Barack Obama

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) calificó hoy de «decepcionante» la renovación de las medidas unilaterales hacia Venezuela por parte de EE.UU., cuyo presidente, Barack Obama, emitió ayer una orden de continuidad de la «emergencia nacional» declarada en 2015 sobre el país caribeño.

«La renovación de las medidas unilaterales de #EEUU contra #Venezuela es decepcionante para los 12 países de #UNASUR…porque viola el principio de no intervención, tal como se concluyó en la Reunión de Cancilleres del 9 de marzo de 2015», escribió en su cuenta de Twitter el organismo suramericano.

Obama emitió en marzo del año pasado una orden ejecutiva por la que ampliaba además las sanciones a ciertos funcionarios del Ejecutivo venezolano aludiendo a la crítica situación del país caribeño.

Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó este jueves que en Venezuela se sigue presentando «la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos».

El Gobierno de Venezuela anunció hoy que hará una revisión «integral» de sus relaciones con Estados Unidos ante la decisión de Obama.

«El Gobierno venezolano ha decidido, en consecuencia, someter a revisión integral las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica», dijo la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa en la que señaló que el país norteamericano «desatendió» los llamados «del mundo» a derogar este decreto.

La Unasur, cuya secretaría general está en Quito, la forman Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA decidió ampliar por un año la vigencia de su decreto en la que declaró una emergencia nacional sobre Venezuela. Según la Casa Blanca, la situación en Venezuela constituye «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.», por lo que declaró «una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza».

El decreto del año pasado exacerbó la confrontación estadounidense con el gobierno de Nicolás Maduro y le sirvió a éste a montar toda una tramoya, un espectáculo, recogiendo firmas para que «Obama anule ese decreto». Las firmas fueron llevadas a Panamá a la reunión de presidentes en la Cumbre de las Américas donde nunca fueron entregadas. En esa ocasión Maduro pretendió montar un show con las firmas pero el plan fue dejado de lado ya que la gran noticia en la reunión presidencial fue el encuentro del presidente Barack Obama con el presidente de Cuba Raúl Castro.

Varios de los señalados en el Decreto fueron ascendidos en cargos públicos.

Los desencuentros verbales con Estados Unidos prosiguieron todo el año 2015 hasta que en junio se celebró un encuentro en Puerto Príncipe, Haití, auspiciado por el presidente de ese país Michelle Martely entre el alto diplomático del Departamento de Estado Tom Shannon y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello acompañado por la canciller Delcy Eloina Rodríguez y quien funge de encargado de la embajada venezolana en Washington Maximiliem Arbeláiz, un venezolano-francés que ha servido de emisario entre Washington y Caracas. Éste funcionario ha confesado en la intimidad que el gobierno de Maduro no le hace caso y no lo escuchan. Arbeláiz quien venía de ser embajador en Brasil quería coronar su fugaz y ascendente carrera diplomática -que comenzó de la mano del temible Temir Porras en Paris- como embajador «ante el imperio gringo».

Cansado de las promesas hechas en las diferentes reuniones entre los representantes de Venezuela y Estados Unidos y en los que la Casa Blanca exigía cambios en la política venezolana en referencia a los problemas planteados en el decreto original, no le quedó otro recurso que mantener la vigencia del decreto.

Las razones principales: incumplimiento de las promesas en referencia al libre ejercicio de la democracia, de la libertad de expresión, del control de la violencia contra opositores y de combatir la desenfrenada corrupción de los funcionarios civiles y militares del gobierno de Maduro. A eso se añaden los juicios y prisión de varios dirigentes políticos sin que se les haya permitido presentar pruebas y descargos a su favor.

Pensando que con la reunión en Puerto Príncipe las cosas iban a cambiar se dejó un compás de espera en el Norte. Tras las elecciones del 6D donde una vasta mayoría de los venezolanos rechazó el modelo socialista y corrupto del gobierno de Maduro los ojos del mundo se posaron en Venezuela. Estados Unidos envió mensajes de felicitación por el respeto a la democracia en las elecciones venezolanas. Días después comenzaron los cuestionamientos al régimen de Maduro tras las acciones que desde la agónica Asamblea en manos del PSUV se desataron en contra del triunfo opositor.

