bachaqueros

María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), advirtió que la hiperinflación seguirá azotando a la población venezolana mientras el ejecutivo continúe aplicando la misma fórmula de “acoso, persecución, amenazas y tratar de controlar los precios finales de los productos cuando debería revisar el origen de estos precios que,  como dijo el diputado (José) Guerra, se encuentra en el Banco Central de Venezuela”.

En entrevista a Unión Radio, explicó que cada vez que “el presidente Nicolás Maduro ordena al BCV emitir dinero sin respaldo, incrementar el gasto fiscal y la masa monetaria sin  estímulo a la producción e incremento del Producto Interno Bruto (PIB) por supuesto vamos a ver como la inflación sigue subiendo”.

Uzcátegui insistió en que el denominado Plan 50 con el que el gobierno pretende fijar los precios de 50 productos de la cesta básica es más de lo mismo. “Va a ocurrir lo que ocurrió anteriormente (…) Cincuenta productos que al igual que en enero van  a desaparecer del mercado porque ningún productor va a producir a pérdida con consecuencias graves para el consumidor”.

Alertó que los productos que queden rezagados serán entregados a bachaqueros para su  comercialización. “Hay que entender que, a los mal llamados bachaqueros, quienes les entregan la mercancía serán los mismos encargados de controlar los precios de los productos que salen desde la fábrica y llegan al comercio”.

Durante un acto realizado en Catia por el segundo aniversario de la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Nicolás Maduro solicitó a la fraudulenta asamblea constituyente, elevar a 25 años de cárcel, la pena para el delito de comercialización ilegal de alimentos de la caja CLAP.

“Bernal, coordinen con la ANC para elevar la pena a aquellos que roben la comida al pueblo, el que bachaquée la comida al pueblo; vamos a aumentar eso a 25 años”, dijo.

Como se sabe, la constituyente presidencial aprobó un acto normativo denominado “Ley de los CLAP” cuyo reglamento corresponde redactar al Ejecutivo. En tal sentido, Maduro adelantó que le dará “al fiscal del CLAP poder para mandar en el barrio, en la comunidad y frenar al bachaquerismo salvaje”.

A su juicio, “si algo se ha demostrado en estos dos años es que el camino son los CLAP y no la experiencia burguesa que te pone a hacer cola”.

El ministro de agricultura urbana, Freddy Bernal, le solicitó a Maduro un crédito adicional (que según la Constitución vigente requiere la aprobación de la Asamblea Nacional) por el monto de 16 billones de bolívares para el desarrollo de los planes de producción de los CLAP.

“Con la agricultura urbana y periurbana se puede llegar a cubrir 20% de la demanda de alimentos en las ciudades. Estamos impulsando estos planes de agricultura urbana y periurbana en las 23 ciudades capitales y en los urbanismos de misión vivienda, en los techos de la misión vivienda. Además daremos impulso a la producción de proteína animal: cerdo, conejo, ovejo y gallina pica tierra y pescado. Cualquier espacio es libre para sembrar”, dijo Bernal.

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Mucho ha cambiado en Venezuela durante estos casi 20 años de gobierno chavista. Para peor, claro. La revolución es involución. Lo padecemos a diario. Parte principal de este proceso en el que se detiene o retrocede la realización o avance, -que, aclaramos, no significa conceptos románticos como “volver a las raíces”, asunto diferente- ha sido la economía, pero no es la única afectada. Más golpeados son los ciudadanos, por supuesto, con un pequeño porcentaje de excepción, cómplices, bolichicos, sinvergüenzas ladrones y bandidos que asaltaron sin misericordia el tesoro público, quien gobierna, es el responsable del desastre, que terminarán yéndose atiborrados de dólares a disfrutar un largo y confortable exilio lejos del rencor nacional pero no de la justicia. De allí, que la pretensión de impunidad sea parte de las exigencias que entre líneas se asoman en los encuentros íntimos.

Generalizar es inconveniente y chocante, siempre se corre el riesgo de equivocarse. Sin embargo, ante la negativa de los partidos políticos de participar formalmente en estas manipuladas y dolosas elecciones municipales, pareciera que todos los candidatos serán puestos por el oficialismo, los que no sean militantes o confiables seguidores de las instrucciones de Miraflores -y de La Habana-, son infiltrados, simpatizantes, afectos. O maduristas bajo cuerda.

Vote en las municipales con la seguridad de que la trampa está montada. ¿O acaso algún cándido casto cree lo contrario? El castro-madurismo se equivoca en todo, menos en las estrategias y acciones para conservar el poder. Seducen, agreden, reprimen, compran, extorsionan, pactan. Como sea. Ya no tienen tanto dinero como antes, aunque siempre hay favores o acuerdos para engatusar y, especialmente, asegurar el control del poder. Aunque sólo sea para cambiar pacas de billetes por transferencias con ganancias en la frontera.

Tendrán dificultades para que los grandes acreedores internacionales refinancien la monumental deuda externa -oxígeno y deseo interno no les falta- que el chavismo nos echó encima en los tiempos de los más altos precios imaginables del petróleo, y producto del cruel y desalmado robo de que fue objeto el erario nacional- que el Presidente Maduro se ha empeñado -no se le ocurre nada peor- en aumentar, aunque es de esperar que, por no perder la costumbre, ya estén haciendo las transacciones disimulas con factores de la oposición. O tal vez no, nunca se sabe.

Lo que si se conoce es lo que en la Venezuela castro madurista se anuncia todas las semanas y no existe -excepto en las marramucias que inventan y ejecutan día tras día para poder seguir sentados sobre bayonetas- y se va disolviendo entre bolívares sin valor, billetes que no se consiguen, productos más caros y desabastecimiento para no comentar de los demás problemas que todos menos maduristas, bolichicos, testaferros, cómplices, cooperantes, civiles, militares, bachaqueros y toda una fauna de mal habidos especialmente favorecidos.

La dirigencia, cierta opositora y gubernamental, nos han convertido en un país que se debate entre carencias y acuerdos oscuros. Pocos con dinero y demasiados en la extrema peladera, lo único que crece en este muy peculiar, falso y desastroso socialismo.

