Banca Privada d’Andorra

LA DEFENSA DEL EX VICEMINISTRO NERVIS VILLALOBOS, detenido en España por su vinculación en el lavado de más de 2.000 millones de euros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en varios bancos de Andorra, aseguró que hasta la fecha no ha recibido notificación de extradición por parte del gobierno venezolano y que, en todo caso, su defendido se negará a ser entregado.

“Es difícil imaginar un proceso legítimo iniciado por un gobierno en general, y una Fiscalía en particular, que el mundo reconoce como ilegítimo y en violación constante de derechos humanos”, argumentó un comunicado de la defensa en referencia a las autoridades venezolanas reseñado por la agencia EFE

La justicia venezolana asegura que Villalobos se benefició con comisiones que alcanzan los 1,8 millones de euros.

Más información en Tal Cual.

 

Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas

Tres directivos de la principal empresa pública de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), movieron 60 millones de dólares (48,1 de euros) en Andorra, un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto bancario.

Los responsables de le petrolera Luis Carlos de León, Eudomario Carruyo y Francisco Jiménez canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos a través de una madeja de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Cuestionario interno que rellenó en la BPA para abrir su cuenta en junio de 2008 el exdirectivo de PDVSA Luis Carlos de León. EL PAÍS

Luis Carlos de León, director de Finanzas de Electricidad de Caracas, una filial de PDVSA, controló entre 2008 y 2013 dos depósitos en la BPA. Sus cuentas movieron 22 millones de dólares (17,6 de euros). Y, desde ellas, se adquirió un inmueble en Venezuela por 3,1 millones de dólares (2,5 de euros), según la Policía de Andorra.

Tras presentarse a la BPA como “abogado corporativo de PDVSA”, De León admitió al banco que sus depósitos estaban vinculados con sociedades instrumentales (sin actividad real), según un documento interno de la entidad.

De León utilizó la institución financiera del Principado para recibir millonarias sumas de jerarcas chavistas. Así, cobró en diciembre de 2008 un total de 5,5 millones de dólares (4,4 de euros) del exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela del primer Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, según la Policía de Andorra.

 

ALTO

¿DESCONCIERTO GLOBAL?:

Alerto para que se conozca. La ramplonería y la improvisación van a la cabeza cuando cada día se ven más locuras en todos los estratos de la roja administración pública. Hay demasiadas evidencias de  raspado de olla con un apuro desmedido. Esta perlita es del SAPI, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual: anunciaron la puesta en aplicación de nuevas tasas vinculadas con la tramitación de marcas y patentes las cuales son discriminatorias al diferenciar la forma de pago (moneda para pago) entre personas naturales y jurídicas nacionales de las extranjeras, pues éstas últimas deberán hacerlo en dólares a la tasa de Bs. 6,30 (inexistente y de uso exclusivo del gobierno y su cartel de beneficiados) limitándoles la posibilidad de pagar con el equivalente en moneda de curso legal como es el bolívar siendo que el propio ministro de Planificación Ricardo Menéndez (de la cuota ministerial correspondiente al viceyerno Arreaza) ha aclarado que “el bolívar es la única moneda legal que circula en Venezuela” y otras voces del oficialismo como el diputado Ricardo Sanguino de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, se han levantado en el mismo sentido. Sanguino señaló por VTV “en el país no se vende en divisas, eso está descartado, no es viable y, mucho menos ir a un proceso de dolarización”. La ignorancia de Sanguino sería por no haber leído el Aviso Oficial del SAPI del pasado 5/5/2015. Exorbitantes: 1.415%  de aumento en la tasa para renovar una marca. ¿Qué harán las Empresas de Producción Socialista, los artesanos, los cultor@s, las organizaciones socio-productivas, las cooperativas y por supuesto la industria y el sector empresarial? Inaplicables e imposibles de cumplir: Por recaer en modalidades no contenidas en la Ley de Propiedad Industrial vigente sino en la Decisión Andina 486 siendo que ya no somos miembros de la Comunidad Andina de Naciones (¿a menos que no nos hayan informado  nuestro retorno?). Inejecutables: por contener modalidades que no existen como “la renovación de patentes” que no se renuevan en ningún lugar del mundo. Los usuarios se sienten indefensos antes esta medida desproporcionada, descabellada, inconstitucional y violatoria del trato igualitario y del principio de no discriminación. Igual deben sentirse los socios comerciales de la República Bolivariana, estos son los países de la Alba, Unasur, Mercosur y Caricom. Vale la pena destacar que con esta medida el gobierno cercena el derecho de las empresas “cubanas” para poder tramitar sus marcas, ante la imposibilidad que tienen de realizar pagos en dólares y utilizar el sistema bancario americano conforme a la ley. Quienes me transmiten los detalles creen que el Ejecutivo a su más alto nivel debe reaccionar ante este ¿de$agui$ado?…

