Boicot

EL  MINISTERIO PÚBLICO ORDENÓ la excarcelación de 53 gerentes y subgerentes de la cadena de supermercados Central Madeirense detenidos por señalamientos de «boicot», bajo una medida de presentación y prohibición de salida del país hasta el juicio.

La excarcelación sucede luego que de los abogados defensores hicieran la petición a Fiscalía, y de que el caso hubiese sido abordado por el gobierno de Portugal, ya que entre los detenidos se encuentran personas con nacionalidad portuguesa.

Los 53 gerentes deberán obedecer la medida de presentación cada ocho días y no podrán salir de Venezuela hasta que se realice el juicio.

Como explicó a El Pitazo el asesor jurídico de la empresa, Daniel Alberto Apuerta, a los trabajadores se les acusa del delito de boicot, tipificado en los artículos 54 y 55 de la Ley de Precios Justos. Esta acusación es negada por los abogados y trabajadores de la empresa de capital lusitano.

El lunes 24, cuando Apuerta solicitó el beneficio de libertad provisional a tres gerentes por sus condiciones de salud, la Fiscalía cuarta del estado Lara, a cargo de la juez Dalin Mora, negó esta petición; sin embargo, un día después, la orden nacional fue liberar a todos los gerentes e imponer medidas cautelares.

El abogado Daniel Alberto Apuerta explicó que podían pasar hasta 45 días para la próxima audiencia; sin embargo esperan que lo más pronto posible puedan obtener libertad plena para todos los trabajadores de la cadena de supermercados, a quienes consideran inocentes del cargo que les imputan.

Sin embargo, aún permanecen gerentes detenidos de otros supermercados más pequeños, señaló la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui. “Sé que liberaron a los de Central Madeirense, pero aún quedan detenidos de otros supermercados mas pequeños, pero la situación es que nunca debieron haber estado presos y sometidos al escarnio público”.

En Miranda y Distrito Capital, doce gerentes de la cadena Central Madeirense fueron liberados bajo régimen de presentación luego de una semana detenidos en una sede de la PNB en la Yaguara por ser los supuestos culpables de los anaqueles vacíos de los automercados, reportó Crónica Uno.

Apoyo de Portugal

Una decena de portugueses gerentes de supermercado, detenidos desde el viernes en Venezuela, fueron puestos en libertad por las autoridades de Caracas, que les acusaba de haber infringido la ley de control de precios, anunció el miércoles el gobierno de Lisboa.

“Recibo con satisfacción la liberación de nuestros compatriotas en Venezuela”, anunció el primer ministro portugués Antonio Costa en su cuenta de Twitter.

“Los siete portugueses y otras tres personas de origen portugués fueron todos liberados”, precisó a la AFP un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.

El lunes, el jefe de la diplomacia portuguesa Augusto Santos Silva protestó contra la detención de estos gerentes de supermercado y advirtió a Caracas de que el asunto podría comprometer las relaciones entre los dos países.

Las autoridades de Venezuela activaron una serie de medidas para hacer frente a la recesión en la que está sumida el país desde hace cuatro años, que se traduce en una hiperinflación y una escasez de productos alimentarios y de medicamentos.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro fijó especialmente el precio de 25 productos alimentarios básicos o de higiene personal. Desde agosto, las autoridades de Caracas detuvieron a unos 150 encargados de supermercado.

El presidente Nicolás Maduro anunció el viernes que al menos 34 gerentes estaban detenidos.

*Con información de El Pitazo, Crónica Uno y AFP

EN UN PROCESO DE FISCALIZACIÓN realizado por funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en todas las sedes de los supermercados Central Madeirense, hubo 53 gerentes detenidos que permanecen en diferentes comandancias de la Guardia Nacional (GN) desde el miércoles 20 de septiembre.

Daniel Alberto Apuerta, asesor jurídico de la empresa, informó que se les acusa por el delito de boicot, tipificado en la Ley de Precios Justos, en sus artículos 54 y 55, donde establecen que “quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años […]”.