El maduro-chavismo (castrismo) se aferra al poder porque perdida la fe y la confianza del pueblo es lo que les va quedando. De manera que los venezolanos sabemos que sean quienes sean los candidatos a ocupar los puestos municipales, serán oficialistas o acordados con el Gobierno en medio de peinillas amelladas, condiciones humillantes, exigencias ofensivas y dólares en alarmante decadencia.

Aunque, claro, eso no resuelve lo que realmente cuenta. Lo seguro es que los candidatos son pro-chavistas, oficialistas o cercanos. En dictadura los cargos de elección popular -diputados, gobernadores, alcaldes, concejales- son adorno. No importa lo que digan los colaboracionistas.

La oposición -MUD- no necesito ayuda ni esfuerzo para realizar lo que el gobierno se propuso: su división y enfrentamiento. Era tan obvio que no se requiere de intelecto especial. Ninguno quiso renunciar a su espacio político y menos aún, a sus soberbias y ambiciones desmedidas. ¡Que tontos han sido! Lo peor, en su majadería, llevaron a Venezuela a un precipicio.

Son mayoría, pero la carencia de liderazgo e incoherencia, mancillaron la confianza de sus seguidores y no han logrado recuperarla, ya no lo harán. De los errores, el más garrafal, la interpretación de los resultados obtenidos en el 2015, que los convenció de súper héroes y bendecidos por la divinidad llevando a muchos diputados a abandonar sus curules, en la creencia de que eran propietarios de la voluntad que sufragó   por ellos. Nadie fue dueño personal de esos votos, a muchos ni siquiera conocían, otros no eran miembros de la comunidad que representarían y algunos no encontraban en el mapa sus circuitos. No fue un voto razonado, fue resultado de la rabia, frustración y molestia, por el mal, pésimo, nefasto gobierno.

Con candidatos oficialistas, infiltrados conjurados de opositores que en realidad son seguidores y simpatizantes de siempre en los diferentes partidos y regiones, el madurismo da una nueva batalla que, con la subordinación de sus funcionarios reciclados y los nombrados por la rabanera servicial cubano constituyente -en la cual los ganadores deberán arrodillarse, rendir pleitesía y juramentarse- que sólo Maduro, Castro, Ortega y Morales reconoce.

Votar es un derecho ciudadano, también lo es abstenerse, hacerlo o no, depende de su conciencia, pero en ningún caso lo anula como persona ni lo convierte en traidor. Los derechos no se discuten, se ejercen.

@ArmandoMartini 

La acción de los colectivos dejó de ser, desde hace años, la “defensa” armada de la revolución

Si bajo el mandato de Hugo Chávez pudieron obtener financiamientos para sus comunas, hoy Nicolás Maduro –en bancarrota– les permiten incluso que “bachaqueen”  alimentos y que sean parte de la “guerra económica” que tanto critica

@loremelendez | Especial para Provea

NO SOLO FUNCIONAN COMO GRUPOS DE CHOQUE. No solo controlan territorios e imponen su ley. El poderío de los paramilitares del chavismo, conocidos como “colectivos”, es tal que abarca desde las operaciones con las que amedrentan y asesinan a manifestantes que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pasando por el manejo de la distribución y comercialización de la comida –mediante el manejo de los Mercal, las Bodegas de la Patria y, ahora, sus propios locales con productos a precios de “bachaqueros”–, hasta las transacciones que les permiten vender armas, largas y cortas, en las cárceles venezolanas.

Habitantes de zonas como Catia y el 23 de Enero, informes, expertos y una revisión a sus negocios, confirman que se han convertido, con el paso del tiempo, en empresarios que se refugian bajo el velo de sus “fundaciones” para lucrarse. Si en el pasado, esta figura legal les permitió acceder a créditos otorgados por distintos ministerios, hoy le sirve como excusa para hacer justificar sus emprendimientos.

2014, el antecedente

Ocurrió la noche del 19 de febrero de 2014. En una alocución televisada, Nicolás Maduro condenaba la violencia de los últimos días. Las protestas contra su gobierno eran diarias y en distintos puntos del país los ciudadanos exigían su renuncia a la Presidencia de Venezuela. Con las manifestaciones había comenzado a engrosarse una lista de víctimas fatales conformada, en su mayoría, por jóvenes que disentían del chavismo. De los cinco homicidios que habían sucedido en una semana, en al menos 3 habían participado los grupos paramilitares conocidos como “colectivos”. En lugar de rechazar sus actuaciones, Maduro los defendió.

«Yo les doy garantías de que esos colectivos lo que están haciendo es trabajar, producir, organopónicos, cultura. Ellos debieron armarse en el pasado y se han organizado para proteger a su comunidad», justificó.

Foto: El Carabobeño

Y seguían armados. Ese año, como ningún otro, demostraron que eran el brazo violento de la revolución bolivariana. En tres meses se registraron, de acuerdo con el informe “Relación de los casos de asesinatos y estatus de las causas reportadas al Foro Penal Venezolano (Enero 2016)”, 44 muertes asociadas a las protestas, de las cuales 7 fueron causadas por los colectivos. A manos de ellos cayeron Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Daniel Tinoco, Jesús Enrique Acosta Matute, Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, Wilfredo Rey, Jesús Orlando Labrador. Aunque en el documento no se menciona, a Juan Montoya, quien era coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica a colectivos de Caracas y Vargas), también lo mató uno de los paramilitares con los que andaba el 12 de febrero: Hermes Barrera, quien luego lo sucedió en su cargo.

“Los colectivos paramilitares se han convertido en la principal respuesta que el gobierno tiene hacia los manifestantes venezolanos. Con el aval de las autoridades y con el manto de la impunidad a su favor, estos grupos criminales buscan sembrar terror para que los ciudadanos no exijan sus derechos”, advirtió en junio de 2015 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social a través del informe “Manifestantes en la mira de colectivos paramilitares”, un documento en el que también se reveló que estos grupos armados habían ejecutado –solo durante el primer trimestre de 2014– acciones violentas en al menos 437 protestas, lo que se tradujo en 31% del total de las que se registraron en ese momento. Las lesiones por arma de fuego en estos episodios fueron las más comunes.