MEDIO

ANDORRA & CIA.: 

El abogado venezolano Franklin Hoet Linares solicitó a la Fiscalía de Andorra “se le admita como interesado en el procedimiento que ese juzgado ha abierto en contra de directivos de la Banca Privada de Andorra, BPV, por blanqueo de capitales, para sostener en dicho procedimiento la defensa de los derechos del pueblo venezolano, afectados por la manipulación y apropiación ilegítima de fondos de PDVSA, así como para que, en razón del interés procesal colectivo que justifica  su comparecencia ante este mismo juzgado. Se le permita el acceso a la información pertinente, y que para evitar mayor perjuicio irreparable al pueblo venezolano se atienda su petición de que se dicten las medidas  cautelares que ese juzgado considere procedentes para que no puedan ser retirados tales capitales y los frutos que le correspondan para garantizar así que dichos fondos se destinen para el bienestar de dicho pueblo, y para que se les deposite en un fondo especial que solo pueda ser administrado por ese juzgado, o quien designe, para evitar que sean apropiados por quienes se han servido de ellos para abrir cuentas personales o a nombre de terceras personas interpuestas”. Hoet que es candidato a presidente de la Asociación Mundial de Juristas quiere que se le unan a la causa introducida algunos venezolanos que bien como estudiantes o turistas estén en España sufriendo la anulación de sus cupos Cadivi de estudio o viaje…

BUSCAN CHIVO: 

Desde el Ministerio de Comercio están levantando una radiografía detallada de cada una de las empresas afiliadas a Venamcham, la Cámara de Comercio Venezolano-Americana,  para establecer las conexiones con sus casas matrices, quiénes son sus empleados y proveedores, con quién se reúnen o intercambian correos  entre otras menudencias y así ir elaborando el llamado “Mapa de la Guerra Económica dirigida desde el Imperio Gringo”. El montaje de ésta falacia cuenta con un equipo montado con operadores del ciberespacio, buen billete y la total confianza de la ministra “uña en el rabo” Isabel Delgado. El afán de buscar un chivo expiatorio, y en este caso el sector económico privado de las multinacionales, es tener a quien echarle la culpa del fracaso de la imposible implementación de la “economía socialista”, tema fracasado desde el siglo pasado, y con el que solo han conseguido más hambre, desabastecimiento y escasez con el pasar de los días. Al mejor estilo de la soviética KGB o del G2 cubano. No aprenden ni corrigen. Ni lavan ni prestan la batea. Por eso es que la indecisión aparece como el casi único atributo de quien hoy gobierna…

BAJO

ROJOPINTAS: 

Unos precandidatos del PSUV a sus primarias para escoger quienes serían los diputados a elegir en las elecciones parlamentarias este año -si Maduro y Cabello ordenan a la Lucena celebrarlas- han estado “comprando” a otros competidores en sus circuitos ofreciéndoles cargos públicos, ayudas financieras y hasta viviendas con tal que renuncien a sus aspiraciones y así les deje el camino libre para ser diputados. En uno de esos circuitos de Caracas  un diputado actual -que aspira a la reelección- ya se quitó del camino a 8 de 10 candidatos…

