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Calabozos policiales

A 60 días de revolución judicial
El gobierno no tiene idea de la crisis de los calabozos policiales, por eso la ‘Revolución Judicial’ poco logró al concluir este 21/8 el temerario plazo de 2 meses que dio Maduro para resolverla

 

@cnietopalma

El pasado 21 de agosto se cumplieron 60 días desde que Nicolás Maduro, en una reunión del Consejo de Estado realizada en el Palacio de Miraflores, creara la Comisión para la Revolución Judicial. Entonces fueron designados los diputados de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello y Cilia Flores, en calidad de presidente y vicepresidenta, así como por la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson, como secretaria.

Según palabras del propio Maduro en esa oportunidad, “En un plazo de 60 días la Comisión Especial deberá solucionar el hacinamiento y retardo procesal en centros de prisión preventiva del país”. 

Ya los 60 días de plazo acordado transcurrieron. Por eso hoy quiero hacer un breve análisis del trabajo que, en líneas generales y según nuestra apreciación, ha efectuado esta comisión.

En primer lugar, tal y como lo dijimos cuando fue creada, el lapso de 60 días dado por Maduro para descongestionar los centros de detención preventiva del país, así como para solucionar el retardo procesal, era muy corto para la magnitud del problema. 60 días después vemos que no se ha logrado el objetivo planteado.

Si bien es importante que al fin el gobierno asumiera la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales y se hayan tomado medidas al respecto, considero que no se tenía una verdadera idea de la grave situación de estos recintos. Esto impidió una planificación detallada del trabajo a realizar, así como la confección de un manual de procedimientos a ser aplicado por todos los que participan de esta comisión, una de las más grandes debilidades que tiene.

Como lo he denunciado en muchas oportunidades, los calabozos policiales se han convertido en las nuevas cárceles de estos tiempos, a pesar de que son recintos para alojar a privados de libertad por lapsos no mayores a 48 horas. Por su misma naturaleza temporal o de tránsito, no reúnen condiciones ni de infraestructura, ni higiénicas, ni de seguridad para tener a presos de manera permanente, como viene ocurriendo desde hace varios años.

La crisis de los calabozos se llama Iris Varela

No podemos olvidar que la situación de los centros de detención preventiva es consecuencia de una decisión arbitraria de la exministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Hace unos cuantos años, el 3 de agosto de 2011 para ser exactos, decidió prohibir el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles dependientes de ese ministerio, si ella no lo autorizaba. Esta y ninguna otra es la causa de que estos recintos se hayan convertido en las nuevas cárceles de la revolución.

A esto hay que agregarle que el retraso procesal en Venezuela afecta aproximadamente al 70 % de la población penitenciaria, una cifra verdaderamente alarmante y considerada como la más alta del continente.

El trabajo de la comisión va a continuar. Los 60 días anunciados quedaron cortos para cumplir con el trabajo asignado. Como recomendación para que se pueda lograr el cometido propuesto de descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales, es necesario la construcción de nuevos recintos carcelarios. Hay estructuras prefabricadas que en otros países han dado buenos resultados y su construcción se hace en corto tiempo. Otra opción puede ser rehabilitar los recintos carcelarios que fueron cerrados por el Ministerio Penitenciario y ponerlos nuevamente en uso.

Como reflexión final, me viene a la memoria que cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, hace ya 10 años, una de las primeras promesas de la para entonces titular de ese despacho, Iris Varela, fue la construcción de un recinto carcelario en cada estado del país para reclusos procesados. Hasta el presidente Hugo Chávez emitió en el momento un decreto emergencia en materia de infraestructura penitenciaria, pero nada de esto se cumplió. Ningún recinto se construyó y por eso el caos que vive nuestro sistema penitenciario en la actualidad.

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Ministerio para el Servicio Penitenciario, un organismo forajido

@cnietopalma

El Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha convertido en un organismo forajido, al margen de la ley. Según la Real Academia Española, se le dice forajido “a una persona, delincuente, que anda fuera del poblado, huyendo de la justicia”. En Venezuela se da la diferencia de que no le huye a la justicia, sino que trabaja en cuchipanda con un sistema de justicia que acepta todas las violaciones a la ley.

Podemos decir que el Ministerio Penitenciario lleva la etiqueta de forajido desde su nacimiento. Basta recordar la circular (orden) que la para entonces ministra Iris Valera emitió el 3 de agosto de 2011, mediante la cual quedaban suspendidos los ingresos de privados de libertad en los centros penitenciarios, hasta que lo autorizara la institución. Esto incluía a los presos provenientes de policías regionales, municipales, CICPC, SEBIN y la misma policía nacional.

