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Fundaredes: al menos 44 personas han sido asesinadas por la minería ilegal
Denuncian que al menos 20 víctimas de los conflictos armados bajo el Arco Minero del Orinoco y en el estado Amazonas

La ONG Fundaredes denunció en su boletín número 47, publicado en noviembre del 2023, que al menos 44 han sido asesinadas por funcionarios estatales o por bandas criminales en el contexto de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas desde el año 2019.

De ese grupo, al menos 20 víctimas pertenecen a las poblaciones originarias o indígenas de los estados Amazonas (con 11 casos) y Bolívar (con 9 casos). Advierten que existe una alta opacidad en las zonas mineras debido a la impunidad de las bandas criminales que controlan el mercado y el propio Estado venezolano que o no interviene «o participa directamente en los asesinatos». 

«La pugna por el control territorial en las minas de oro, coltán y otros minerales suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales», dijo la organización. 

La ONG denunció que, a dos años de las intervenciones militares conocidas como «Operación Roraima» y «Operación Autana», el gobierno de Nicolás Maduro no ofrece balances sobre el impacto humano ni socioambiental de los fuegos cruzados. 

«Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar», subrayó Fundaredes.

El abogado de la ONG Provea Olnar Ortiz, denunció en una entrevista a Radio Fe y Alegría que distintos ataques como los presenciados en Parima B, Amazonas, donde hubo al menos cuatro personas muertas, siguen impunes.

Lo mismo ocurre con el asesinato del líder Uwottüja Virgilio Trujillo, en el año 2022 o la masacre de Kumarakapay en el año 2019, donde fallecieron, al menos, 11 indígenas del estado Bolívar. 

En el último informe de la Misión Independiente de la ONU para Venezuela se denunció el asesinato de Trujillo, en junio de 2022 y del miembro del pueblo indígena pemón Salvador Franco, quien murió en la cárcel de El Rodeo II  en 2021. 

Operativos para acabar con la violencia en el país no han sido efectivos de acuerdo con Fundaredes 
Organismos de seguridad siguen sin atacar el problema de fondo 
Bandas como el “Tren de Aragua” continúan funcionando pese a despliegues como la Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro

 

Pese a los operativos de desarticulación de bandas criminales implementados por el Estado venezolano en diferentes regiones del país, los índices de violencia y criminalidad continúan en ascenso, denunció la ONG Fundaredes.

“Lejos de erradicar las bandas criminales, estas siguen operando incluso con más agresividad”, dijo Andriangela Álvarez, investigadora de la ONG.

De acuerdo con Álvarez, la violencia en Venezuela sigue siendo un problema que no ha sido atacado a profundidad por los organismos de seguridad. 

“El proceso de registro y documentación desarrollado por la organización en lo que va de 2023 ha evidenciado una gran cantidad de secuestros, homicidios, atentados con explosivos, desapariciones, presuntos enfrentamientos armados, entre otros crímenes en territorios fronterizos y otras entidades”.

Álvarez aseveró que preocupa específicamente la situación en el estado Zulia.

“Durante mucho tiempo se ha constituido como el más violento del occidente venezolano, debido a la actuación de más de 18 bandas criminales, siendo las extorsiones acompañadas de ataques con explosivos su principal actividad delictiva”, agregó la integrante de Fundaredes.

Álvarez indicó que el estado Guárico presenta patrones similares a la entidad zuliana, como consecuencia de la proliferación de bandas con alto poder de fuego como “El Tren del Llano”, organización que tiene en su haber homicidios, desapariciones, y secuestros especialmente a productores agropecuarios y comerciantes de la zona.

Manifestó que las organizaciones criminales seguirán existiendo en el país mientras no se atienda el problema de fondo.

A pesar de los operativos militares y policiales que se han llevado cabo en el país para desarticular las diversas organizaciones criminales, como por ejemplo la Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro desarrollada en la cárcel de Tocorón, la violencia se ha acrecentado en territorio venezolano y la megabanda El Tren de Aragua continúa operando no solo en el país sino en otras regiones de Latinoamérica”.

 

Con información de El Impulso 

 

LEA:  Fundaredes alerta de violencia contra venezolanas habitantes de zonas fronterizas 

Hay que ir contra las bandas criminales y otras perlas de Maduro este #23Feb
“Empezando Carnaval, atacan a un comercio, sacan el video y lo hacen viral para crear inseguridad y terrorismo en la mente venezolana», dijo Maduro

Nicolás Maduro aseguró este jueves, 23 de febrero, que deben ir contra las «bandas criminales» que se armen en el país, a propósito de los tiroteos ocurridos en Maracaibo, estado Zulia.

Durante un acto en vivo, Maduro sobre este hecho que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) están «avanzando en la captura» de varios implicados en el hecho.