En 2017 han seguido el mismo camino, pero ahora amparados por el Plan Zamora, que contempla que las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado estén acompañados de la comunidad organizada que, en este caso, son los paramilitares del chavismo. Esta es la razón de la impunidad ante cualquiera de sus actuaciones.

Paramilitares hasta en la sopa

Desde la plaza Pérez Bonalde, en el Bulevar de Catia en Caracas, se ve una cola extensa de más de 100 personas que resisten el sol del mediodía. Esperan que los atiendan en un comercio situado en la avenida Washington, a unos 30 metros de la calle Colombia.

–¿Disculpe, mija, qué están vendiendo? – le dice un hombre, que va con un niño de la mano, a una mujer que está en la formación.

–Tienen harina pan, arroz, azúcar…

–¿En cuánto la harina pan?

– En 10 mil.

El asombro transforma la cara del hombre que, segundos atrás, tenía un semblante apacible, despreocupado. Con los ojos aun abiertos, desorbitados, y una expresión de espanto, repregunta:

–¿10 mil una harina pan?… ¿Esos son los colectivos?

–Sí, los colectivos…

La conversación acaba allí. Pero a lo largo de la cola, la escena se repite con actores distintos justo frente a una pared que rechaza a los «bachaqueros». Hoy, los expendios de alimentos más surtidos de toda Catia tienen los mismos precios y los mismos dueños: los paramilitares del 23 de Enero que han tomado la zona para vigilar y amedrentar a sus habitantes y, ahora, ponerle tarifa al hambre de una comunidad que, como el país, está desabastecida. Hasta allí ha llegado su poder.

Foto: Lorena Meléndez G.

No es la única forma en la que estos grupos irregulares, que fueron armados con la venia del gobierno del ex presidente Hugo Chávez, han participado en el negocio de la comida. Antes de que instalaran sus tiendas en al menos cuatro puntos distintos de Catia, los colectivos ya habían metido sus tentáculos en los Comités Locales de Alimentación y Producción, mediante la organización y control de los Mercal y las Bodegas de la Patria.

«Ellos no están dentro de los Clap, pero sí tienen los centros de distribución», confirmó un habitante de la zona que declaró en condición de anonimato. Señaló que el Mercal de Cristo Rey está controlado por el colectivo Radio 23, el de la Zona E está en poder de Tres Raíces, el del Bloque 13 es manejado por La Piedrita y Salvador Allende, mientras que el colectivo Montaraz se encarga del que está en las adyacencias del Cuartel 4F.

Un integrante de un colectivo del 23 de Enero confirmó que el grupo al que pertenecía se había apoderado del Mercal más cercano a su zona. «Lo tomamos porque antes aquí había demasiada cola y eso trajo muchos problemas. Además, había muchas irregularidades, se vendían cupos en las colas, desaparecían productos. Esto era un negocio que tenían varios consejos comunales y nosotros acabamos con eso», explicó. Meses después de aquella intervención, llegaron los CLAP. Al final, los del grupo armado permanecieron y siguieron controlando lo que allí se vendía.

Aunque el miembro del colectivo señaló que a los productos básicos sólo se les hacía una auditoría, un vecino afirmó que la mayoría de los colectivos hacía negocios con la mercancía. «Aquella vez que hubo la tranca en el 23 de Enero, los colectivos protestaban en realidad porque los de Tres Raíces estaban detenidos porque les habían descubierto comida», afirmó un residente de la zona. Otro comentó que ese mismo grupo vendía, en horas de la noche, bultos de productos básicos a los revendedores seis veces más de su valor real.

Otro vecino afirmó que estos mismos grupos se encargaban de eliminar de la lista de beneficiarios de las bolsas de alimentos repartidas por los CLAP a quienes eran simpatizantes de la oposición. «Yo soy del consejo comunal, pero no me dejaron entrar al comité porque sabían que yo era opositor. Luego de que se recogieron las firmas para el revocatorio, los colectivos llegaron amenazando y diciendo que a quien no retirara su firma no le iban a dar su bolsa», recalcó.

Para el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el gobierno no actúa porque tiene una intención clara: sabe que si lo hace pierde el control social y político que ha tenido durante años en esos sectores populares en donde hoy mandan los paramilitares.

“El problema es que el Estado entregó el control del Estado a un tercero y lo perdió. Ya ese monstruo no lo pueden controlar”, apuntó.

“Pueden existir, y existen, grupos que se encargan de ayudar a sus comunidades, que están ligados a las misiones y al gobierno nacional, pero existen otros vándalos que el gobierno reconoce y no les pone coto. Son paramilitares, parapoliciales, se les suministraron armas, poder, amedrentan y meten miedo. Son bandas de delincuentes”, recalcó.

Emprendiendo a punta de pistola

“¿Qué tiene de malo ser revolucionario y vivir bien? ¿Qué tiene de malo ser revolucionario y tener una buena panadería, tener un buen local, una zapatería, un buen comercio, una buena farmacia, tener una estética en el edificio, en el barrio? Entendíamos muy bien qué quiso decir Chávez cuando dijo ‘Vivir viviendo’”, cuestionó Robert Longa, líder del colectivo “Alexis Vive”, en un video de su organización, dando una respuesta clara a quienes critican que su grupo maneje dentro de sus predios una panadería, una textilera, una empaquetadora de alimentos, un restaurante y hasta un sistema de televisión por suscripción que brinda servicio a más de 1000 usuarios, un pequeño consorcio que financia las actividades del colectivo en su territorio.

Pero esos son los negocios lícitos. En el centro comercial Ciempiés, totalmente bajo su control, “Alexis Vive” mantiene también un “banco” que ofrece avances de efectivo a partir de 200 mil bolívares, además de un casino con decenas de máquinas y cámaras de seguridad. La rentabilidad de las salas de juego también sedujo a “La Piedrita”, que tiene una en el Bloque 7 del 23 de Enero, y a los Tupamaros, que resguardan otra en Monte Piedad.