Alertas tras los nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los ataques a los demócratas a las afueras del Capitolio Federal el 5E y más recientemente, el pasado lunes, con la Sentencia #9 del TSJ desconociendo las atribuciones de la Asamblea Nacional fijadas en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Casa Blanca decidió renovar el controversial decreto del año pasado.

Si bien es cierto que el año pasado se sancionó a 7 funcionarios civiles y militares del gobierno venezolano y este año no lo hicieron, es bueno advertir que ya hay una lista de funcionarios actuales que podrían ser señalados en cualquier momento.

La presencia en suelo norteamericano de más de una docena de «patriotas cooperantes» han permitido «mapear» propiedades y fortunas provenientes de corrupción, lavado de dinero y hasta tráfico de estupefacientes.

Promesas fallidas del gobierno incluyen cese de acoso a opositores, respeto al Estado de Derecho en tribunales y fiscalías, cese de persecuciones y represión violenta por parte de organismos de seguridad del gobierno y colectivos armados contra opositores desarmados, guerra frontal contra el narcotráfico y detención de sus traficantes, detección y/o detención de vuelos originados en territorio venezolano cargados de droga así como el cierre de alguno campamentos guerrilleros colombianos en el territorio nacional.

Todo esto indicaría que ya no creen en los ofrecimientos del gobierno venezolano. Casualmente hoy se anunció la compra por parte de PDVSA  de dos tanqueros con petróleo WTI a empresas de EE.UU.

HACE UN AÑO, MARZO 2015

La orden ejecutiva emitida por el Presidente Obama se enfoca en aquellos funcionarios o empleados del gobierno de Venezuela que el Departamento del Tesoro determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, que estén involucrados en:

– Acciones o políticas que debiliten los procesos o instituciones democráticas; actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;

– Acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o

– Corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.

La orden presidencial también autoriza el Departamento del Tesoro, mediante una consulta con el Departamento de Estado, a aplicar sanciones a cualquier persona determinada a:

– Ser un líder actual o exlíder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o

– Ser un funcionario actual o exfuncionario del gobierno de Venezuela.
Los sancionados

Los siete funcionarios venezolanos sancionados por la Administración Obama son:

– Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Benavides Torres es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB emplearon la fuerza en contra de los manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.

– Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). González López es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014. Como director general del SEBIN, se asoció con la supervisión de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar varias lesiones, el personal de SEBIN cometió cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.

– Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Noguera Pietri es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.

– Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal de nivel nacional de la 20ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela. Haringhton Padrón, en su capacidad como fiscal, acusó a varios miembros de la oposición, incluido al exlegislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015 al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos.

– Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. Por ejemplo, miembros de la Policía Nacional usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales.

– Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela. Bernal Martínez estuvo al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los manifestantes y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.
– Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Vivas Landino es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014.

HACE NUEVE MESES EN JUNIO 2015

LA FOTO DE LAS SONRISAS CON EL ENVIADO

DEL  DEPARTAMENTO DE ESTADO, EN HAITÍ

De izquierda a derecha y muy sonreídos tras 90 minutos de conversa: Tom Shannon del Departamento de Estado de EE.UU.; el presidente de Haití  Michell Martely, la canciller venezolana Delsy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y como si no le dejaran entrar en la foto oficial, el encargado de negocios o jefe de la Misión en Washington el venezolano-francés Maximiliem Arbelaiz, para el que Maduro aboga le den su placet como embajador.

RESEÑA DE EL UNIVERSAL

lunes 15 de junio de 2015  04:11 PM

Washington.- La reunión en Haití del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la canciller Delsy Rodríguez con el alto diplomático estadounidense, Thomas Shannon, fue «positiva y productiva», señaló este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Jeffrey Rathke.

Las conversaciones «tocaron todos los elementos de nuestra relación bilateral. Fueron reuniones positivas y productivas», dijo Rathke a periodistas, reseñó AFP.

Rathke solo mencionó el encuentro de Shannon con Rodríguez. Pero el Parlamento venezolano había señalado que la Canciller estuvo acompañada de Cabello durante el encuentro, que duró más de hora y media el sábado en Haití, y se enmarcó en el proceso para recomponer los desgastados lazos diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que carecen de embajadores desde 2010, se encuentran en tensión desde marzo pasado, cuando el presidente Barack Obama firmó sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano en un decreto que se refería a la situación del país como una «amenaza» para Estados Unidos.

