Carles Puigdemont, el destituido presidente catalán y los cuatro miembros de su gobierno requeridos por una orden europea emitida por la justicia española obtuvieron finalmente el domingo en la noche la libertad con medidas cautelares, tras la decisión de un juez belga al término de una larga jornada.
“La petición realizada esta tarde por la oficina del fiscal de Bruselas para la libertad condicional de todas las personas requeridas ha sido otorgada por el juez de instrucción”, dijo la oficina de la fiscalía en un comunicado.
Los cinco requeridos se habían entregado el domingo a las autoridades de Bélgica y fueron liberados cerca de 15 horas después.
El abogado de Puigdemont abandonó la sede de la fiscalía hacia las 23H45 (22H45 GMT), sin hacer ninguna declaración, constató una periodista de la AFP.
Tras esta decisión corresponde a otra jurisdicción pronunciarse sobre la ejecución de la orden de arresto, en los próximos 15 días.
Carles Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin una autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y de la policía, añadió la fiscalía.
Cataluña, región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes y un 19% del PIB nacional, celebró el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española.
La consulta, realizada sin las garantías exigidas y marcada por violentas cargas policiales, atrajo casi exclusivamente a los partidarios de la separación: con una participación de 43%, el ‘sí’ obtuvo 90% de los votos.
Apoyándose en ese resultado, el parlamento catalán aprobó el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia, a raíz de la cual la justicia española abrió investigaciones contra los responsables del legislativo y del ejecutivo regionales.
Ocho de los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, que comparecieron ante la justicia en Madrid investigados por “rebelión”, “sedición” y “malversación”, fueron encarcelados. Otro, que había dimitido oponiéndose a una declaración unilateral, quedó en libertad bajo fianza.
La misma jueza emitió el viernes órdenes europeas de busca y captura contra Puigdemont y los cuatro consejeros restantes, que habían viajado a Bruselas en busca de “seguridad”.
“Preparados para cooperar”
El domingo, los manifestantes volvieron a salir a las calles de Cataluña para pedir la liberación de estos “presos políticos”.
En Barcelona, centenares de personas se congregaron en la céntrica Plaza Universidad, al grito de “¡Libertad!”, según la policía municipal.
Puigdemont había asegurado el sábado en Twitter que están “preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga”.
Su entrega responde a un deseo “de no huir de la justicia sino de defenderse en un proceso justo e imparcial, posible en Bélgica, altamente dudoso en España”, afirmó el domingo desde Barcelona un portavoz de su partido, el conservador PDeCAT.
“Voy a ir a la justicia, pero a la verdadera justicia”, había dicho Puigdemont en una entrevista con la televisión belga RTBF, asegurando que en Madrid no existen garantías de “tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política sobre el poder judicial en España”.
Se abre ahora un procedimiento que será probablemente largo: Puigdemont y su abogado ya anunciaron su intención de recurrir.
Según la ley, la decisión sobre la ejecución de una orden de detención europea debe tomarse en el plazo de 60 días tras concretarse ésta. Pero si se agotan todos los recursos, el procedimiento puede llevar hasta tres meses.
Pocos rechazos
“Las autoridades judiciales belgas podrían rechazar la entrega de Puigdemont si existen riesgos comprobados y serios para los derechos fundamentales si es entregado a España, y si las autoridades judiciales belgas consideran que los hechos que se reprochan a Puigdemont no son infracciones penales en el derecho belga”, explica Anne Weyembergh, presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).
Sin embargo, según varios abogados contactados por la AFP, los casos de rechazo son pocos.
De los tres delitos por los que la justicia española busca a Puigdemont y sus consejeros, los de “rebelión” y “sedición” no existen como tales en el Derecho belga.
Puigdemont, que se sigue reivindicando como presidente del “gobierno legítimo” de Cataluña, se declaró dispuesto a presentarse a las elecciones regionales convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre.
El domingo recibió el apoyo de su partido, que insiste en que los independentistas se presenten unidos en una coalición, aunque las reticencias de su exsocio de gobierno ERC (izquierda republicana) hacen esta posibilidad improbable.
Dos sondeos publicados el domingo muestran que el PDeCAT solo retrocedería en las urnas, mientras que ERC se convertiría en la primera fuerza política catalana. El retroceso de los conservadores y del pequeño partido anticapitalista CUP harían que los independentistas perdiesen la mayoría absoluta en el parlamento.
