Ayotzinapa

El canciller mexicano, Luis Videgaray, descartó la posibilidad de romper relaciones con Venezuela, y pidió a ese país que acepte una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitada hace años.

En una entrevista transmitida hoy por Radio Fórmula, el titular de Exteriores dijo que no respondería a los “insultos” de su colega venezolana, Delcy Rodríguez, quien calificó de “infames” e “inmorales” sus declaraciones sobre la crisis del país suramericano.

“Si la canciller cree que con este tipo de afirmaciones México habrá de cambiar su postura, está equivocada. México seguirá con una postura firme y clara“, aseguró.

Sobre las declaraciones de Rodríguez de que llevará a la OEA el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, señaló que la CIDH “está ya muy activa” al respecto y recordó que en la actualidad hay “un mecanismo que visita México cada seis meses” precisamente para revisarlo.

A continuación, Videgaray recomendó a “Venezuela que acepte la visita de la CIDH” solicitada en reiteradas ocasiones por ese organismo desde 2004 y al que el país se ha negado.

La última vez que una misión de la CIDH estuvo en Venezuela fue en mayo de 2002, un mes después del golpe de Estado contra el entonces presidente, Hugo Chávez, que estuvo fuera del poder 48 horas.

El canciller aseguró que no existe “la posibilidad de romper relaciones con Venezuela” y reiteró que México seguirá actuando por el camino de la diplomacia.

México ha actuado “a partir de principios” y con la convicción de que Venezuela vive una “crisis profunda”, una “situación extraordinariamente grave” de “ruptura en el orden democrático”, afirmó.

Por ello, dijo, seguirá trabajando con otros países para lograr un consenso en torno a una resolución sobre Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que la sesión del 31 de mayo en Washington terminara sin acuerdo de los titulares de Exteriores.

Las naciones del Caribe “presentaron una resolución que, en opinión de otro grupo de países en los cuales está México, no contiene los elementos necesarios”, explicó.

México defiende una resolución que incluya un calendario electoral, la liberación de “presos políticos”, la restitución de la Asamblea Nacional, el fin del proceso constituyente y la apertura de un “canal humanitario” para que fluya la ayuda a los venezolanos.

Los países acordaron en Washington seguir trabajando “para tener en los próximos días, antes de la Asamblea (General de la OEA) que será en Cancún (los días 19, 20 y 21 de junio), una resolución que incluya los temas que creemos son relevantes”, apuntó.

Videgaray insistió en que “la comunidad internacional debe tender la mano a Venezuela, respetando la soberanía, la libre autodeterminación, pero reconociendo un hecho real, que es que la democracia en Venezuela se encuentra severamente vulnerada”.

En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.

En una apresurada conferencia de prensa los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.

Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.

En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guion casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.

Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.

Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos por la AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.

«En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo», declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

«En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino», dijo el hombre a un juez en julio de acuerdo con los documentos obtenidos por la AP. «Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran».

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.

«Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente, no hay caso», dijo Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México.

La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una mujer soldado y un oficial de la policía federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. El ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de soldados en febrero de 2015 para combatir a los carteles.

En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cartel Guerreros Unidos.

La Procuraduría General de la República, como se conoce a la fiscalía en México, dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.

Hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.

Un informe de médicos de la fiscalía mexicana, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y «lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o «chicharras») en abdomen y muslos».

Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la procuraduría abusó de él horas después de su detención en febrero del 2015.

«El señor aquí presente fue un uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plásticos, que además me violó con una pieza metálica», dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según los documentos.

«Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo».

Eber Betanzos, subprocurador que supervisa el caso del gobierno, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le está haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados.

Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran «mayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR», (Procuraduría General de la República).

Señaló que la Procuraduría General inició nueve investigaciones de torturas y que la mayoría de las denuncias abarcan «heridas que dejan huella», como moretones, cortes y esquimosis (moretones).

Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, el primer sospechoso que identificó el sitio donde los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con los estudiantes.

El grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana expresó dudas sobre su testimonio luego de que circularan fotos y videos en los que García Reyes aparece caminando junto al río con Tomás Zerón, investigador jefe de la Procuraduría General, el día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.

Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se lo ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de los procuradores, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos.

En los documentos obtenidos por la AP, García Reyes dice que fue torturado por horas, durante las que se le dijo lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.

«Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada», relató García Reyes, de acuerdo con los documentos. «Me decían más vale que me digas adónde están porque si no vamos a matar a tu esposa y tu hijo y a ti también».

«Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran», agregó. «Me llevan al río y me dicen en la camioneta ‘ahorita tú vas a hacer como si tú hubieras tirado las bolsas al río y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron enseguida donde ya tenían una bolsas de plástico, las señalé como diciendo que yo las conocía».