A continuación las perlas más destacadas de Maduro sobre bandas y grupos criminales:

«Banda criminal, banda delictiva que se arme y se organice para atacar al pueblo, para atracar (robar) al pueblo, para crear problemas delincuenciales tiene que ser combatida con fiereza, tiene que ser combatida hasta que se acabe la banda criminal».

«Detenidos este año, nada más tenemos un mes y 24 días, tenemos 55 días del año apenas, detenidos 3.989 personas, (que están) en investigación».

«Hay que ir contra las bandas criminales, delincuenciales de las características que sean, porque Venezuela merece paz y tranquilidad. Tenemos que tener un país libre de violencia».

Sobre los tiroteos en comercios de Zulia: «Eso fue un ataque terrorista contra un grupo de comerciantes pacíficos, contra un grupo de personas que estaban en un abasto allí, comerciando, comprando sus cosas. Pero ya están capturados parte de los cómplices y está plenamente identificado el bandido, el criminal que atacó a la población, y va a ser capturado más temprano que tarde».

«Ya (los funcionarios del Cicpc) están avanzando en la captura de otros, y avanzaremos y capturaremos, juzgaremos y se castigará, de acuerdo a la ley, al criminal asesino que se prestó para ese ataque».

“Empezando Carnaval, atacan a un comercio, sacan el video y lo hacen viral para crear inseguridad y terrorismo en la mente venezolana».

InSight Crime: Venezuela fue el país más violento de América Latina en 2022
El informe señala que en el 2022 hubo 1.370 denuncias de desapariciones vinculadas a actividades criminales, sobre todo la región minera de Bolívar

 

 

En 2022, Venezuela registró nueve mil 367 homicidios, un promedio de 26 muertes violentas por día, lo que convierte en el país más violento de América Latina, según la organización InSight Crime

Datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), aportaron que que en Venezuela hay 40,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, incluyendo desapariciones.

Entre los estados más violentos destacan Aragua y Miranda, donde existen peligrosas bandas criminales como el Tren de Aragua que se dedican al secuestro, extorsión y asesinatos. 

El informe señala que en el 2022 hubo 1.370 denuncias de desapariciones vinculadas a actividades criminales, sobre todo la región minera de Bolívar.

De las más de 10.000 muertes violentas registradas el año pasado, aproximadamente el 13 por ciento, fueron el resultado de intervenciones policiales, señaló la organización. 

Después de Venezuela el balance lo completan Honduras, Ecuador, México y Belice, seguidos de Brasil, Guatemala, Guyana, Costa Rica, Panamá, Uruguay, El Salvador, Surinam, Paraguay, Nicaragua y Chile.

 

*Lea el informe completo aquí

Tras detención de Guevara, Maduro dice tener pruebas de vínculos entre bandas criminales y la extrema derecha
«Quieren esconder, disfrazarse de dialogantes y demócratas cuando, por debajo, tenemos las pruebas en las manos y mañana el presidente (del Parlamento) Jorge Rodríguez va a mostrar las pruebas sobre el involucramiento de sectores de la extrema derecha y de grupos políticos, tenemos la prueba de lo que hicieron», manifestó en una reunión con sectores de la oposición

 

Nicolás Maduro dijo este 12 de julio que tiene pruebas que involucran a un sector de «la extrema derecha» opositora en los combates de la semana pasada entre bandas criminales y policía en Caracas, horas después de la detención del exdiputado Freddy Guevara, acusado de tener vínculos con esos grupos.

«Quieren esconder, disfrazarse de dialogantes y demócratas cuando, por debajo, tenemos las pruebas en las manos y mañana el presidente (del Parlamento) Jorge Rodríguez va a mostrar las pruebas sobre el involucramiento de sectores de la extrema derecha y de grupos políticos, tenemos la prueba de lo que hicieron», dijo en una reunión para dialogar con sectores minoritarios de la oposición.

La Fiscalía, según Maduro, ha actuado «con las pruebas en las manos», si bien no se refirió de forma directa a la detención de Guevara, arrestado cerca del mediodía de este lunes.

Casi en paralelo, el fiscal general, Tarek William Saab, publicó un comunicado en Twitter donde vinculan a Guevara con grupos extremistas y paramilitares.

«Este lunes (…) el Ministerio Público ha solicitado orden de aprehensión contra Freddy Guevara, quien fue detenido por el Sebin debido a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano», reza un breve mensaje.

A Guevara, prosigue el escueto comunicado, «le serán imputados los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria».

Entre tanto, Maduro dijo que «en Venezuela hay diálogo» con la oposición y se refirió además a las negociaciones que promueve Noruega con el grueso de los opositores al agregar que está «de acuerdo» con esa propuesta.