Un exministro del actual gobierno se está haciendo una casita en zona cercana al Camino de los Españoles en el Parque El Ávila. Se le ve subir desde La Pastora con frecuencia llevando a los albañiles. Un enemigo suyo, rojito, lo acusó pero no le hicieron caso …

Los chulos de Podemos ensayaron aquí las 15 leyes del Estado Comunal que quieren imponer en España…

Sigue la compra de propiedades en urbanizaciones  Alta Florida, Las Palmas y Ávila por parte de funcionarios gubernamentales. Quieren ser “Rich and Famous”. Uno le dijo a su socio: “no nos podemos ir de este país, por eso me acomodo”…

Escuché al talentoso humorista Laureano Márquez en uno de sus monólogos explicando que situaciones similares, corrupción, crimen y desesperanza ha vivido Venezuela en distintas épocas desde la Independencia. Pero siempre ha renacido un mejor país. Espero… ¿Se atreverá  Maduro a ir a la Cumbre EU-CELAC?…

 

 

Andorra es un pequeño país situado entre Francia y España. Es un principado con un gobierno que tiene una estrecha relación con Francia y en menor medida con España y que vive básicamente del turismo y de la actividad financiera. Es un paraíso fiscal y prevalece en cierto modo el secreto bancario. Por estas razones traficantes, nuevos ricos, blanqueadores de capital y pillos de toda clase, escogen a Andorra para colocar sus fortunas allí.

Por investigaciones que lleva a cabo el servicio contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos se supo que varios mafiosos rusos usaban a bancos de ese país para lavar sus capitales y cuando las investigaciones avanzaron se descubrió que un grupo de venezolanos tenían fortunas, cuentas de varios millones de dólares en el Banco Privado de Andorra, cuya sucursal de Madrid fue intervenida.

Con el curo de las averiguaciones comienza a destaparse la cloaca y a emanar sus fétidos olores. Sucede entonces que varios ex ministros del presidente Chávez y también de Maduro aparecían como titulares de dichas cuentas millonarias. Que alguien con dinero bien habido tenga una cuenta en dólares no es delito. Lo que llama poderosamente la atención es que dos de los sujetos señalados fueron funcionarios de alto rango, que tuvieron en sus manos la asignación de contratos para el Metro de Caracas y fueron responsables de las importaciones de equipos eléctricos cuando éstos se trajeron masivamente durante 2010 y 2011. Otro de ellos es el beneficiario de las pólizas de seguros y reaseguros de PDVSA y de quien se dice tiene una relación de parentesco con Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de PDVSA.

Uno de los señalados tras la intervención del Banco Privado de Andorra, obtuvo un “contrato de asesoría oral” con la empresa Duro Felguera de España por 50 millones de euros. Duro Felguera obtuvo muchos contratos del gobierno venezolano. Otro, que ocupó la dirección de los servicios de inteligencia de Venezuela, tiene registrada una empresa en España y de un capital inicial de 5.000 euros para constituir la firma, tres años después su capital era más de 5.000.000 de euros.

Las autoridades españolas han proseguido las huellas que han dejado estos capitales de dudoso origen. Sin embargo, en Venezuela la Fiscalía pareciera que no se ha enterado del caso. La explicación de esta falta de diligencia reside en el estado de postración moral en que se encuentra el país con una justicia que sirve únicamente para perseguir y condenar a opositores pero jamás para aplicar la ley ni menos para investigar a los magnates de Andorra.

 

@JoseAGuerra

 

Grabaciones telefónicas de evidente alta profesionalidad, ponen de relieve la intervención de altas personalidades españolas y francesas en la liberación por parte de Banca Privada d´Andorra (BPA) de € 200 millones propiedad de un empresario «chavista» venezolano, según el programa matinal «Espejo Público» de la televisora privada «Antena 3».