A pesar de la denuncia de que fue torturado, no obstante, a García Reyes se lo ve caminando normalmente en un video de la fiscalía, sin signo alguno de haber sido maltratado.

González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.

Pero agregó que, «en el contexto de México, donde la tortura es generalizada… toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto».

“Tumeremo” es una palabra que quizás no expresaba nada para los caraqueños hasta hace dos semanas, excepto para los habitantes de la urbanización El Cafetal, donde una calle lleva ese nombre. Es una verdadera pena que de la noche a la mañana, hace dos semanas, el término se haya integrado al habla coloquial capitalina, y a la de toda Venezuela, con semejante carga negativa. Hay tantas, tantas cosas malas sobre Tumeremo que nos estremece hasta el fondo del alma a nosotros, los habitantes de la ciudad más sórdida del mundo.

Capital del municipio Sifontes, estado Bolívar, es una localidad de 50.000 personas, y un porcentaje alarmante de ellas vive de una actividad ilegal: la extracción irregular de minerales, sobre todo oro, en las minas cercanas. Este oficio daña el ambiente y perjudica la salud de quienes se dedican a él, debido al uso de mercurio para separar de impurezas el metal precioso.

¿Se les puede considerar por eso maleantes de la peor calaña? Antes de emitir un juicio al respecto cabe considerar que en Tumeremo hay pocas formas de ganarse la vida que permitan ingresos superiores al salario mínimo, a la vez que prácticamente todo es más caro que en Caracas. Pero apenas un gramo de oro se cotiza en Bs 30 mil, y en un buen día los mineros pueden obtener hasta cinco gramos.

Los que sí aparecen fácilmente retratados en el anuario del malandraje criollo son los que están al mando de estas operaciones. La falta de autoridades del Estado ha permitido que la extracción aurífera ilegal no solo se desarrolle, sino que además lo haga bajo el control de verdaderas mafias armadas que imponen su voluntad con un régimen de violencia y terror. No se limitan de dominar el comercio del metal y someter a los mineros a condiciones laborales de esclavo cuando les viene en gana. Tras copiar las prácticas de los “sindicatos” de Ciudad Guayana, su abanico de operaciones incluye extorsión, homicidios y, probablemente, la explotación de las mujeres que se prostituyen en las minas.

Todas estas desgracias salen a la luz por una todavía mayor: la masacre de un grupo de mineros como resultado del pleito entre dos de las bandas criminales. Hasta ahora el Ministerio Público ha hallado 17 cadáveres, pero persisten las denuncias de que los asesinados fueron 21, o hasta 28. La fiscal general no se explica que todavía haya personas que aseguren tener familiares entre las víctimas, sin formalizar el reclamo ante su despacho, a pesar de que el mismo mantiene un récord de más de 90% de homicidios impunes. La impotencia se combina con el terror, el pánico a recibir represalias por parte de los maleantes… o los cuerpos de seguridad. Algunos señalan a agentes del Cicpc de estar involucrados en la hecatombe. La desconfianza hacia este organismo es tal que los pobladores han exigido su retiro de la zona.

Al momento de encontrarse los primeros restos, si las expresiones de repudio al gobernador de Bolívar hubieran sido lluvia, la represa de Guri se habría rellenado en unos instantes y hundido el riesgo de colapso eléctrico. Esto se debe a que la primera reacción del mandatario regional, Francisco Rangel Gómez, al conocerse la tragedia más de una semana antes, fue negar de plano que hubiera habido cualquier masacre. En vez de jugar posición adelantada, pudo haber hecho un llamado a la calma y pedir a las autoridades nacionales de inmediato su colaboración en el esclarecimiento del suceso. Pero, no. Como la denuncia se canalizó primero por boca de un diputado a la Asamblea Nacional opositor, Rangel Gómez de inmediato la desestimó como “politiquería para generar zozobra”.

En los medios del Estado se hizo eco de inmediato a la versión del gobernador, y hablaron de una “masacre virtual”. Una cobertura curiosa, sobre todo si se la compara con la que hicieron de la desaparición de los 43 normalistas en la localidad mexicana de Ayotzinapa. En esa ocasión se hizo una furibunda crítica por el fracaso de las autoridades locales en garantizar los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Cabe recordar que por este caso, el gobernador del estado de Guerrero, donde ocurrió el horror, renunció al cabo de un mes. ¿Pudiera esperarse lo mismo de Rangel Gómez?

