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Comisión de Contraloría investigará a Carlos Malpica Flores, José David Cabello, Félix Osorio y Carlos Rotondaro

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La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el inicio de una investigación por las múltiples denuncias de irregularidades administrativas cometidas a través de los distintos mecanismos del control de cambio vigentes en Venezuela desde 2003 hasta la fecha, por un monto superior a los 200 mil millones de dólares, tras la denuncia presentada por el diputado Ismael García, vicepresidente de esa instancia.

Entre otros casos, García pidió investigar el uso de $230 mil millones asignados para la importación de alimentos, ya que aseguró que 60% de ese dinero se otorgó a empresas de maletín. «54% de los alimentos importados entre 2008 y 2010 se entregó a Pdval, pero 44% de esa comida se pudrió en los contenedores. No hay ningún responsable por las 116.808 toneladas de comida que se pudrió en los puertos», aseveró.

El Presidente de la Comisión, diputado Freddy Guevara, explicó que la investigación abarca a funcionarios, ex funcionarios y empresarios señalados por la presunta comisión de ilícitos administrativos en perjuicio del patrimonio público a través de cuatro esquemas: sistema financiero, mecanismos de control de cambio, importación de alimentos e importación de medicinas. Serán investigadas las siguientes personas:

a) Sector financiero:

– Ex Tesoreros de la Nación: Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Carlos Erick Malpica Flores.

– Actual Tesorero de la Nación, Nelson Lepaje Salazar.

– Ex ministro de Comercio y actual Superintendente del SENIAT, teniente José David Cabello.

 

 

b) Sector cambiario:

– Ex presidente de Cadivi, general Manuel Barroso.

– Presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), general Giuseppe Yoffreda.

c) Sector alimentos:

– Ex Ministros de Alimentación: general Rafael Oropeza, general Félix Osorio, general Carlos Osorio y mayor general Hebert García Plaza.

 

 

d) Sector salud:

– Ex Ministros de Salud, general Jesús Mantilla y coronel Eugenia Sader.

– Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, teniente coronel Carlos Rotondaro.

e) Sector privado:

Empresario Tomás González.

“Hemos decidido abrir hoy una investigación por las denuncias relacionadas a casos de corrupción que se conocieron en el país, pero que nunca se abrieron investigaciones, a pesar de que la Contraloría General de la República mantenía conocimiento de los mismos; oficialmente se conoce que entre CADIVI y CENCOEX se liquidaron entre 2003 y 2014, 230 mil millones de dólares para la importación de bienes y servicios, incluidos en estos medicinas y alimentos realizados entre empresas públicas y privadas”, informó García.

Guevara destacó que: «Esta es la segunda mega investigación que abrimos por el gran saqueo sufrido por nuestro país a lo largo de 17 años, luego de la que aprobamos la semana pasada sobre la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA. En esta oportunidad, acordamos investigar el esquema de control de cambio impuesto en Venezuela desde 2003, el cual permitió a los jerarcas del gobierno llevar adelante un conjunto de operaciones irregulares por miles de millones de dólares. Esas operaciones incluyen desde la colocación de instrumentos financieros como las notas estructuradas, hasta un sinnúmero de mecanismos cambiarios fracasados que permitieron a unos pocos enriquecerse de la noche a la mañana, pasando por importaciones mil millonarias de alimentos y medicinas que arribaron al país en estado de descomposición o que simplemente nunca llegaron”.

Diputado Pedro Carreño no entregó el informe correspondiente a 2015

La Comisión tenía previsto que el diputado Pedro Carreño entregara hoy su informe de gestión 2015, sin embargo, el diputado no hizo entrega del documento, incumpliendo con lo estipulado en el reglamento que exige esta rendición de cuentas. Carreño pidió el derecho de palabra al culminar la exposición del diputado Ismael García para hacer notar que la Comisión estaba abriendo investigaciones sin pruebas, a lo que el presidente de la Comisión le respondió que las pruebas se recaban una vez iniciada la investigación.

Frente a las acusaciones de corrupción que señalan a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, Carreño acotó que: «Cuando un funcionario roba dentro de un gobierno revolucionario, se trata de un infiltrado», afirmación que causó risa entre los presentes.

Caso Banco Industrial de Venezuela

 

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La Comisión de Contraloría también aprobó la apertura de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de liquidación y disolución del Banco Industrial de Venezuela.

Guevara recordó que cualquier medida debía ser aprobada por la Asamblea Nacional, toda vez que dicho banco fue creado mediante ley del Congreso Nacional en 1937. Indicó que solicitará a la plenaria de la Asamblea Nacional la conformación de una comisión mixta, integrada por Contraloría, Finanzas y Desarrollo Social, para ahondar en el caso de la entidad financiera.

Durante la sesión de la Comisión, trabajadores del banco ejercieron derecho de palabra para denunciar que la medida afecta a 2600 empleados activos y 1080 jubilados en todo el país.

Feb 11, 2016 | Actualizado hace 8 años
El pueblo paga la cuenta por Alfredo Jimeno

Cola Bicentenario

 

Sin temor alguno a pecar de exagerado, se puede afirmar que en los últimos 17 años Venezuela ha tenido los gobiernos (Hugo Chávez y Nicolás Maduro) más ladrones de toda su historia. Y es que el saqueo impune del tesoro nacional durante los tiempos de la revolución bolivariana es difícil de estimar con precisión, sin embargo algunos números verdaderamente groseros, algunos incluso reconocidos públicamente por personeros del gobierno nacional, se asoman referencialmente: hay más de 4.000 millones de dólares en cuentas privadas de bancos en Andorra, más de 14.000 millones de dólares en cuentas privadas en bancos suizos, más 30.000 millones de dólares desaparecidos de CADIVI, y así sucesivamente hasta superar los más de 200.000 millones de dólares robados de los bolsillos del pueblo venezolano.

 

A ese grupito corrupto que manda desde Miraflores no le ha bastado con humillar al pueblo venezolano obligándolo a hacer largas colas para comprar miserables raciones de comida tan escaza como cara. Tampoco le ha bastado con restringir la compra de productos básicos según los terminales de las cédulas, o incluso con marcar como ganado a quienes se encuentran en las puertas de los supermercados. No le ha bastado con reclamar, en la voz de la inefable ministra de salud, que los enfermos deben consumir menos medicinas. Ni menos aún con que un sueldo mínimo no alcance para comprar ni el 10% de la canasta básica. Nada de eso le ha bastado porque lo suyo es el poder absoluto; lo suyo es mantener a cualquier costo sus beneficios y prebendas mal habidas; lo suyo es simple y llanamente robar, como el hampa, y lo demás no le importa.

 

A la larga lista de humillaciones, atropellos y abusos de ese grupito corrupto, se suma ahora la restricción del consumo eléctrico para los centros comerciales porque, según la lógica de la cofradía ignorante y primitiva que ejerce despóticamente el poder en Venezuela, esos lugares son de naturaleza suntuaria y, por tanto, sacrificables en aras del bienestar nacional.

 

No caigamos en la trampa de tratar de explicar la importancia que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha tenido el comercio para el desarrollo de las actividades humanas, porque ello sería simplemente “arar en el mar” ante mentes obstinadas y reducidas en y por el dogma de fe marxista. Vayamos en cambio a lo básico y preguntemos lo evidente: ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo de quienes encuentran en los centros comerciales un sustento para sus familias? ¿Qué va a pasar con los servicios básicos y de suma importancia para la colectividad tales como bancos, supermercados y farmacias que hacen vida dentro de los centros comerciales? ¿Qué pasará con las clínicas, algunas de ellas incluso con salas de operaciones y de recuperación, que funcionan dentro de los centros comerciales? ¿Cuál será el futuro de un comercio dedicado a la venta de comida rápida si no va a tener luz eléctrica justamente en las horas donde vende más? ¿Por qué cercar más y más los de por sí pocos espacios de esparcimiento que nos quedan tanto por la inseguridad como por el alto costo de la vida?

 

Las respuestas a todas esas preguntas todos las sabemos y son muy dolorosas. Pero el dolor de esta crisis nacional no lo siente el grupito corrupto responsable porque su realidad está protegida por los carros de lujo blindados, los escoltas armados, los banquetes presidenciales en los salones de los palacios y los viajes al exterior con todos los gastos pagos. Aquí el único que siente sobre sus hombros todo el peso de esta crisis horrenda, que asume sacrificios y paga la cuenta de los excesos es el pueblo venezolano… ¡el más pendejo!

 

@AlfredoJimenoR

 

Familia zuliana guisó $455 millones ‘preferenciales’ en contratos a dedo con el Seguro Social
Una red de 19 empresas manejadas por cuatro hermanos y parientes recibió 455.631.647 dólares preferenciales para la compra de materiales del IVSS bajo la administración de Jesús Mantilla y Carlos Rotondaro
Continental Medica se encuentra entre las primeras 61 empresas que más recibieron dólares Cadivi en la historia del control de cambio
No se conocen concursos públicos convocados por el IVSS para la adjudicación de los contratos  como exige la Ley de Licitaciones. Informe de Contraloría de advirtió irregularidades administrativas
La red familiar incluye empresas y propiedades en el extranjero mientras el chavismo pregona que “en revolución la salud dejó de ser una mercancía y un negocio” 

 

 

@boonbar 

Visualizaciones y multimedia: 

Carmen Riera, Gabriela Ponte, Daniela Dávila

 

UNA MADRE Y SU HIJA RECIÉN NACIDA MUEREN en el Hospital Uyapar de Puerto Ordaz por falta de insumos y negligencia médica. Seis niños hemofílicos sufren lesiones graves por falta de profilaxis, que el Estado venezolano dejó de suministrar. Pacientes de diabetes en Barquisimeto en peligro de caer en coma y hasta perder la vida por no tener acceso a las inyecciones y/o bombas de insulina. Niños con cáncer no pueden seguir tratamiento por falta de microgoteros. Trabajadores del Hospital Pérez Carreño y Domingo Luciani en Caracas protestan por fallas de inventarios.

La lista apenas incluye algunos casos agravados por la falta de insumos médicos que denuncian pacientes, empleados y organizaciones como la Asociación Venezolana de Hemofilia y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), registrados por la prensa nacional entre el primero de julio y la primera semana de agosto de 2015. Todos tienen un proveedor común: el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), adscrito al Ministerio para el Proceso Social del Trabajo (MPST), que forma parte del sistema de salud que administra 36 hospitales, 59 ambulatorios, 5 líneas populares en el país y las Farmacias de Medicamentos de Alto Costo, según enumera la web www.ivss.gov.ve.

Todos retratan historias de penurias que contrastan con la cantidad de recursos que ha manejado el IVSS en la última década para la adquisición y distribución de insumos médicos. Sólo entre 2010 y 2014, este organismo de asistencia sanitaria gastó 856 millones 395 mil 555 dólares para la compra en el exterior de 73 mil toneladas de insumos médicos (de las cuales 83% provienen de Estados Unidos), según la base de datos internacional de movimientos portuarios https://www.importgenius.com/. Esa cantidad incluiría los $692.609.508 dólares preferenciales para importación que le aprobó la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

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Pero las compras de insumos médicos en el extranjero no solo corrieron por cuenta del organismo público que preside el militar activo Carlos Rotondaro Cova. También existen empresas privadas que han surtido de mercancía al IVSS, como es el caso de una red de 19 compañías manejadas por una familia de origen zuliano. A seis firmas de ese grupo, el Estado le aprobó un total de 455 millones 631 mil 647 dólares a tasa preferencial (6,30) para importar insumos médicos, una cantidad que equivale a poco más de  la mitad de los 856 millones de dólares que adquirió el Seguro Social en el extranjero en cuatro años.

