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433 años suman condenas de supuestos responsables de intento de magnicidio 
Un total de 17 personas recibieron penas por los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas 
12 fueron condenadas a la pena máxima de 30 años de prisión. El resto enfrenta condenas de 24, 20, 16, 8 y 5 años 
Dos mujeres fueron sentenciadas a 30 años y otra a 24

 

@franzambranor

 

El 4 de agosto de 2018 transcurría otra soporífera tarde de cadena nacional con Nicolás Maduro hablando frente a militares en la avenida Bolívar de Caracas, culpando al capitalismo de los males que aquejan a los venezolanos, alabando al fallecido presidente Hugo Chávez y exponiendo más de la cháchara revolucionaria que por más de dos décadas ha sido común denominador en los medios de comunicación. Pero de pronto ese lineal guión se alteró cuando se escuchó una explosion que hizo a Maduro interrumpir su alocución. El cielo se iluminó e inmediatamente el espacio donde se conmemoraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana fue desalojado. En imágenes transmitidas por TV se vio como soldados rompieron filas espontáneamente y echaron a correr, mientras Maduro era resguardado por sus escoltas. Horas después Maduro denunció un supuesto intento de magnicidio con un ataque de drones. Maduro acusó a la ultraderecha venezolana de estar involucrada en el “plan” en concordancia con el gobierno colombiano , entonces presidido por Juan Manuel Santos.

“Hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy”, dijo Maduro. 

A partir de ese momento se produjeron una serie de secuestros, detenciones, allanamientos y desapariciones forzadas, que entre otras cosas produjeron las muertes del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arvelo, ambos acusados de participar en el supuesto complot. 

La madrugada de este 4 de agosto de 2022, a cuatro años del  suceso, la jueza Hennit López Mesa, del tribunal primero contra el terrorismo, dictó sentencia a los involucrados.

Aquí presentamos a los principales condenados por este hecho:

 

Juan Requesens, condenado a 8 años de prisión 

 

De 33 años de edad, Requesens inició su carrera en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional para el periodo 2015-2020 y eje importante en las protestas antigubernamentales que se produjeron en 2017. En agosto de 2018 fue secuestrado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y acusado de estar presuntamente vinculado en el atentado contra Maduro en la avenida Bolívar. Días después de ser detenido, el Tribunal Supremo de Justicia con la venia de la extinta Asamblea Nacional Constituyente le removió la inmunidad parlamentaria. El 10 de agosto, el entonces ministro de información, Jorge Rodríguez, mostró un video en cadena nacional donde el parlamentario aseguraba que había colaborado con el ingreso al país desde Colombia de los autores del supuesto atentado. En el video, Requesens señalaba al también diputado Julio Borges de haber participado en el hecho. La oposición denunció que Requesens fue drogado y obligado a declarar por medio de torturas. Luego de pasar dos años recluido en El Helicoide, en agosto de 2020 recibió una medida de arresto domiciliario. El diputado es acusado de dos cargos por homicidio frustrado y otros cinco por tenencia de armas de fuego, terrorismo, traicion a la patria, asociacion para delinquir e instigacion publica

 

INFOGRAFIA I  Explosión de drones es la única evidencia que el gobierno muestra como intento de magnicidio

 

 

Emirlendris Benítez, condenada a 30 años

 

En una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana cercana a la ciudad de Acarigua, fue detenida el 4 de agosto de 2018 Emirlendris Benítez Rosales junto a su novio, Yolmer Escalona. Días después el entonces ministro de interior y justicia, Néstor Reverol, anunció la aprehensión de ambos en el estado Portuguesa y dijo que estaban involucrados en un supuesto plan de magnicidio. Organizaciones como el Foro Penal Venezolano han denunciado que Benítez, recluida inicialmente en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta y actualmente en el Instituto de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, ha sido víctima de torturas y tratos crueles e inhumanos. En junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida de protección.