Según los conductores del programa, se trata de grabaciones secretas de la Guardia Civil española obtenidas durante la «Operación Clotilde», puestas de conocimiento de las autoridades estadounidenses.

Las referencias que hace un mes hizo el Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) a mafias rusas y chinas vinculadas con depósitos millonarios de venezolanos en BPA, calzan bien con la versión de «Espejo Público» de que cuando la Guardia Civil investigaba operaciones de la mafia rusa en Andorra, se encontró con conversaciones referidas al caso venezolano.

En la conversación sostenida entre Diego Salazar, presentado como «mano derecha» de un «magnate petrolero» y Pablo Laplana, funcionario de BPA, los interlocutores comprometen al ex juez estrella español Baltasar Garzón Real, contratado por BPA, y el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, conocedor del idioma español por su crecimiento en Venezuela.

Según los conductores de «Espejo Público», Salazar admitió la existencia de la conversación, calificándola de «normal entre abogados y clientes». El contenido, sin embargo, es excepcional.

De acuerdo con Salazar, éste pagó a la policía US$ 80.000 para facilitar la liberación de los € 200 millones, pero a los 6 meses no hubo resultados y «los policías pidieron más». En un momento de la conversación, se escucha decir que «la Fiscalía no es como en Alemania; es un ‘cogeculo’ (sic)».

Laplana comentó a Salazar que las cosas se hacen en Andorra de otro modo y «los bancos tratan (las cosas) suavemente», asegurándole que tanto la dirección general de BPA como sus dueños estaban haciendo lo necesario para desbloquear el depósito.

De la conversación Salazar-Laplana se desprende que aunque los papeles aparentes de Garzón eran contradictorios, en favor de la liberación y de la legalidad, estaban convenidos de antemano para justificar mejor la decisión final.

Las fuentes indican que, finalmente, el depósito fue desbloqueado.

 

El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, en sus siglas en inglés) denunció que Banca Privada d’Andorra (BPA) era un coladero de lavado de dinero del crimen internacional. La medida provocó una escalada de acontecimientos: la intervención del banco por las autoridades andorranas y de su filial en España, Banco Madrid; la dimisión del consejo de administración y la detención de su consejero delegado, Joan Pau Miquel; una fuga de depósitos de los clientes y la imposición de un corralito, y la declaración de la suspensión de pagos de Banco Madrid.

La actuación del Fincen es sólo una muestra de la creciente importancia de la inteligencia financiera de EE.UU. en la lucha contra el crimen. En el pasado, el Departamento del Tesoro apenas contaba en las discusiones sobre la guerra contra organizaciones criminales a nivel global, dominada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA) y la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA).

Hoy, sin embargo, la inteligencia financiera es clave en casi cualquier investigación criminal, desde la definición y el seguimiento de sanciones a países o personas –desde Irán a Rusia—, la persecución de células terroristas a través de su financiación y de los rastros que deja su dinero, la evaluación del poderío económico de países u organizaciones que podrían ser una amenaza para EE.UU. y el control de la proliferación de actividades nucleares.

En los últimos años se ha disparado el personal del Tesoro americano dedicado a peinar movimientos de dinero sospechosos y rastrear como sabuesos la procedencia de fondos. Se calcula que son 700 agentes, algunos desplegados en lugares de conflicto, que suministran información y colaboran con otras agencias de inteligencia.

La inteligencia financiera «ha abierto un nuevo campo de batalla para EE.UU., en el que podemos perseguir a aquellos que pretenden hacernos daño sin poner a nuestras tropas en peligro o usar armas mortales», dijo el pasado junio en un discurso el secretario del Tesoro, Jack Lew.

El 11-S, un punto de inflexión

La prosperidad de recursos y el alcance de la inteligencia financiera fueron propiciados por los atentados del 11-S y las leyes antiterroristas que le siguieron, como la Patriot Act, que dieron mucho poder a las autoridades para acceder a la información financiera de individuos y organizaciones.