Sus correligionarios en el hemiciclo no ayudaron a enmendar las cosas. Cuando la MUD llevó al asunto al debate parlamentario, los diputados rojos se mostraron sobre todo irritados por lo que, a su juicio, fueron los intentos de la otra bancada por usar la desaparición de unas personas como campaña para acabar con los planes del Gobierno de explotar junto con empresas extranjeras las riquezas del llamado “arco minero”. Al parecer al oficialismo, que se proclama defensor a ultranza de los humildes y patriota frente a intereses foráneos, en realidad le importa más cómo piensen de él unas trasnacionales que el destino de unos empobrecidos trabajadores venezolanos.

Como el problema persistió, se hizo un cambio de estrategia. La periodista Laura Helena Castillo, de quien tengo el gusto de haber sido alumno, observó que si el Gobierno reconoció las muertes, es porque ya había decidido a quién culpar, de manera que su imagen se viera afectada lo menos posible. En vez de admitir el dominio hamponil en la zona, Maduro y el ministro González López apuntan a “paramilitares” colombianos que operan con fines políticos.

Tal vez sea cierto que el cabecilla de la banda responsable de la masacre es un ecuatoriano que en su juventud ingresó a las filas de irregulares de derecha en Colombia. Pero sus actividades en Venezuela sugieren un interés único en el lucro con oro, en vez de conspirar contra Maduro. Y si fuera cierto que comanda un grupo armado neogranadino con fines políticos, pues peor aún. Porque no estamos hablando de Guasdualito, ni de Machiques. Hablamos de la parte más oriental del estado Bolívar y del país, casi llegando al Esequibo. ¿Cómo permitió la FANB que estos “paracos” penetraran territorio venezolano hasta llegar al área más alejada de la frontera con la hermana República?

El pretexto oficial, si quita responsabilidades de acción, establece otras de omisión. Hay que insistir en el hecho de que van al menos 17 muertos. Obviando al “Carazazo”, ya es la segunda masacre más sanguinaria de nuestra historia contemporánea, y si se confirman al menos siete cadáveres más, superará a Cantaura (1982).

Sobrepasó por tres caídos la matanza de El Amparo, ocurrida en 1988 en el Alto Apure. Si su memoria está un poco cansada o perezosa hoy, le recuerdo que en aquella ocasión, un componente militar y policial, el infame Componente Específico José Antonio Páez (Cejap), asesinó a 14 pescadores. Los perpetradores quisieron hacer ver que atacaron a un grupo de guerrilleros colombianos, mentira grosera. Bien haya sido un error garrafal o algo mucho más siniestro (se ha hablado de la simulación de un combate para justificar la adquisición sobrefacturada de armas por los propios militares), el hecho llevó a una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos de Caldera y Chávez tuvieron que pagar indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

No obstante, la acción redentora de ahí no pasó, porque los responsables han permanecido en libertad. Una vez en el poder, el chavismo se comprometió a terminar de hacer justicia con una “Comisión de la Verdad” que investigue las violaciones de Derechos Humanos entre 1959 y 1999. Hasta ahora eso se ha quedado sobre todo en propaganda, y llama la atención la selectividad con la que las autoridades han procedido a señalar culpables. En el caso de El Amparo, las acusaciones contra el entonces jefe de operaciones de la Disip, Henry López Sisco, han estado a la orden del día. No ha sido igual con otro supuesto  involucrado, Ramón Rodríguez Chacín, hoy gobernador de Guárico. Y ojo, no se trata de defender a uno y acusar al otro, sino de llamar la atención sobre el peculiar criterio con el que se ha manejado el caso.

De todas formas, el chavismo se ha presentado siempre como la garantía de que masacres como aquella no se repetirán jamás. Pero siguen ocurriendo, y el empeño por no reconocer la negligencia del Estado es insólito. Pocas horas después de que se anunciara el descubrimiento de los cadáveres, Maduro se encadenó. Si uno no lo conociera, esperaría un breve y solemne mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas y compromiso por aprehender a los culpables. En vez de eso, el mandatario rio y bailó al ritmo de una jota oriental, nos dibujó un fantasioso presente de felicidad y abundancia (que, según él, solo los locos o los apátridas no divisan) y aseguró que Obama estaba “derrotado y fuera de Latinoamérica” (a pocos días de la histórica visita del estadounidense a Cuba, mientras Nicaragua redobla su compra de petróleo gringo ante una alicaída exportación venezolana). Como si no acabara de confirmarse una horripilante matazón que enlutó a todo el país. No, esas cosas no pueden afear la imagen de la patria en “revolución”.

Tumeremo da tantas razones para protestar, para exigir rectificación, para corregir errores. Los vecinos de esa calle en El Cafetal, terruño de la estereotípica doña opositora, podrían elevar el mismo grito que los del pueblito que le da nombre a su pavimento. Justificación no falta ante esta historia manchada de sangre e hipocresía.