 

Emirlendris Benítez Rosales:  «Gracias a Dios ya no le pegan»

 

Yolmer Escalona, condenado a 30 años

 

Según relata el libro “Ahora van a conocer al diablo”, editado por Oscar Medina, Escalona junto a su novia Emirlendris Benítez le hicieron un servicio de traslado de Barquisimeto a Barinas a Alberto Bracho y a José Miguel Estrada el 4 de agosto de 2018, ambos señalados de participar en el supuesto plan de magnicidio y recientemente condenados a 30 años de presidio. A partir de allí fue vinculado con la eventual conspiración. Escalona al igual que su pareja fue recluido en la sede del Dgcim en Boleíta y posteriormente enviado a la cárcel de El Rodeo en el estado Miranda. Bracho apodado “portu” y Estrada conocido como “Zamurito” fueron los aparentes responsables del despegue y avanzada de los drones junto a Brayan Oropeza (también sentenciado a 30 años de prisión).

 

Juan Carlos Monasterios, sentenciado a 30 años

 

Oriundo de Maracay y de 47 años de edad, Juan Carlos Monasterios Vanegas es un sargento mayor de primera (retirado) de la Guardia Nacional Bolivariana. Monasterios fue detenido a bordo de una camioneta el mismo día del supuesto atentado junto a Argenis Gabriel Valera Ruiz (también condenado a 30 años). En un video difundido por el gobierno de Maduro, el sargento explica cómo se fraguó el intento de magnicidio. De acuerdo a la versión de Monasterios, fue él quien se encargó del paso de los drones de Colombia hacia Venezuela por instrucciones de los diputados Julio Borges y Juan Requesens.

 

Yanín Pernia, condenada a 30 años

 

Yanín Fabiana Pernía Coronel de 25 años fue detenida el 5 de agosto de 2018 y acusada también de estar involucrada en el supuesto plan de magnicidio. De acuerdo al gobierno era la encargada de dirigir las operaciones con el segundo dron. La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, denunció ante la Corte Penal Internacional que Pernía ha sido víctimas de torturas por parte de funcionarios de la Dgcim y del Sebin. “Fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, ahogada, víctima de actos lascivos y aplastamiento de uñas”, dijo. 

Angela Expósito, condenada a 24 años de cárcel

 

Angela Lisbeth Expósito Carrillo fue detenida a finales de septiembre de 2018. Tiene doble nacionalidad, española y venezolana, y es representante de la ONG Fundanimal, una organización que se encarga de velar por las mascotas de los presos y perseguidos políticos. Expósito habría acogido en su residencia a Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, quien segun el gobierno chavista iba a encargarse de grabar en video el magnicidio de Maduro y el cual fue condenado recientemente a 30 años de carcel. El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que Expósito tenía bajo su custodia al perro de Oscar Pérez, piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) asesinado en un operativo efectuado en El Junquito por organismos del Estado. 

 

Oswaldo Castillo, condenado a 30 años

 

El estudiante de ingeniería, Oswaldo Gabriel Castillo, fue detenido el pasado 6 de octubre de 2018 por los hechos acontecidos en la avenida Bolívar. Familiares denunciaron que ha sido sometido a desaparición forzada, torturas, aislamiento y retardo procesal en el centro de reclusión de El Helicoide

Alejandro Pérez Gámez, sentenciado a 30 años

 

El General de División de la GNB fue detenido junto al coronel Pedro Zambrano Hernández. Ambos fueron sentenciados recientemente a 30 años de cárcel. Luego de la aprehensión de los militares, el fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, no dio detalles del supuesto rol de estos en los hechos del 4 de agosto. 

Héctor Hernández, 16 años de prisión

 

El General de Brigada de la GNB, Héctor Armando Hernández Da Costa, fue detenido el 13 de agosto de 2018, pasó casi cuatro años en la sede de la Dgcim en Boleíta y actualmente permanece bajo arresto domiciliario. Hernández Da Costa fue jefe del Comando Antidrogas de la GNB y jefe de Estado Mayor de la Región Capital de Defensa Integral (Redi). Su hija Loredana Hernández condenó la sentencia emitida en la madrugada de este 4 de agosto. “No bastaron los cuatro años detenido ilegal y arbitrariamente en la Dgcim. No bastaron las mentiras y la persecución familiar”. 