Entre 2004 y 2012, Continental Medica C.A, la compañía matriz de esta red empresarial, recibió $331.803.298 de Cadivi, lo cual la ubica entre las primeras 61 corporaciones en Venezuela que más recibieron divisas a tasa preferencial desde que el gobierno de Hugo Chávez impusiera el control de cambio en 2003. Específicamente, se encuentra entre las primeras 14 compañías del sector salud que recibieron montos mayores a 300 millones de dólares a una tasa de 6,30. Entre ese grupo, el IVSS es la única institución del Estado. 

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La cifra de dólares Cadivi otorgada a esta empresa coincide con los registros de https://www.importgenius.com/: entre 2009 y 2014, Continental Médica gastó 327.317.907 dólares en importación de insumos, de los cuales 90% entraron por Maiquetía y el puerto de La Guaira.

Pero la empresa con domicilio fiscal en Maracaibo no solo fue beneficiaria de Cadivi. Aparte, hasta septiembre de 2014, recibió $2.463.582 del Centro Nacional de Comercio Exterior
rangelbaron-06(Cencoex), organismo que suplantó en 2014 a la anterior administradora de divisas. Con esto, la suma total de dólares preferenciales otorgados sólo a Continental Medica asciende a 334,2 millones de dólares. Un monto con el que podrían construirse al menos 4 hospitales especializados de Barrio Adentro IV, si se considera el monto de $87.820.736 por cada edificación, según los proyectos de inversión 2014-2019 del Ministerio para la Salud, contemplados en la memoria y cuenta 2014.

Las compañías presentan características comunes: nóminas pequeñas (de 2 a 15 empleados); bajo o nulo perfil en redes sociales; tienen menos de 10 años de existencia; fueron creadas durante los primeros años del chavismo 2001-2007 (o bien adquiridas por miembros de la familia dentro de ese período); su objeto social es la importación y distribución de insumos y equipos médicos y en 8 de los 19 casos su cliente principal es el IVSS.  

Los principales actores de esta familia de contratistas del sector salud son los hermanos Daniel Esgardo e Isabel Rangel Baron, quienes tienen presencia directa en 12 de las 19 empresas domiciliadas en Venezuela, bien sea como accionistas o  integrantes de las juntas directivas (presidente y vicepresidente), indica el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Sólo tres de las 12 empresas de los Rangel Baron están actualizadas en el RNC: Vaccines & Medical Supplies, Gusta Medica (Gumeca), y Corporación Hospitalaria del Zulia. El resto, muestran claramente su estatus actual en el RNC: “No actualizada. Inhabilitada para contratar con el Estado”. En esas condiciones, su prestación de servicios a instituciones estatales violaría la Ley de Contrataciones Públicas.

 

 

 

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La red

Continental Medica fue registrada en Maracaibo en 2001, dos años antes de entrar en vigencia el control de cambio. Según el RNC, 100% de su capital pertenece a otra empresa,  Inversiones IRB (siglas de “Inversiones Rangel Baron”), cuyos propietarios son los hermanos Daniel Esgardo e Isabel, quienes se distribuyen 50%-50% las acciones. Está domiciliada en Caracas, a 517 kilómetros de la capital zuliana.

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Fuente: Registro Nacional de Contratista (RNC)

Runrun.es se acercó hasta la dirección de Inversiones IRB en Caracas que indica su ficha en el RNC. Encontró que la firma propietaria de Continental Medica se encuentra en el edificio residencial Ramca I de la populosa parroquia Los Jardines de El Valle (1). La “oficina” no tiene timbre. Nadie respondió al insistente toque de puerta (21/08/15). Los vecinos “no sabían qué decir”, si allí funcionaba la empresa a la que el Estado aprobó 334,3 millones de dólares preferenciales para importar insumos médicos entre 2004 y 2012 .

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Inversiones IRB es también propietaria de 50% de las acciones de la Fábrica Venezolana de Descartables, cuyo presidente es Daniel Esgardo Rangel Baron, y a la que Cencoex aprobó un millón 312 mil 719 dólares a tasa preferencial en 2014.Captura de pantalla 2015-11-06 a la(s) 11.49.20

También, Runrunes se trasladó hasta Maracaibo para verificar si el domicilio de Continental Médica corresponde al que detalla el RNC. En la avenida 12 con calle 67 del sector Tierra Negra de la capital zuliana (foto 2), no existe el edificio RB (siglas que remiten al apellido Rangel Baron y donde también funcionaría la Corporación Hospitalaria del Zulia, otra compañía del grupo). En esa vía no hay compañías del sector salud, sólo ventas de repuestos mecánicos.

Una particularidad de las empresas de los Rangel Baron es su carácter ambivalente. A partir del Registro Nacional de Contratistas (RNC), es posible trazar la intrincada red de firmas y nombres en la que Continental Medica destaca como el gran vaso comunicante.  Es de notar que  muchas de estas contratistas del Estado tienen entre sus clientes a empresas que a su vez son de su propiedad o bien de otros miembros de la familia. Un esquema que parece responder al dicho venezolano, “se pagan y se dan el vuelto”.

El artículo 71 de ley de Contrataciones Públicas, indica que uno de los causales de rechazo de ofertas de contratos es que provengan del mismo proponente o bien sean presentadas por personas distintas pero que participen tanto ellas o sus socios, directivos o gerentes en otras ofertas.

También hay casos en los que el parentesco no se mide únicamente por nombres y apellidos. Por ejemplo, la Corporación Eximamerica, presidida por Jesús Ramón Torres Rodríguez (dueño de 99,9% de las acciones), al mismo tiempo es vicepresidente ejecutivo de Petrolera Social (P&S), empresa del sector energético con sede en Maracaibo cuyo presidente es Daniel Esgardo Rangel Baron, indica el RNC.

Y están otros casos descritos en el RNC:  Gusta Médica, manejada por Gabriela Beatriz y Patricia Elena Matute Rangel  (hijas de Yolanda Rangel Baron); Rismed de Venezuela (cuya dueña es Liliana Di Nardo, primera esposa de Daniel Esgardo) e Inversiones Dam-Prax Internacional (que pertenece a Eduarda Laguna de Rangel, esposa de José Antonio Rangel Baron).

Mientras el chavismo pregona que “la salud en revolución dejó de ser una mercancía y un negocio”,  la familia Rangel Baron no limitó sus “emprendimientos”  a Venezuela sino que los extendió a otros países: tienen 15 empresas en Miami (donde tienen al menos tres casas en Doral), 10 en Panamá y tres en Costa Rica.

 
 
 
La concentración de cargos es otro elemento diferenciador. Daniel Esgardo es presidente 10 empresas  y accionista en ocho registradas en Venezuela. Mientras, Isabel Rangel Baron, a quien llaman en el sector “la zarina de los medicamentos”,  forma parte de la  junta directiva de cuatro firmas y tiene participación accionaria en 4 corporaciones.
 
 
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Pese a ser uno de los principales clientes del IVSS, el presidente de Continental Medica, Daniel Esgardo (segundo de los Rangel Baron) no cotiza en el sistema de asistencia sanitaria. Según su cuenta individual del Seguro Social, la última vez que estuvo afiliado fue en 1979 cuando trabajaba en Fregersa de Maracaibo, una empresa de venta de repuestos para vehículos.

El RNC certifica que sus otros tres hermanos también son propietarios de empresas del sector salud: Félix Alberto (Corporación Hospitalaria del Zulia en Maracaibo, con sucursal en Miami), José Antonio (R.B Importadora)  y Yolanda (con empresa en Miami y cotiza en Gusta Medica, empresa a nombre de sus hijas). Esta última incluso cobra mensualmente su pensión de vejez del IVSS por un monto de Bs. 7.421.

 

 

Contratos “a dedo”

Ninguna de las 19 compañías de los Rangel Baron (cuyos respectivos capitales sociales acumulan  Bs. 2.160 millones) es mencionada en la memoria y cuenta de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 del MinTrabajo (al que está adscrito el IVSS). No hay  balance público del desempeño de estas contratistas.

Las empresas de los Rangel Baron tampoco están afiliadas a la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, odontológicos de laboratorios y afines (Avedem), confirman los directivos de esta entidad gremial. No cualquiera puede ser miembro de esta organización fundada hace 40 años, que agrupa a 157 empresas dedicadas a la fabricación, importación y distribución de servicios en el área de salud. Las firmas aspirantes deben presentar una serie de requisitos de transparencia administrativa tales como: copia del registro mercantil, balance de los últimos tres años, lista de accionistas, registro sanitario, cartas de recomendación de otros miembros de Avedem,  patente de industria y comercio y declaración de adopción del código de ética, entre otros.

No se conocen concursos públicos convocados por el IVSS en los que estas empresas hayan presentado sus ofertas. En la web del Seguro Social solo se muestran los llamados de 2015 y no están destinados a proveedores de insumos médicos. Runrun.es se acercó el 18/08/15 a la secretaría de Contrataciones Públicas, ubicada en el piso 10 de la sede del IVSS, en la esquina de Altagracia, centro de Caracas, para consultar directamente por el archivo de los llamados a licitación de años anteriores. La reportera fue remitida a la oficina de prensa para tramitar la solicitud. Pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.  

Las irregularidades para contratar el suministro de insumos médicos para el IVSS fueron verificadas por la Contraloría General de la República (CGR) en su Informe de gestión 2007. Específicamente, se refiere a la compra en el exterior de material para el tratamiento de hemodiálisis destinado a pacientes renales durante 2004 y 2005, justo cuando las empresas de Rangel Baron comenzaron a operar con el Seguro Social.  El documento constata que las autoridades del IVSS aprobaron un presupuesto por Bs. 222.950,19 millones (108,64 millones de dólares de la época).

La escogencia “a dedo” se saltó el Reglamento de la Ley de Licitaciones. El órgano contralor determinó que no hubo “emergencia comprobada”, tal como la junta directiva del IVSS de entonces justificó la escogencia de proveedores en el exterior, por lo que debió “procederse a la selección del proveedor por Licitación General o Licitación Anunciada Internacionalmente y no por Adjudicación Directa”, determinó la CGR.

También, la Contraloría observó debilidades en la planificación y control de las adquisiciones; falta de fianza de fiel cumplimiento de las empresas favorecidas; ausencia de mecanismos de control interno y atraso en la cancelación del compromiso adquirido inicialmente por el IVSS por Bs. 24.686,51 millones, que al ser sustituido por otras dos órdenes de compra incrementaron los costos del kit completo para la hemodiálisis de Bs. 70.176,00 millones a Bs. 83.850,75 millones (19,48%).

El documento oficial de la CGR recuerda que el artículo 17 de la Ley contra la Corrupción indica que “los funcionarios y empleados públicos deberán administrar los recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en atención a los fines públicos”.

Runrunes envió una solicitud de entrevista al presidente del IVSS, Carlos Rotodaro el 18/08/15 para conocer los detalles de los procesos licitarios y aclarar los aparentes privilegios de la empresa de Rangel Baron en los concursos públicos. Hasta el cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.

 

Empresas empacadas

Encontrar la sede de Continental Medica resulta tan engorroso como la trama de empresas fundadas por los hermanos Rangel Baron.

Como lo indica el RNC, siete compañías  comparten la misma dirección en Caracas en el Centro Comercial Automotriz Venezolano, avenida Nueva Granada, local 15-A, frente al Inces:  Corporación Eximamerica, Droguería Lemor, Rehem Medical, Unidad de Diálisis Juan Pablo II, Inversiones Lytel 2050, Corporación Hospimed y Corporación Dynamic Medical.

