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Denuncian que policías tomaron clínica para impedir que Johan Picúa fuese atendido tras ser baleado

Sacaron a familiares y pacientes, desalojaron a médicos y enfermeras, entraron al pabellón, lo desconectaron, dejaron que muriera, destruyeron los videos de las cámaras de seguridad. Testigos que estuvieron la tarde del pasado 8 de enero de 2018 en el Centro Médico Paso Real, ubicado en la autopista Charallave – Ocumare de los Valles del Tuy, en Miranda, relataron que un grupo de agentes policiales actuó así para dejar morir a un hombre que estaba en quirófano. La víctima fue Johan Ernesto Martínez Díaz, un presunto delincuente apodado «Johan Picúa», quien poco antes había ingresado al lugar con cuatro balazos en el cuerpo.

La intervención que salvaría a «Johan Picúa», de 40 años de edad, estaba a punto de terminar cuando llegaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación de Santa Teresa del Tuy y de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas (Policharallave) a la clínica. A esa hora, alrededor de la 1:00 pm, al herido le habían abierto el abdomen, desde el diafragma hasta el ombligo, para hacerle una laparotomía exploratoria que permitiera tratar las lesiones de la bala que le había perforado el costado derecho. Faltaba que le aplicaran una colostomía y cerrarlo. Pero los especialistas no pudieron.

«Llegaron muchos efectivos y sacaron, a punta de pistola, a todos los médicos que estaban en el quirófano. Tenían armas largas y cortas y nos obligaron a salir a todos. Apagaron los equipos y lo dejaron morir», afirmó un testigo, quien detalló que a los familiares de los otros pacientes los desalojaron con la excusa de un posible rescate que harían los miembros de la banda armada que comandaba el herido. Pero eso nunca pasó.

De acuerdo con el testimonio, el Centro Médico Paso Real fue tomado desde el mediodía hasta las 4:00 pm, cuando los uniformados se llevaron el cadáver de «Johan Picúa» en una furgoneta que había llegado con ellos, a pesar de que el hombre, uno de los 10 criminales más buscados del país, estaba vivo. Otras fuentes de la zona confirmaron que ese día hubo presencia policial en el sitio durante varias horas.

El presunto delincuente fue herido entre las 11:30 am y las 12:00 pm en el Club La Piscina, del sector Pueblo Nuevo de Ocumare del Tuy. Hasta allí llegaron personas armadas que le dispararon en el costado, el glúteo y el brazo. Tanto la versión policial como la de los testigos, sostienen que en este hecho estuvieron implicados los miembros de la banda de «Pelín y Pelito», que rivalizaba con la de «Johan Picúa».

La información policial que circuló sobre el caso fue completamente distinta. Ahí se indicó que «Johan Picúa» había caído en medio de un enfrentamiento y que había sido trasladado a la clínica mencionada, donde murió poco después de su ingreso. También se aseguró que su hermano, identificado como Mario José Martínez, había muerto en el incidente. Pero allegados aseveraron que este familiar ni siquiera está en el país.

Los denunciantes insistieron en que Douglas Velásquez, de la Coordinación de Investigaciones de Policharallave, había montado todo el operativo que se llevó a cabo en el centro médico, donde impartió órdenes a los uniformados. Al parecer, el policía había tratado de extorsionar a «Johan Picúa» para no actuar en su contra, pero este se había negado a pagarle. «Él (Velásquez) cree que todo allá es suyo y que uno tiene que hacer siempre lo que él pide», dijo un testigo.

El nombre de Velásquez también fue señalado por los familiares de tres motorizados que murieron en julio de 2017 a manos de Policharallave y el Cicpc, y a quienes se les atribuyó el homicidio de un escolta del hoy gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, quien para aquel momento andaba en campaña electoral. Los parientes de las víctimas aseguraron que el uniformado había jurado matar «uno a uno» a los choferes de la Línea Cooperativa Plaza Vieja de Charallave y que con estos asesinatos había empezado a cumplir su promesa.