 

José Eloy Rivas, condenado a 20 años

 

El Foro Penal Venezolano denunció que Rivas de 63 años sufre de glaucoma y ha perdido progresivamente la visión por falta de un tratamiento adecuado. El comerciante y padre de cuatro hijos fue detenido el 5 de agosto de 2018, señalado de fraguar un atentado contra Maduro. El entonces ministro Néstor Reverol acusó a Rivas, dueño de una tienda de suplementos electrónicos, de facilitar los chips para los equipos y ser financista del supuesto plan de magnicidio. Familiares afirmaron que Rivas ha perdido 26 kilos desde que fue aprehendido. 

Wilder Vásquez, condenado a 5 años

 

De acuerdo con la abogado Tamara Suju, Wilder Anderson Vásquez Velásquez es estudiante del quinto semestre de Comercio Internacional y desde su reclusión ha sido sometido a tratos crueles e inhumanos. 

Gobierno anunció tres detenciones más por sucesos de la avenida Bolívar e implicó a embajadas de México y Chile

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Jorge Rodríguez se pronunció sobre la captura Henryberth Rivas, alias “Morfeo”, supuesto implicado en los hechos de la avenida Bolívar durante el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en pasado 4 de agosto. También informó sobre la detención de Angela Lisbeth Expósito Carrillo, directora de Fundanimal  y quien según la versión oficial de Rodríguez habría utilizado la ONG para servir de financista para actos terroristas. El ministro informó también sobre la aprehensión del Coronel retirado Santiago Velasco García, quien habría ayudado a la capitana Laided Salazar a salir del país luego que le fuera otorgada una medida humanitaria de detención domiciliaria.

Rodríguez presentó un video donde se recrea la supuesta participación de los detenidos durante la “Operación Yunque-Martillo”. Según el ministro, estas nuevas detenciones presentan nuevas pruebas que incriminan a Julio Borges, German Tabosky y Juan Requesens y solo faltaría la detención de los dos explosivistas.

“Una pregunta a las autoridades colombianas que debe ser respondida es: ¿No sabían que durante seis meses un grupo terroristas se estuvo entrenando en la localidad de Chinácota? “, destacó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores.

“Estamos a la espera de que el gobierno de Colombia atiende lo que es legal. Si una persona participa en actos terroristas deberían no sólo entregarlo, sino deslindarse de los hechos efectuados en el gobierno de Juan Manuel Santos”, puntualizó. Realizó la misma pregunta a los representantes en el país de México y Chile. Sobre este último, indicó que allí se encuentra asilado el dirigente político Freddy Guevara, y no dudó en relacionarlo a estos hechos.

Niños en la era de Chávez son presuntos magnicidas de Maduro

EL PRESUNTO ATENTADO EN CONTRA DEL PRESIDENTE Nicolás Maduro fue, de acuerdo con la información oficial difundida, un plan que ameritó la participación de al menos 19 personas. En el grupo se encuentran ex militares, parlamentarios y civiles. Fueron justo estos últimos quienes se encargaron de la ejecución de lo que hoy se conoce como la “Operación Fénix”, plan en el que se intentó perpetrar un magnicidio con dos drones cargados de C4 y metralla.

Desde el mismo día de los hechos, el pasado 4 de agosto, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a 11 sospechosos. De este grupo, cinco (45 %) son menores de 25 años, es decir, se criaron bajo la era Chávez. Otros cuatro (36 %) son menores de 40 años. Solo uno tenía más de 20 años cuando el chavismo llegó al poder. A otro más no se le ha podido verificar la edad.

La versión oficial asegura que el grupo se dividió para actuar en dos escenarios distintos.

Juan Carlos Monasterios, presunto jefe de la operación, junto a Henryberth Rivas Vivas, José Miguel Estrada y Argenis Valera Ruiz llegaron a la avenida Este 12 a bordo de una camioneta Chevrolet Orlando para operar uno de los drones.