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Pero en el Centro Automotriz de la avenida Nueva Granada, sólo sigue funcionando la Unidad de Diálisis Juan Pablo II en la planta baja, cuyo letrero exhibe el logo del IVSS. El local con puerta de vidrio y nombre rotulado de Rehem Medical, donde estaban domiciliadas el resto de las firmas, está clausurado. Llamó la atención que cuando se preguntó el 21/08/15 a los vecinos del lugar por las demás empresas de insumos médicos, todos sin excepción las identificaron con Continental Medica. “Ellos se fueron hace como tres años, se mudaron para el Centro Seguros La Paz de La California” (este de Caracas), aseguraron.

Según el RNC, en el Centro Seguros La Paz, ubicado en la avenida Francisco de Miranda, Boleíta Sur, existen cuatro empresas dedicadas a la comercialización de insumos médicos que han firmado contrato con organismos del Estado. Están ubicadas en el piso 7, oficinas 71 y 72: NetMedica; I.S.T Ingeniería y Servicios técnicos; Rismet Medica y Venezolana Internacional de Comercialización. Comparten teléfonos fijos y en el caso de las dos últimas su propietaria y presidenta:  Yipsi Acevedo (foto 4).

Si se parte de los datos validados por el RNC, las empresas no guardan ninguna relación con Continental Medica. Sin embargo, en la sede de NetMedica confirmaron a Runrunes, que esa compañía forma parte del “mismo grupo de empresas”.

Continental Medica ocupa todo el nivel Planta Libre (PL) del Centro Seguros La Paz. Dos ascensores tienen acceso directo. No hay rótulos que la identifiquen en la entrada y los empleados visten de uniforme sin logos. Una cartelera interna indica el nombre de la empresa Inversiones Lytel 2050, cuyo presidente y propietario es precisamente Daniel Esgardo Rangel Baron, según el RNC. Runrunes solicitó directamente la entrevista por escrito al presidente, “quien es un emprendedor muy ocupado y viaja mucho”, aseguraron en la oficina. Hasta la fecha del cierre, no se ha recibido respuesta alguna.

 

Otras oficinas

En otra dirección que indica el RNC, está cerrada la oficina de la planta baja del edificio Marra de la calle Semprún de Santa Mónica, Caracas, donde operaban las empresas Equipos Médicos Alfamed y Representaciones Omega Salud, que recibió más de 100 millones de dólares Cadivi (foto 5). Los vecinos  aseguran que “se fueron hace como 3 años de allí”. 

Runrunes trató de entregar personalmente las solicitudes de entrevista en físico al presidente de Continental Medica y afines en las direcciones antes mencionadas, pero al encontrar puertas cerradas regresó con las cartas (foto 6) .

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De Maracaibo salieron

¿Cómo una familia sin trayectoria conocida en el ramo de la salud pudo crecer como grupo empresarial en cuestión de 10 años gracias a la importación de insumos médicos para el Estado venezolano,  hasta el punto de abrir 19 compañías en el país y otras  28 entre Panamá, Estados Unidos y Costa Rica, aparte de otras propiedades en el extranjero?

Los hermanos Rangel Baron pertenecen a una familia de inmigrantes de origen humilde que se instalaron en los años 70 en Maracaibo luego de estar inicialmente en Mérida. Su madre se nacionalizó el 8 de octubre de  1976, registra la Gaceta Oficial No. 1910.

Quienes los conocen desde hace décadas los recuerdan como unos hermanos muy unidos y familiares, pero también ambiciosos. El tiempo demostró su habilidad para los negocios. Todos estudiaron derecho en la Universidad del Zulia (LUZ).  Daniel, el segundo de los Rangel Baron, comenzó con un negocio de repuestos de carro, RB Automotriz en la avenida 15 de las Las Delicias de Maracaibo (su propiedad consta en acta del Tribunal Superior Contencioso Tributario del Zulia del 14 de diciembre de 2006). Isabel se inició como proveedora de los juguetes de Navidad para la Gobernación de Zulia a mediados de los 80’s.

Llegaron al IVSS en 2004 de la mano del empresario norteamericano-hondureño José Alfredo Rodríguez, el segundo esposo de Liliana Di Nardo, quien anteriormente había estado casada con Daniel Esgardo Baron Rangel. De este primer matrimonio hay tres hijos: Daniel Alberto, David  y Dianella Mykitta (quien usa el apellido de casada).

Los hijos de Daniel Esgardo Rangel Baron y Liliana Di Nardo se abrieron paso en EEUU luego que su madre se casó con Rodríguez. Así llegaron a Alabama y obtuvieron residencia norteamericana cuando DiNardo se casó con Rodríguez.

Rodríguez ha mantenido relaciones comerciales con Venezuela desde hace 20 años. Su empresa OncoAmerica (fundada en 2003) cuenta con centros oncológicos en México, Estados Unidos y Venezuela.

Desde Alabama donde reside, relató a Runrunes vía telefónica que estableció sus primeros contactos con el IVSS entre 1999 y 2004. Con su empresa Rismed Oncology Systems (creada en marzo de 2003 en Alamaba, EEUU),  firmó  un primer contrato con el Instituto durante la presidencia de Jesús Mantilla para el suministro de 351.780 kit de diálisis por un total de 5.919.400 dólares (distribuidos en dos órdenes de compra). En 2005, encargó a Daniel Esgardo (la ex pareja de su entonces esposa,) como representante en Venezuela de las ventas de su compañía. El nombre Rismed viene de Rodríguez Imaging Systems.

Rismed Oncology Systems fue la proveedora de kit de diálisis para el IVSS hasta el 3 de abril de 2006, fecha en la que Rangel Baron le notificó a Rodríguez que el organismo había cancelado el contrato. La decisión sorprendió al propietario porque consideraba que el contrato había sido “exitoso”. Sin embargo,  aceptó cerrar el capítulo del Seguro Social en Venezuela y dedicarse en lo sucesivo a centros oncológicos en otras regiones, como México.

Seis años después, el 27 de julio de 2012, mientras preparaba el contrato con un cliente en México, Rodríguez advirtió que existía otra empresa con un nombre similar a la suya: Rismed Dialysis Systems, registrada en Alabama en 2006, el mismo año en que supuestamente el IVSS suspendió el contrato original en Caracas. También, descubrió que la nueva firma siguió recibiendo pagos del IVSS. Su propietario era su hijastro, Daniel Alberto Rangel Rodríguez, hijo de su representante de ventas en Caracas y su ex esposa Liliana Di Nardo.

Es decir, Rodríguez se dio cuenta de que tanto Daniel Esgardo como su hijo Daniel Alberto Rangel Di Nardo “habían robado el contrato de su empresa con el IVSS creando otra compañía con nombre similar en EEUU, a cuya cuenta desviaban los pagos del organismo venezolano”, afirma. El propietario de la Rismed original asegura que el fraude asciende a 1.200 millones de dólares.

 

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Rodríguez afirma que en 2006 Rangel Baron intentó cambiar el contrato millonario a su empresa Continental Medica, pero el presidente del IVSS Jesús Mantilla se negó. Es por ello que deciden crear otra empresa con el mismo nombre Rismed Dialysis (2006) y abrir una cuenta bancaria (AM South Bank) a nombre de la nueva. Fundan además otras compañías con el mismo nombre en Venezuela (marzo 2007)  y Miami (julio 2008) a nombre de su hijo Daniel Alberto.

Todas estas relaciones están sustentadas en la demanda No. CV 13-S-310-NE presentada en la Corte Federal de Alabama que presentó Rodríguez en febrero de 2014, verificada en la base de datos Pacer de demandas jurídicas de EEUU.

Esta versión intentó ser contrastada con los involucrados. Runrun.es llamó por teléfono a los números suministrados en el RNC, pero no logró comunicarse.

 

La demanda de 50 millones

En febrero de 2014, en nombre de Rismed Oncology System, Rodríguez introdujo una demanda por 50 millones de dólares ante la Corte Federal de Alabama (expediente número No. CV 13-S-310-NE) contra Daniel Esgardo e Isabel Rangel Baron, así como también las empresas Rismed Dialysis Systems (Alabama), Rismed Dialysis System (Florida), ambas registradas bajo el nombre de su hijastro, Daniel Alberto,  y Rismed Dialysis Systems (Venezuela), a nombre de Isabel y Daniel Esgado.

Rodríguez retiró la demanda en abril de 2014 por “acuerdos familiares”, explicó el demandante.

 

Tiempos de Rotondaro

El crecimiento de Continental Medica como proveedora de insumos médicos importados para el IVSS ocurrió a partir de 2005, especialmente bajo la administración de Carlos Rotondaro Cova. Aunque Rotondaro fue designado por Chávez como presidente del Seguro Social en mayo de 2007 -cuando aún era teniente coronel-, formaba parte de la junta directiva desde 2003 cuando Jesús Mantilla presidía el organismo.

Rotondaro, quien fue ascendido a general de Brigada en 2012, forma parte de la promoción 1987 general de Brigada “Tomás Montilla”, que incluye a figuras de los gobiernos de Chávez y Maduro, como Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional), José Gregorio Vielma Mora (gobernador de Táchira) y Jesse Chacón (quien fungió de presidente de Corpoelec hasta agosto de 2015).

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Rotondaro es el titular que más ha durado en la presidencia del IVSS, salvo dos breves períodos: de  2009 y 2010 cuando estuvo en Ministerio para la Salud  (G.O 39.232) y en 2013, al ser nombrada Magally Viña Castro (G.O 40.283),  consuegra de “la primera combatiente”, Cilia Flores. Pese a su larga trayectoria en el Instituto, su ficha de cotización no aparece en el archivo digital del IVSS.

En su cuenta de Twitter @crotondaro difunde su participación en los entrenamientos al personal en el manejo de las redes sociales para difundir los mensajes de “la revolución”. A diferencia de las instalaciones de otros organismos públicos dominados por el rojo y los retratos de Chávez, la refaccionada sede principal del IVSS en Caracas mantiene el histórico azul corporativo que identifica al organismo creado en 1944.

 

 

 

 

 

 

Un robo ocurrido en septiembre de 2014 recuerda la relación de los Rangel Baron con el IVSS. La Policía de Miranda detuvo a un hombre que pretendía vender de manera ilegal 720 equipos para hemodiálisis marca Rismed Dialysis Systems, que fueron extraídos de los almacenes del IVSS de Caucagua. 

Runrunes solicitó entrevista por escrito al presidente del IVSS (18-08-15) para aclarar si la relación del organismo con Continental Medica estaría violando o no los artículos 70 y 71 de la Ley Anticorrupción, que establece que si un funcionario público se aprovecha de su cargo para intervenir en la celebración de contratos u operaciones obteniendo beneficios económicos o utilidad para sí o terceros. La comprobación de estas irregularidades podría acarrear penas entre 2 y 6 años, además de multas de hasta 100% del beneficio comprometido.

Las cifras tanto del IVSS como la de sus clientes proveedores entran en shock en un país donde el sector público y privado dependen 90% de la importación de insumos médicos, tal como lo afirmó en mayo de 2011 la entonces viceministra de Recursos para la Salud, Isabel Iturria. El último reporte oficial de escasez de material médico-quirúrgico lo presentó el Banco Central de Venezuela (BCV) en marzo de 2014, al indicar que faltaba 50% de medicinas e insumos en hospitales y clínicas del país. Ese mismo año, el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, declaró a AFP que 95% de los hospitales contaba con 5% de insumos.