«Lo que no estamos de acuerdo es que una gente diga que quiere participar en el diálogo y esté preparando golpes de estados, financiamiento de delincuentes, ataques terroristas, magnicidios y asesinatos de líderes», agregó Maduro.

Reiteró que irá a la negociación si se cumplen tres condiciones: levantamiento de sanciones internacionales, que líderes opositores lo reconozcan, y que «renuncien al camino de la violencia».

José Brito pide dar de baja a los miembros de las bandas criminales de Caracas
«En los cuerpos policiales (…) hay grupos especializados que pueden perfectamente, bajo el liderazgo y la disposición y la voluntad política, dar de baja a esos individuos como ‘El Koki’, ‘El Vampi’ y otros más que mantienen aterrorizadas las carreteras del país», manifestó el parlamentario

 

El diputado José Brito pidió este 8 de julio a los cuerpos policiales «dar de baja» a los miembros de las bandas criminales de Caracas que llevan desde el 7 de julio tiroteando a funcionarios policiales.

«Lo que estoy diciendo es que en los cuerpos policiales (…) hay grupos especializados que pueden perfectamente, bajo el liderazgo y la disposición y la voluntad política, dar de baja a esos individuos como ‘El Koki’, ‘El Vampi’ y otros más que mantienen aterrorizadas las carreteras del país», dijo Brito a periodistas.

A su juicio, cuando los líderes de estas bandas son detenidos y trasladados a prisión tardan «horas» en generar «una sociedad de pranato en las diversas cárceles y habrás agravado el problema».

Por eso, consideró que «quien se levanta en armas contra el Estado tiene que ser reducido por la vía de las armas».

«Es decir, tú no puedes pretender que un tipo que se levanta en armas contra el Estado entonces se lo lleva la policía con unas esposas, tiene que ser reducido en la misma proporción», añadió.

Finalmente, consideró que en las denominadas «zonas de paz», un plan mediante el que se otorgaron territorios a distintas bandas con la esperanza de que fueran pacificadas y estas entregaran sus armas, son ahora «espacios de terror».

«Ya basta de políticas timoratas y débiles, aquí, quien no ejerce el poder, se lo ejercen. Y lo que vemos es que estas bandas están constituyendo un paraestado criminal que hace y deshace a su antojo», concluyó.

La ministra del Interior, Carmen Meléndez, anunció este jueves el inicio de una gran operación para frenar los tiroteos que habían comenzado el día anterior en varios sectores populares del oeste de Caracas.

Sin embargo y hasta el momento, no ha ofrecido detalles de cuántos agentes fueron desplegados, de qué unidades forman parte ni de cuántas personas han fallecido o han resultado heridas a causa de balas perdidas

Las autoridades también publicaron este jueves algunas fotografías con los nombres de algunos líderes de estas bandas con recompensas que van de los 50.000 a los 500.000 dólares.

Entre ellos, está Carlos Luis Revete, alias «el Koki», Garbis Ochoa Ruiz, alias «El Galvis» y Carlos Calderón Martínez, alias «El Vampi», todos ellos acusados de asesinato.

3x3 | Quedar en fuego cruzado: la tragedia de vivir entre bandas criminales
¿Qué pasó en «la masacre de La Vega? Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en el sector caraqueño, en el que los vecinos y familiares de los fallecidos identificaron a los efectivos de las FAES como los autores de las muertes

@ValeriaPedicini

Al menos 24 personas murieron durante la incursión policial en La Vega, según información extraoficial. “La masacre de La Vega”, como fue denominado el hecho, es considerado la mayor masacre en operativo policial ocurrida en Venezuela. 

De acuerdo al Monitor de Víctimas, a algunas personas las mataron mientras caminaban y a otras dentro de sus propias casas. Los disparos resonaron en las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas cuando el reloj todavía no marcaba las 12 del mediodía. Días antes de la incursión policial, vecinos de La Vega denunciaron en redes sociales la presencia de colectivos (civiles armados) en la zona, aparentemente vinculados a la banda de la Cota 905. 

Vecinos de La Vega y familiares de los fallecidos identificaron a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como los autores de las muertes ocurridas. “Es que no hubo una balacera. Fueron ellos los que se metieron a matar en las casas”, contó uno de los familiares de las víctimas

Llamadas también “escuadrón de la muerte” y calificadas como “grupo de exterminio”, el cuerpo de seguridad adscrito a la PNB fue creado a mediados de 2017 por Nicolás Maduro para que se sumaran “al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo”. Son la fuerza policial de mayor letalidad. Desde su creación, hasta mediados de 2019, habían acumulado más de 7.000 denuncias de ejecuciones policiales en todo el territorio, según el informe 2019 de Monitor de Víctimas

Defensores y activistas de derechos humanos rechazaron lo sucedido en La Vega. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Nicolás Maduro disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “La CIDH ha advertido sobre un contexto de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad ciudadana, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calificación pública de las víctimas como personas de alta peligrosidad que presentan resistencia a la autoridad”. 