@AAAD25

“Todo eso es mentira. Es falso. No ha ocurrido ninguna masacre”, dijo airado la tarde del sábado 6, el gobernador Rangel Gómez en un “pase en vivo”  con VTV, como respuesta a los cientos de pobladores de Tumeremo que protestaban en las calles y como respuesta frontal al líder regional y ex diputado Andrés Velásquez y sobre todo al diputado Américo De Grazia, quien cumpliendo con su deber de parlamentario luchador y no burócrata, se trasladó a Tumeremo una vez que supo de la protesta y de lo que ocurría para de inmediato hacer que la denuncia (gracias a los medios independientes que sobreviven con coraje a la “hegemonía comunicacional reaccionaria del gobierno”) de la barbarie cometida, resonara en todo el país, única manera de impedir que el hecho fuese “tapado” por la espesa red de censura y complicidades.

“Corroboré con la REDI, corroboramos con la zona, con los organismos militares del municipio Sifontes y es absolutamente falsa la información que lamentablemente, personajes de la derecha  (ja ja!, ¿Rangel Gómez es de izquierda?  Ja ja)   mencionaron veintitantos muertos,  Uno dijo 27 otro 30 (se refiere a Velásquez, De Grazia y a la CausaR) …. Se hizo un rastreo esta tarde y no hay ningún indicio  Nada absolutamente nada que ellos están anunciando para aterrorizar a la población”, se extendió el gobernador, cuando ya la protesta popular se extendía por mas de 15 horas sin que ningún funcionario de gobierno se acercara, pero que no les era desconocida, toda vez que el Psuv, como es obvio, tiene activistas y dirigentes en Tumeremo, así como hay funcionarios medios de la gobernación y de varios organismos que conocían de lo ocurrido e informaban al gobierno. (Ver  http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/42899-rangel-gomez-niega-desaparicion-de-mineros-y-desoye-protesta-ciudadana-que-clama-por-su-paradero ).

No fue sólo el gobernador quien intentó negar lo ocurrido.  Ya varios medios gubernamentales e incluso los laboratorios de guerra sucia del gobierno, que se autocalifican de “misión verdad”, lanzaban su habitual campaña de descalificaciones y distorsiones que lamentablemente aún encuentran eco en los grupitos mas fanatizados del oficialismo.   “La masacre virtual” fue el “leit motiv” seleccionado por quienes manejan esos laboratorios de guerra sucia, agregando que “esa masacre la inventaron los diputados y la oposición   para tratar de opacar la fecha del aniversario de la muerte de Chávez”.   Todos ellos  totalmente ajenos al dolor y la angustia de los familiares, amigos y vecinos de los trabajadores mineros desaparecidos y de quienes los testigos sobrevivientes aseguran que fueron asesinados.

Familiares

dirigentes-diputados

y periodismo independiente

Cada vez más la palabra Ayotzinapa (México) retumba asociada a Tumeremo.  Desaparecidos, negación por las autoridades, acción impune de bandas criminales que han sido permitidas por años. Ausencia del estado.   Cuerpos que no aparecen.  Negligencia. Pueblo protestando.  Verdades que, pese a todos los obstáculos del poder, se van abriendo camino porque hay luchadores, hay familiares a quienes el dolor no los deja ser silenciados y porque hay –pese a toda la acción del gobierno para censurar, comprar y callar-  periodismo independiente que no se arrodilla al poder ni se deja arrastrar por el dizque periodismo gubernamental y gobiernero que no es mas que burda propaganda encubridora de la realidad.

La denuncia y la protesta

obligaron al gobierno

Uno dice 5 días y no suena tanto tiempo, pero en realidad lo es y mucho si se mira la gravedad de lo ocurrido y el justificado escándalo.   Cinco días tardó el gobierno en cambiar su “línea” de negar todo y estar ausente.   Pero el escándalo era demasiado grande.   Sobre todo por el coraje y perseverancia de los familiares y del pueblo de Tumeremo, es decir, amigos, vecinos, comerciantes, gente del pueblo adoloridos pero también hartos de vivir a merced de las bandas y de las complicidades.   No olvidemos que masacres mas “pequeñas” han venido ocurriendo en los años y meses recientes. No olvidemos que tres semanas antes algunas bandas obligaron a un “paro” e incluso tomaron una escuela.

Junto con los familiares en lucha perseverante las claves la han dado los periodistas libres, los medios independientes –incluyendo parte de la prensa internacional- que al difundir los hechos, negarse a la autocensura que promueve el gobierno e incluso a movilizar reporteros al sitio impidieron el manto de silencio sobre el caso. También, por supuesto, la acción llena de coraje de diputados y dirigentes que han debido aguantar amenazas de llevarlos a Fiscalía, campañas de guerra basura y la presión del poder.