Aquí podemos decir que comenzó el desastre que hoy vivimos en los calabozos policiales o centros de detención preventiva, que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

¿Por qué es un ministerio forajido?

 Calabozos por cárceles

Estos calabozos no tienen ningún tipo de condiciones para tener reclusos por más allá de 48 horas, pero esta decisión de Iris Varela les cambió su sentido, llegando a convertirse, hoy en día, en el sitio que alberga a más privados de libertad en Venezuela. El Ministerio Penitenciario comenzó, con esto, a aplicar su propia ley ante la anuencia de todos los demás poderes públicos, de manera especial del Judicial y el Ciudadano, quienes se han hecho los locos ante estos desmanes.

 Verdugo de la libertad

Otra de las irregularidades que comete el Ministerio Penitenciario, por lo que podríamos catalogarlo de forajido, es la de haberse tomado la inconstitucional atribución de autorizar, o no, la libertad de los reclusos, así tengan una boleta de excarcelación emitida por el juez natural que lleva la causa del detenido. Una arbitrariedad, ilegal por demás, que somete al recluso a permanecer preso hasta que lo decida este ministerio, sin acatar las decisiones del órgano judicial que lo procesa.

Una Ventana a la Libertad, la organización que dirijo, ha ofrecido pruebas de ello, como la noticia que divulgamos recientemente y que cito a continuación: “Siete privados de libertad que ya recibieron sus boletas de excarcelación se mantienen a la espera de salir en libertad del Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, hasta este viernes 7 de mayo. Familiares y abogados defensores de los reclusos beneficiados aseguraron que las siete boletas de excarcelación tienen fecha de entre una semana y cuatro meses. De acuerdo con lo que les informó el exdirector del penal, están esperando que el Ministerio para el Servicio Penitenciario apruebe esas libertades, otorgadas por los tribunales que llevaron las causas.

Es grave, es irregular y es absurdo que un tribunal del poder judicial otorgue libertad plena a un procesado, se haya expedido la boleta de excarcelación en enero o febrero, la misma se le entregue a la directiva del penal, y aún hoy, siete de mayo, esa persona se mantiene presa en la cárcel del Rodeo. Solo porque esa decisión está subordinada a un ministerio del poder Ejecutivo”, refirió Antonio Fernández Mora, abogado defensor de uno de los presos que espera salir en libertad. Según el letrado, “los siete reos permanecen en un área de resguardo, fuera de los pabellones de los privados de libertad. Sin embargo, las condiciones son similares al área de reclusión”.

 Decide hasta los traslados

Por último y no menos grave, es que los traslados a audiencias u otro tipo de diligencias ante el poder Judicial igualmente tienen que ser autorizados por este ministerio “supremo”. Aunque haya una orden de traslado por el juez natural, el que lleva la causa de los detenidos, sin la anuencia de este ministerio absolutista nada se cumple.

Como vemos, hablamos de un ministerio omnipotente, que decide la ley que se debe cumplir, de qué manera y cuándo ejecutarla. Un ministerio forajido y arbitrario al que la ley le sabe a rábano. Como todo en este régimen.

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Vicepresidencia para la Seguridad Ciudadana

@cnietopalma

El pasado 26 de enero, Nicolás Maduro designó a la almiranta Carmen Meléndez como vicepresidenta de Gobierno Sectorial para la Seguridad Ciudadana.

En este nuevo cargo, la también ministra de Interiores Justicia y Paz, según palabras del propio Maduro, tendrá entre sus funciones “la seguridad ciudadana, la paz, el combate al delito, el sistema penitenciario, la justicia y la verdad”.

Es la primera vez, en los 22 años del régimen chavista, que se crea una vicepresidencia para la seguridad ciudadana, a pesar de ser este uno de los más graves problemas que vivimos en Venezuela.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México reveló en su reporte de 2018 que Caracas, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar se encontraban entre las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Esta organización elabora un informe anual con las 50 ciudades más peligrosas del mundo para dar un toque de atención a sus gobiernos sobre la violencia urbana.

El inquietante puesto de estas tres ciudades venezolanas se da a pesar de que el 13 de febrero de 2009 se conformó la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol, para construir un “nuevo modelo policial” más eficiente y mejor formado que incluyera las propuestas del pueblo. Teóricamente logró grandes avances de papel. Sin embargo, los mismos nunca fueron implementados y los que se lograron aplicar han sido un fracaso absoluto. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, es uno de ellos.