En 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había pedido la disolución de las FAES. Pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición. 

Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en La Vega: Al ingeniero Electrónico, miembro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (AVES) y consultor en estrategias para gestión de riesgos de seguridad, Alberto Ray; doctora en Sociología, profesora y fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Verónica Zubillaga; y el abogado especialista en Ciencias Penales y Derecho Procesal Constitucional, Luis Izquiel.

¿Qué pasó en La Vega? ¿Qué hay detrás de lo ocurrido que dejó 24 fallecidos?

 

Alberto Ray 

Lo que ocurrió es la corroboración de un proceso mucho más profundo de fraccionamiento del país, de la pérdida del Estado. ¿Por qué te lo digo así? Al final el Estado venezolano ha perdido la capacidad de ejercer soberanía sobre el territorio. Cuando eso empieza a ocurrir en los países, los países empiezan a disolverse.

Comienza así un proceso de perder el control del territorio de la población y de sus leyes y de su propio estado de derecho. Y como en la naturaleza, esos espacios vacíos los llenan las nuevas formas de poder. Y lamentablemente las formas de poder que lo sustituyen tienden a ser violentas o tienden a ser puestas por la fuerza.

Lo que pasó en La Vega es un nuevo proceso de expansión de estas nuevas formas de poder que a través de la violencia, de la coacción, coerción y del miedo se adueñan de territorios. 

Cuando las bandas criminales tienen un territorio sobre el cual operar, un territorio más o menos estable en el que no se sienten amenazados y que les genera riqueza y recursos suficientes para que ellos se autosustenten, entonces se dan estos procesos que, a falta del Estado, los llena un poco la ley del más fuerte. ¿Por qué los llena? Porque tiene facilidad de tomar el territorio porque tiene dinero, recursos y porque consigue gente que lo acompaña. 

Este fulano “Coqui” lo que ha hecho es extender su dominio hacia allá porque es un poco la ley del más fuerte. Ahora eso le da más fortaleza, más prestigio dentro de este mudo del crimen. Le garantiza más negocios, territorio y espacio para reclutar gente, ocultarlos, para distribuir droga, secuestrar gente, todo lo que hay detrás de estas actividades criminales. Y no hay nadie que los detenga.

Los muertos son producto de este proceso de expansión. Yo no estoy claro de quién mató a quién, pero muy probablemente haya algunos elementos que tratan de resistirse a esa expansión, a lo mejor bandas pequeñas que reaccionan y se hacen enfrentamientos entre ellas y ahí salen muertos. Y otras que vienen del propio policía y las FAES. 

Verónica Zubillaga

Tenemos un hecho objetivo: resultaron 24 hombres muertos en el barrio popular La Vega en el marco de un operativo en el cual intervinieron las fuerzas de seguridad pública. Ese hecho es el evento que exige nuestra atención. 

Luis Izquiel 

En la Vega ocurrieron dos hechos relevantes el pasado viernes 8 de enero, ambos de gravedad. El primero es el intento de expansión hacia el barrio de La Vega por parte de integrantes de la banda del “Coqui”, la cual, como sabemos, tiene años controlando la Cota 905. Si esta expansión se llega a concretar (seguramente lo van a seguir intentando), esta banda criminal se vería fortalecida y los caraqueños podríamos sufrir de un accionar aún mayor de esta banda delictiva. 

El segundo aspecto de gravedad tiene que ver con la respuesta de los cuerpos de seguridad, que no conllevó a la captura de los líderes de la banda del Coqui, pero que sí dejó una estela de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de otras violaciones a los DDHH. Se habla de presuntos enfrentamientos, pero de un lado quedaron 24 víctimas y del otro ninguna. Si acá hubiera institucionalidad se pudiera conocer la verdad de lo ocurrido, pero eso luce imposible en un país en el que existe cerca de 99% de impunidad en los casos de violación a los derechos humanos. 

¿Se puede considerar que las FAES son un grupo pensado para el control o la “limpieza social”? 

 

Alberto Ray 

Realmente, no. Ese no es el rol de las FAES, aunque eso es lo que hacen. Las FAES es una de las organizaciones policiales o de represión del Estado que queda que ejerce ese papel, pero el rol de las FAES no es exterminar a la banda criminal. La función de las FAES es negociar con las bandas criminales y hacerlas aliadas a la organización criminal del Estado. 