Con Obama, el papel de la inteligencia financiera no se ha relajado, sino que incluso ha ganado protagonismo, en un momento en el que el presidente prefiere usar cualquier estrategia antes que el uso de la fuerza militar. «Las sanciones financieras se han convertido en la primera respuesta en las crisis políticas internacionales», aseguró a Bloomberg Eric Sorber, un exempleado del Tesoro que ahora trabaja como abogado especialista en sanciones para la firma Gibson, Duna & Crutcher. «Para el presidente es muy fácil imponerlas, tienen gran capacidad de presión y limitan los efectos colaterales», dijo.

La imagen popular sobre operaciones de inteligencia tiene más que ver con espías al estilo de James Bond desbaratando ataques secretos de rusos y chinos. «En parte es todavía así y no hay que quitarle importancia», dijo al mismo medio financiero Christopher Swift, que antes investigaba la financiación de grupos terroristas para el Departamento del Tesoro y ahora es profesor de la Universidad de Georgetown. «Pero si miras qué tipo de organizaciones a nivel global son un problema para EE.UU. y sus aliados, muchas son actores no estatales, como sindicatos del crimen, del tráfico de drogas o del terrorismo internacional y la mejor manera de entender cómo funcionan esas organizaciones y de hacerles daño es seguir la pista del dinero», aseguró.

El rastro de Gao Ping, Petrov y Venezuela

Precisamente, «seguir la pista del dinero» es el lema del Fincen, dirigida por Jennifer Shasky y dedicada sobre todo al lavado de fondos y a la financiación de grupos terroristas, y que rastrea cerca de un millón de movimientos financieros al año. «La primera motivación de los criminales es ganar dinero, y dejan rastros financieros al tratar de blanquear o gastar sus ganancias», explica en su web. Esas huellas son las que siguieron los agentes del Fincen para establecer la relación entre los fondos manejados en BPA con Gao Ping, altos cargos de Venezuela y el ruso Andrei Petrov, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Semion Mogilevich, colocado en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Cuando se anunciaron las medidas contra BPA, la directora del Fincen se apresuró a felicitar a otros organismos que habían colaborado en la investigación, como la sección de confiscación de activos y blanqueo de dinero del Departamento de Justicia, la fiscalía, el departamento de Inmigración y Aduanas y la unidad de investigación criminal del IRS –el organismo recaudador de impuestos de EE.UU.. Esto da una idea de la diversidad de entidades que participan en estas operaciones.

La última muestra del creciente peso de la inteligencia financiera se produjo el pasado febrero, cuando David Cohen, hasta entonces subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, tomó posesión como vicedirector de la CIA, segundo en la jerarquía de la agencia. Era la primera vez que alguien proveniente del Tesoro recalaba en una posición de ese rango. Hace no tantos años, a los que seguían la pista del dinero apenas se les dejaba entrar en las reuniones importantes sobre inteligencia.

 

Como el personaje central de la novela del inmortal Rómulo Gallegos que se dice reflejaba su visión de una Venezuela aprovechada por tantos, la tan cacareada patria está siendo violada y parece sufrir la peor estafa política de su historia y el mayor desfalco a sus arcas, a la par de la destrucción de su economía.

Desde los escándalos del “Plan Bolivar 2000” y el CAEZ a inicios del primer gobierno de Chávez, se han tapareado las aberraciones cometidas en contra de la Nación. Pero ahora, las pruebas parecen traspasar nuestras fronteras y desenmarañan el tapón que se le ha montado a toda denuncia interna. Se llevaron US$ 20,000 millones de Cadivi, gritó el ex-Ministro de Planificación, sin que se iniciara investigación alguna. Sin embargo, con el escándalo del HSBC en Suiza y las intervenciones del Banco de Andorra y Banco Peravia en República Dominicana que repercuten en el Banco de Madrid, parecen haberse encontrado al menos US$ 4,300 millones de estos, presuntamente saqueados de PDVSA y las arcas del Estado venezolano. ¿Se destaparán más ollas? ¿Y caerá algún corrupto, o habrá algún solo otro “chinito de Recadi”?