La imagen de un estante vacío no es una simple abstracción en un hospital venezolano. En 2014, las denuncias por falta de  material médico quirúrgico en centros de salud aumentaron de 9,62% a 11,26%  en comparación al año anterior, certifica el informe anual 2014 de la organización de derechos humanos Provea. Una encuesta de Médicos por la Salud realizada en marzo de 2014 en 130 hospitales públicos de 19 estados, reveló que 55% de los casos había falla moderada o grave de insumos básicos, 57% de insumos médico quirúrgicos y 51% de catéteres y sondas.

También, la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos (Avedem) alerta el déficit en el sector cuya demanda nacional de equipos médicos se ubica en 2.500 millones anuales ($1.500 millones corresponden al sector público y $1.000 millones el privado). Sólo en 2014, se habían importado 254 millones, confirmó a Runrunes el presidente de esta entidad, Antonio Orlando.

En octubre de 2015, Orlando aclaró que Cencoex sólo había asignado $100 millones de dólares al sector en lo que va de año, lo cual equivale a 10% de la demanda anual en Venezuela. De la cantidad asignada, sólo han sido liquidados $17 millones. “En realidad, estamos paralizados. La situación es crítica para todas las especialidades, desde gineco-obstetricia hasta traumatología y cardiología”.  Agregó que el gobierno mantiene desde 2010 una deuda con los proveedores extranjeros cercana a $300 millones, lo que impide realizar cualquier transacción.

Un informe de Avedem de enero de 2015 registra que la escasez de los inventarios de insumos médicos en hospitales y clínicas alcanza 100%, situación que se agrava al tomar en cuenta que más de 90% de los materiales médicos quirúrgicos son importados y los que son fabricado en Venezuela, utilizan materia prima importada. El documento especifica que faltan materiales para laparoscopia, marcapasos, stent coronarios, cepillos qurúrgicos, material de bioseguridad y válvulas para hidrocelafia.

Mientras, el vicepresidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), Juan Correa, informó que la escasez de insumos médicos en los hospitales ronda 80%.

Los reportes de escasez coinciden con la caída de las importaciones de insumos médicos que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sólo en el caso del sector que agrupa el código arancelario 9018 (que incluye desde jeringas, aparatos ópticos y kit de diálisis), las compras en el exterior  se derrumbaron 80% entre 2011 y 2014, al pasar de  mil millones de dólares a $219 millones.

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Los Rangel Baron también se han dedicado a otros ramos muy distintos a la importación y distribución de insumos médicos. Dentro del sector petrolero Daniel Esgardo Rangel Baron adquirió Petrolera Social P&S (antes Posada Sandrea Construcción y Servicios) e Inversiones Generales Rio Mar. Ambas están habilitadas para contratar con el Estado, según el RNC.

El Registro Público de Panamá (RPP) indica que Daniel Esgardo es director de la empresa Cargo Three Inc, cuyo nombre comercial es Pan Air Cargo, una aerolínea de vuelos charter que comenzó operaciones en 1990 y fue reactivada en 2010 con financiamiento de las compañías de Rangel Baron en EE UU. Su capital es de 2 millones de dólares, según el RPP.

Por su parte, Isabel Rangel Baron posee 70% de las acciones de la agropecuaria Leche Mía, cuyo objeto principal es el procesamiento, comercialización, distribución y transporte de alimentos, así como la venta, importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios y agropecuarios. El RNC indica que no está actualizada, es decir, está inhabilitada para firmar contratos con el Estado. Tiene una observación de fecha del 21 de marzo de 2014: no presenta una situación financiera razonable.  

 

Pasajeros de Copa Airlines denuncian que no logran sacar cupo viajero porque la aerolínea no atiende el 0800

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Un grupo de venezolanos que compraron boletos en Copa Airlines para viajar en los próximos meses han denunciado a través de las redes sociales que no pueden completar el trámite para solicitar divisas de viajero, porque la aerolínea no contesta el teléfono para que los bancos confirmen la emisión del boleto.

«Los bancos públicos tienen una lista de los números telefónicos a donde se debe llamar, en algunos casos las aerolíneas disponen de un e-mail para esta verificación, sin embargo, Copa Airlines dispone únicamente del 0800-8267200 según aparece en la página web, pero el teléfono no cae, está ocupado o no atienden», declaró José Luzón, cliente de Copa.

Según reportaron otros usuarios, desde hace una semana comenzaron los problemas para comunicarse con el teléfono de contacto de Copa Airlines, y esta semana ha sido imposible.

«Llegamos al banco con las carpetas y nos devuelven sin poder consignar solicitudes, nos dicen que si el boleto es de Copa no están aceptando solicitudes», indicó Luzón.

Además, Luzón dijo que ha escrito directamente a los altos ejecutivos de la aerolínea solicitando ayuda, así como a las cuentas oficiales de Copa, pero no ha recibido respuesta.

 

Las 10 noticias económicas más importantes de hoy #3A

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La inflación de julio alcanzó 12,8%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se aceleró 12,8% en julio, la más alta registrada por el Banco Central de Venezuela desde abril de 1989, cuando cerró 13,5%, según confirmó a El Nacional una fuente extraoficial cercana al ente emisor.

 

Esa aceleración en los precios significa que los precios acumulan un incremento de 89,6% entre diciembre de 2014 y julio de 2015, para una inflación anualizada de 139%.

 

La información forma parte de los datos originales primarios recogidos por los departamentos de estadística del BCV y del Instituto Nacional de Estadística, y que son entregados cada mes los días 29. Los resultados se basan en las encuestas que realizan mes a mes las dos organismos y que están diseñadas bajo modelos de recolección de datos supervisados y revisados por personal técnico.

Dentro del directorio del ente emisor, la directora Sohail Hernández Parra tiene a su cargo la responsabilidad de revisar la cifra –junto con el equipo de estadística– y realizar los “cambios” que considere pertinentes. La idea es matizar el impacto que pueda tener la cifra promedio que queda registrada, aun cuando no se dé a conocer al público de manera oficial, según explicó la fuente extraoficial.

 

Es así como mes a mes en los últimos tiempos se les da un peso mayor dentro de las ponderaciones de los rubros que se miden a los bienes regulados y a los alimentos no elaborados, que son los que presentan menos aceleraciones mensuales, señaló la fuente.

 

La aceleración inflacionaria es tan alta que firmas internacionales y nacionales están revisando sus previsiones para el cierre de 2015 y en algunos casos ubican la cifra en 220% para el cierre del año. (El Nacional)

 

Escasez y aumento de precios convierten el 2015 en el año negro de los venezolanos

A las 6:00 de la mañana del martes Carla Aguirre comenzó a hacer una fila para comprar carne a 600 bolívares el kilo (86,73 euros según el cambio oficial), en la red de alimentos del Gobierno venezolano llamada Mercal, en La Trinidad, Caracas. Era martes y como su hija salía a la 1:00 de la tarde del colegio no la pudo buscar, ya que hasta las 3:48 de la tarde Carla no logró comprar lo que necesitaba. Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado una marcha “contra el hambre” el próximo sábado. Casi todo un día debió esperar bajo el sol, recibiendo órdenes de militares. En cualquier otro lugar el precio hubiese sido el doble, unos 1.200 bolívares (173,46 euros) por el kilo.

 

Carla contó que apenas gana “un poco más” del sueldo mínimo, que es de 7.421,66 bolívares en Venezuela (1.072,80 euros), por lo que debe buscar el mejor precio. “Vivo con dos personas más, que no trabajan. Mi hija y mi madre. Compramos unos tres kilos de carne en la quincena. No puedo pagarla más cara”, señaló.

 

Si Carla comprara los 6 kilos de carne que consume su familia al mes en un supermercado a 1.200 bolívares el kilo (lo que cuesta en casi todo el país), gastaría casi todo su dinero solo en carne: 7.200 bolívares.

Las neveras de Mercal, a las 4:00 de la tarde, ya lucían desoladas. La gente se llevó todo lo que pudo. Solo quedaba carne molida, de segunda calidad. El olor en el lugar era casi nauseabundo. Las neveras estaban llenas de sangre y, detrás de ellas, sobre una pared blanca también manchada de sangre, una foto del presidente Nicolás Maduro y a su derecha, una imagen de “su padre”, como él lo llama, el fallecido mandatario Hugo Chávez.

 

Según el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Mesa de Unidad Democrática opositora, la protesta convocada para el 8 de agosto tendrá lugar de forma simultánea en todo el país y en ella se planteará “el conjunto de propuestas que la MUD exige sean adoptadas de inmediato para enfrentar con sentido común, y no con balas, la crisis creada por la corrupción e ineptitud oficial”.

 

En el mensaje, Jesús Torrealba comienza por rechazar la muerte, el viernes, de un joven en medio de un saqueo en un comercio de alimentos en San Félix, estado de Bolívar, en el sureste del país.

 

La reacción oficial a la última muerte causada por la escasez y la desesperación fue muy distinta. Nicolás Maduro, afirmó que el saqueo fue “planificado” y ejecutado por “la derecha maltrecha” que recibe órdenes de Estados Unidos para intentar dar al traste con la Revolución Bolivariana.

 

Pero el comunicado de la MUD achaca la tragedia a “ciudadanos desesperados por el hambre y la escasez que incurrieron en lamentables hechos de violencia”.

 

2015: el año negro

 

2015 ha sido, de lejos, el año en el que la escasez de alimentos y medicinas y el aumento de los precios más ha afectado a los venezolanos. La carne que se consigue a 1.200 bolívares por kilo se podía comprar hace una semana en 950 bolívares . De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social, para el cierre de 2015 la inflación en Venezuela podría llegar a 200%. Otras fuentes la elevan hasta el 500%. La mayoría de la comida la importa el Gobierno, pues casi no hay producción nacional.

 

Sabrina -prefirió reservar su apellido- logró comprar en la misma tienda de Mercal que Carla, una bandeja que trae carne y pollo por 1.050 bolívares. Está desempleada, por lo que debe buscar el precio más bajo: “Hay que hacer horas de cola y si no se consigue, toca ir con los revendedores, que venden un champú en 600 bolívares”, expresó.

 

Una mujer carga con todo tipo de productos, en Caracas.REUTERS

Su historia la contó el martes, que es el día en el que debe ir a los supermercados para comprar ciertos artículos, según el último número de su cédula de identidad. Los productos que escasean en Venezuela, como la harina, leche, aceite, champú, papel higiénico o toallas sanitarias, entre muchos otros, solo pueden comprarse una vez a la semana. El número de la cédula de identidad determina el día; en otros casos lo hace la huella dactilar, pues algunos establecimientos cuentan con un sistema de identificación de la huella que distribuyó el Gobierno.

 

Los revendedores que menciona Sabrina aprovechan estas limitaciones. Compran, por ejemplo, el champú en menos de 100 bolívares (14,46 euros) y lo venden a 600 bolívares (86,73 euros), una ganancia de más de 600%. Se calcula que con una inversión de 1.000 bolívares ganan más de 7.000 bolívares. Mientras, con un sueldo mínimo, una persona como Carla solo podría comprar 12 envases de champú. (La Patilla)

 

El fantasma de la hiperinflación merodea la economía venezolana

Países como Yugoslavia, Perú y Zimbabwe alcanzaron niveles tan altos de inflación que debieron imprimir billetes de altísima denominación para reducir la masa monetaria

Países como Yugoslavia, Perú y Zimbabwe alcanzaron niveles tan altos de inflación que debieron imprimir billetes de altísima denominación para reducir la masa monetaria

 

En el mercado la gente lo percibe. Los precios están aumentando cada semana y en algunos sectores, el cambio es diario. Aunque aún Venezuela no ha alcanzado una espiral inflacionaria similar a la de los países que registraron los 56 casos de hiperinflación que ha habido en el mundo, los economistas advierten que se está en la “antesala” de este fenómeno propio en escenarios de guerra, mala administración política o de transición de una economía planificada a una de mercado. El gobierno de Maduro debe instrumentar medidas urgentes para que en el país no se repita una situación como la sufrida por Argentina, Bolivia, Brasil y Perú durante los años ochenta y noventa. Algunos sectores del chavismo admiten que es necesario flexibilizar el control de cambio, publica El Nacional.