Cabello calificó el encuentro como «un paso importante para el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambos países», según el comunicado del Legislativo.

Según una fuente del Departamento de Estado, los representantes venezolanos y estadounidenses habían acudido a Haití por invitación del presidente Michell Martelly para discutir el apoyo de sus países a las elecciones y las labores de reconstrucción en ese país.

Cabello, un militar considerado como número dos del chavismo y que acompañó al fallecido Hugo Chávez (1999-2013) durante su golpe de Estado de febrero de 1992, ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas al ser investigado por la fiscalía federal estadounidense, según un reporte del diario The Wall Street Journal.

Shannon es un funcionario ya conocido para Maduro de su época como canciller de Venezuela entre 2006 y 2013, y se ha reunido al menos una vez con el mandatario en las dos visitas que ha realizado a Caracas en los últimos dos meses.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama emitió hoy una orden de continuidad de un año de la “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, “la situación no ha mejorado” y “el Gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos”.

Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó hoy que Venezuela sigue sufriendo “la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos”.

Asimismo, Obama indicó que el país sigue presenciando actos represivos en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, detenciones arbitrarias de opositores y manifestantes, además de corrupción gubernamental.

En la orden que se extiende hoy, Obama determinó que la situación en Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, por lo que declaró “una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”.

La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de EE.UU. para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.

La orden ejecutiva también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas”, o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca.

Venezuela espera que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogue un decreto de sanciones y acredite al embajador designado por Caracas para emprender una etapa de diálogo entre ambos países, dijo el presidente Nicolás Maduro.

«Espero que ahora que viene el 9 de marzo el presidente Obama desestime el decreto de sanciones contra Venezuela y le reciba las cartas credenciales a Maximilien Arbelaiz para que demuestre su buena voluntad de relaciones con Venezuela», dijo Maduro durante un acto público.

El 9 de marzo de 2015 Obama firmó un decreto para sancionar a siete funcionarios del gobierno venezolano por supuestas violaciones de derechos humanos, lo que implica el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso a Estados Unidos.

«Sería un gesto sencillo recibir las cartas credenciales (…) y nos entendemos, conversemos. Tenemos que dialogar, entendernos, respetarnos», afirmó Maduro.

El decreto firmado por Obama, que calificaba la situación en Venezuela de «amenaza» para Estados Unidos, despertó indignación en el gobierno socialista y en países vecinos, y motivó una campaña internacional de firmas para pedir su derogación.

Maduro mantuvo reuniones el año pasado con el diplomático estadounidense Thomas Shannon con miras a normalizar las relaciones. Washington y Caracas carecen de embajadores desde 2010.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó la mañana del martes en la Casa Blanca su plan para cerrar la cárcel de Guantánamo, una medida que prometía desde su campaña electoral en 2008.

«Durante muchos años, ha sido claro que la prisión de Guantánamo no colabora con nuestra seguridad nacional sino que la socava», dijo Obama hoy en un discurso de 22 minutos.

El presidente estadounidense aseguró en ese sentido que la base de Guantánamo «es contraproducente en nuestra lucha contra el terrorismo porque lo usan para propaganda para reclutar terroristas».

En la prisión de máxima seguridad, ubicada en la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, Guantánamo quedan aún 91 presos, de las 780 personas que han sido encarceladas allí desde 2002. Cuando Obama asumió el poder en enero de 2009 había 245 presos.

El proyecto

«Hoy el Departamento de Defensa está enviando al Congreso nuestro plan para cerrar la instalación de una buena vez», dijo Obama, al agradecer al titular de la Cartera, Ashton Carter, y mencionó los cuatro principales puntos del plan.

El plan de Obama incluye en primer lugar el traslado de los 35 detenidos que han sido autorizados a viajar a sus países de origen o a otras naciones. Los otros tres puntos se refieren a los 56 prisioneros remanentes e incluyen: acelerar las revisiones periódicas de los motivos de su detención, «continuar usando todas las herramientas legales para lidiar con los prisioneros remanentes que siguen bajo detenciones de ley de guerra» y «trabajar con el Congreso para encontrar una locación segura en los Estados Unidos» para ellos.