Dirá la historia que mientras unos colocaban el producto de sus fechorías en bancos extranjeros, las multitudes hacían cola para comprar alimentos y medicinas que escaseaban porque quienes estaban llamados a administrar la riqueza de la Nación, se dedicaron a saquearla. A la violación de la patria, se sumó la sistemática destrucción de la economía que causó la quiebra de 450.000 empresas, según cifras de las cámaras empresariales, una recesión del -7% en el PIB, como proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación más alta del mundo que podría rondar ya 10% mensual abriendo el 2015 y una devaluación oficial que promediaría 2.371%, todo lo cual disparó las estadísticas de pobreza, de acuerdo a los propios informes oficiales que seguramente causaron la destitución de su Presidente del INE, más no del otro.

Si contemplamos todo dentro de un contexto de asesinatos y ajusticiamientos citados por la prensa nacional, las miles de detenciones y cientos de torturas, como indican las ONG’s internacionales, y si sumamos la incógnita sobre la muerte de Chávez, para preguntarnos si en efecto estaba el Presidente vivo y en capacidad de firmar los actos que firmó entre aquel 8 de Diciembre, cuando partió a Cuba, y el 5 de Marzo, cuando nos dicen que falleció, incluyendo la designación del Vice-Presidente Ejecutivo que lo relevó, no puede sino concluirse que Venezuela está cubierta por un velo de opacidad e inmersa en un caos moral, institucional, económico y político sin precedentes.

Y desde afuera vienen las sanciones y los fallos. Venezuela es obligada a pagar, una y otra vez, por culpa de la ineptitud y el fanatismo. Pero entre saqueos y estafas, se le lanza un pote de humo a la cara al pueblo, una batalla imaginaria ante un enemigo conveniente frente a las sanciones personales a siete, o hasta 70, presuntos implicados en el peor caos de la historia reciente, acciones personalísimas que son vendidas como una agresión a la patria.

Marcha atrás y contra la historia, a esta “Doña Bárbara” le salió su “Don Quijote”, y como que Sancho viene atrás.

 

@qppasociados

 

Marisa Recuero

Antonio Rubio

 

El caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana. Por primera vez en 15 años, Venezuela investigará un escándalo de corrupción relacionado con antiguos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, después de que el diario ELMUNDO destapara, el pasado 16 de marzo, un presunto blanqueo de capitales por parte de, al menos, seis personas vinculadas al chavismo.

Apenas ocho días después de esa publicación, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país bolivariano, que preside Diosdado Cabello, aprobó la propuesta formulada por el diputado de la oposición Julio Montoya para esclarecer los hechos. Nunca antes una iniciativa de la oposición fue aceptada en estos términos, llegando de inmediato a la llamada Comisión de Contraloría, similar al Ministerio Fiscal español.

Fuentes conocedoras de esta iniciativa parlamentaria achacaron la decisión a tensiones internas entre Cabello y el presidente de la República venezolana, Nicolás Maduro. No obstante, las mismas fuentes advirtieron de la relación de amistad que existe entre el presidente de la Comisión, Pedro Miguel Carreño Escobar, y Carlos Aguilera Borjas, uno de los implicados en el caso de blanqueo de dinero. En concreto, se trata del ex director de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip). Esto es, el organismo existente antes de que Chávez creara el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido por sus siglas Sebin.

La Comisión de Contraloría tiene la misión de velar por la transparencia de los entes financieros y públicos de Venezuela, además de la fiscalización de la Administración pública en todos sus niveles. Cinco de los seis venezolanos relacionados con el caso Banco Madrid estuvieron vinculados, de manera directa, al Gobierno venezolano.