 

El pasado lunes al mediodía, Carlos Rosendo terminó de hacer compras en un camión de frutas y hortalizas que se para al lado del mercado municipal de Chacao. “El sábado me puse a sacar la cuenta y descubrí que cada semana estoy gastando 2,46% más en comida”, dijo mostrando las dos bolsas de vegetales que había adquirido.

 

“Desde que comenzó este año la subida ha sido muy fuerte. Ahora me voy fijando en los precios que tienen los distintos mercados para ver dónde compro. Antes no tenía que hacer eso”, agregó.

 

Aunque está preocupado por el aumento de precios, el señor Rosendo es un tipo con suerte. Si su incremento semanal en alimentos es el porcentaje que señaló, en su caso la inflación mensual en ese rubro alcanza poco más de 10%. Eso es menos de la mitad del aumento de 26,5% que reportó la canasta básica familiar en junio, según el estudio nacional del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda).

 

Sin embargo, como todo depende del cristal con que se mire y del bolsillo con el que se pague, ese último porcentaje también se puede considerar bajo si se compara con la inflación general que registraron, en distintos momentos, los países que sufrieron los 56 casos de hiperinflación registrados en la historia. Allí el aumento de precios llegó a superar el 50% mensual, y esa es la medida usada para calificar un episodio de hiperinflación.

 

Al ritmo actual de desembolso de dinero que hace el señor Rosendo, los precios de los alimentos tardarían 10 meses en duplicarse, al paso del último reporte del Cenda el margen de espera bajaría a 4 meses. En los países con hiperinflación eso se reduce a un mínimo de 2 meses y el incremento no se limita a los alimentos, se expande a todas las áreas de la economía. En casos extremos, como el de Hungría en 1946, los costos llegaron a duplicarse cada 15 horas.

 

En Venezuela se están dando cambios semanales de precios, lo que es un síntoma de alta inflación, según el economista argentino Daniel Heymann, experto en el tema y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

 

La situación crea preocupación ante la posibilidad de que el país se convierta en el quincuagésimo séptimo caso documentado de hiperinflación en el mundo. El fantasma de este fenómeno ya parece rondar la economía venezolana.

 

En algunos rubros la situación se hace más evidente. Según el Cenda, el último aumento mensual de la carne de res molida fue de 100,9%, pues pasó de

 

458 a 920 bolívares, esos ya son niveles hiperinflacionarios.

 

“La semana pasada fueron 30 bolívares, en esta tuve que subir 50 bolívares.

 

El queso me llega más caro, además que me aumentan las bandejas de anime y el envoplast”, dijo a principios de la semana un comerciante en el mercado de Chacao.

 

Al analizar el balance de gastos de una familia también se hace elocuente lo que los economistas comienzan a advertir. En un sobre que se desborda de papeles, un profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela guarda las facturas de las compras semanales que hizo en el automercado el último año. Los mercados para su familia, integrada por cuatro adultos, se han ido encareciendo a la vez que la cantidad de productos adquiridos se reduce y en la lista aparecen sustituciones. Entre finales de 2014 y este mes el queso fresco rebanado se cambió algunas veces por ricota y queso duro, el jamón de pavo por jamón de pollo, la papa por batata.

 

En noviembre pasado una compra de pan rebanado, mermelada, leche, vegetales, hortalizas, frutas, huevos, yogurt y charcutería le costó 1.639 bolívares.

 

En febrero pagó 2.893 bolívares por un mercado similar. En julio, pudo adquirir lo que compraba semanalmente a finales de 2014 por 6.260 bolívares.

 

Siguiendo mes a mes, factura a factura, el precio de un solo producto de su compra habitual, como el kilo de queso fresco de búfala rebanado, se nota la aceleración del incremento: el 21 de enero lo pagó a Bs 396, una semana después a Bs 451, en febrero aumentó a Bs 453, en marzo a Bs 536, en abril a Bs 675, en mayo a Bs 700, en junio a Bs 807 y el 27 de julio lo canceló aBs 1.160. El precio de este producto casi se triplicó en 6 meses.

 

“Cuando se entra en una hiperinflación el mes y la semana ya son períodos muy amplios. Empiezan a preocupar las variaciones día a día”, afirma Heymann.

 

Para el director de Econoanalítica, Asdrúbal Oliveros, la economía parece tomar esa dirección. “Estamos en una especie de antesala a la hiperinflación general porque Venezuela tiene la mayoría de los síntomas que antecedieron este fenómeno en otros países. En lo que va de año calculamos un aumento de precios de 74,4%”, Por su parte, el director del Cenda, Óscar Meza, se atreve a calcular lapsos: “El año que viene estaremos en hiperinflación con toda seguridad si no se aplican de inmediato los correctivos necesarios”.

 

Definición

 

En 1956, el economista estadounidense Phillip Cagan escribió un artículo académico titulado “The Monetary Dynamics of Hyperinflation”. El trabajo se convirtió de inmediato en un clásico de la literatura económica y permitió comprender mejor el fenómeno.

 

“Según la definición de Cagan, un episodio de hiperinflación comienza cuando hay un mes en el que los niveles de precio aumentan al menos un 50%. Cuando la tasa de inflación cae por debajo de 50% y se mantiene así por al menos un año, el episodio termina”, escribieron Steve Hanke y Nicholas Krus, profesores de la Universidad de Johns Hopkins, en un paper publicado en 2012.

 

Apegados estrictamente a esta definición, estos académicos hicieron un estudio de la historia económica mundial y concluyeron que ha habido en total 56 casos de hiperinflación.

 

“Es un mal económico que surge bajo circunstancias extremas: guerra, una mala administración política o una transición de una economía planificada a una de mercado”, señalaron Hanke y Krus.

 

En el caso venezolano, el desencadenante del actual proceso inflacionario es la segunda opción: la política. “Los problemas del país son endémicos y asociados con la política económica socialista que se está aplicando. Por esto, para colocar a Venezuela en el camino correcto, es necesario echar el modelo socialista al basurero”, opina Hanke, quien fue entrevistado por El Nacional por correo electrónico.

 

Los economistas venezolanos tienen un diagnóstico similar de la situación.

 

“Esto está pasando por las malas decisiones políticas que se han venido tomando. Si en 2013 el presidente Nicolás Maduro hubiese activado las reformas que se debían adelantar, el país no estuviese arruinado. Maduro nos puede costar ahora una hiperinflación”, resalta Alexander Guerrero, economista y profesor universitario.

 

La falta de medidas acrecentó el desequilibrio fiscal, monetario y cambiario, los cuales son señalados por Oliveros como las causas principales del espiral inflacionario: “El anclaje de la tasa cambiaria estanca los ingresos fiscales. Sin embargo, el gasto sigue creciendo porque el gobierno no quiere reducirlo, lo que hace que el Banco Central financie ese gasto con una expansión de la oferta monetaria, eso que algunos economistas denominan impresión de dinero inorgánico. Esto aumenta el déficit fiscal y acelera la inflación”.

 

Entre los años ochenta y noventa, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú pasaron por episodios de hiperinflación. Antes experimentaron problemas similares a los que tiene Venezuela actualmente: períodos de inflación alta y crónica, fuga de capitales, desequilibrios fiscales, una brecha creciente entre el valor del dólar oficial y el paralelo, y contracción económica.

 

Juan Carlos Sosa, un taxista argentino de 63 años de edad, recuerda los días de 1989 en los que cumplía una intensa jornada nocturna en una imprenta y luego se dedicaba a la compra y venta de dólares y carros para evitar quedarse con los pesos diluidos en las manos. “A las 6:00 am, cuando terminábamos de imprimir las revistas de ofertas de los supermercados, nos llamaban a decirnos que había que cambiar todos los precios y había que echar todo el trabajo a la basura. Cuando salía de ahí, hacía dos cuadras de cola para comprar dólares a las 10:00 am que a las 11:00 vendía, luego volvía a comprar y a vender. Se vivía con ese diferencial”.

 

Lo mismo hacía la gente con los carros para poder asegurarse un bien con valor, pues aunque Sosa le podían aumentar el sueldo a diario, no valía nada. “En la puerta de Clarín te regalaban los clasificados, con ellos salíamos a buscar coches. Una vez compré uno y al día siguiente se lo vendí al que se lo había comprado primero. Así andábamos esos días. La gente llegaba con el dinero en cajas de zapatos, no valía nada. Lo importante era no quedarse con los pesos” cuenta por teléfono desde Buenos Aires. (La Patilla)

 

Gastar, trocar y endeudarse son algunas maneras de proteger el bolívar

Un bolívar fuerte representa actualmente 0,0014 centavos de dólar a la tasa del mercado paralelo; es decir, no tiene poder para adquirir productos. De allí que las economistas Tamara Herrera y Anabella Abadi recomiendan comprar hoy el producto que se encuentre porque en unos meses posiblemente no se conseguirá o será imposible pagarlo en bolívares. También sugieren no descartar el trueque y el endeudamiento como una práctica que facilita el acceso a bienes necesarios.

 

La inflación puede cerrar entre 180% y 220% para finales de 2015, según cálculos de firmas internacionales. Actualmente el alza promedio de precios pasa de tres dígitos; mientras que  la escasez alcanza 60,7%, de acuerdo con cifras de Datanálisis al cierre de mayo.

 

Tamara Herrera considera que una manera de proteger el patrimonio, grande o pequeño de la familia, es comprando bienes que eventualmente se puedan vender o trocar. “Esta es una de las expresiones de la dinámica de la hiperinflación. Los seres humanos vamos incorporando diversas formas de protección a la vida diaria”.

 

Hace hincapié en que no importa a qué clase social se pertenezca, la práctica para proteger el dinero y hacerlo rendir es la misma. Cita como ejemplo la persona que vende café en las colas de las autopistas o en un pequeño establecimiento. Aun cuando no necesite otro termo para guardar el café debe pensar en comprarlo porque hay grandes probabilidades de que en unos meses no podrá pagar el precio. “Cuando ya se está en una dinámica hiperinflacionaria, el tiempo que transcurre es importante”.

 

Su colega Anabella Abadi asegura que más que resguardar el valor del bolívar, actualmente la respuesta que hay que hallar es cómo proteger el valor del trabajo. “Cada día que pasa la inflación se come lo que ganamos; por eso se deben invertir los bolívares –pocos o muchos– en bienes que no pierdan valor”.

 

Parte de esos productos pueden ser tecnológicos, equipamiento para el hogar, un inmueble, remodelaciones, un vehículo o repuestos. “Son difíciles de conseguir y son costosos, pero hay que intentarlo si se presenta la oportunidad”. Menciona el caso de algunos alimentos no perecederos que pueden guardarse como los enlatados que en un tiempo podrían no ser tan asequibles.

 

Abadi también recomienda que quienes tengan acceso a un crédito de cualquier tipo o con cualquier instrumento lo pidan porque las tasas de interés en estos momentos son negativas; es decir, están por debajo de la inflación.

 

Es aconsejable que en las familias se “adelanten” los pagos o gastos que saben tendrán que hacer en los próximos meses. Tales son los casos de los uniformes, útiles escolares, vestido y calzado e incluso el tradicional “estreno” de diciembre. “Esto debe hacerse porque probablemente en unos meses todo estará mucho más caro y será difícil poder comprarlo”.