Igualmente, para dar respuesta a la problemática penitenciaria, en diciembre de 2008 se creó el Consejo Superior Penitenciario. El objetivo de la entidad sería “diseñar y formular políticas integrales que atiendan de forma estructural la transformación del sistema penitenciario”. Pero esta instancia tampoco tuvo los éxitos esperados, a pesar de haber hecho una serie importante de propuestas. Como en el caso Coranepol, las ambiciosas propuestas se quedaron en papel y el olvido.

Gran trabajo le toca a la almiranta Meléndez. Con este nuevo cargo tendrá que enfrentar al gran desastre que se vive en la seguridad ciudadana del país, en todos sus componentes: prevención al delito, policías, sistema judicial y cárceles.

Es difícil establecer qué área de la seguridad ciudadana del país funciona o medio funciona; me atrevo a decir que ninguna. No hay prevención de ningún tipo, las policías son un completo desastre, el sistema judicial no trabaja y las cárceles son depósitos de seres humanos.

Ojalá la recién nombrada vicepresidenta de seguridad ciudadana le eche una ojeada a las propuestas olvidadas de la Conarepol y el Consejo Superior Penitenciario y trate de aplicarlas en su gestión. Que se reúna con los mejores, los que de verdad conozcan del tema, dejando la política de lado. Solo se le pide que haga su trabajo, que ayude a darle solución a la crisis.

Le pediría que ponga el ojo en la situación penitenciaria del país. Y, sobre todo, en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que se han convertido en las nuevas cárceles de esta época.

Igualmente, que atienda a los hombres y mujeres privados de libertad, que, entre la tuberculosis, desnutrición y retardo procesal ven sus derechos humanos vulnerados, sin que ninguna autoridad del Estado les preste ayuda ni a ellos, ni a sus familiares.

La seguridad ciudadana es un problema de Estado y como tal debe ser tratado.

Esperamos que esta recién creada vicepresidencia lo haga. De lo contrario, será otro organismo más de la burocracia venezolana ineficiente y corrupta.

cnietopalma@gmail.com

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Calabozos policiales: un semestre de caos

En los 273 calabozos policiales monitoreados caben 7191 reclusos, pero han metido a 22.664. En la gráfica, un centro de Lara. Foto Edgar Zambrano / El Impulso, 2017.

@cnietopalma

Una Ventana a la Libertad (UVL), organización de la cual soy su fundador y coordinador general, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela, durante el primer semestre del año 2020.

Este es el decimotercer informe que se presenta en los últimos 4 años, de los 23 que tiene de fundada UVL, sobre la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela. Convertidos estos en las nuevas cárceles del país.

El informe lo elaboró un equipo de investigación coordinado por la Dra. Magaly Huggins. Nuestro  grupo de investigadores está formado por 21 profesionales de la Comunicación Social que monitorean 19 estados del país. Todo esto bajo una rigurosa metodología en la búsqueda de cifras reales, tomando en cuenta la opacidad informativa del Estado venezolano, que no da cifras oficiales de nada de lo que aquí ocurre.

Se trata de un informe atípico con respecto a los que normalmente presentamos, por la situación de covid-19 que vivimos hoy. El semestre lo dividimos en 2 partes: la primera de enero a marzo, y la segunda de marzo a junio, ya en plena pandemia. Indudablemente la investigación en la segunda parte se complicó por la cuarentena. Sin embargo, hay que reconocer el gran trabajo realizado por nuestro equipo de investigación para recolectar la información necesaria.

La investigación se realizó en 273 centros de detención preventiva o calabozos policiales, de los aproximadamente 500 que existen en todo el país. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 7191 reclusos, pero al momento de la investigación había 22.664. Lo que representa un hacinamiento del 248 %. De este grupo, 1757 son mujeres; es decir un 7.75 % de la población, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años.

Como dato importante de esta investigación, está la muerte de 118 reclusos. 65 de ellos por enfermedades, en donde la tuberculosis es la causa principal con 38 muertes; igualmente 11 reclusos fallecieron por problemas respiratorios, 7 por desnutrición y 41 fueron ajusticiados en intentos de fuga o supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales en su recaptura.

Hay que destacar que se mantiene la tendencia del pasado año 2019, cuando las enfermedades y la desnutrición fueron las causas principales de fallecidos en estos centros; a diferencia de años anteriores, donde las riñas y enfrentamientos entre reclusos ocupaban el primer lugar.