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«Johan Picúa» estaba solicitado por su presunta participación en al menos siete homicidios y tenía denuncias por tráfico de drogas y robo. Varios medios señalaron que había formado parte de la banda de «El Picure», en Guárico, y que lideraba un «sindicato» que controlaba el sur de Miranda. Su nombre estaba en la lista de los 10 criminales más buscados de todo el país, elaborada y difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde también aparecen Carlos Luis Revete, «El Coki», cuya banda opera en la Cota 905; Leonardo Polanco, «El Loco Leo», cabecilla de un grupo armado de El Valle; Tirso y Bernardino Melean, a quienes se les atribuyen múltiples homicidios en el estado Zulia; y el inspector del Cicpc, Oscar Pérez, señalado por terrorismo.

La muerte de «Johan Picúa» sucede semanas después de la de otro supuesto criminal que integraba la lista: Juvenal Antonio Bravo Sánchez, apodado «El Juvenal» y líder de la banda homónima que operaba en Guárico, cuyo cuerpo fue hallado a mediados de diciembre en una zona montañosa de la entidad mencionada tras un supuesto enfrentamiento. Por esos días también cayó Franklin Paul Hernández Quezada, alias “Viru Viru”, durante una presunta reyerta sucedida en la cárcel Fénix, en Lara, donde cumplía condena.

En septiembre pasado, los cadáveres de cuatro hombres que, al parecer, eran integrante de la banda de «Johan Picúa», fueron localizados tiroteados y mutilados en una zona boscosa del lote 8 de la urbanización Pueblo Nuevo, ubicada en el sector La Cabrera de Ocumare  del Tuy. Los asesinatos fueron atribuidos a miembros de la banda «Tren de Aragua», liderada por «El Niño Guerrero» y dirigida desde la cárcel de Tocorón.

Este miércoles, 10 de enero, las viviendas de los familiares de «Johan Picúa» en Ocumare del Tuy fueron allanadas, sin orden de por medio, por Policharallave y el Cicpc de la zona.

@loremelendez

Reportan muerte de Juvenal y otras tres personas en un ajuste de cuentas

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Dos medios de comunicación reportaron la muerte de Juvenal Antonio Bravo Sánchez, líder de la banda armada «El Juvenal» que opera en el estado Guárico, junto a dos de sus lugartenientes y una mujer que no ha sido identificada. El hallazgo de los cadáveres ocurrió este sábado, 16 de diciembre, en un campamento improvisado situado una zona montañosa entre los estados Guárico y Aragua. Los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición y tenían heridas de bala.

Pero en las versiones de cada medio hay incongruencias. Mientras que El Pitazo sostiene que el sitio donde se encontraron los cuerpos está ubicado en el sector El Toro, dentro de la jurisdicción de Altagracia de Orituco, en el municipio José Tadeo Monagas de Guárico, el diario El Periodiquito de Aragua, asegura que el lugar está en el sector El Taque de la parroquia Memo, en el municipio Urdaneta del estado Aragua.

En lo que sí coinciden ambos medios es en que la matanza fue producto de un ajuste de cuentas. «Todos los cadáveres  presentaban orificios de bala a quemarropa en el cuerpo y cabeza, lo que en principio fortalece la hipótesis de la emboscada y el ajusticiamiento», apunta el diario aragüeño.

Fueron los campesinos de la zona quienes avisaron a las autoridades del hallazgo de los cadáveres. Hasta el sitio se trasladaron funcionarios de la Brigada de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones  Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Aragua y Guárico «para trasladar los cadáveres y someterlos a pruebas  forenses a efectos de precisar sus identidades», precisa El Periodiquito.

De acuerdo con información policial no oficial, el asesinato del grupo fue perpetrado el pasado lunes, 11 de diciembre.

María Isabel Sánchez, madre de Juvenal, fue trasladada hasta el sitio para reconocer los cuerpos. Así identificó al líder de la banda y a Nolberto José Bravo, otro de sus hijos. La tercera víctima fue Kelvin De Jesús Peña, apodado El Bombillo.

Todavía queda por establecer quién era la mujer que fue hallada en el lugar. Se presume que era amante del jefe del grupo criminal, ya que su cuerpo estaba sobre una colchoneta junto al de Juvenal, quien la abrazaba al momento de morir.

De acuerdo con El Pitazo, al Juvenal se le acusaba de al menos 29 secuestros, robo de ganado, extorsión, cobro de vacunas a comerciantes y ganaderos, robo de vehículos a mano armada, distribución de droga y asesinato, siendo catalogado como uno de los delincuentes más peligrosos de los estados Guárico, Apure y sur de Aragua, donde mantenía un estado de sitio en las carreteras de la zona.