 

Otros gastos que son importantes hacer, en estos momentos de alta inflación y escasez, son los chequeos médicos y todo lo que involucre la salud, apunta Abadi. Añade que cualquier inversión en educación vale la pena porque  en Venezuela sigue siendo muy económica si se compara con otros países. “Invertir en preparación personal nunca está de más”.

 

Sobre la compra de dólares, Abadi afirma que hay quienes lo recomiendan, pero en el caso de una persona que le sobren 600 u 800 bolívares podría adquirir un dólar. El problema con esto es que el precio parece estar demasiado “inflado” y si en unos meses baja la cotización podría perder dinero.

 

Tamara Herrera opina que no es viable en el contexto actual proteger del todo al bolívar. “Eso significaría levantar la demanda de dinero y para ello tienes que rescatar la economía y sus perspectivas, las condiciones para hacer negocios desde el más pequeño hasta el más grande. Se trata de tener una economía que sea amplia, flexible y lo más libre posible. Dentro de esa situación sí habría una demanda de bolívares y no de dólares como ahora”.

 

Colas y violencia

 

La economista Tamara Herrera indica que la hiperinflación es la manifestación de una situación de colapso económico y social. Agrega que no es solo un problema que se presenta con los precios, sino con lo que cuesta un producto con respecto a otro.

 

Las manifestaciones están a la vista de todos a través de la escasez, en las colas y en la violencia. “Es cuando se presentan síntomas de un Estado fallido”.

 

Añade que hay que ver la hiperinflación dentro de un contexto de país, donde hay una pérdida de autoridad del gobierno, con una situación del sistema de salud precaria, una gran velocidad en el cambio de los precios y de su referente con relación a otros: “La hiperinflación es una desgracia mayúscula. Es una condena contra los asalariados y por eso la gente y empresas medianas o grandes tratan de refugiarse en la compra de bienes, trabajando mucho más horas o ‘bachaqueando’, y el gobierno no parece percatarse de ello. Una situación como la actual no tiene precedente en nuestro país”. (El Nacional)

 

Trasplantados sin medicamentos

El 19 de julio el viceministro de Insumos y Regulación del Ministerio de Salud, Henry Hernández, informó que habían llegado al país más de un millón de medicamentos para pacientes trasplantados, y que serían distribuidos. Pese a está afirmación, médicos, pacientes y organizaciones sociales siguen denunciando escasez y fallas en la dotación de medicinas e insumos de alto costo.

 

El Doctor Luis Hernández, encargado de la consulta externa del Hospital Universitario de Caracas, informó que «en la actualidad hay una falla con el micofelonato mofetilo, comercialmente llamado CellCept, que es una piedra angular para los pacientes trasplantados». La empresa que traía el medicamento tiene problemas con los permisos, por lo que no han podido introducirlo al país, añadió Hernández.

 

El galeno explicó que los pacientes trasplantados tienen que tomar medicamentos inmunosupresores, pues son los encargados de evitar el rechazo del órgano donado. «El cuerpo humano tienen una memoria inmunológica que, aunque exista compatibilidad, detecta que tiene algo que no le pertenece y por lo tanto comienza a rechazarlo».

 

Antes esta situación, los profesionales de la salud se enfrentan a la disyuntiva de qué prescribirle a un paciente en estas condiciones, y a evaluar qué productos existentes en el mercado pudieran sustituir al medicamento que le funcione al trasplantado, porque no todos toleran cierto tipo de fármacos.

 

Hernández destacó que mientras se consigue la medicina adecuada, se pone en riesgo la supervivencia del paciente, pues existe la posibilidad de que comience a rechazar el órgano. «El llamado a las autoridades es a que vuelvan a introducir el CellCept al país, porque traerlo del exterior resulta costoso para los pacientes».

 

Carmen Cordovez, paciente trasplantada de riñón, denunció que desde hace tres meses la Farmacia de Alto Costo del Seguro Social presenta inconvenientes en la entrega de medicamentos, pues no cuentan con todos los necesarios. «Esta situación es preocupante, pues después de cinco días sin recibir tratamiento el riñón puede llegar a fallar», dijo.

 

Los medicamentos Sertex y Azaprin son algunos de los fármacos que no se consiguen, insistió Cordovez, quien confesó que la desesperación por adquirir su tratamiento la llevó a pagarlo en dólares en una conocida red de farmacia del país.

 

Sin reactivos

A la falta de medicinas para paciente trasplantados se suma la escasez de reactivos para pruebas diagnósticas.

El presidente de la Fundación Amigos del Enfermo Hepático (Fundahe), Libardo Laurens, advirtió que los pacientes con hepatitis B y C no cuentan con los reactivos necesarios para el diagnóstico y evaluación de la enfermedad.

 

«Hay fallas para realizar los exámenes de carga viral, que son los que determinan la cantidad de virus presentes en el organismo de cada paciente y que son necesarios para que el médico pueda prescribir algún tratamiento», explica Laurens, quien añade que la causa de la escasez está relacionada con la falta de liquidación de divisas por parte del Centro Nacional de Comercio exterior (Cencoex).

 

En el país existen laboratorios privados que realizan la carga viral, pero cada examen tiene un costo aproximado de 7 mil bolívares, cifra que una persona de escasos recursos no puede pagar, apuntó Laurens, quien también denunció el cierre de algunos laboratorios.

 

El representante de Fundahe se dirigió la semana pasada al Ministerio de Salud para realizar la denuncia y la respuesta que recibió fue que debido a que las autoridades estaban reunidas no se recibiría ningún tipo de comunicación.

 

Laurens instó al Ministro de salud, Henry Ventura, a que el Instituto Nacional de Inmunología realice las pruebas de carga viral de forma gratuita.

 

Por su parte, la vice- presidenta de la Fundación Badan, organismo encargado de la distribución de medicamentos de alto costo, Ciramar Navarro, espera que las autoridades nacionales reflexionen y otorguen a los laboratorios los dólares necesarios para que empiecen a llegar los medicamentos , y así ellos puedan adquirirlos y ponerlos a disposición del los pacientes. (El Universal)

 

Osorio: Tenemos materia prima de alimentos para los próximos dos meses

En Venezuela hay materia prima para procesar alimentos para los próximos dos meses, razón por la cual el Gobierno Nacional activa convenios internacionales, como la compra de materia prima y otros productos importados necesarios para la manufactura de productos de primera necesidad, informó el ministro para la Alimentación, Carlos Osorio.

 

“Hemos encontrado que en Venezuela hay un aparato productivo enorme, de pequeños productores, procesadores y transformadores, en todos los niveles, los cuales se van a sumar a la red del estado de forma directa”, manifestó Osorio.

 

Por otra parte, manifestó que no solamente en el abasto Bicentenario ha surtido muchos de los hogares venezolanos sino «en toda la red pública, estamos realizando 472 operativos a cielo abierto en diferentes barrios de Caracas”, informó el Ministro durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, (VTV). (El Mundo)

 

Cencoex liquidará hoy $146 millones de subasta al sector transporte

Este lunes iniciará la liquidación del primer tramo de la subasta 01-2015 realizada por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), dirigida al sector transporte del país, refirió el ministro para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres.

 

«Mañana, lunes 3 agosto, se hará efectiva liquidación del I tramo de la subasta 01-2015 dirigida al #SectorTransporte por 146 millones de $», informó el ministro, a través de su cuenta oficial en Twitter @RMarcoTorres.

 

Este primer desembolso corresponde a un total de 350 millones de dólares entregados por el Gobierno Nacional para reforzar el sector transporte. Con estos recursos los usuarios podrán adquirir divisas para la importación de autopartes, ensamblaje, maquinarias para construcción e insumos para mantenimiento de vías públicas.

 

La subasta se llevó a cabo en el mes de junio por intermedio del Banco de Venezuela; del Tesoro y Bicentenario, pertenecientes a la banca pública y estuvo dirigida a empresas de reconocida vocación de servicio en el sector transporte.

 

De igual manera, las empresas participantes recibieron una inspección por parte de Cencoex, así como medidas de control previo y posterior a la adjudicación y entrega de divisas. (El Mundo)

 

Expresidente de Cadivi: No tenemos reservas para la crisis económica

Edgar Hernández Behrens, expresidente de Cadivi, de Banfoandes y exsuperintendente de la Sudebán, aseguró, a propósito de la conferencia sobre su libro Dios en la gerencia y los negocios, que mientras estuvo al frente de las instituciones públicas trabajó dentro de esos “principios bíblicos”, y que tras su salida “desaparecieron”.

 

“En tiempos de vacas gordas no administramos adecuadamente las divisas. Las crisis son cíclicas y la mayoría de los países toman previsiones. Por eso se creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), pero (ahora) no tiene divisas. No tenemos ningunas reservas. Los datos reflejan la crisis”, lamentó en entrevista para La Verdad.

 

Cadivi inició con una plataforma cambiaria de 13 millardos de dólares. En 2004 saltó soportada con reservas de 30 millardos de dólares. Era capaz de cubrir 96 por ciento de las necesidades del país y pagó la deuda comercial de 10 millardos en poco tiempo. Incluso tocó los 40 millardos en 2006 con expectativa de lograr 70-80 millardos en reservas, pero la realidad a 2015 roza 15 millardos de dólares.

 

Hernández Behrens señaló que cambios y hechos de “corrupción” causaron distorsión en la administración. Precisó que Cadivi arrancó con una tasa oficial de mil 600 bolívares -ante de la reversión monetaria- y una cotización en paralelo de tres mil 200. En 2005, el mercado oficial se situó en dos mil 150 bolívares, mientras que fuera de regulación en dos mil 350 por dólar. “Bajó al 10 por ciento. No había ningún tipo de especulación, quien necesitaba divisas las tenía. Ahorita es lo contrario”. (El Nacional)

 

Sundde sigue inspecciones en venta de útiles escolares

Con motivo del inminente año escolar, que comienza en septiembre, la Superintendencia Nacional para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) inició en días pasados jornadas especiales de fiscalización en venta de artículos escolares.

 

En este sentido, en el estado Zulia funcionarios de la Sundde realizaron una venta supervisada de 2.500 artículos escolares (cuadernos, lápices, creyones, entre otros) en la distribuidora Inversiones Sirius y Co, ubicada en el centro comercial Galerías Mall, en Maracaibo, por exceder el 30% del margen de ganancias que está establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj), según nota del ente.

 

La Sundde aplicó el ajuste inmediato del precio de los artículos y procedió a la venta supervisada con acompañamiento de los funcionarios de la institución.

 

Asimismo, el comercio fue multado con mil Unidades Tributarias (UT), que equivalen a 150 mil bolívares.

 

En Anzoátegui la institución detectó sobreprecio en nueve papelerías, ordenó el ajuste inmediato del valor de los productos y procedió a sancionar a los establecimientos con multas desde 200 hasta 4 mil UT. En Aragua la Sundde realizó varios procedimientos a librerías y papelerías de la entidad que totalizaron multas por 9 mil UT.

 

La Sundde también realiza inspecciones de matrículas en colegios privados para garantizar que los ajustes que se hagan sean los adecuados. (El Mundo)

 

Fedecámaras: Debemos buscar una conexión más eficiente con el país

Entrevistado este domingo por José Vicente Rangel. el nuevo presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, sostuvo que el gremio debe apuntarse a una conexión más eficiente con el país, los trabajadores y el empresariado.

 

A su juicio, la forma de hacerlo es abocarse a influir directamente en los cambios económicos del país. “Nosotros desde Fedecámaras podemos realizar muchos aportes al país pues es innegable la actual crisis que estamos viviendo y la cual debe ser atacada de manera consensuada con ambos sectores del país”.