Apuerta, quien representa a cuatro gerentes y a un subgerente del estado Lara, explicó que para tres de estos trabajadores solicitó beneficios de ley por sus condiciones de salud. Por tal motivo les realizaron una evaluación médica el lunes 24 de septiembre, en los tribunales del Edificio Nacional.

Los médicos forenses estuvieron aproximadamente, media hora con cada trabajador y entregaron sus informes a Dalin Mora, fiscal principal de la Fiscalía cuarta del Ministerio Público y a los auxiliares Saba Pérez y Maida Molina. El beneficio de ser juzgados en libertad les fue negado y establecieron 45 días, contados a partir de esta fecha, para la próxima audiencia.

Niega boicot

El abogado Daniel Alberto Apuerta explicó que hasta hace año y medio, la empresa de venta de alimentos hacia pedidos a sus proveedores nacionales e internacionales y pagaba entre 15 a 20 días después de haber recibido los productos.

La realidad actual es diferente, deben cancelar cada pedido con anterioridad o el mismo día que reciben la carga, eso hace que se disminuya la cantidad de productos.

A su vez, la distribución de los productos, desde Caracas hasta todas las sedes de Venezuela, tarda debido a las distancias, lo que se traduce en anaqueles vacíos ciertos días del mes.

Continúa leyendo en El Pitazo

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) expresó en un comunicado que «si existe sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana no proviene del sector productivo».

Conindustria aseveró que a ese sector económico «es a quien menos le conviene la realización de actos de este tipo que perjudican sus propios intereses y, en última instancia, a la totalidad de la población venezolana», manifestó en la misiva.

El conglomerado de industrias hizo pública su posición ante el acuerdo de la mesa de diálogo divulgado el pasado fin de semana en el que participaron Gobierno y oposición, junto al acompañamiento de lo expresidentes, Unasur y el Vaticano.

A continuación texto íntegro del comunicado:

La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, quiere hacer pública su posición ante el acuerdo de la Mesa de Diálogo divulgado el pasado fin de semana:

Las empresas privadas industriales representadas por nuestra organización gremial tienen por objetivo producir bienes para el consumidor venezolano; ésta es su razón de ser y para ello trabajan con el mayor esfuerzo. Los factores que frenan la capacidad de producción se encuentran en las políticas públicas equivocadas que obstaculizan las inversiones, el acceso a materias primas, materiales de empaque y repuestos para el mantenimiento del parque industrial.

Si existe sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana no proviene del sector productivo, pues es a quien menos le conviene la realización de actos de este tipo que perjudican sus propios intereses y, en última instancia, a la totalidad de la población venezolana. Por el contrario, la sistemática persecución a la actividad privada y la instrumentación de políticas públicas erradas han ocasionado el cierre, en los últimos 17 años, de más de 8 mil industrias. Esa es la verdad. Las mentiras, por más que se repitan muchas veces, no pasan a ser ciertas, aún cuando sean dichas por ingenuos bien intencionados.

Tanto las empresas privadas industriales, como sus proveedores y sus clientes en sectores privados comerciales de distribución, han manifestado reiteradamente propuestas en forma de cambios a las políticas públicas, con el propósito de aumentar los niveles de acopio, producción y distribución. Se requiere aumentar la producción de alimentos y medicinas para satisfacer la demanda de los venezolanos, pero también hay que incrementar las cantidades de envases plásticos, de vidrio y de metal, tintas y pegamentos, repuestos para las máquinas, camiones y automóviles; telas y productos de confección; cemento y cabillas para la construcción de hogares y fábricas. La vida diaria de los venezolanos requiere de muchos productos que las fábricas, con trabajadores venezolanos, podrían producir si éstas no se vieran impedidas por un modelo económico signado por políticas públicas equivocadas. En Venezuela se pueden fabricar, en cantidades suficientes, muchos de los productos que hoy son importados. Las importaciones prioritarias deben ser de materias primas para que sean procesadas en fábricas establecidas en el país.