A los colectivos también se les ha señalado por comercializar armas con los reclusos. Una nota de Crónica Uno señaló que el arsenal, presuntamente obtenido a través de sus padrinos en el Ejecutivo, abarcaba desde pistolas hasta fusiles y granadas que pueden obtenerse con porte de armas o carnet de funcionarios, o a un precio más bajo si los seriales vienen “sucios”.

Entrar a un supermercado y comprar los productos esenciales es algo excepcional para los venezolanos. Las opciones disponibles ponen a los ciudadanos al borde de su dignidad

Por Lorena Meléndez y Arysbell Arismendi y para Relatos del Absurdo* 

DONY NO ES UN INDIGENTE, pero los sábados hace un viaje de más de una hora para hurgar en los contenedores de basura de un mercado popular. Luisa prefiere bregar por comprar una de las bolsas de alimentos que reparte el gobierno de Nicolás Maduro. Luz Marina pasa siete horas de cola para entrar a los supermercados donde llegan ocasionalmente productos con precios regulados. María Elena, para evadir las largas filas, negocia con revendedores. Antonia visita un bodegón, una suerte de réplica de un almacén de Miami, que solo vende mercancía importada a precios dolarizados. Manuel, empresario con una billetera más profunda, llena su despensa con compras en línea en Estados Unidos y luego las trae a Venezuela en barco.

Todo esto ocurre en Caracas, donde ese acto cotidiano de hacer la compra se volvió un imposible. Para millones de ciudadanos de América Latina, entrar al supermercado, tomar un carrito, empujarlo por los pasillos y llenarlo de alimentos básicos es lo común, pero para los venezolanos es un hecho extraordinario. Por eso, para conseguir alimentos, cualquier alternativa vale en un país que tuvo el año pasado una inflación de aproximadamente 480 por ciento según el Fondo Monetario Internacional y en el cual prácticamente uno de cada dos productos de la cesta básica escasea, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, observatorio que hace seguimiento del tema.

En febrero pasado se divulgó la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida del Venezolano, realizada por tres universidades públicas y privadas. El estudio reveló las consecuencias de la conjunción del aumento de los precios y de la restricción de la oferta: 32,5 por ciento de los habitantes del país solo ingiere alimentos un máximo dos veces al día y 93,3 por ciento afirma que sus ingresos no le alcanzan para comer. Se calcula que más de 74 por ciento de la población ha perdido al menos 8 kilogramos de peso. Las personas sometidas a ese rigor explican su delgadez con una frase: “La dieta de Maduro me tiene así”.

Para Dony Machado, un herrero de 29 años de edad, una alternativa de subsistencia ha sido sumergirse en los desechos del Mercado de Quinta Crespo. Junto a él, un sábado de septiembre, otros hombres, mujeres y ancianas hacían lo mismo. Ninguno vivía en la calle, ninguno vestía de andrajos. Cuando el dinero se les hizo insuficiente para comprar comida, debieron buscar otras maneras de conseguirla. A Dony apenas le alcanza para mantener a su hija de dos años de edad.

La nueva «dieta» del venezolano from CONNECTAS on Vimeo.

Cada vez más personas como él acuden al mercado a registrar entre los desperdicios. Así lo apunta una vendedora de verduras, de 60 años de edad, que tiene cuatro décadas en el mismo puesto y que vio cómo el fenómeno empeoró en enero de 2016. En el país que hace 10 años lideraba el crecimiento en América Latina, muchos, súbitamente, quedaron atrapados en la miseria.

Las palabras de la verdulera coinciden con el estudio de la firma privada More Consulting que en agosto de 2016 reveló que 15,7 por ciento de la población ha hurgado en la basura para comer. Según los datos serían cinco millones de personas las que pululan, como se ve comúnmente, en las puertas traseras de panaderías, restaurantes y supermercados.

Luisa, una vecina de El Valle, zona popular de Caracas, no ha ido por los basureros y en cambio sobrevive bregando para adquirir las Bolsas Clap, denominadas así porque son las siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esa es una forma de organización popular impulsada por el gobierno para efectuar la distribución y ventas de alimentos con precios regulados. La última bolsa que obtuvo tenía un kilogramo de leche, dos de arroz, dos de pasta, dos de azúcar, una botella de aceite y un pollo. “No alcanza ni para una semana”, se queja mientras hace el inventario. Por el combo pagó un monto cercano a la cuarta parte de un salario mínimo. Ella trabaja en una empresa textil y vive junto a un hijo de nueve años y una hija de 26 que tiene dos bebés. “Lo que gano lo gasto solo en comida”.

Los comités están integrados por seguidores del gobierno, principalmente mujeres. Fueron ideados en abril de 2016 y se calcula que a la fecha existen más de 8.000. Su modo de funcionamiento ha ido quedando claro en el último año. El gobierno y algunas empresas privadas entregan directamente los productos regulados a esos comités que a su vez los venden entre familias que previamente han sido censadas.

El mecanismo de reparto de bolsas varía según la comunidad. En algunos casos se hace en sedes de instituciones públicas y en otros en casas comunales o incluso en los lugares de residencia de los integrantes de los Clap o de los beneficiarios. Las jornadas de entrega deberían tener frecuencia mensual, pero en muchas ocasiones ocurren cada 45 días. Los Comités iniciaron sus labores recibiendo dinero en efectivo, pero ahora aceptan transferencias bancarias, porque el costo de la bolsa va en aumento y es mayor la cantidad de billetes que deben manejar. En algunas comunidades prefieren que la jornada se realice en la noche, para evitar que los camiones con la mercancía sean detectados y queden expuestos a saqueos, que se han hecho cada vez más frecuentes con los vehículos de carga que transportan alimentos escasos en Venezuela.

Las Bolsas Clap son repartidas por comités populares apoyados por el gobierno.