Hay bandas amigas y bandas enemigas. La banda del “Coqui” es la banda enemiga del régimen y por eso es que actúa las FAES, que es una expresión del régimen para controlar a aquellos que son sus enemigos. Si la banda del “Coqui” fuese amiga del régimen, eso no ocurriría, más bien le facilitaría el proceso de expansión. Pero como el “Coqui” se peleó con el régimen, ha impuesto su propia ley. 

Entonces ocurre que las FAES sirve como mecanismo de contención de esa banda, pero esa contención es muy limitada porque no es posible exclusivamente desde lo policial. Para contener un proceso de estos requieres 1000 o 2000 funcionarios policiales y eso no lo tiene las FAES para meterlos ahí. Después, eso requiere un trabajo de inteligencia inmenso para saber quién es de la banda, dónde se esconden, por dónde transitan. Nada de eso pasó ahí.

Simplemente las FAES lo que intenta es evitar que se le haga fácil al “Coqui” tomar La Vega y por eso es que lo enfrentan. Y lo enfrentan en condiciones reducidas porque no tienen recursos para contener eso. Y tú lo ves en los videos como los tipos andan asustados como a pesar de que son unos cuantos, no tienen un mecanismo para tomar el cerro y exterminar el proceso de expansión. 

Lo único que pueden hacer es aquellos que consideren que son de las bandas, entonces matarlos, ni siquiera los detienen. Hay gente que dice que hay muertos que no eran de la banda, gente que quedó en medio del fuego cruzado. Pero en el fondo uno nunca sabrá la verdad, no hay manera de saberlo.

Al final, las FAES no están ahí para hacer un proceso de devolver el territorio al ciudadano y de restablecer la ley. Está en todo caso para contener algo que ellos no pueden en realidad contener, que es el avance de un grupo criminal que es enemigo de ellos y que se está fortaleciendo.

Verónica Zubillaga

Las FAES aparecen después de operativos muy letales y muy caóticos. El Operativo de Liberación del Pueblo, se anunció en julio de 2015, en La Cota 905, dejando sólo el primer día 14 muertos. Luego de denuncias sin cesar, pasa a llamarse Operativo de Liberación Humanista del Pueblo, manteniendo este patrón de actuación de abuso sistemático de la fuerza y matanzas. Estos operativos, además fueron ampliamente denunciados y criticados por los excesos cometidos en los sectores populares, por la importante cantidad de jóvenes y hombres en barrios muertos, por la cantidad de atropellos en términos de robos en las casas de la gente, y matanza en las propias viviendas. 

Dos años después, en julio de 2017, se anuncian las FAES como una fuerza policial de acción especial para enfrentar y cito a la “bandas criminales y terroristas”. Las FAES han continuado el patrón de actuación letal, de manera más específica y si se quiere más dirigida. Se advierte pues, cómo el Estado, en tiempos de mucha inestabilidad social, económica y política, se ha constituido un actor fundamental de violencia ilegítima y de matanza sistemática sobre todo en los sectores populares. 

Las víctimas de las FAES, como en la masacre de La Vega, siguen siendo hombres, de barrios, la mayoría jóvenes.  En pocas palabras: La revolución bolivariana, y sobre todo en su período post Chávez, no logró incluir a los varones jóvenes, expulsados a las redes de economías ilícitas, terminan sus vidas encarcelados o muertos en las manos de maquinarias de muerte, como lo son las FAES precisamente.

Luis Izquiel

La FAES, en teoría, es un grupo que nace en 2016 como un cuerpo élite para perseguir a los líderes y demás integrantes de las bandas de delincuencia organizada en Venezuela, pero con el transcurrir de los años, ha devenido en el cuerpo de seguridad con mayor cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y atropellos a los derechos fundamentales en la historia del país. Esto está recogido de esta forma en informes de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU y en documentos de otras instituciones de defensa de los derechos humanos. 

Estos informes también señalan que las principales víctimas de las FAES son pobres, jóvenes y varones. Así que si realmente es un grupo de exterminio, afecta fundamentalmente a los sectores más desposeídos de Venezuela, lo que se convierte en una gran contradicción, sobre todo para un régimen que se vende como socialista y humanista. 

¿Por qué a pesar de las denuncias y la solicitud de disolución de las FAES, el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso y este cuerpo policial continúa operando?

 

Alberto Ray 

Porque ese es su sistema de control. Las FAES es la organización que le permite al régimen contener a sus enemigos, a la criminalidad enemiga del régimen porque el régimen son criminales también 

La banda del “Coqui” es en contra del régimen, y eso no quiere decir que esté a favor nuestro, pero de alguna manera las FAES es la forma del régimen de contener a aquellos que no son leales y que son sus enemigos

Y aquí la población civil, el ciudadano común, no tiene nada que ver. Las FAES mata a ciudadanos comunes, y a bandas criminales y a quien sea, como el “Coqui” también. La tragedia de esto es que el ciudadano queda en medio del fuego cruzado, eso es lo grave de esto que está pasando aquí. 