Es realmente alarmante la crisis de salud que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales. Aclarando que esta no guarda relación con la covid-19. Ya el caos preexistía. Incluso, Una Ventana a la Libertad tiene varios años denunciando la crisis de salud que se vive en estos sitios, ante la indiferencia absoluta del Estado venezolano.

El informe de UVL determinó que en los centros de detención preventiva monitoreados existen: 185 reclusos con enfermedades infectocontagiosas, 397 con tuberculosis, 1177 con enfermedades de la piel y respiratorias y 517 con desnutrición. Las cifras realmente alarmantes del informe nos demuestran las violaciones masivas que se cometen contra los hombres y mujeres privados de libertad en Venezuela.

No hay dudas que Venezuela es un Estado forajido en todo lo referente al respeto de los derechos humanos de su población. Aquí nadie se salva.

cnietopalma@gmail.com

 

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OVP advierte que la COVID-19 llegó a los calabozos policiales
Según el OVP, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos en la entidad

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la COVID-19 llegó a calabozos policiales en los estados Lara, Táchira, Miranda y Nueva Esparta.

De acuerdo con el monitoreo del OVP, serían 49 casos de COVID-19 confirmados en calabozos policiales, distribuidos así: 

2 en Lara

2 en Miranda

9 en Táchira

36 en Nueva Esparta

El OVP presentó este informe de acuerdo a un monitoreo efectuado a través de medios de comunicación o redes sociales de autoridades gubernamentales.

Según el texto, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos. El primero se dio a conocer el 26 de junio, se trata de un hombre de 34 años de edad que resultó detenido el 18 de junio por la policía estadal, en la parroquia Tintotero del municipio Jiménez, por presunto contrabando de cigarrillos.

 

Asimismo, el 29 de junio confirmaron el resultado positivo de un hombre de 35 años, aprehendido el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presunto contrabando de sustancias estupefacientes.

Al respecto del caso anterior, tuvo contacto con otros detenidos en el Destacamento 122 de la Guardia Nacional de Carora, según Edgar Carrasco, alcalde del municipio Torres, quien aseguró que tomaron las medidas pertinentes.

Por su parte, Wisely Álvarez alcaldesa del municipio Guaicaipuro de Miranda, confirmó dos casos positivos de COVID-19 en la sede del Cicpc en Los Teques.

A su vez, el protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, informó que el 25 de julio las pruebas PCR que aplicaron a 35 presos dieron positivo para COVID-19. Rivas anunció un caso el día anterior, pero después dijo que eran 36 contagiados en los calabozos policiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Una Ventana a la Libertad pide al gobierno conocer resultados de investigaciones a un mes de la tragedia en PoliCarabobo

 

Este 28 de abril de 2018 se cumple un mes de la tragedia en los calabozos de la Comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, donde murieron 69 personas. Ante la escasa la información oficial sobre lo sucedido en la sede policial,  le pidió al gobierno dar a conocer el resultado de las investigaciones en este caso.

“Desde Una Ventana a la Libertad exigimos se investigue a profundidad lo ocurrido el pasado 28 de marzo en la sede de la policía del estado Carabobo. Este evento es catalogado como el segundo más grave en Venezuela desde el incendio en la cárcel de Sabaneta en 1997, donde fallecieron 127 personas, y debe ser investigado y sancionados sus responsables, sean quienes sean”, afirmó Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad.

Nieto Palma además recalcó que es obligación del estado venezolano velar por los derechos humanos de los privados de libertad e investigar a fondo cuando se cometen este  tipo de atropellos. “El mundo entero que se hizo eco de lo que ocurrió en los calabozos policiales de la comisaría en la ciudad de Valencia, espera una respuesta oficial por parte del estado venezolano y aún no la tenemos”.

Nieto Palma destacó que transcurrido un mes de los trágicos hechos, ya debería haber información clara y precisa sobre lo sucedido y quiénes son los responsables. “Desde que ocurrió lo de PoliCarabobo, Una Ventana a la Libertad responsabilizó de manera directa al Ministerio para el Servicio Penitenciario por ser éste, según establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación del referido ministerio, el encargado de velar por los derechos humanos y condiciones de vida de los privados de libertad en Venezuela, independientemente de donde se encuentren”, resaltó.

Igualmente solicitó que se investigue a la ministra Iris Varela y a las demás autoridades del ministerio, pues considera que ellos también “son responsables de esta tragedia y no pueden quedar impunes”, porque debido a la “negligencia” han convertido a Venezuela en un país con un caos penitenciario.