(Foto: Rayner Peña/Adaptación: Sandra Barrón)

Aunque comenzó a aplicarse en sectores populares, la modalidad se ha extendido a zonas residenciales de clase media. Los despachos que llegan a cada lugar son diferentes y pueden ocasionar decepción o felicidad. En la comuna Teatro Miranda, situada en el centro de Caracas, los vecinos afirman frustrados que hace cinco meses recibieron bolsas que contenían apenas dos kilogramos de harina de maíz –principal ingrediente para preparar arepas, el plato nacional– y un envase de margarina. En una urbanización de Cumaná, a 600 kilómetros de la capital, en cambio recibieron jubilosos en Navidad bolsas con pasta, azúcar, sal, café, aceite, arveja, mayonesa, salsa de tomate, margarina, harina de maíz y crema dental. En teoría, la distribución no distingue entre chavistas y opositores. Sin embargo, los críticos del sistema afirman que el gobierno pretende controlar a los ciudadanos a través de sus estómagos y no han faltado denuncias acerca de repartos selectivos de los alimentos.

Para adquirir su Bolsa Clap, Luisa hizo fila durante cinco horas. El día que le correspondió su turno, había cuatro hileras que reunían aproximadamente 400 personas. Era tal la muchedumbre que se desplegó custodia policial para evitar alteraciones. Aún así, para Luisa estas filas son mejor opción que las que se hacen en los supermercados, que exigen pasar las madrugadas al frente de los establecimientos. “Para hacer eso hay que amanecer por allí y arriesgarse a todo. Yo no me puedo ir en la noche con un niño y quedarme hasta el día siguiente porque es peligroso”.

La repartición de las bolsas es el eslabón más reciente de una cadena de medidas adoptadas por el gobierno en los últimos tres años conforme ha aumentado la escasez y las reventas de productos con precio controlado. Primero se fijó un límite a las cantidades a vender por persona; luego se estableció los días de la semana en los que podían ser adquiridos según el último número del documento de identidad; y más tarde se ordenó a los establecimientos comerciales a incorporar dispositivos de identificación biométrica para cerciorarse que nadie violase las rigorusas medidas impuestas.

Las Bolsas Clap en ese contexto de restricciones crecientes, son buscadas con intensidad. La maquinaria oficial ha creado una plataforma de canales digitales que las promocionan como una revolución en el concepto de reparto de alimentos. La ansiedad por ellas incluso ha adoptado expresiones dramáticas: tres días antes de Navidad un joven de 25 años de edad fue asesinado por un delincuente que le dio un disparo para quitarle la Bolsa que le llevaba a su madre.

En las redes sociales abundan solicitudes a los responsables oficiales para que mejoren el sistema de distribución. En los medios de comunicación se reportan protestas, cierres de calles y autopistas por manifestantes que las exigen, pero que también denuncian sobre el origen de los productos. El control de las importaciones lo tiene el Ministerio de Alimentación, que ha sido manejado por militares durante el gobierno de Maduro. Según investigaciones periodísticas, una de las empresas que ha vendido productos para los Clap es propiedad de Samarck López, recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo identificó como testaferro de Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela a quien el gobierno norteamericano también sancionó por relacionarlo con el tráfico de drogas. Ambos han negado su relación con negócios ilegales.

En cambio, Luz Marina Boscio, de 62 años de edad y vecina de Palo Verde en Caracas, está entre los que tiene como primera opción ir a los supermercados. Acaba de salir de uno con una compra que le hace sentir que valió la pena aguardar siete horas bajo el sol. Se siente aliviada, a pesar de que está cansada, temblorosa y hambrienta. El día anterior tenía la nevera vacía y ella y su nieta de siete meses solo comieron arroz con huevo. Hoy lleva dos botellas de aceite, más arroz y harina de maíz.

La nueva «dieta» del venezolano (2) from CONNECTAS on Vimeo.

A pesar de que se ha desmayado en las colas, la han golpeado y empujado, Luz Marina se ve obligada a abastecerse de esta forma: perder sueño y mañanas enteras a la espera de que entreguen a los establecimientos algo que no tiene en casa. Si llega un producto subsidiado que ya tiene, también lo compra y lo intercambia con algún vecino. Lo del trueque lo comenta sin sobresalto porque no sólo es algo frecuente para ella, sino también para el país. Se ha vuelto habitual el uso de las aplicaciones de mensajería telefónica como Whatsapp o Telegram para transar los productos que cada quien tiene virtualmente. Si estuviese en Wall Street, la experiencia seguramente le serviría para ser una avezada corredora porque sabe exactamente qué trocar sin salir perdiendo.

Con la pensión de Luz Marina y con los ingresos como moto taxista que percibe su hijo mayor, es mantenida una familia de cuatro personas. En eso de estirar y estirar la comida para que alcance se le va buena parte del día. Así resiste. Otras mujeres, con un poco más de recursos, se esmeran en evitar gastar tanto tiempo de vida en filas para comprar. Recurren entonces a los revendedores –conocidos como “bachaqueros”– quienes pueden proveer cantidades de productos suficientes para varios meses o para compartir o intercambiar. Al principio eran solo gente común que adquirían productos a precios regulados para la reventa, pero con la persistencia de la escasez la modalidad evolucionó y fue aprovechada por grupos organizados que obtienen ganancias millonarias con el hambre ajena.

En las filas para los supermercados, adultos mayores sufren desmayos.

(Foto: Lorena Meléndez G.)

María Elena de 62 años de edad, por ejemplo compró clandestinamente un bulto de azúcar y uno de arroz a un vendedor de frutas del centro de Caracas. Fueron 20 kilogramos de cada producto. Aunque los obtuvo entre 5 y 10 veces más caros, sintió que valió la pena porque evitó pagarlos más caros a futuro según la cotización de ese “mercado negro”.

Las oportunidades para quienes buscan un suministro regular en muchas ocasiones están fuera del alcance del bolsillo común. Las colas que se forman en el Centro Comercial Polo de Colinas de Bello Monte, una urbanización situada al este de Caracas, llaman más la atención que el resto. La razón es que no están frente a un supermercado o farmacia, sino frente a una costosa cafetería italiana llamada Cine Cittá. La mayoría de quienes acuden allí no van por un helado o una bebida. Acuden para entrar a un bodegón ubicado al final del local donde venden productos importados de primera necesidad.