¿Qué pasa si el “Coqui” no logra la expansión de La Vega y el FAES logra contenerlos? La Vega no queda en manos de los ciudadanos ni del Estado de derecho, sino de una banda criminal asociada al régimen. Porque cuando no tenemos estado de derecho, quienes gobiernan son los criminales. 

Luis Izquiel 

Ciertamente, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, así como la Comisión Interamericana de DDHH, han solicitado la disolución de la FAES, sin embargo esto no ha ocurrido. Quizás esto responde a que la FAES se ha convertido en un órgano de control social, aprovechando el miedo que genera en la población. Este organismo también es utilizado para amedrentar y detener a líderes políticos y a cualquier persona que sea considerada como disidente al régimen actual. Quizás estas sean parte de las razones para que este cuerpo policial no sea eliminado, sobre todo en un régimen que tiene a la represión como su principal bastión para sostenerse en el poder.

Los que no se rinden | Kapé Kapé: La Constitución de 1999 es letra muerta
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Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales
“La grave crisis económica y el Decreto de Explotación del Arco Minero aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras”, advierte Armando Obdola
Al sur de Venezuela, decenas de indígenas han muerto por la minería desenfrenada y 1.200 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios ancestrales

@nelapalaciosr

La asociación civil Kapé Kapé  se ha convertido un símbolo de libertad y de la lucha por la democracia y los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas desde su fundación, el 28 de julio de 2005.

Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales, que se han convertido en el escenario de uno de los peores ecocidios registrados en Latinoamérica y en territorios sin ley controlados por bandas criminales y fuerzas irregulares que imponen su poder y roban riquezas patrimoniales al pueblo venezolano día tras día, bajo la fuerza de las armas.

Armando Obdola, presidente de Kapé Kapé, rechaza el nuevo reglamento del Concejo Nacional Electoral por considerar que viola los derechos políticos de los pueblos indígenas y representa un enorme retroceso a los avances alcanzados por ellos.

Tras la ampliación de la superficie de extracción de oro, diamantes, coltán y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y en la que residen más de 50.000 venezolanos de 197 comunidades indígenas, este líder indígena está especialmente preocupado por la voracidad minera que se ha desatado en esas tierras y lo que eso supone para el futuro de las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami, piaroa y jivi, entre otras.

No es para menos: más de 20 indígenas han muerto en medio de la actividad minera desenfrenada en los últimos 2 años.

El informe sobre el Arco Minero del Orinoco presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet , advierte sobre graves violaciones en esa zona: desde explotación laboral, sexual e infantil, asesinatos y mutilaciones, hasta el aumento de enfermedades, daño ambiental y grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que disparó las tasas de homicidios a registros récord en 2019, como las de los municipios Caroní y Heres (97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente).

¿Qué opina del nuevo reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimina el voto directo a los indígenas en Venezuela?

Es violatorio de las normas legales vigentes en Venezuela con relación a los pueblos y comunidades indígenas, puesto que establece un sistema de elección mediante asambleas populares, lo que vendría siendo una elección de segundo grado, lo cual no está previsto en las leyes venezolanas vigentes. Además, la Organización Socialista Bolivariana Unida (Osibu) desmintió que 320 comunidades y 18 organizaciones indígenas regionales y nacionales habían sido consultadas para la modificación de la elección de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional.

Los 8 pueblos que hacen vida en el municipio Sucre realizaron una asamblea en la que decidieron que no participarían en las elecciones parlamentarias. A las comunidades indígenas no se les tomó en cuenta para la elaboración de este reglamento y esto también viola la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas en sus artículos: 11, 63, 64 y 65.

Este Reglamento Especial reduce considerablemente la representación indígena en la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias e impone a los pueblos originarios a unas votaciones de segundo grado, con una Asamblea General a Mano Alzada con observadores del Consejo Nacional Electoral, en medio del peligro latente de la pandemia de la COVID-19. Esto representa un enorme retraso a los derechos alcanzados por nuestros pueblos indígenas.

¿Cuantos indígenas han muerto hasta ahora en el Arco Minero del Orinoco?

Más de 20 indígenas han muerto en los últimos dos años en hechos vinculados con la minería. Actualmente existe una situación crítica de caos e invasión en los territorios indígenas con actividades mineras, como el caso de los municipios Sifontes y Gran Sabana.

Se exhorta al Estado venezolano a que asuma el control garantizando el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de la consulta previa, pues hasta ahora ha actuado contraviniendo estos principios con la entrega en concesión de territorios a empresas trasnacionales, como es el caso de los 111.000 km² de territorios indígenas que hoy son intervenidos en el estado Bolívar a través del Arco Minero del Orinoco.

Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, ubicada en el Municipio Gran Sabana, entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro.

Al menos un centenar de comunidades indígenas de la entidad se han visto forzadas a dejar su estilo de vida, para incluso participar en las actividades mineras, como modo de subsistencia ante la nueva dinámica social y comercial impuesta en sus espacios de origen.

Tanto mineros no indígenas como indígenas, coinciden en que son extorsionados por las bandas ilegales que se han adueñado del negocio minero, con la participación de los cuerpos de seguridad y resguardo apostados en estas zonas (como Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, Guardia Nacional Bolivariana GNB y Policía del Estado Bolívar PEB). Algunos de los casos emblemáticos de muertes de indígenas vinculadas a la actividad minera que ha registrado nuestra asociación son los siguientes:

  • Marzo 2018. San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar. Asesinato del indígena Oscar Mella.

  • Agosto 2018. Comunidades indígenas de Maripa denunciaron el asesinato del líder indígena del pueblo jivi Misael Ramírez. El hecho habría ocurrido en medio de un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. También falleció el hijo del capitán, Milson Dorangel Rondón Reina, de 18 años, así como otras 4 personas que no fueron identificadas.

  • Septiembre 2018. En el municipio Gran Sábana, fue asesinado el comandante de la Guardia Territorial Pemón, José Vásquez, quien había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas de la delincuencia.

  • Noviembre 2018. 4 indígenas de la etnia piaroa murieron tapiados luego que ocurriera un derrumbe de tierra en la mina Cacique, localizada en el Parque Nacional Yapacana, del municipio Atabapo en Amazonas.

  • Diciembre 2018. Un indígena pemón fallecido y una veintena de heridos fue el resultado de un operativo de funcionarios del DGCIM en el Parque Nacional Canaima.

  • Febrero 2019. La indígena Zoraida Rodríguez fue asesinada y por lo menos otros 15 miembros de su comunidad resultaron heridos tras la arremetida de un convoy de la Guardia Nacional a esta comunidad pemón del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar. Luego del incidente, otras 7 personas fallecieron producto de las lesiones que recibieron en este ataque, la última de ellas fue el indígena pemón, Onésimo Fernández.

En Kumarakapay también fueron asesinados Rolando García y Kliber Pérez, los dos últimos guías turísticos del tepuy Roraima, una de las maravillas naturales del sur de Bolívar. Este incidente tuvo otras consecuencias como la migración forzada de cientos de indígenas quienes huyeron por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad. Reportándose unos 1200 desplazados forzosos, cifras semejantes a las reportadas por ACNUR.

  • Mayo 2019. El 26 de mayo fue asesinado Eduardo Garrido, indígena del pueblo kurripaco y Capitán de la Comunidad Puerto Montaña Fría, ubicada en la parroquia Platanillal, en el eje carretero sur.

  • Junio 2019. Nelson Pérez, capitán general de las comunidades indígenas de la etnia jivi de El Silencio, denunció la desaparición de 2 de sus líderes indígenas del municipio Sucre de Bolívar.

  • Noviembre 2019. Habitantes del sector minero de Ikabaru denunciaron una nueva masacre, con un saldo de 6 fallecidos confirmados por los cuerpos de seguridad.

Aunque la explotación minera tiene una historia de más de 50 años en el país, la grave crisis económica de los últimos años y el Decreto de Explotación del Arco Minero del Orinoco aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras.

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

Considero que durante este gobierno se ha marcado una violación invalorable de los DDHH, trayendo como resultado una Impunidad marcada en todos los sectores.

¿Estamos hoy mejor o peor que en 1999? ¿Por qué la constitución de 1999 se nos ha convertido en letra muerta en tantos aspectos?

La situación de los DDHH ha empeorado mucho a pesar que desde el inicio se hicieron las bases legales para el respeto de los derechos. Por lo tanto, siempre ha sido Ley muerta.

El coronavirus ya llegó a las comunidades indígenas del país. ¿Cómo podría protegerse mejor a estos pueblos durante la pandemia?

Desde el 16 de marzo el país se encuentra en una cuarentena social ordenada por el Ejecutivo Nacional para contener la propagación del Covid-19. Desde las primeras semanas del decreto, las comunidades indígenas del país comenzaron a ver las consecuencias.

En el caso de Bolívar, donde las comunidades indígenas se caracterizan por la movilización constante entre centros poblados para el comercio de artículos tradicionales o el abastecimiento, poco a poco comenzaron a verse restringidos principalmente por la falta de gasolina para retornar a sus comunidades; y así la cuarentena social se fue convirtiendo en sinónimo de falta de dinero y comida. Muchos se quedaron varados en otros centros poblados en medio del decreto.