De esa manera, Obama confirmó que el plan incluye el traslado de los prisioneros que no tienen autorización para viajar a cárceles de máxima seguridad dentro de Estados Unidos, un paso al que se oponen muchos miembros del Congreso, especialmente los republicanos, que tienen la mayoría legislativa.

El Congreso ya ha emitido varias prohibiciones al traslado de presos de Guantánamo a suelo estadounidense, además de aplicar restricciones al traslado a otros países, con el argumento de que los detenidos son una amenaza para la seguridad nacional.

El Pentágono comenzó a estudiar el año pasado lugares en los que reubicar a los detenidos dentro de Estados Unidos, incluidas instalaciones federales en Colorado, Carolina del Sur y Kansas, así como otras seis ubicaciones en bases militares.

Obama también señaló que el plan que envía al Congreso ahorraría 335 millones de dólares en 10 años y 1700 millones a lo largo de 20 años.

«Cerrar el capítulo»

BREAKING: Watch @POTUS announce his plan to close the prison at Guantanamo Bay → https://t.co/86p9S60WJm https://t.co/vlKgRj5lw8

— The White House (@WhiteHouse) febrero 23, 2016

«La primera vez que me postulé a la presidencia reconocí que la instalación debía ser cerrada. No era solo una opinión mía ni de la ultraizquierda. Mi predecesor, el presidente [George W.] Bush, dijo que él quería cerrarla», dijo Obama.

Respecto del cierre de la instalación dijo que «se trata de cerrar un capítulo en nuestra historia». «Refleja las lecciones aprendidas desde el 11 de Septiembre [de 2001]», agregó.

«Hagamos lo que es mejor para Estados Unidos. Hagamos lo que está bien», dijo. «No le quiero pasar este problema al próximo presidente», completó, respecto de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

En su último discurso sobre el Estado de la Unión en enero pasado, Obama reiteró su promesa de tratar de cerrar Guantánamo, de la que dijo que es una cárcel «cara e innecesaria», antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2017. El cierre de la prisión de alta seguridad también era una de las exigencias de Cuba en el marco del deshielo entre Washington y La Habana.

Más del 70 % de los gobiernos a nivel mundial han establecido presencia oficial en Instagram, pero un tercio de las 305 cuentas analizadas están latentes o inactivas, de acuerdo al nuevo estudio de Burson-Marsteller, firma global líder en comunicación estratégica, asuntos públicos y relaciones públicas.

El estudio de los líderes mundiales en Instagram está basado en datos recogidos en febrero del 2016, en el cual se encontró que 136 de los 193 estados miembros de las naciones unidas tienen una cuenta oficial en Instagram.

Los resultados hacen parte de la segunda entrega de la edición 2016 del estudio anual Twiplomacy de Burson-Marsteller, que analiza cómo los líderes mundiales y los gobiernos utilizan los medios sociales para involucrar a los ciudadanos.

“Este es el primer estudio para examinar cómo los líderes políticos alrededor del mundo están usando Instagram como una herramienta de comunicación para tener mayor alcance con el público” dijo Donald A. Baer, CEO Global de Burson-Marsteller. “Mientras Instagram es algo nuevo para los líderes mundiales comparado con Facebook o Twitter, su énfasis en comunicación visual lo convierte en un canal poderoso para conectarse con sus ciudadanos, corporaciones, organizaciones no gubernamentales y otros sectores pueden aprender la manera positiva en que los gobiernos están usando Instagram para construir relaciones más fuertes”.

Durante los últimos 4 años, los gobiernos han experimentado cada vez más con Instagram, posteando imágenes para ilustrar sus actividades diarias, incluidas las llamadas fotos “behind the scenes”, para relacionarse con sus votantes y sus constituyentes. Al 2 de febrero del 2016, todas las cuentas de los líderes mundiales combinadas han acumulado un total de casi 23 millones de seguidores, y han publicado más de 76 mil publicaciones, las cuales han recibido más de 160 millones de “likes”.

