aponte, fue removido por el TSJ en septiembre de 2013.
No obstante, este diario tuvo acceso a documentos que revelan que la presidenta del Circuito de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas, Rosa Reyes; el magistrado suplente de la Sala Penal, Paúl Aponte Rueda; la presidenta del Circuito Penal de Anzoátegui, Linda Fernanda Silva; y la también magistrada suplente de la Sala Social, Mónica Chávez, son los otros cuatro objetados.
Los ciudadanos María Luisa Caicedo y Juan Andrés González impugnaron el pasado 27 de noviembre a Reyes, de la que aseguraron «dista mucho de tener las características primarias que debe tener un magistrado (…) como lo son la honorabilidad, respeto y reputación intachable».
Los denunciantes, en su escrito, señalaron a la jueza superior de «manipular la distribución de expedientes para que le sean asignados a las juezas de su círculo de confianza y así asegurar las decisiones que le favorezcan». Y para sustentar sus señalamientos, la pareja anexó una denuncia que en octubre pasado presentaron contra la funcionaria ante la Inspectoría de Tribunales, en la cual le informan que de 34 asuntos presentados contra González por su expareja, 12 terminaron en manos de la jueza Yaqueline Landaeta y dos se los reservó la impugnada.
En un documento anexo, los objetantes informaron que tres organizaciones (Fundación Amigos del Niño con Discapacidad El Cielo en la Tierra, Breni y Mujeres con Propósito) también formularon reparos a la nominación de Reyes.
El abogado Guillermo Pimentel, por su parte, también objetó a la Presidenta de los Tribunales de Niños y Adolescentes de Caracas, de la que dice formó parte de una «tribu» judicial. En su escrito al Comité, fechado el viernes, el profesional del Derecho, cuestionó igualmente a Aponte Rueda por supuestamente «engavetar o retrasar» una decisión contra un grupo de personas acusadas de estafar a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Asimismo pidió a la instancia presidida por el diputado Elvis Amoroso (PSUV-Aragua), descartar a la jueza Silva y a la magistrada suplente Chávez. ¿Las razones? De la primera dijo que cuando fue juez rectora del Zulia permaneció más de 40 días sin atender a usuarios; y de la segunda informó que fue destituida de su cargo de notaria en Maracay (Aragua) por permitir el registro de transacciones de vehículos sin las experticias de la policía científica y de Tránstito Terrestre que verifiquen que no eran robados.
Pimentel también alertó al Comité sobre la situación del presidente de la Sala Civil, Luis Franceschi, cuya silla no es calculada entre las que deben ser cubiertas en este proceso pese haber sido jubilado en 2011.
«Ello podría tipificar delito de ocultamiento de documento público, sancionado en el artículo 79 de la Ley Contra la Corrupción. Al no sacarse a concurso la vacante de Franchesqui, derivada de tal ocultamiento documental, se le está extendiendo de manera fraudulenta su período constitucional», afirmó el denunciante.
Comenzó la depuración
Hidrogo también informó que la lista de aspirantes ya sufrió su primera depuración, pues 19 de los 424 postulados fueron excluidos debido a que no cumplían con los requisitos fijados en el numeral 3 del artículo 263 de la Constitución.
La norma antes citada establece que los miembros del TSJ deben haber ejercido la abogacía, tener un postgrado en la especialidad a la que aspiran, o haber sido profesor universitario, con rango de titular; o haber sido juez durante 15 años.
Los nombres de los excluidos no fueron revelados. No obstante, en la lista original figuraban al menos una docena de abogados que habían sido destituidos o suspendidos de sus cargos de juez o fiscal; y por lo menos uno tiene antecedentes penales.
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