La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, considera que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con sus acciones, abrió una nueva vía de diálogo con la Fuerza Armada Nacional.
Para San Miguel, la hoja de ruta dirigida por Guaidó desde el Parlamento representa una esperanza para lograr un cambio de rumbo político en el país. La postura que ha asumido el diputado frente al papel que deben jugar los militares “se ha dado sin polarizar e invitándolos a integrar soluciones para el país y mirar al futuro”, dijo la representante de la ONG.
También considera que al ser Guaidó un dirigente joven, existe cierta identidad con los miembros de la Fuerza Armada Nacional. A esto se suma que el presidente de la AN, tiene parientes que formaron parte del cuerpo castrense.
“Guaidó es lo más parecido, en edad, al mayor número de militares que conforman la estructura de la FAN. Hay un elemento de identidad, interesante para la oficialidad militar con comando de tropa y poder de fuego”, argumentó.
Los acreedores de Venezuela no van a tener fácil cobrar lo que se les adeuda en caso de una pelea con Venezuela. Eso advierten a BBC Mundo expertos legales y financieros que anticipan que, de consumarse un «default» o cesación de pagos generalizada sobre una deuda externa venezolana que algunos estiman hasta en US$150.000millones.
La crisis económica y la falta de divisas del gobierno venezolano han provocado que el impago sea una posibilidad.
Si ocurre lo que muchos temen y anticipan, se iniciará un complicado proceso de maniobras legales para cobrarle a Venezuela -y de contramaniobras para evitar el cobro- que le dará mucho dinero a los abogados, pero no necesariamente grandes satisfacciones a los acreedores.
El gobierno venezolano, ante la caída de sus ingresos por la bajada de los precios del petróleo y su menguante producción de crudo, ha dicho que desea reestructurar cerca de US$63.000 millones de su deuda.
Hay dudas acerca de la capacidad venezolana para pagar el resto. Y desde ya se sabe que, si se rompen las incipientes conversaciones entre Venezuela y los tenedores de su deuda, hay una serie de activos de propiedad venezolana en el extranjero que serán el primer objetivo de los acreedores.
Para empezar a entender el proceso, asegura Mark Walker, ejecutivo de la firma de asesoría financiera neoyorquina Millstein & Co. y especialista en el tema de deuda soberana, hay que distinguir exactamente quién es el deudor.
Walker le dice a BBC Mundo que una cosa es el gobierno soberano de Venezuela, y otra la empresa estatal petrolera venezolana, PDVSA. Ambos han emitido deuda, pero la capacidad de cobrar una y la otra es muy distinta.
La deuda soberana de un país es difícil de cobrar en caso de cesación de pagos, ya que es imposible embargar o liquidar activos de un Estado.
«Ni embajadas, ni equipo militar ni las reservas en el extranjero del banco central serían objeto de esas acciones», le asegura Walker a BBC Mundo.
El experto descarta que se produzcan nuevos intentos como el de los acreedores de Argentina que en 2012 intentaron quedarse con un buque de entrenamiento de la armada del país sudamericano interceptado en un puerto de Ghana. «Eso no funcionó como maniobra legal», recuerda.
Con PDVSA es distinto
Otra cosa es PDVSA, que opera bajo reglas comerciales, como si fuera una empresa más, a pesar de ser propiedad del Estado venezolano. La deuda de PDVSA es más fácilmente exigible en los juzgados internacionales, y los acreedores buscarían que los tribunales les otorgaran los bienes de PDVSA en el extranjero para cobrar las deudas por pagar.
«PDVSA tiene tres clases de activos en el extranjero que serían potencialmente de interés a los extranjeros», explica Walker.
Tal vez el más llamativo es la empresa de refinación y distribución de combustible basada en Estados Unidos, Citgo, la sexta refinería más grande del país, con instalaciones en los estados de Luisiana, Illinois y Texas y decenas de miles de estaciones de servicio.
El segundo activo sería el dinero que PDVSA recibe en el extranjero por la venta de petróleo venezolano. Y el tercero, algunas participaciones en ciertas refinerías extranjeras, dice Walker.
El atractivo de Citgo para los acreedores es claro, pero hay atenuantes.
«Las acciones de Citgo ya están prendadas a favor de un grupo de acreedores», recuerda a BBC Mundo José Valera, abogado de la firma de Houston Mayer Brown y especialista en derecho del sector energético.
PDVSA comprometió sus acciones en Citgo como garantía por un préstamo a la empresa petrolera Rosneft y a los que compraron un bono que se vence en 2020, aclara Valera.
En las pasadas semanas hubo informaciones sobre un acuerdo por el que Rosneft devolvería esa garantía a cambio de otras contraprestaciones petroleras de Venezuela para evitar así problemas en Estados Unidos, que también ha decretado sanciones contra la empresa rusa. De momento, sin embargo, no hay confirmación oficial.
«Otros acreedores que no tienen esas garantías tendrían que esperar a ver si queda algo para ellos», agrega Valera.
Solución amistosa
Por el momento, los acreedores rusos, tal vez los que más fácil tendrían obtener pago por su acceso a las acciones de Citgo, han dicho que están buscando soluciones amistosas a su deuda con Venezuela y han ofrecido ampliar los plazos.