“Este estudio demuestra que los gobiernos están listos para comunicarse a través de las plataformas de redes sociales más importantes” dijo Jeremy Galbraith, CEO para Europa, Medio Oriente y África, y Director Global de Estrategia de Burson-Marsteller. «Cada plataforma tiene características únicas e individuales, pero está claro en nuestro estudio que Instagram puede abrir nuevos canales, así como reforzar la información transmitida a través de otras redes de una manera más visual y atractiva. La creatividad y el uso de la imagen es fundamental para la comunicación con impacto hoy en día, y los líderes mundiales saben claramente esto», continuó Galbraith.

El Presidente de Estados Unidos Barack Obama es el líder mundial más popular en Instagram con 6 millones de seguidores en su cuenta Barack Obama campaign account. Obama es seguido por el Primer Ministro de Rusia Dmitry Medvedev, fotógrafo aficionado que cuenta con más de 2 millones de seguidores. El Primer Ministro de India Narendra Modi está en tercer lugar, solo un poco Adelante de la Casa Blanca (White House) con 1.7 millones de seguidores cada uno. Reina Rania de Jordania y HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el emir de Dubai, tienen 1,4 millones de seguidores cada uno. El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el líder supremo de Irán, Ali Jamenei; el presidente argentino, Mauricio Macri, y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi completan la lista de los 10 más seguidos, con casi medio millón de seguidores cada uno.

Barack Obama es también el líder más efectivo en Instagram, con más de 56.000 interacciones (comentarios y likes) para cada una de las publicaciones en el sitio. Él es seguido de cerca por el Primer Ministro de India (42 mil interacciones por publicación), a pesar de solo tener 37 imágenes posteadas desde que creó su cuenta en Instagram en noviembre del 2014. Medvedev Dmitry de Rusia; HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el emir de Dubai; y el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, todos reciben más de 25.000 interacciones por publicación.

La cuenta del Departamento de Información del Gobierno de Brunei es la más activa, compartiendo en promedio más de cuatro publicaciones por día. El Ministerio y Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait también son usuarios prolíficos de Instagram.

Pocos líderes mundiales administran sus cuentas de Instagram, pero aquellos que lo hacen, usualmente postean selfies con sus fans, familiares e incluso sus contrapartes de otros países.

El presidente Barack Obama anunció el jueves que solicitará al Congreso elevar a 450 millones de dólares la cooperación a Colombia para apoyar el proceso de paz que la nación sudamericana persigue con las FARC.

«Cuando concluyen las negociaciones, y asumiendo un final exitoso, seguiremos pidiendo ideas del gobierno y el pueblo colombianos sobre cómo podemos ayudar de otras maneras», dijo Obama tras reunirse con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos en la Casa Blanca.

«Un país que estaba al borde del colapso está ahora al borde de la paz. En Colombia hoy, hay esperanza», agregó.

Santos le respondió agradeciéndole porque «hoy, usted acompaña al pueblo colombiano cuando estamos a punto de convertir este sueño en realidad», refiriéndose al proceso de paz que su gobierno negocia en La Habana con las FARC desde 2012. Ambas partes fijaron el próximo 23 de marzo como fecha para concluir las negociaciones.

«Gracias por entender que la paz de Colombia es la paz de la región entera», le dijo Santos a Obama.

Santos vino a Washington para coordinar con Obama las nuevas prioridades de la relación bilateral mientras el país andino busca poner fin al conflicto armado más duradero del continente.

La solicitud de ayuda para el año fiscal 2017 representa un aumento respecto a los 310 millones de dólares asignados para Colombia durante el período fiscal de octubre de 2015 a septiembre de 2016.

Aunque el Congreso debe aprobar las solicitudes presupuestarias de los presidentes, la ayuda a Colombia ha contado con apoyo bipartidista, en los intentos estadounidenses de alcanzar estabilidad en el que se ha convertido su principal aliado en la región.

Obama dijo que la cooperación al país sudamericano entrará en una nueva etapa a la que llamará «Paz Colombia» y que su solicitud al Congreso incluye 390 millones de dólares estarían destinados a la reintegración de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a la sociedad, a expandir la presencia del estado en previas zonas de conflicto y a servicios esenciales para las víctimas.