Una Ventana a la Libertad espera que el gobierno informe sobre las detenciones que se han producido. En el primer momento, Tarek William Saab informó sobre la aprehensión de cinco funcionarios policiales, entre ellos el subdirector del cuerpo de seguridad donde hubo el incendio. Después, de manera extraoficial, se supo sobre la detención de otros cuatro funcionarios de PoliCarabobo.

“Con el silencio del Ministerio Público y demás autoridades lo que se pretende es que se olvide esta tragedia ocurrida en Valencia, como ha sucedido otras veces y de esta manera sigamos en este terrible régimen de impunidad en  que vivimos en Venezuela”, concluyó el director de Una Ventana a la Libertad.

Como se recordará, el incendio que se desató –aún por causas desconocidas- el día 28 de marzo, Miércoles Santo, en PoliCarabobo acabó con la vida de 69 personas, 66 detenidos y dos mujeres que pernoctaban en el recinto, según informó el Fiscal de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Unos días después se produjo el deceso del herido Yorman Trejo, de 28 años de edad, que había estado recluido en la Emergencia de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia, a causa de las complicaciones sufrió un paro respiratorio. Trejo tuvo también quemaduras en zonas de su cuerpo. Con la muerte de Trejo ascendió a 69 el número de víctimas mortales de la tragedia en PoliCarabobo.

Luego de un año, casos de canibalismo en Politáchira aún no han sido resueltos

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Desde septiembre hasta octubre del año 2016 hubo un motín en los calabozos de la Policía del Táchira, donde dos jóvenes fueron, supuestamente, canibalizados por sus compañeros.

Casi un año ha transcurrido desde que algunos presos denunciaron que fueron obligados a comer carne humana de dos personas asesinadas durante el motín realizado.

Sin respuesta, sin pruebas de ADN, sin rastros de sus hijos y sin poder darles sepultura se encuentran Luz Marina Sepúlveda, madre de Anthony Correa Sepúlveda, y Juan Carlos Herrera, padre de Juan Carlos Herrera.

Durante un año han pedido constantemente a las instituciones correspondientes las pruebas de ADN. “Solo queremos que nos den respuesta de dónde están nuestros hijos, pero lejos de eso tan solo nos evitan y tratan mal”, dijo Juan Carlos Herrera, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

“En el Ministerio de Asuntos Penitenciarios fui tratado mal. Leía en los carteles que ahí no se hablaba mal de Chavez, y yo me quedé pensando que es verdad, que fue presidente y merece respeto. Pero mi hijo también merece respeto; donde esté lo merece y en un año no se ha hecho justicia”, narró Herrera.

Lo ocurrido en los calabozos de Politáchira no ha sido aclarado por ninguna de las autoridades regional y nacional. Tan solo por versiones extraoficiales de algunos presos y sus familiares se ha asegurado que ambas personas fueron asesinadas y, posteriormente, descuartizadas y canibalizados por parte de otros reclusos a quienes los habrían obligado a ingerir carne humana.

Más información en El Pitazo.

Se fugaron siete presos de calabozos policiales en 24 horas

calabozos policiales

Este martes en la madrugada tres reos se fugaron de las celdas del calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicado en Caraballeda, estado Vargas. Los procesados rompieron los barrotes de la prisión y salieron por una de las puertas del recinto, al aprovecharse de un descuido de los funcionarios custodios, se informó.

Uno de los fugados es Yovanny Vera Vásquez, residenciado entre los sectores Los Dos Cerritos y  Las Tunitas, a quien apodaron el Músculo. Vera Vásquez participó en el secuestro de una madre e hijos de la familia Meneses, ocurrido el pasado 8 de febrero, en un callejón en Maiquetía. En esa oportunidad, policías negociaron la entrega de este delincuente, quien fue puesto a la orden de la fiscalía del Ministerio Público. Las víctimas no sufrieron lesiones.

Los otros evadidos son Henry León Castro, residenciado en Macuto, y Yorky Jesús Páez Moreno, residenciado en Carapita, en San Juan de Los Morros, quien estaba solicitado por el tribunal 3° de control de San Juan de Los Morros, por delito de hurto.

El funcionario de guardia entrante, al momento de conteo de los reos, se percató de que una de las puertas de uno de los calabozos estaba cortada y colocada para despistar a los funcionarios.

En las últimas 24 horas han sido reportados 7 presos que han burlado la vigilancia en retenes policiales de esta entidad y están en la calle.

Puede continuar leyendo la nota de Luís López en El Nacional