Ahora el gobierno admite que hay “presuntos desaparecidos”.  El gobernador sigue sin dar la cara al pueblo de Tumeremo, pero ya bajó el tono y “reculó” en su postura inicial.  Fue a la zona el “Defensor” Tarek Saab.  La Fiscalía abrió el caso.   El ministro de la Defensa dio vueltas con el caso Obama y otros asuntos pero terminó por señalar que investigarán “el hecho aborrecible”. ¡Hasta Maduro habló! del asunto aunque culpando (¡no faltaba mas!) a “los paramilitares” que en el lenguaje oficialista quiere decir que son “otros” y una de sus excusas favoritas para no asumir responsabilidades

Cien rastreos con militares y policías no habían logrado hallar “ningún indicio” pero este martes, con apenas unas horas en el sitio, algunos periodistas ayudados por “baquianos” encontraron lo que parece ser el lugar de la masacre.  Prendas de vestir, restos de sangre, casquillos de balas.  Crónica y fotos están en Correo del Caroní, RunRunes y El Pitazo, entre otros.   Hay más testimonios de lugareños y sobrevivientes.

La ruina, el abandono,

la corrupción y el desastre

de gobierno, igual que en tantas cosas

Ayer, en el debate de la AN, un diputado del Psuv hizo confesiones insólitas de las culpas de “la revolución”, aunque al parecer creía estar alabando al gobierno y acusando  de todo lo malo a la oposición.   Decía el diputado Clark que “Maduro asumió que superemos una actividad que ha estado ahí, ilegal oscura, que socava el equilibro ecológico ambiental de la reserva. Asumió que la actividad minera deje de ser escenario de muerte, trafico, droga, anarquía… que el estado venezolano dirija  (…)  para sanear las mafias que manejan el mercado de la minería ilegal”.

Aunque usted no lo crea.  No es un diputado anti gobierno.  Un oficialista admite  -sin decirlo- que el resultado tras larguísimos 17 años de gobierno, tras una larga permanencia de “tiempos de revolución” es “un escenario de muerte, tráfico, drogas, anarquía, mafias”, Implacable pero realista es el balance del desastre causado por la falsa revolución en la minería del oro en Guayana.  No hay gobierno, no hay ley, mandan las bandas, la nación no recibe casi nada del oro extraído, es un infierno de criminalidad y dramas sociales.  En un reportaje que publicamos la semana anterior en Tal Cual relata con detalle buena parte de los fracasos y desastres de las políticas del gobierno en la minería del oro, incluyendo amores y odio con las transnacionales, los vaivenes de ir del estatismo mas salvaje a la entrega total a esas empresas de Canadá, Rusia y China. De vuelta al estatismo y de regreso a la entrega. Al final solo quedó lo que líneas arriba copiamos de la descripción que hizo el diputado Psuv Clark.

TIP  1:  Bauxilum. Destituyen a China. Traen a uno de Pérez Abad.   Ayer, muy calladitos, oficializaron en Gaceta, la salida de José China  -era del grupo original de Maduro FBT-  de la presidencia de Bauxilum, luego de siete años en el cargo.   Designaron a alguien que no parece haber trabajado antes en Bauxilum.  Veremos.

TIP  2:   Bauxilum está en casi total parálisis.  En mina ha estado produciendo a menos del 18% de su capacidad demostrada. Y en la planta que transforma la bauxita en alúmina calcinada, el porcentaje es parecido aunque ahora con el agravante que por falta de insumos como la soda cáustica está casi al borde de no poder suministrar la materia prima a lo que queda de Alcasa y Venalum. La ruina de la robo-lución.

TIP  3:  El gobierno intentó ayer, sin mucho éxito, desengavetar “la agresión de Obama” para tratar de tapar el escándalo de la masacre de Tumeremo y los desastres de la economía.  Uno imagina que se reúne un grupo de “estrategia” y tras varias horas de angustia deliberando deciden intentar la operación y ponen al grupo de gobernadores, al min Defensa y al grupo minoritario de la AN (al que llaman el “Bloque de la crisis”) para ver si cambiaban los temas del país.