Los empresarios industriales hemos participado en todas las reuniones de diálogo desde las mesas técnicas en el Círculo Militar en el 2014 hasta los Consejos de Economía Productiva que este año se han celebrado. Nuestras propuestas no han sido instrumentadas porque chocan con un modelo de centralización y control cuyo fracaso vivimos hoy. La arrogancia o ignorancia en insistir con un modelo fracasado ha empobrecido y continúa empobreciendo a consumidores, trabajadores y empresas venezolanas.

Abogamos por regresar al marco constitucional, lo cual no implica negociación, sino respeto por las leyes y las obligaciones allí contenidas y aprobadas por los ciudadanos venezolanos.

La directora general contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, Yurima Gil Trías, aseguró que desde el 1º de enero y hasta el 9 de marzo de este año se ha logrado la privativa de libertad de 336 personas, presuntamente incursas en delitos de acaparamiento, desvío, boicot y contrabando de alimentos básicos y combustible, además de otros tipos penales de naturaleza económica.

Durante su participación en el programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido este jueves 10 de marzo por Radio Nacional de Venezuela, Gil dijo que en esta materia en lo que va de 2016, se han procesado a 811 personas en los respectivos tribunales de control.

Al destacar la actuación apegada a la legalidad de los fiscales del Ministerio Público en estos casos, señaló que se busca aminorar los ilícitos penales que atentan contra la seguridad alimentaria de la población venezolana.

También informó que la semana pasada fue incautado un cargamento de 30 toneladas de caraotas en un galpón privado del estado Carabobo.

Adelantó que el fiscal de la causa ordenó la experticia fitosanitaria y realizó las diligencias en un tribunal de control de la entidad federal, a fin de que este producto, luego de las verificaciones técnicas, se coloque a la disposición de los consumidores.

En Abastos Bicentenario

Gil indicó que como consecuencia de los operativos anticorrupción en los Abastos Bicentenario del país, el Ministerio Público presentó en tribunales de control a 56 personas, de las cuales 31 fueron privadas de libertad bajo la presunta comisión de los referidos delitos, así como de otros como desestabilización a la economía, asociación para delinquir y los relativos a la Ley contra la Corrupción.

Tales delitos se han previsto en las leyes Orgánica de Precios Justos, y contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Explicó que las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público apuntan hacia irregularidades en los Abastos Bicentenario de los estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Lara, Monagas, Miranda, Carabobo, Bolívar, Mérida, Portuguesa, Sucre, Zulia, Vargas y Distrito Capital.

Cultura preventiva

Al ser consultada sobre el combate a los flagelos de la extorsión y el secuestro, resaltó el abordaje preventivo de la institución, a través de charlas informativas en comunidades organizadas, planteles educativos e instituciones públicas y privadas en general.

Enfatizó que el uso de las redes sociales y las nuevas plataformas tecnológicas para exponer aspectos de la vida privada de las personas, “las hace blanco perfecto de estas acciones delictivas”.

Invitó a la población a denunciar las extorsiones y los secuestros en las fiscalías superiores, las unidades de atención a la víctima y de orientación ciudadana del Ministerio Público, tanto en el Área Metropolitana de Caracas como en el interior del país.

Igualmente, exhortó a los venezolanos a utilizar la línea telefónica gratuita 0800FISCA00 (08003472200) para denunciar este tipo de irregularidades. “Hay que denunciar los hechos constitutivos de delitos y no solo quejarnos”, reflexionó Gil.

Desde hace 4 días, un pequeño grupo de trabajadores mantiene paralizadas las operaciones productivas de la principal instalación de Pepsi-Cola Venezuela, ubicada en Caucagua, estado Miranda, en la que se producen refrescos, té listo para tomar, jugo pasteurizado y bebidas deportivas.