 

Martínez aseguró que se deben buscar los consensos necesarios para que los sectores públicos y privados accionen de forma mancomunada y así lograr un modelo económico que permita el desarrollo del país de manera sostenida. (El Mundo)

 

Gobierno y empresas deben reconocerse para dialogar

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez destacó, al igual que sus antecesores recientes, la necesidad de un diálogo con el Gobierno para «solventar de raíz» la crisis económica del país, sobre la base de un «reconocimiento mutuo», entre las partes.

 

El empresario señaló que ante la actual coyuntura económica se impone un consenso entre el sector público y el aparato productivo privado. «Desde Fedecámaras», dijo, «proponemos en una pequeña agenda de cinco puntos, la revisión del régimen cambiario; que sea un tanto más eficiente y transparente para garantizar la compra de materias primas y repuestos para la producción de bienes y servicios. Que permita una mejor planificación de nuestras empresas».

 

Durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, comentó que «ojalá podamos contar con una economía tan fuerte y robusta que no haga falta tener mecanismos de control; y que más que cuidar la salida de capitales, se esté vigilante a la llegada de estos recursos. Mientras eso no ocurra vamos a seguir teniendo problemas severos en la capacidad productiva» local.

 

Martínez sugirió también revisar el planteamiento «inédito» de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) de perfilar un Sistema Administrado de Precios, a través de cual se permita construir los precios con las rentabilidades adecuadas.

 

En su opinión «el Estado debe regular la especulación pero el excesivo control está inhibiendo la colocación de productos» con rendimientos apropiados. Y añadió que » la mejor manera de controlar la especulación es incentivando la producción nacional. Nadie especula en la abundancia».

 

Otro de los factores que inhiben la producción, refirió Martínez, son los «ataques a la propiedad privada y a la libre iniciativa, a través de las fiscalizaciones que son producto de un marco legal que restringe al empresariado y que muchas veces, está acompañado de una alta discrecionalidad de los funcionarios».

 

Consideró que esos temas «hay que abordarlos con amplitud, que no obedezcan a intereses particulares e incluso a intereses partidistas, mucho menos que sirvan de trampa ideológica que no permitan ver la realidad del país».

 

Cara a cara

 

El presidente del gremio empresarial indicó que el diálogo debe partir del «reconocimiento» de las partes, de «la confianza» y el logro de acuerdos mínimos.

 

Argumentó que «… nosotros no nos negamos a la ideología del Plan de la Patria, porque consideramos que es válido que desde el Gobierno tengan una visión ideológica. Lo que no estaríamos de acuerdo es que esa visión ideológica no les permita ver la realidad económica del país y sobre todo se les niegue la posibilidad, porque se convierte en una especie de trampa ideológica, de consensuar con otra parte del país que probablemente no pensamos igual».

 

Al ser consultado sobre las reuniones que han adelantado Gobierno y empresas, sostuvo que muchas «terminan en insultos» y «se pierde el tiempo (…) son deplorables».

 

Propuso entonces constituir una plataforma o sistema donde las partes puedan abordar los problemas del país sin prejuicios e imposiciones y sobre la base de la confianza y el compromiso mutuos.

 

Afirmó el dirigente gremial que desde Fedecámaras estarían dispuestos a acompañar al Gobierno a tomar las «muy fuertes» medidas económicas para enmendar la crisis.

 

«En Fedecámaras», apuntó, «estamos dispuestos a acompañar al Gobierno Nacional, sí solo si somos incluidos en el consenso, sin que sea una imposición sobre todo, en los acuerdos mínimos». (El Universal)

 

Crearán comisión para la sustitución de importaciones

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado la creación de una comisión de alto nivel de carácter presidencial, que esté conformada por las principales industrias del Estado, para ir a la definición de un plan de acción para impactar sobre la guerra económica emprendida por la derecha y sustituir importaciones.

 

«Es muy importante compañeros avanzar en la definición teórica, científica, tecnológica y práctica de nuestro modelo económico y romper la dependencia con tecnología que a veces trancan el juego sin necesidad», instó el Presidente durante una jornada de trabajo realizada en el campo Morichal, entre los estados Anzoátegui y Monagas, transmitida en cadena de radio y televisión.

 

Por esta razón, Maduro llamó al Vicepresidente para el Área Económica, Rodolfo Marcos Torres y al Vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, al trabajo conjunto con las empresas Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Sidor, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), la industria del aluminio, así como a la Federación de Industriales, pequeños, medianos y artesanos de Venezuela (Fedeindustria) en elaboración de propuestas de acción que vayan en contra de la dependencia «parasitaria que nos impusieron que todo lo que necesitamos viene de afuera».

 

Sectores de la derecha nacional han emprendido una guerra económica en contra del pueblo venezolano, con el acaparamiento, contrabando y especulación de alimentos, así como de insumos necesarios para el buen funcionamiento de la industria automotriz y mecánica, necesaria para impulsar la producción.

 

Es por esto que el Jefe de Estado propuso actuar por sectores económicos y por las regiones del país, para abordar las necesidades de cada estado.

 

«El patrimonio de conocimiento acumulado en nuestras industriaras de puntas se pierde de vista. Lo que se trata es de integrar, de crear un modelo de planificación y pasar inmediatamente a victorias tempranas demostrando como podemos sustituir tempranamente cosas que podemos hacer acá». (El Mundo)

Estado delincuente, Estado criminógeno por Javier Mayorca

estado criminal

El 10 de junio, la fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que habían acusado a 514 personas por el supuesto “uso irregular de divisas” a través de la extinta Cadivi. La información divulgada por el Ministerio Público no precisa si tales acusaciones fueron formuladas solamente en 2015 o desde que se inició la investigación correspondiente, en 2013. En todo caso, se argumentó que tales ilícitos “menoscaban el desarrollo económico del país”.

Previamente, el 25 de abril, la misma funcionaria afirmó que 1.711 personas habían sido detenidas este año por contrabando y acaparamiento, delitos que según ella van encaminados a “desestabilizar la economía”.

En total, por la medida mínima, han sido procesadas penalmente 2.325 personas por los referidos ilícitos. Llama la atención cómo la propaganda oficial justifica la persecución penal a semejante cantidad de individuos, en el marco de la denominada “guerra económica”. Y cómo importantes capas de la población, afectadas directamente por el desastroso desempeño gubernamental, aún creen en la prédica que atribuye la escasez y el brutal incremento de los precios a la conspiración de un grupo de malvados empresarios que nunca terminan de ser expuestos a la luz pública.

Llegamos entonces al nivel en que para hablar de economía también hay que manejar conceptos de derecho y seguridad ciudadana, y viceversa. Esto debido a que la actividad económica está criminalizada.

Todo comenzó en 2003, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Sus dos argumentos para implantar el esquema de controles al flujo de moneda extranjera fueron: 1) detener la fuga de capitales, y 2) impedir el lavado de dinero.

En ambos aspectos el fracaso fue rotundo. El drenaje de los recursos del país no sólo no se detuvo sino que se aceleró, alimentado por el efecto riqueza ocasionado por la bonanza petrolera. Al respecto, la carta “mea culpa” del exministro de Planificación Jorge Giordani es plena prueba.

Simultáneamente, desde las entrañas del propio Estado se generó toda una clase social enriquecida sobre la base de actividades ilegales a la luz de las normativas improvisadas por el brazo legislativo del propio régimen. Los “boliburgueses” y sus padrinos políticos son ni más ni menos los responsables de que Venezuela llegase a ocupar el octavo puesto en el ránking mundial de países exportadores de capitales ilícitos, según la organización Global Financial Integrity, sólo superada en Latinoamérica por México, donde germinaron las más importantes organizaciones delictivas del hemisferio occidental durante los últimos veinte años. Esta casta nacional hace recordar a los “ladrones en ley” (vor v zakone) de la extinta Unión Soviética.

En Venezuela, tal y como lo señalan Tablante y Tarre, el Estado se transformó en un actor de la criminalidad. Por tal razón, el abogado Bayardo Ramírez Monagas lo denomina “Estado felón” o delincuente. Esta expresión no sólo se refiere a la incorporación de importantes funcionarios en actividades al margen de la ley, sino también a la incapacidad de los propios poderes públicos para implantar los correctivos necesarios de manera oportuna.

Pero hay otro aspecto de esta realidad que ha sido poco tratado, y que se refiere precisamente a las declaraciones de la Fiscal. El propio Estado, con su afán por controlar cada espacio de la vida de los individuos, ha empujado al resto de la sociedad a la ilegalidad.

En este sentido, entonces, tenemos un Estado delincuente y al mismo tiempo criminógeno.

El control de cambios en el país creó delincuencia de varios niveles. Sobre la de ligas mayores aún es poco lo que se sabe. Baste decir que cuando la Dirección de Contrainteligencia Militar se asomó al listado de grandes beneficiarios de Cadivi y del sistema Sucre, reculó y se contentó con detener a un teniente coronel del Ejército, vicepresidente de la oficina de control cambiario, y a un primo hermano señalado de ser su testaferro.

Pero en las “ligas menores” estaba el resto de la población venezolana, arrastrada a la ilegalidad de los mercados negros por decisión del propio Estado. ¿Quién no compró dólares a un amigo o conocido para poder viajar sin estar pendiente de si la tarjeta “pasó” o hacer encargos sin el corsé que imponían los cupos? ¿Quién no adquirió el “electrónico” a algún familiar que no lo usaría? En Venezuela, donde prácticamente todo lo que se consume es importado, la disponibilidad de divisas se transformó en un factor de preservación de la salud y la libertad individuales. Por lo tanto, el control de cambios operó y opera como un mecanismo de control social y político. El Estado permite que el individuo permanezca en la ilegalidad, hasta que sea percibido como incómodo para la permanencia del régimen. Entonces, será objetivo de la “selectividad represiva”, una característica a la que nos hemos referido en otras entregas.

En la «guerra económica» el enemigo es la población

Poco a poco campesinos, amas de casa, transportistas y hasta docentes se incorporan al “bachaqueo”, sin conocer o importarles el hecho de que desafían las normas implantadas por el propio Estado para sostener lo insostenible. Desde luego, con el pasar del tiempo esto también mina la cohesión de las filas oficialistas. Por eso, el contrabando se convirtió de la noche a la mañana en el principal delito cometido por funcionarios militares en el país.En esta misma línea se inscribe la “guerra económica” declarada por Nicolás Maduro. Desde Sun Tzu hasta estos días, uno de los factores vitales para cualquier guerra es poseer una definición clara del enemigo. De lo contrario será imposible determinar cuándo el conflicto será ganado. En el caso venezolano, lo que no se dice es que la “guerra económica” es del Estado contra los individuos, con el Ejército y todos los poderes públicos en el rol de armas de destrucción masiva. Aún así, el bando contrario gana adeptos cada día. En las fronteras de Táchira, Zulia y Apure hay pueblos enteros dedicados al traslado de mercancías a Colombia, que reaccionan iracundos cuando la fuerza pública les impide continuar en lo suyo, como pasó recientemente en un caserío tachirense llamado La Cooperativa.

Breves

*Esta es la historia de lo ocurrido a un conductor que circulaba hacia El Solar del Hatillo, el 31 de mayo en la noche. Algunos detalles fueron omitidos para proteger su identidad. Un relato sobre la impotencia y la ausencia de protección que caracterizan la vida actual del venezolano. Parece ficción pero es cruda realidad:

“(…)me encontraba subiendo en mi carro por la vía que está entre la urbanización Lomas del Sol y el cruce hacia el Solar del Hatillo, cuando inesperadamente apareció una camioneta por detrás, me adelantó e interceptó. Se bajaron tres hombres armados y metí retroceso. Giré el volante para intentar huir en sentido contrario, pero en esta maniobra mi carro volcó. Los hombres armados subieron nuevamente a su carro y dieron vuelta para intentar perseguirme.