Lucía, una comerciante capitalina, sale del lugar llevando a cuestas varios kilos de arroz, un gran saco de harina de trigo y algunos empaques de azúcar. “Venimos aquí porque los productos son de calidad. Uno tiene esa seguridad. Si se le compra al bachaquero uno no sabe lo que come. Ellos mezclan la comida con cualquier cosa para rendirla, como pasa con la leche o con la harina a la que le ponen cal”, dice.

Cine Cittá se ha convertido en una versión venezolana de los “diplomercados”. Ese era el nombre que empleaban en Cuba para identificar a los comercios bien surtidos que antes de la década de los noventa eran de uso exclusivo de diplomáticos y extranjeros radicados en la isla. Entrar en la cafetería es como ingresar a una versión diminuta del área de alimentos de Costco, la mayorista estadounidense, porque todas las marcas que se ofertan allí provienen de esa cadena. Es un oasis en medio de la sequía de los anaqueles de los supermercados.

“Aquí se consigue de todo, pero dolarizado”, cuenta Antonia, una mujer de gafas, camiseta y jean desteñido que aguarda. El costo de muchos de los productos, en realidad, es mucho mayor que el que se paga en Estados Unidos, al punto que en algunos casos sus tarifas lo duplican o triplican. A pesar de lo caro, el lugar luce con frecuencia atestado por gente adinerada, funcionarios extranjeros, empresarios que hacen negocios con el gobierno y una reducida clase media que tiene ahorros en dólares o conserva canales para obtenerlos.

Manuel se queja de los precios del bodegón desde su oficina. Sabe que hay otras maneras de conseguir la comida desaparecida de los anaqueles, pero para ello hay que estar dispuesto a pagar en dólares y a comprar en grandes cantidades. Él mismo se encarga de hacer que esos productos lleguen desde Estados Unidos: “De allá puedes traer los productos de la canasta básica”, comenta.

Esos son los productos que se han convertido en la base de su negocio: una compañía de envíos puerta a puerta de Norteamérica a Venezuela que cobra los traslados por volumen y no por peso. Como todo llega en barcos, los mercados que le encomiendan deben surcar las olas por tres semanas antes de atracar en las cocinas caraqueñas. La empresa de Manuel lleva más de seis años de fundada. En los últimos 24 meses, el tipo de peticiones que recibe ha cambiado drásticamente. Al principio traía los antojos de los venezolanos que ordenaban productos a través de Amazon, que iban desde gadgets hasta repuestos para vehículos. En noviembre de 2014 vio cómo uno de sus clientes ordenaba aceite de aguacate, delicateses que nunca más llegaron al país. Ya para agosto de 2015 había empezado a traer toallas sanitarias y afeitadoras. Dos meses después, jabones y salsas se sumaron a las demandas. “En enero de 2016, la historia ya era otra”. Desde ese momento, el transporte de comida y medicinas pasó a ocupar 60 por ciento de los envíos.

Sus clientes, de clase media alta en adelante, suelen organizarse para hacer pedidos entre varios. Las compras las hacen a través de la web o personalmente. “Yo mismo me traje hace poco cereales para los chamos, galletas y una caja de cerveza. A un amigo le traje una caja de pañales porque su bebé estaba por nacer y aquí no conseguía. Todo sigue siendo más barato afuera”, confirma minutos antes de mostrar la foto de un gabinete de cocina de una de sus clientes. Casi todos los productos llevan etiqueta en inglés. Surcaron el mar para alimentar a los pocos afortunados que pueden adquirirlos en dólares.

* Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y CONNECTAS, que busca ofrecer insumos informativos para entender las dificultades que vive la sociedad venezolana hoy. Vea todo el especial acá http://connectas.org/relatos-del-absurdo/

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Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela –FFV-, recalcó los altos niveles de escasez que se registran actualmente en las farmacias del país.

Cuestionó que algunos laboratorios estén importando medicamentos a dólar libre lo que dificulta el acceso de los pacientes a las medicinas debido a sus altos costos. “No se pueden dolarizar los medicamentos (…) El Estado financia a los pacientes y por eso hay dólares preferenciales. Debemos velar porque a las empresas que reciben los dólares preferenciales sigan funcionando”.

“Si permitimos que estos laboratorios se extiendan en el país,acabamos con el acceso al medicamento, porque vamos a tener el medicamento, pero el paciente no lo va a poder comprar, y eso hay que atacarlo, produciendo en Venezuela (…) la industria está dispuesta a colaborar”, precisó en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Ceballos asegura que se puede lograr que los laboratorios produzcan medicamentos esenciales a través de las guías de movilización del gobierno que supervisa en la producción de qué medicamentos se utilizan las divisas preferenciales. “Es importante que tomemos acciones”.

El representante de la FFV advirtió que, según Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorio y Afines –Avedem-, de 157 empresas han cerrado 49, y además han cerrado más de 50 farmacias. “No se puede entender que un gobierno vea que están cerrando empresas  y no haga nada”.

Explicó que en el país no se consigue la mayoría de los medicamentos, pese a que el ejecutivo entrega las divisas para importar, debido a que, a su juicio, hay que poner orden en el sector y alejar el tema de la salud de la politiquería. “Pasa por hablarnos claro y darle tranquilidad a la población (…) En Venezuela a los laboratorios se le entrega las divisas para que traigan la materia prima y el gobierno desde la laSuperintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela –Sundee- está haciendo el esfuerzo porque, no solamente es que lo medicamentos se consiguen a altos precios sino que al comenzado a aparecer los bachaqueros porque se ha relajado el tema de los recipes”.Por su parte, Henry Ventura, exministro de Salud, explicó que la política nacional de medicamentos se enmarca en la seguridad farmacéutica que busca garantizar medicamentos de calidad, accesible y de bajo costo para tratar las primeras causas de enfermedad en el país. “Tenemos en Venezuela que las 4 primeras causas de enfermedades y mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, las endocrinas metabólicas, las infecciosas, el cáncer, los accidentes de tránsito y en hechos violentos”.