TIP  4:    La MUD y la Hoja de Ruta para el cambio político.  Luce bastante bien lo que anunció ayer la Mesa de Unidad como estrategia para darle al pueblo la oportunidad de, mediante el voto popular, cambiar al mal gobierno de Maduro y seguir con el “proceso de cambio” iniciado el 6D.   Una actividad intensa, de calle (en paz, sin violencia), política con acento social para presionar la renuncia de Maduro e ir activando las dos fórmulas constitucionales:  referéndum revocatorio y/o Enmienda con referéndum.   Además, dictar una Ley de Referéndums para impedir  las trampas y obstáculos del CNE. Y sobre todo mucha actividad con el pueblo, organizando el descontento.  Ya lo podremos comentar mejor.    Un obstáculo podría ser que en lugar de acción en Unidad, salgan algunos a hacer “dibujo libre” quebrando la estrategia acordada.

TIP  5:  Un deseo por la vida.   Que felices seríamos si en algún momento aparecieran al menos una parte de los mineros desaparecidos y presuntamente asesinados.  No parece realista, pero uno no puede dejar de desearlo por el bien de sus familias.

Damián Prat C.

depece54@gmail.com

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Hace un año desaparecieron 43 estudiantes después de ser detenidos y secuestrados por policías en la ciudad de Iguala, en el sur de México. Las autoridades concluyeron que fueron entregados a un grupo criminal que los mató e incineró en un basurero. Las dudas persisten.

¿Quiénes eran los estudiantes?

Eran jóvenes de familias pobres que estudiaban en la escuela de Ayotzinapa, una institución con fuerte activismo político, para ser maestros rurales. La mayoría cursaba primer año y llevaba pocos meses en la escuela, situada 125 kilómetros al sur de Iguala, en el estado de Guerrero.

¿A qué fueron a Iguala?

Los normalistas de Ayotzinapa acostumbran a secuestrar autobuses en carreteras para usarlos en movilizaciones. Interceptaron uno cerca de Iguala y el conductor acordó con ellos ir antes hacia la terminal a dejar a los pasajeros, según un informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿En ese autobús iban los 43?

No, iban menos de diez, y en la terminal el chofer dejó encerrados a los estudiantes, que pidieron por teléfono ayuda a sus compañeros. Llegaron más normalistas en dos autobuses y entre todos secuestraron tres vehículos más y apedrearon otro.

¿Y por eso los persiguió la policía?

Las autoridades desde hace años toleran estas tomas de autobuses para evitar violencia. En Iguala hubo una persecución feroz durante tres horas: policías municipales les dispararon, mataron a seis personas, hirieron a 40 y además entregaron a los 43 al cártel Guerreros Unidos. Uno de los lesionados lleva un año en coma.

Sólo tres eran estudiantes. También fue atacado el autobús de un equipo juvenil de fútbol llamado “Los Avispones”. Murieron el chofer, un futbolista de 15 años y una pasajera de un taxi.

¿Por qué hubo tanta violencia?

Algunos de los detenidos dijeron que pensaban que entre los estudiantes había infiltrados del grupo criminal rival Los Rojos. Para los expertos de la CIDH, la causa podría ser otra: que en uno de los autobuses hubiera droga o dinero, sin saberlo los jóvenes. Desde Iguala se trafica droga en autobuses a Chicago.

¿Y por qué hay dudas sobre la versión del basurero si dos jóvenes ya fueron identificados?

Aunque varios detenidos relataron cómo incineraron a los jóvenes y la fiscalía dice que los restos estaban en una bolsa en un río junto al basurero, peritos argentinos convocados por los familiares no avalan esta versión porque ellos no estaban cuando se encontró la bolsa. Mientras, los expertos de la CIDH descartaron que haya habido una gran incineración en el sitio.

¿Alguna vez se podrá identificar todos los restos?

Difícilmente. Se recogieron 60.000 fragmentos calcinados y los 17 con más posibilidades de contener ADN se enviaron a Innsbruck. Hasta ahora sólo se pudo identificar a Alexander Mora con seguridad y a Jhosivani Guerrero con certeza moderada.

¿Qué consecuencias tuvo este caso para el gobierno mexicano?

Ayotzinapa significó un fuerte desgaste para el presidente Enrique Peña Nieto. Si bien Iguala era gobernada por un partido opositor, el gobierno ha sido criticado por tardar en atender el caso y por declarar “verdad histórica” que todos fueron incinerados.

La Fiscalía mexicana informó hoy de que la investigación de la Universidad de Innsbruck (Austria) sobre los restos hallados en un basurero ofrece «indicios» de que unos de los materiales analizados correspondería a otro de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace casi un año.

En una comparecencia de prensa, la fiscal Arely Gómez dijo que «existen indicios que establecen posible correspondencia» entre unos de los restos y el ADN de la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, después de que en diciembre se anunciará la identificación de los restos de su compañero Alexander Mora Venancio. EFEMEX

Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), recalcó que los nuevos resultados de Innsbruck «robustecerán» la investigación oficial y «generarán criterio jurídico» al juez del caso.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, que tenía 19 años cuando desapareció y es originario de la comunidad de San Juan Omeapa, era el hijo más pequeño de siete de un matrimonio de campesinos, según la prensa mexicana.