“Al verlos bajar hacia donde me encontraba yo volteado, sin mucha posibilidad de poner a salvo mi vida, busqué la forma de poder salir del carro para esconderme en otro lugar. Pero cualquiera de las opciones me colocaba al descubierto y de frente a ellos por lo que decidí esconderme lo más atrás posible (en la cabina), pensando que los hombres podrían disparar al puesto del piloto o del copiloto. Pero los antisociales al encontrase con el accidente decidieron escapar.

“Cuando ya no veía el carro de ellos salí como pude en busca de un lugar un poco más seguro. Decidí esconderme detrás de un árbol donde el monte estaba un poco más tupido. Desde ahí, tirado en el piso para evitar que alguien pudiese verme, con miedo de que pudiesen regresar los antisociales, comencé (con 6% de batería) a llamar a algunos amigos. Pero en vista de la mala señal del lugar no pude lograrlo. En el quinto intento llamé a mi padre. No quería hacerlo porque él sufre de la tensión. Pero no quedaba de otra. Necesitaba salir de ahí y estaba lejos de algún lugar seguro. Esta vez la llamada cayó. Yo estaba asustado como nadie, pero intentaba no transmitir el pánico a mi padre: «Hola, estoy bien, no me pasó nada, pero necesito ayuda, busquen a la policía y vengan para acá», le dije mientras miraba a todos lados estudiando la zona para ver dónde podía esconderme mejor. Pensaba que en cualquier momento volverían los antisociales.

“De repente, de la nada aparecieron unos héroes anónimos en tres carros, desconocidos por mí pero amigos entre ellos. Al ver mi carro se pararon para ver si todo estaba bien. Salí de donde estaba escondido, gritando: «Estoy bien, por favor sáquenme de este lugar, intentaron robarme y pueden volver». Ellos accedieron, agarré un par de cosas de mi carro y me fui con ellos a un lugar seguro lejos de ahí. Nunca colgué el teléfono y mis padres escucharon todo. Seguí hablando con ellos para intentar calmarlos y explicarles adónde estábamos yendo.

“Mientras los héroes anónimos llamaban a la policía e intentaban calmarme un poco llegaron mis padres. Nos abrazamos, dimos gracias infinitas a quienes me ayudaron y fuimos al lugar donde estaba mi carro pues ya habíamos confirmado que la policía estaba ahí. Luego de todo lo acontecido pensé que todo fluiría normal, pero la Policía Nacional en vez de radiar al carro según mi testimonio (a lo cual respondieron que ya PoliHatillo tenía el caso) prefirieron jugar a desmentir todo, en busca de aprovecharse de mi estado anímico para obtener alguna retribución económica. Juego en el cual no caí, y sin dudar defendí el testimonio de lo vivido.

“En vista de que todos mis papeles estaban en regla, que la prueba de alcohol arrojó 0,00% y que su método de presión se hacía cada vez más nulo, me dijeron: «Tenemos que ponerte una multa porque venías retrocediendo». No me quedó más    nada que reírme y decirles: «Pónganla».

“Pasé la noche en la clínica haciéndome exámenes. Todo estaba perfecto. Busqué mi carro, lo llevé a mi casa y fui a PoliHatillo a ver si efectivamente tenían el caso, a lo que respondieron: «Te mintieron. Nada sabemos de lo ocurrido. Mi pana, yo no sé cómo usted está vivo».

“Tristemente tal y como luego le dije al CICPC, lo único malo de que no me haya pasado nada es que seguramente a otro le va a pasar. Esto en vista de que la denuncia no procede, pues no hubo ningún acto consumado, ni robo, ni secuestro, ni ajuste de cuentas”.

*En entregas anteriores hemos tratado el tema de los “patriotas cooperantes”, figura equivalente a los informantes confidenciales, utilizada en forma indiscriminada por los cuerpos de seguridad venezolanos para la persecución de opositores políticos, con el aval de jueces y fiscales. En el caso de la técnico en Procesos Químicos Araminta González se le confirió el carácter de soplones a por lo menos dos personas de su propio entorno, quienes a su vez también fueron presionados por los cuerpos policiales. Otros se mezclaron en las manifestaciones a las que ella asistía y la involucraron en un expediente por supuesto terrorismo, asociación para delinquir y otros delitos. La mujer, de 33 años de edad, permanece en los calabozos del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) desde hace más de un año, luego de ser presentada ante el juzgado primero de control del estado Miranda. En otras palabras, el proceso judicial está paralizado. Su abogado José Vicente Haro recaba evidencias sobre las torturas a las que fue sometida para obtener un testimonio incriminatorio contra Vasco da Costa. Hasta ahora ha podido precisar dos procedimientos. El primero, llamado “el masaje” en el argot policial, consiste en envolver al detenido con una colchoneta. Posteriormente, es golpeado en forma repetida mientras le hacen las preguntas de rigor. Los traumatismos se unen a la falta de aire. La otra técnica es conocida como “helicóptero”: al detenido le toman mechones de cabello mientras le dan vueltas hasta que se desprende del cuero cabelludo. Las lesiones, además de dolorosas, tardan mucho en sanar.

*Un informe de la Guardia Nacional advierte sobre el crecimiento de la banda llamada Juvenal en el sur del estado Aragua y en Guárico, territorios donde anteriormente imperaba la organización de José Tovar Colina, alias Picure. Los antisociales son señalados por los secuestros de dos gerentes de la empresa china Ciric y tres fiscales del Ministerio Público, entre ellos el 61 nacional Nohengry Mendoza (6 de mayo). Todos fueron víctimas ocasionales de un grupo que opera en forma cada vez más abierta, manteniendo cautivas a familias enteras en fincas de la región. Los golpes propinados por los cuerpos de seguridad a la banda del Picure desde el año pasado ocasionaron que la banda Juvenal también haya asumido el control de las extorsiones a los hacendados. Algunos son obligados a pagar con ganado o vehículos, pues no disponen de las altas sumas exigidas por los antisociales. La GN atribuye a este grupo los homicidios de tres personas que este año han intentado eludir los “puntos de control” que la banda instala en las vías que comunican a Guárico con el oriente del país. La última víctima fue Fernando José Villanueva de 54 años de edad, quien se negó a entregar una pick up Luv Max el 31 de mayo.

*El país atraviesa por una importante intensificación de la criminalidad. En Caracas, las muertes violentas se han incrementado durante el primer semestre del año 7,2% con respecto al primer semestre del año pasado. Los robos y hurtos de vehículos en permanente aumento, así como delitos asociados como los secuestros, las extorsiones y los asaltos a viviendas. En Zulia matan a cuatro personas en promedio diario, y en Aragua tres. En Antímano hubo un incremento de 70% en los delitos conocidos durante junio, con respecto al mes anterior, de acuerdo con fuentes de PoliNacional.  Los homicidios cada vez reflejan mayores dosis de odio y ensañamiento. La ciudadanía presa del miedo no encuentra a quién acudir ante la inoperancia cada vez más patente de los exponentes del “nuevo modelo policial”, prestos a reprimir a manifestantes pero pusilánimes cuando se trata de las bandas armadas de la Cota 905 o del Cementerio. El Gobierno, desde luego, conoce esta situación pero está entrampado en una contradictoria dinámica. Por una parte, negocia y hace concesiones a los delincuentes al otorgarles “zonas de paz” y refugios en prisiones como Tocorón. Por la otra, presume de una “mano dura” militarista que nada tiene que ver con el rescate de la institucionalidad. Luego de la destitución del mayor general Miguel Rodríguez Torres otros dos oficiales activos de la FANB han estado al frente del ministerio de la seguridad. La almirante en jefe Carmen Meléndez nunca se encontró a gusto en el cargo, y parece que lo mismo ocurre con su reemplazo, el mayor general Gustavo González. Muchos soles para una guerra interna que se está perdiendo.

*”Ni que nos vayamos nos podemos ir” es la última obra protagonizada por la actriz Caridad Canelón. El libreto de Lupe Grehrenbeck refleja los conflictos de una mujer en preparativos para visitar a su hija, radicada en Florida (EEUU) luego de sufrir un secuestro junto a su familia en Caracas. Ese viaje, programado para durar solo un mes, tiene todas las características de una mudanza, o mejor dicho un desplazamiento forzado de una persona que huye de la escasez y la criminalidad, pero que a la vez se niega a abandonar su terruño. La obra, como nuestra realidad, se mueve entre la comedia y tragedia. Pero logra un excelente balance que al final suscita reflexiones en el espectador. La pueden ver en la torre BOD, entre viernes y domingo.

La Comuna 13 de Medellín

*La foto que acompaña este breve fue tomada en la Comuna 13 de Medellín, durante una visita que tuve la oportunidad de llevar a cabo en mayo. Este barrio, como otros tantos de la capital antioqueña, fue escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y reductos del Ejército Popular de Liberación y del Ejército de Liberación Nacional. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con tasas de homicidios que superaron los 380 casos por cada 100.000 habitantes en 1992 debido a la guerra del cartel liderado por Pablo Escobar contra el Estado colombiano. Muerto el Patrón, los homicidios disminuyeron en forma consistente. Pero entre los años 2000 y 2002 hubo un importante repunte de la violencia criminal, debido precisamente al conflicto armado entre las bandas agrupadas en torno a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, reductos guerrilleros y otras organizaciones criminales. Hoy en día, la tasa de homicidios en Medellín ronda los 40 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un tercio de la correspondiente a Caracas. Un nivel de violencia que todavía preocupa pero que en nada se parece a lo vivido allí durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado. En los últimos 25 años la ciudad colombiana ha tenido gobernantes de distinto signo político, que sin embargo coincidieron en colocar el problema de la criminalidad en el tope de su agenda, y convocaron a la sociedad civil organizada para superar esta situación. La experiencia de Medellín, además, enseña que en esto no hay soluciones de corto plazo. Por lo tanto, para superar esta violencia sin límite Venezuela tendrá que recorrer un largo camino. Cada día que pasa sin dar los primeros pasos sólo hará más difícil alcanzar la salida.

Fiscalía publica lista de 514  personas acusadas por uso irregular de divisas

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Este miércoles 10 de junio, la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, informó a través de su cuenta en Twitter un nuevo listado de 541 personas acusadas por incurrir al uso ilegal de divisas otorgadas por  la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

La Fiscal reiteró el papel del organismo oficial en la lucha contra la corrupción.

Con información del Ministerio Público 

Gobierno liquidó 71% menos divisas entre enero y abril

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Los primeros cuatro meses de este año el gobierno liquidó en promedio 40,6 millones de dólares por día a través del Centro Nacional de Comercio Exterior y el Sistema Marginal de Divisas. El monto es 71% menor que lo que se canceló en igual período de 2014, cuando se entregaron 140 millones de dólares por día a través de los tres mecanismos que estaban vigentes, según cifras de Ecoanalítica.

La firma detalla que entre enero y abril de 2014, Cadivi entregó 68,3 millones de dólares diarios, mientras que este año el Cencoex liquidó 38,7 millones, y a través del Sicad I se entregaron 43,1 millones de dólares, pero este año no se han hecho liquidaciones.

La tercera tasa oficial que había en 2014, el Sicad II, liquidó en promedio 28,6 millones de dólares diarios, mientras que el mecanismo que lo sustituyó este año, el Simadi, liquidó 1,9 millones de dólares por día.