Reiteró que los laboratorios venezolanos tienen que producir, con las divisas que le otorga el Estado, los medicamentos que requieren la población y no aquellos que les dan más ganancias. “Hay que abrir investigaciones a los laboratorios, droguerías o casas de representaciones porque los  medicamentos son  regulados y subsidiados”.

El negocio llegó a la colas para obtener el Carnet de la Patria. Como en los supermercados, «bachaqueros» cobran tres mil bolívares por un puesto privilegiado en la larga fila que se hace en la Plaza Bolivar de Maracaibo para conseguir la identificación, según denunciaron ciudadanos que tienen tres días madrugando para registrarse.

La larga cola que le daba varias vueltas a la plaza el sábado, fue desviada hacia el frente del Teatro Baralt y llegaba casi a la iglesia Santa Bárbara. Organizaron en una sola cola a las personas con discapacidad y en otra a los adultos mayores.

Ayer el proceso inició a las 9.30 de la mañana y preveían trabajar hasta las 6.00 de la tarde con 20 máquinas y dos impresoras. El sábado trabajaron hasta las 8.00 de la noche. Uno de los coordinadores de la jornada dijo que ampliarían la atención a medida que llegaran más personas a hacer el registro.

Los solicitantes estaban molesta porque muchos no durmieron ni comieron bien desde la noche del jueves que estuvieron en cola para tratar de sacar el carnet. Se turnaron para cuidar los puestos y en la madrugada de ayer, domingo, fueron sorprendidos con un bus que arribó a la plaza con más de 30 personas que pretendieron tomar los primeros lugares porque los habían comprado, unos a dos mil y otros a tres mil bolívares.

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Caída del poder de compra afecta hasta las ventas de los bachaqueros

El alto precio de los productos ha afectado hasta a los revendedores de mercancía regulada, también conocidos como bachaqueros, quienes se quejan de que sus ventas han mermado porque los consumidores aseguran que no tienen dinero. Ayer, en las adyacencias de la redoma de Petare no había la misma cantidad de bachaqueros que hace dos meses, ni siquiera la cuarta parte. “Ya no se vende como antes, la gente no tiene plata”, afirmó una revendedora que estaba sentada sobre una cesta de plástico, con una niña pequeña al lado.Hacía el puente Baloa, Petare, la mayoría de los vendedores informales ofrecían leche, azúcar y café en pequeñas bolsas de 100 o 150 gramos en 200 bolívares. Una compradora preguntó por qué vendían así, fuera del paquete original, y la respuesta fue: “Lo divido en bolsitas para que se lo lleven. El paquete completo cuesta mucho y me dicen que es muy caro”.En la esquina siguiente estaba un señor con un saco de arroz sobre una mesa. De allí sacaba con las manos el cereal, sin cuidar la higiene, y llenaba las pequeñas bolsas plásticas. Los transeúntes lo observaban y seguían de largo.Al otro lado, después de la salida del Metro, varios hombres exhibían en una bolsa de plástico, colocada en el piso, un pequeño envase de aceite vegetal en 1.700 bolívares, arroz en 2.400 bolívares y azúcar brasileña en 2.600 bolívares. “Te la dejo en 2.400 bolívares”, dijo uno de los vendedores cuando una mujer que preguntaba por los precios se disponía a irse del lugar.También ofrecían el litro de otro tipo de aceite en 2.800 bolívares y una marca de arroz no tradicional en 2.500 bolívares. Nadie les compraba. Más caros en el PAC. En la acera de enfrente se podían adquirir productos de aseo personal: 4 rollos de papel higiénico en 800 bolívares o uno por 200, mientras que en el Plan de Abastecimiento Complementario, implementado por el gobierno la semana pasada, un rollo cuesta 610 bolívares; es decir, 205% más caro que en los bachaqueros de Petare. La pasta dental también se consigue en un precio menor: 800 bolívares, pero en el plan de abastecimiento de La Florida estaba en 1.394 bolívares, 74,25% más cara.Igual ocurría con el jabón de baño. La barra de 500 gramos costaba 500 bolívares, mientras que la de 250 gramos importada, que vende el gobierno, tiene ese mismo precio. También se podía adquirir champú en 3.000 bolívares, aunque el plan de abastecimiento exhibe un producto colombiano similar en 3.861 bolívares, 28,7% más costoso.

Sin embargo, Daniel Aponte, jefe de gobierno del Distrito Capital, había asegurado que colocarían “a la venta alimentos y rubros de primera necesidad importados, no subsidiados, a precios que están muy por debajo de los precios especulativos”. Declaró que el plan de abastecimiento ayudará a erradicar las mafias de bachaqueros en el país.Ayer, cerca del mediodía,  se observó que los consumidores no adquirían productos regulados y su atención se centraba en la oferta de vegetales y frutas. El kilo de tomate, cebollas, papas y pimentón estaba en 500 bolívares, y el de mandarina y guayaba en 300 bolívares. Otra novedad era el abundante stock de fresas en 500 bolívares el kilo, más barato que el cambur, cuyo kilo estaba entre 800 y 1.000 bolívares.

LA CIFRA

1.394

bolívares cuesta la pasta dental importada por el gobierno desde Colombia, mientras que la nacional los revendedores la ofrecen en 800 bolívares. (El Nacional)

Simadi retrocede y cierra en Bs. 658,75

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este lunes en Bs. 658,75 por dólar, un descenso de Bs. 0,50 con respecto al pasado lunes, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).El organismo emisor también informó que por este mercado oficial se atendió 7,99% de las liquidaciones de divisas procesadas en el día, quedando el 92,01% restante en manos de los sistemas administrados.El BCV también informó que el precio de compra es de Bs. 657,10 por dólar.Con la cotización de este viernes el Simadi promedia en los últimos cinco días una tasa de Bs. 659,20 por dólar y Bs. 648,75 por dólar desde su creación. (El Mundo)