Con el avance de la cuarentena y el cierre de frontera, en Amazonas comenzaron a notarse los efectos en el abastecimiento, con su consecuente aumento de precios, toda vez que vendedores formales y los “bachaqueros” comenzaron a tener problemas para surtirse de productos en Casuarito o en Puerto Carreño.

Los habitantes del Bajo Delta se enfrentan a la instalación de puestos de la GNB que tienen tomado el paso fluvial, lo que les niega la posibilidad de salir a Tucupita para abastecerse de alimentos.

En el caso de las comunidades indígenas del Delta, Bolívar y Amazonas la escasez de combustible ha significado la imposibilidad de salir a vender y comprar insumos, poniendo en riesgo mayor la situación alimentaria y sanitaria en el interior de las comunidades.

Las infecciones respiratorias se propagan rápidamente entre los pueblos indígenas debido a que las condiciones de salud, generalmente, son peores que las de la población no indígena.

La convivencia en viviendas multifamiliares y la falta de agua, sumadas a la inexistencia de campañas de información, aumentaron los riesgos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido que los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

A eso se suma la falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave, como agua limpia, jabón, desinfectante, etc. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal.

Le agradezco ahora tres mensajes claves. Uno dirigido al madurismo gobernante y las FANB. Otro dirigido al liderazgo opositor. Y otro al pueblo venezolano, al ciudadano de a pie que hoy apenas si tiene fuerza y energía para resolver el día de su familia.

A los gobernantes y a la FANB les diría que recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Al liderazgo opositor le diría que reconozcan que por su hambre de poder terminaron muchos arrodillándose ante el gobierno. Y al pueblo venezolano le diría que debemos seguir teniendo esperanza que pronto Venezuela será libre y mucha fortaleza.

Testigos de una destrucción progresiva


¿Cómo y cuándo nace la asociación civil Kapé Kapé?

Nace con el propósito de generar respuestas antes las constantes violaciones de los DDHH de los pueblos indígenas, el 28 de Julio del 2005.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer esta Kapé Kapé y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno desde entonces hasta ahora?

En el 2005 estábamos en la segunda fase del mandato de Hugo Chávez. Las comunidades indígenas comienzan el proceso de destrucción a través de la minería ilegal.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Kapé Kapé realiza trabajos en materia de derechos humanos, así como en actividades en el area social, cultural, educativa y deportiva.

¿Qué servicios ofrece?

Capacitación, foros, charlas, denuncias, asistencia jurídica y socio cultural.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En Kapé Kapé somos 18 en total

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Organizaciones indígenas nacionales e internacionales, organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

Salud, transporte y educación.

¿En qué zonas operan actualmente?

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia


¿Cómo pueden ayudar a Kapé Kapé las personas que estén interesadas en hacerlo?

Participando, difundiendo y acompañando a la organización en cada uno de las actividades.

¿Cuáles son los mayores retos y mayores amenazas de Kapé Kapé en la actualidad?

La situación de pandemia y enfermedades endémicas; la problemática de la escasez de gasolina y la deficiencia de los servicios públicos son nuestros principales retos. Y la presencia de grupos irregulares en las zonas de trabajo y la situación política actual del país, son nuestras principales amenazas.

Compártanos los casos emblemáticos del trabajo que han realizado en esta organización desde su fundación.

El caso Kumarakapay es el que podría destacar. Fuimos los primeros en lograr llevar medicinas luego de la masacre militar. En la madrugada del viernes 22 de febrero, la Guardia Territorial Pemón del municipio Gran Sabana de Bolívar, impidió el paso de convoyes del Ejército.

Los indígenas se negaron porque, para ellos, los militares iban a impedir la operación de acceso de la ayuda humanitaria. Después de un forcejeo, los militares dispararon para dispersar la concentración en la que, se aupaba a Juan Guaidó como presidente interino.

La balacera terminó con 16 pemones heridos, la mayoría fueron trasladados a Boa Vista. Al día siguiente las personas tenían temor salir a las calles. Se produjeron allanamientos ilegales a casas y comunidades indígenas.

Entre ese primer día y los venideros, se contabilizaron 8 asesinatos, 43 heridas y más de 60 detenciones arbitrarias. 4 de ellas a menores de edad. Ninguna de estas detenciones era de los militares que habían disparado contra los pemones de Kumarakapay.

Los funcionarios de la GNB en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, aún no hay detenidos por el asesinato de esas personas. Tras estos incidentes, líderes indígenas y particulares se movilizaron hasta Brasil en busca de resguardo ante la militarización y amedrentamientos de la GNB. Actualmente la comunidad permanece vacía por la secuela que dejó esa incursión armada de funcionarios del Estado venezolano.

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