Carlos Acosta, gerente de la planta, manifestó que la paralización es ilegal y ocurre en medio de la actual negociación del proyecto de convención colectiva que ofrece los mejores beneficios a los trabajadores y que se venía desarrollando con normalidad, dentro de los plazos previstos por la Ley, y bajo la supervisión de la Inspectoría del Trabajo. “Súbitamente el sindicato se levantó de la mesa y paralizó las operaciones. Luego, un grupo de trabajadores incurrió en acciones irregulares y violentas en planta”, declaró el vocero.

“Con amenazas y agresiones este pequeño grupo de trabajadores se ha dedicado a intimidar a la mayoría de los compañeros que, en varias oportunidades, han intentado reactivar operaciones para evitar una mayor pérdida de materia prima y producto terminado, que estaba listo para ser envasado, y retomar cuanto antes la producción y abastecimiento del mercado”, detalló.

Las acciones propiciadas por este grupo han ocasionado la pérdida de más de 90.000 litros de materia prima para producir. También se han dejado de elaborar más de 260.000 cajas y 3.500 bombonas de bebidas y se han dejado de despachar 220.000 mil cajas de producto final que estaban listas para su comercialización.

Acosta informó que el día viernes funcionarios de la Inspectoría del Trabajo instaron a los representantes del sindicato a reanudar las operaciones cuanto antes.

Las acciones cometidas impiden de manera directa la producción, transporte, distribución y comercialización de refrescos, té listo para tomar, jugos pasteurizados y bebidas deportivas, lo cual constituye boicot conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Precios Justos, por lo que Pepsi-Cola Venezuela, explicó Acosta, ejercerá todas las acciones que tiene a su alcance con el fin de proteger los derechos de sus trabajadores y consumidores frente a esta acción que impide abastecer de manera regular el mercado.

Manuel Morales, director general del supermercado Día Día y acusado por la Fiscalía de presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía, envió una carta desde El Helicoide a todos los trabajadores del supermercado expresándole su apoyo, agradecimiento y deseo de que no cesen en su labor de atender a millones de familias venezolanas. Cumplió 52 días preso.

Morales aseguró sentirse orgulloso de su labor como gerente, de su equipo y del trabajo que Día Día ha hecho en las zonas más populares del país. Invitó a los empleados a seguir trabajando como lo venían haciendo para así garantizar el abastecimiento de forma eficiente al más de millón y medio de venezolanos que atienden mensualmente.

Manuel Morales

Director del Día Día les habla a sus empleados desde el Sebin by runrunesweb

Director del Día Día les habla a sus empleados desde el Sebin by runrunesweb

Director del Día Día les habla a sus empleados desde el Sebin by runrunesweb

El Ministerio Público acusó al director general del supermercado Día Día, Manuel Andrés Morales Ordosgoitti, quien fue detenido el pasado 02 de febrero, por presuntamente incurrir en irregularidades en la distribución de productos de primera necesidad.

El fiscal 73º nacional y auxiliares, Israel Paredes, Arturo Romero y Arturo Ojeda, respectivamente, acusaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía.

Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Precios Justos.

En el escrito presentado ante el Tribunal 36º de Control del AMC, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Morales Ordosgoitti, quien fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en El Helicoide.

Por este mismo caso se encuentra privado de libertad el apoderado de la cadena de supermercados Día Día, Tadeo Arriechi Franco (37), quien fue imputado por los mismos delitos.

Según la investigación, la noche del pasado 01º de febrero, funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos realizaron una inspección en los galpones del mencionado supermercado, ubicado en la avenida principal de La Yaguara, municipio Libertador del Distrito Capital, donde fueron localizadas toneladas de productos de la cesta básica.

Durante el procedimiento, los inspectores detectaron irregularidades en el proceso de distribución de la mercancía.

Al día siguiente, Morales Ordosgoitti fue detenido por funcionarios del Sebin y puesto a la orden del Ministerio Público.

Posteriormente, el 8 de febrero, el apoderado de esta empresa iba a abordar un vuelo hacia Panamá desde el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona, cuando fue detenido.