La fiscal señaló también que la PGR ha comunicado «estos resultados a los abogados que representan a los padres de familia y al Equipo Argentino de Antropología Forense», que estuvo sacando muestras del basurero de Cocula, donde según la versión oficial fueron quemados los jóvenes, y del Río San Juan, al que presuntamente fueron lanzadas cenizas en una bolsa.

Además, Gómez anunció que se creará «un equipo de trabajo conformado por especialistas, médicos, antropólogos y genetistas» para que junto con los forenses argentinos y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llevan medio años investigando el caso puedan volver a revisar «los más de 63 fragmentos óseos que fueron recolectados» en esos lugares.

El objetivo de este grupo será «hallar nuevos fragmentos viables para la identificación por cualquier método» que «serían enviados en una nueva solicitud a la Universidad de Innsbruck», considerada la mejor del mundo en la identificación «de ADN de personas a partir de fragmentos con alto nivel de deterioro».

Entre otros métodos, el instituto austríaco usa pruebas de ADN nuclear y mitocondrial.

Según la versión de la PGR, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de policías dispararon en Iguala (Guerrero) contra decenas de alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, dedicada a la formación de maestros, por órdenes del entonces alcalde esa localidad, José Luis Abarca, con un saldo de seis muertos y 25 heridos.

Los policías, que estaban a sueldo del cártel Guerreros Unidos, capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al grupo criminal, que los asesinó e incineró en Cocula.

Diecisiete restos óseos hallados allí fueron enviados el año pasado a Innsbruck para su análisis.

La Fiscalía mexicana reveló el pasado 7 de diciembre que el ADN encontrado en uno de los restos calcinados, comparado con los perfiles genéticos de todos los familiares de los jóvenes desaparecidos, correspondía al joven Alexander Mora Venancio, de 21 años.

En un informe presentado hace diez días, la delegación de expertos de la CIDH que investiga el caso cuestionó la versión de que los cadáveres de los jóvenes fueron quemados en un basurero y señaló graves irregularidades en la investigación.

Además, reveló que el traslado de droga oculta en uno de los autobuses tomados por la fuerza aquella noche por los estudiantes para trasladarse a una manifestación en Ciudad de México pudo ser el móvil del ataque.

El último año, las autoridades mexicanas declararon que la «verdad histórica» sobre la desaparición de 43 estudiantes de era que habían sido asesinados por un cártel del narcotráfico que luego incineró sus cuerpos en un basurero público.

Pero investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) echaron por tierra las conclusiones del Gobierno sobre el caso, reviviendo el misterio sobre lo que pudo haber ocurrido a los jóvenes, señaló AFP.

Aquí, lo que se sabe y lo que se desconoce del caso, casi un año después de que los estudiantes de magisterio se evaporaran la noche del 26 al 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, en el sur del estado de Guerrero.

Lo que se sabe

Los jóvenes se dirigieron hacia Iguala en autobuses que habían secuestrado, en una práctica ilegal común de estos estudiantes, conocidos por su ideológica radical de izquierda, que suelen utilizar estos vehículos para sus actividades.

Los estudiantes -la mayoría de reciente ingreso- habían ido a Iguala a recaudar fondos y a retener más autobuses para una protesta que se realizarían en octubre.

La versión oficial y la investigación independiente coinciden en que los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y del vecino municipio de Cocula.

Tres estudiantes fueron asesinados cuando los policías dispararon contra sus autobuses mientras que otras tres personas murieron cuando también fue atacado el vehículo en el que viajaba un equipo de fútbol.

Esa noche, los policías se llevaron a los estudiantes y el paradero de 42 de ellos sigue siendo un misterio. Solo en el caso de uno fue confirmada la muerte.

Lo que se desconoce

¿Los estudiantes están vivos? El equipo investigador de la CIDH dijo que lamentaba no saber qué pasó con los 43 jóvenes.

El fiscal federal declaró el año pasado que los policías municipales entregaron a los estudiantes al cártel narcotraficante Guerreros Unidos, el cual los mató y los incineró en el remoto basurero de Cocula para después arrojar sus cenizas a un río.

Pero la comisión rechazó esta conclusión.

Un experto en manejo de fuego dijo que para quemar los 43 cuerpos, sus agresores habrían necesitado cerca de 60 toneladas de madera y neumáticos, pero que no hay evidencia de que haya habido un fuego masivo en el basurero de Cocula.