Entre las consideraciones que potencialmente tendrían a la hora de exigir el pago de la deuda con las acciones de Citgo es una posible reacción política negativa en Estados Unidos.
Washington no estaría feliz al ver que una empresa importante de energía de su país cae en manos rusas.
Quedaría entonces para el resto de acreedores la opción de buscar una orden judicial para quedarse con el dinero que PDVSA va obteniendo al cobrar por sus ventas de crudo. Pero aquí la petrolera también tiene maneras de defenderse frente a esos requerimientos.
«PDVSA no tiene que exportar el petróleo ella misma. Le puede vender el crudo en Venezuela a un tercero como China o a una empresa comercializadora internacional como la multinacional Trafigura, y así evita que ese dinero pudiese ser objeto de las acciones legales de los acreedores»,dice Walker.
Petróleo tampoco
Tampoco podrían intentar los acreedores quedarse con el petróleo mismo.
«Presumo que PDVSA vende el petróleo en la modalidad Free on Board, que quiere que decir que la propiedad del petróleo pasa a manos del comprador apenas es depositado en el barco en puertos venezolanos», agrega Walker, lo que hace que cuando circula por el mar y llega al extranjero, el crudo ya es un activo de propiedad de un tercero, no de PDVSA.
Reconoce que si PDVSA vende petróleo en el extranjero a crédito a 90 días, durante ese periodo, un acreedor podría intentar que un juzgado le reconozca la propiedad de esa cuenta por cobrar.
«Pero para conseguir una orden judicial que le permita hacer eso, podría tomarle de seis meses a un año. De ahí que en ese tiempo, Venezuela podría hacer arreglos para transferir ese dinero y evitar que los acreedores lleguen a él».
Finalmente, dice Walker, está la participación que PDVSA podría tener en otras refinerías extranjeras. «No estoy seguro si eso representa un monto de dinero considerable», matiza.
Reputación
Walker concluye que «si PDVSA se comporta de manera racional», tiene muchas maneras de proteger sus activos frente a los que reclaman el pago de las deudas.
Pero muchas veces el principal problema de tener esas deudas sin pagar no es oponerse a los esfuerzos de los cobradores, que suelen ser tan dispendiosos para el acreedor como para el deudor, sino el daño que el impago produce a la reputación del deudor.
Un «default» extendido de Venezuela o de sus principales empresas estatales haría mucho más difícil para ellas volver a pedir prestado en los mercados internacionales, ya de acceso limitado por las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
Y eso puede terminar siendo más costoso que cualquier bien que pierda a manos de las demandas de los acreedores en las cortes extranjeras.
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Hasler Iglesias, manifestó que el movimiento estudiantil venezolano se suma a las voces que piden salir del gobierno de turno por vías constitucionales, democráticas, populares y pacífica.
“Los jóvenes necesitamos que la situación de nuestro país cambie. Este gobierno no ha demostrado tener ni la voluntad ni las capacidades para ello y ya es insostenible. La juventud clama por un presidente y un gabinete de ministros que resuelva los problemas de los venezolanos”, expresó Iglesias.
Entre las razones expuestas por los estudiantes, como motivación para cambiar el Ejecutivo, están fa falta de empleo, el alto costo de la vida, la crisis universitaria, la delincuencia, el desastre de los servicios públicos, la escasez, la crisis hospitalaria y la indisposición al diálogo.
De igual forma, el Movimiento Estudiantil le pidió a la dirigencia democrática del país que lidere de forma sensata el cambio de gobierno, y que se ponga de acuerdo en el mecanismo constitucional que se debe aplicar.
“Cualquiera de las vías a elegir necesitará del respaldo popular. Los estudiantes impulsaremos y apoyaremos el cambio desde todos los espacios, movilizándonos y llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones del país”, sostuvo Iglesias.
El diputado Diosdado Cabello descartó la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro dimita en medio de las presiones de la oposición que exige un «cambio de gobierno».
«Nicolás no va a renunciar, eso está descartado bajo cualquier circunstancia, eso no existe», afirmó Cabello en el programa «Con el mazo dando».
En el primer debate de una ley de amnistía para políticos presos, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, aseguró el martes que «tres grupos militares» y cuatro en el partido oficialista están «cayéndose a cuchillo y forzando la renuncia» de Maduro.
«¿Qué vía constitucional existe, que no sea el revocatorio, para adelantarle el fin del período al presidente?», cuestionó Cabello, tras afirmar que la ley de amnistía busca la salida del mandatario «fuera de la Constitución».
«Por eso es que están apurados en aprobar la ley de amnesia criminal», insistió el dirigente chavista, quien adelantó que la mayoría opositora puede aprobar la normativa en el parlamento pero no logrará que se ejecute.
Este 17 de febrero, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, llamó a recolectar 3,9 millones firmas para convocar un referendo revocatorio contra Maduro.
Aseguró además que presentará a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) una propuesta para que, en paralelo al revocatorio, se avance en una enmienda constitucional que recorte el mandato de Maduro, elegido para el período 2013-2019.