El citado Aguilera Borjas fue el ex jefe de Seguridad de Chávez. Junto a él, también aparecen en el listado Nervis Gerardo Villalobos, viceministro de Energía; Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas; Diego Salazar Carreño, familiar de Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela en la ONU y ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA); y Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera. El sexto implicado es el empresario de seguros Omar Farías Luces.

Entre los implicados, tres de ellos tienen empresas en España, en las que ostentan cargos de administradores, según consta en el Registro Mercantil. Se trata del ex director de los servicios de Inteligencia, del ex presidente de la compañía eléctrica y del magnate de los seguros, propietarios, respectivamente, de Clab-Consultoría Inmobiliaria, Catalufa Inversiones Inmobiliarias e Inversiones Porbónica.

A excepción de Clab y Porbónica, que fueron registradas en 2007, Catalufa -la empresa de Alvarado Ochoa- se creó hace apenas seis meses, en septiembre de 2014. Ninguna tiene empleados, ni estructura organizativa y tampoco consta actividad reciente. Es más, los depósitos de cuentas de los últimos años no aparecen. Sólo en el caso de Clab, la sociedad de Aguilera Borjas, constan cuentas anuales correspondientes al año 2012, periodo en el que esta empresa obtuvo un beneficio negativo de 4.838 euros, registrando un capital social de 1,7 millones y activos por importe cercano a los dos millones. Clab-Consultoría Inmobiliaria fue creada con un capital inicial de 3.000 euros.

Las tres están registradas como actividad de promoción inmobiliaria. Aunque no están relacionadas entre sí, Inversiones Porbónica comparte domicilio social con una sociedad vinculada a Alvarado Ochoa. Se trata de Clavo y Canela 2000, una agencia de valores, propiedad de la venezolana Ceciree Carolina Casanova Rangel, cuya apoderada es una española, dueña de la empresa Hondalar. Precisamente, esta sociedad tiene su domicilio en Majadahonda, en el mismo lugar que Porbónica, de Omar Farías.

 

Domicilio social

Este diario contactó con la apoderada de Clavo y Canela 2000 para conocer la relación entre Farías y Alvarado. Su primera reacción fue asegurar que no conoce a Alvarado Ochoa, para después precisar que ambos «no tienen ninguna relación en España». En este sentido, aseguró que conoció a Farías por un amigo personal que estaba casado con una venezolana. «Me dijo que quería invertir en España». «Cuando vienen a España ni se ven ni se conocen, yo no sé si en Venezuela se conocerán», insistió en relación a la vinculación de Farías y Alvarado.

En el domicilio de la capital madrileña donde está registrada Catalufa, la empresa de Javier Alvarado, constan también otras dos sociedades, administradas por la citada venezolana Carolina Casanova. Se trata de la ya mencionada Clavo y Canela 2000, además de Cocuiza. Ninguna de las dos tiene empleados, ni estructura organizativa. Según la apoderada de Clavo y Canela, el piso donde está registrada Catalufa es propiedad de Casanova.

En cuanto a Carlos Aguilera, administrador de Clab-Consultoría Inmobiliaria, su empresa está en un gabinete jurídico del centro de Madrid, gestionado por la abogada española Begoña Gímeno Díaz. Este diario se puso en contacto con la letrada, que justificó la presencia de Clab en su domicilio advirtiendo de que allí sólo llegan las notificaciones dirigidas a esa empresa.

Hace poco más de dos meses, Aguilera Borjas incluyó a un nuevo administrador solidario en su empresa. Se trata de José Manuel Aguilera Rioboo, asistente técnico en Venezuela del consorcio español CSM -Dimetronic, Cobra, Constructora Hispánica y CAF-, encargado de la línea 1 del Metro de Caracas. La adjudicación de este contrato también se investiga en el caso Banco Madrid. Este diario intentó contactar con los tres venezolanos implicados en el caso, pero sólo respondió Omar Farías.