El lunes, la oficina de la fiscalía defendió la investigación oficial, insistiendo en que un buen número de los 43 estudiantes fueron incinerados en ese lugar.

Los restos del único estudiante que ha sido identificado, Alexander Mora, fueron hallados en el fondo de un río. Pero la comisión dice que los huesos fueron encontrados en un lugar que está a horas de auto del basurero.

El reporte de la comisión lanza dudas sobre los motivos y los responsables de la desaparición.

Las autoridades judiciales han dicho que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque porque temía que los estudiantes causaran disturbios durante un discurso de su esposa, quien tenía ambiciones políticas.

Una vez en manos del cártel de Guerreros Unidos, los estudiantes fueron confundidos con Los Rojos, una organización criminal rival, según la investigación oficial.

Pero los expertos independientes dicen que los estudiantes llegaron a Iguala después de que terminara el discurso de la esposa de Abarca, y que esa no fue la razón por la que los jóvenes, que estaban desarmados, fueron confundidos por miembros del cartel.

La comisión ofreció su propia teoría: los estudiantes pudieron haber secuestrado un autobús sin saber que era usado por criminales para transportar heroína a Estados Unidos.

La existencia de un quinto autobús que fue retenido por los estudiantes nunca fue incluida en la investigación oficial, dijo la comisión, añadiendo que este puede ser un elemento clave del caso.

Otra interrogante que esta abierta es cuál fue exactamente el papel que jugaron los militares y la policía federal aquella fatídica noche.

La comisión pidió al gobierno investigar si los uniformados fallaron en su obligación de proteger a los estudiantes, pues las fuerzas del orden estuvieron monitoreando aquella noche del 26 al 27 de septiembre los movimientos de los jóvenes y supieron cuando fueron atacados.

MEXICO (AP) — Un estudio de un grupo de expertos independientes desacreditó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó, lo que desató el enojo e indignación de los familiares de los jóvenes por lo que consideran un engaño de la autoridad.

El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.

Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señaló que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse.

«No tenemos indicios que podamos sustentar de dónde están los desaparecidos», dijo Carlos Beristain, doctor español y uno de los cinco expertos del grupo.

Los expertos refirieron que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre esa localidad del estado sureño de Guerrero y Chicago. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, «el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque».

Los padres de los estudiantes arremetieron contra la autoridad y en particular contra el ex procurador general Jesús Murillo por haberles dado información que según el informe de los expertos independientes no era correcta.

Los familiares pidieron una reunión en persona con el presidente Enrique Peña Nieto y que el grupo de expertos permanezcan en el país de manera indefinida hasta que se dé con el paradero de los alumnos.

«No vamos a aceptar otra mentira del gobierno», dijo Blanca Nava, mamá de Jorge Alvarez.

«Lo del basurero nunca pasó», señaló Mario César González, el papá de César Manuel. «La pregunta es ¿a dónde están nuestros hijos?, ¿para dónde se llevaron a nuestros hijos?», añadió.

A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto señaló que ha dado instrucciones para que se tomen en cuenta los señalamientos del grupo en las investigaciones oficiales de un caso que ha desatado indignación nacional e internacional.

Poco después, la procuradora general Arely Gómez anunció en un mensaje que solicitará un nuevo peritaje que analice lo que sucedió en el basurero y que su oficina estudiará las conclusiones del grupo para valorar si las incorpora a la investigación oficial.

La funcionaria, que no aceptó preguntas de la prensa, también dijo que solicitará una prórroga para que el grupo de expertos continúe sus trabajos sobre el caso. La Comisión Interamericana ya había hecho esa petición al gobierno.

«El informe… es fundamental para la investigación», añadió.

El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la «verdad histórica» de lo sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que, el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.

Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas: «los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula».

Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos.

«Hoy el teatro montado por el gobierno se ha derrumbado», dijo el vocero de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz. «La verdad histórica está por los suelos, ahora es la mentira histórica», comentó.

El denominado «Informe Ayotzinapa» documenta cómo policías estatales y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos. Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidas.

Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.

La desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más fuertes en lo que va del gobierno de Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012 y ha tenido que reconocer que es una de las causas de la desconfianza social actual hacia su gobierno.

La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los padres de los estudiantes y diversas organizaciones que han cuestionado que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en evidencias específicas.

La procuradora dijo que hasta ahora se ha detenido a 110 de 131 personas buscadas. El entonces alcalde Iguala, José Luis Abarca, también está preso y es señalado junto con su esposa como probable autor intelectual.

La organización Human Rights Watch, al conocer el informe, lamentó que pese a la conmoción que suscitó el crimen, las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer hacer una investigación seria, por lo que indicó que la justicia mexicana «necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa actuación».