BCV ordena fabricar billetes de alta denominación

El Banco Central de Venezuela (BCV) encargó la acuñación de una moneda de Bs 1.000 y la fabricación de billetes de Bs 5.000, 10.000 y 20.000.Se pudo conocer que está previsto que a finales de año lleguen al país los nuevos conos monetarios, informó de Inmediato.com.ve.La emisión de billetes y monedas de alta denominación ha sido un reclamo constante de la población por la pérdida del valor adquisitivo del bolívar.En los últimos tres años Venezuela ha experimentado una persistente alza en los precios de los bienes y servicios. En 2013, la inflación cerró en 56%; en 2014, en 68,5%; y en 2015, en 180,9%.  Mientras que en 2016 se estima que cierre en más de 700%, según el Fondo Monetario InternacionalLos nuevos conos monetarios facilitarán las operaciones entre el público y el comercio y a la banca, impactada por las grandes cantidades de efectivo que el público retira por taquillas y cajeros automáticos, le resolverá  problemas de costos operativos.  Los volúmenes de papel moneda que se transan a diario se verán notablemente reducidos.El dinero que circula hoy fue diseñado a propósito de la Reconversión Monetaria decretada por el expresidente  Hugo Chávez en marzo de 2007 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2008, fecha en la cual empezaron a circular en el país los denominados “bolívares fuertes” y se le quitaron tres ceros a los bolívares.Las nuevas especies monetarias que circularon fueron: Monedas: Bs 1; Bs 0,50; Bs 0,25 ; Bs 0,125 ; Bs 0,10; Bs 0,05  y Bs 0,01. Billetes: Bs 100; Bs 50; Bs 20; Bs 10; Bs 5 y Bs 2. (El Universal)

Llegan menos barcos y con pocos contenedores al Puerto de La Guaira

Aunque se ve más movimiento de carga dentro del Puerto de La Guaira en los últimos días, sigue siendo insuficiente para darle ingresos dignos a los caleteros, reseña La Verdad de Vargas.“Los buques están llegando cada 15 días y los que traen mercancía suelta vienen con 80 o 100 contenedores máximo, al sacar una cuenta rápida notamos que es poco porque somos más de 600 caleteros”, precisa un caletero que prefirió el anonimato.Relata que “antes” sacaban hasta Bs. 15 mil por barco y ahora cero. “Hay que pelearse por lo poco que llega”. Comenta que hay días, como este lunes, que regresa a su casa con menos dinero que con el que salió a probar suerte en el puerto.“Hay quienes ya no vienen porque no vale la pena. Lo que sucede también es que mucha mercancía llega a granel y pasa directo a las gandolas, casi sin revisión”.“Nosotros no somos llamados cuando son cargas del gobierno, porque salen sin chequeo, sobre todo a partir de la GMAS”. En cuanto a exportaciones los números son similares, pues según las últimas cifras ofrecidas por Bolipuertos, los buques salen con 11 a 17 contenedores cada uno.Es algo positivo, pues estaban en rojo a principios de año.Informa que la caída de operaciones por parte del sector privado ha sido su tortura ya que los aduaneros fueron, por muchos años, sus principales empleadores.“Lo que pasa es que cuando una mercancía es del Estado pasa lisa, así venga con código de verificación en rojo, el Seniat se hace de la vista gorda y así perdemos trabajo. Eso es una rosca”.Asimismo indica que muchos de los contenedores exhibidos en los patios están vacíos al igual que un número importante de almacenes y galpones.“Ni siquiera nos alegramos porque viene la temporada alta porque lo que llega no es de los aduaneros, que son los que sí usan nuestros servicios”. (La Patilla)

Aumenta el peso de los tributos internos en los presupuestos

La evolución del presupuesto ordinario de la Nación en la última década, ha tenido un cambio en la correlación de fuerzas, en la que los ingresos no petroleros han tomado la mayor participación en contraposición de las fuentes petroleras.La tendencia comenzó en el 2006, cuando los ingresos internos representaron el 43,22% del presupuesto total, que fue proyectado para 87 millardos de bolívares.Desde ese punto de inflexión, la participación de las fuentes no petroleras en la Ley de Presupuesto, ha evolucionado hasta alcanzar 82,9% en el 2017. (El Mundo)

Ejecutivo aprobó Bs. 1.176 millones para construcción de viviendas

El ministro para la Vivienda, Manuel Quevedo, anunció este martes que el Ejecutivo aprobó recursos provenientes del Fondo Simón Bolívar por 1.176 millones de bolívares, de los cuales se asignarán Bs 1.118.000 de bolívares para el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.En la presentación de un balance del Órgano Superior de Vivienda, transmitido por Venezolana de Televisión, Quevedo detalló que para la alcaldía de Turén de Portuguesa se destinarán Bs 2.278.000; para la Empresa de Construcción de Trujillo, Bs 52.608.000; para el Campamento de Pioneros, Poder Popular organizado, Bs 333.000; y para el Instituto Municipal de la Vivienda del municipio Simón Planas de Lara, Bs 2.851.000.Mencionó que el acumulado de desembolso este año es de 128.291 millones de bolívares.En relación con la ayuda humanitaria enviada tras el paso del huracán Matthew en días recientes, detalló que «para Haití enviamos una planta de mortero, 16 maquinarias y 47.500 m² de techo, y se han destinado hasta el momento para Cuba 52 maquinarias y 62.500 m² de techo”Desde la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), en 2011, el Gobierno ha construido 1.173.803 techos nuevos, destacó el ministro Quevedo.Indicó que esta semana se concluirán las obras de construcción de 2.367 nuevos hogares en diferentes partes del país.La Gmvv tiene como meta edificar tres millones de hogares para el 2019. En tanto, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, programa social dedicado al embellecimiento de zonas populares, tiene planteado rehabilitar otras tres millones de viviendas para ese mismo año. En total, Misión Vivienda y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor atenderán a seis millones de familias venezolanas.Esta última ha rehabilitado 240.243 viviendas, de las cuales 8.129 fueron atendidas esta semana, precisó el ministro en su alocución.En cuanto a la entrega de títulos de propiedad, mencionó que esta semana cerrará con un operativo especial para la adjudicación de 5.000 de estos certificados de propiedad, tanto urbanos como interurbanos, con lo cual se llegará a 712.918 familias atendidas. (El Mundo)