Otra partida de 60 millones de dólares iría a asistencia humanitaria para las poblaciones vulnerables y programas para operaciones antidroga del Departamento de Defensa.

Obama agregó que además comprometerá 33 millones de dólares para junto a Noruega ayudar a Colombia a alcanzar su meta de eliminar las minas antipersonales antes de 2021. Colombia tiene el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de víctimas de minas terrestres en el mundo, después de Afganistán.

Ambos jefes de estados encabezaron una ceremonia para celebrar los 15 años del Plan Colombia, a través del cual Estados Unidos ha aportado 10.000 millones de dólares. Aunque estaban invitados los ex presidentes colombianos Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, solo asistió Pastrana.

En el 2000, un tercio del país andino era controlado por las FARC y otro tercio por los paramilitares, mientras que el gobierno colombiano controla actualmente el 92% de su territorio, y las tasas de homicidios y secuestros han caído sustancialmente, según cifras oficiales.

Obama y Santos también acordaron compartir datos epidemiológicos y muestras de especímenes del virus zika para avanzar en la investigación y el desarrollo de diagnósticos y vacunas.

Colombia es uno de 26 países y territorios de las Américas que han reportado transmisión autóctona del zika y existe preocupación ante la posibilidad de que puedan aparecer más casos de microcefalia u otras patologías.

En lo que será su última jornada en la capital estadounidense, Santos se verá el viernes con su compatriota Luis Alberto Moreno -actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo-, almorzará con el secretario de Estado John Kerry y se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

Faltan 281 días para que los estadounidenses elijan quién va suceder a Barack Obama en la Casa Blanca. Más de veinte candidatos entrenaron durante años para esta carrera y apenas quince llegaron a la línea de largada. Hoy en Iowa comenzarán las primarias para elegir a los dos candidatos que se enfrentarán el 8 de noviembre por la presidencia de Estados Unidos.

¿Serán el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton los que logren superar a sus adversarios, como dicen las encuestas? Para saberlo, hay que recorrer un camino complejo y extenuante que incluye 71 citas electorales bajo distintas modalidades.

El que comienza hoy es el primer tramo de la extensa carrera hacia la Casa Blanca. Son las primarias o las asambleas electorales, las dos vías a través de las cuales los votantes comienzan a elegir a los candidatos de los dos partidos del sistema estadounidense.

Los 15 precandidatos -12 republicanos y 3 demócratas- comenzarán a avanzarla juntos pero solo dos llegarán al final. Ellos dos (un representante de cada espacio) serán consagrados formalmente candidatos en sus respectivas convenciones partidarias a fines de julio (el 21 los republicanos, en Clevaland, y el 28 los demócratas, en Filadelfia).

Allí se hará pública además quiénes serán los candidatos a vicepresidente, los compañeros de ruta para los últimos kilómetros que distan con la residencia de Pennsylvania 1600. El 8 de noviembre se conocerá el ganador y, finalmente, el 20 de enero recibirá su consagración: el acceso libre al Salón Oval.

El proceso de selección de candidatos además de extenso es complejo. Cada partido tiene en cada estado una cierta cantidad de delegados que los representarán en la convención nacional del partido, donde es la designación formal del candidato de ese espacio. En las primarias y en las asambleas electorales (llamadas «caucus»), los votantes eligen a qué aspirante van a apoyar esos delegados. Cada estado establece sus propias reglas y calendario electoral.

Las primarias y caucus pueden ser cerrados (solo los miembros registrados en un partido pueden participar), semicerrados (también pueden votar aquellos que no están afiliados a ningún partido) o abiertos (cualquier votante registrado puede participar).

El número de delegados de cualquier estado para la convención nacional se calcula con una fórmula que cada partido establece y que incluye variables como la población del estado y el número de funcionarios elegidos y dirigentes del partido procedentes del estado que ocupan cargos públicos.

Por la fórmula que utilizan los demócratas, a sus convenciones nacionales asiste casi el doble de delegados que a las de los republicanos. Este año, se espera que haya un total de 4764 delegados en la convención demócrata y 2472 en la republicana. Como el candidato elegido necesita la mitad más uno de los delegados, el futuro candidato demócrata deberá ganar al menos 2383 apoyos y el republicano, 1237.