El otro equipo, integrado por Brayan Oropeza Ruiz, Yanín Fabiana Pernía Coronel y Alberto Bracho Roquez, hizo volar el otro dron desde el Centro Empresarial Cipreses, en la avenida Sur, a una cuadra de la avenida Bolívar, donde se llevó a cabo el acto.

El primer artefacto perdió el control poco después de elevarse y por eso se estrelló contra el edificio Don Eduardo, en la avenida Este 12, a 50 metros de la esquina El Cristo, donde estalló. El segundo explotó a 80 metros de la tarima presidencial e hirió a siete militares.

Esa misma noche, un panfleto con la frase “Se buscan” en rojo y con el membrete de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, mostró los rostros de los jóvenes supuestamente involucrados en el magnicidio. El mayor de este grupo tiene 31 años. En mayúsculas, todos eran señalados como “terroristas solicitados autores de atentado a nuestro comandante en jefe”.

El haber expuesto las fotografías de los presuntos implicados supone una violación del numeral 4 del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que indica que entre las reglas de actuación policial está la de “no presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación”. Así lo apunta Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal Venezolano, organización que tiene previsto encargarse de la defensa de algunos de los arrestados. Añade el experto que la divulgación de estas imágenes se hizo sin autorización alguna de los sospechosos aun cuando se presume que son inocentes.

Paradero desconocido

Tras los hechos, Monasterios y Valera Ruiz fueron capturados esa misma tarde en la camioneta Orlando, cuando supuestamente tenían el control del dron en las manos. Rivas Vivas y Estrada lograron huir del sitio.

Ese mismo día también detuvieron a José Gregorio Blanco, un joven oficial de Polichacao que pasaba por la zona con el uniforme en un morral. Acababa de salir de su casa, en Santa Rosalía, y se dirigía a su trabajo. Sus familiares se enteraron a través de los vecinos y lo confirmaron con el cuerpo policial en el que trabaja el funcionario. Sin embargo, por ninguna vía han podido obtener más información sobre el paradero del uniformado.

Oropeza Ruiz, Pernía Coronel y Bracho Rozquez salieron del Centro Empresarial Cipreses sin que los descubrieran, indica la versión oficial. Sin embargo, los dos primeros fueron arrestados horas después, a la 1:30 am del 5 de agosto, mientras atravesaban el estado Barinas en un vehículo Seat Córdoba, con José Del Carmen Pinto al volante, quien también fue apresado. Según Maduro, se dirigían a la frontera con Colombia.

Un día después de las explosiones, la tarde del 5 de agosto, detuvieron en la autopista José Antonio Páez, en el estado Portuguesa, a otros dos sospechosos: Estrada y Bracho Rozquez. Los acompañaban Emirlendris Carolina Benitez Rosales y Yolmer José Escalona Torrealba, quien es hermano de Yilber Escalona Torrealba, señalado por recibir y probar los drones en Barquisimeto, Lara. Tanto este último, como Rivas Vivas y José Gregorio Yaguas, un presunto explosivista, no han sido capturados.

“Me están vinculando en algo que no he hecho. Soy inocente, reportero independiente. Regresé a Venezuela a visitar a mi familia”, indicó Rivas Vivas a Runrun.es a través de una red social. “Que Venezuela sepa que mis amigos están siendo torturados por esta dictadura. Sí estuve en las protestas pero no soy terrorista”, afirmó el joven de 22 años que se identifica como reportero gráfico.

Ninguno de los familiares de los presuntos implicados ha sido informado oficialmente sobre el paradero de los detenidos. Se presume que pueden estar en la sede del Sebin del Helicoide, aunque también pudieron ser llevados al edificio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. A ninguno de los arrestados se les ha dejado comunicarse con sus parientes.

“A los muchachos detenidos no se les ha permitido el acceso a sus abogados ni a sus familiares, se les ha mantenido incomunicados. En este momento están, desde el punto de vista de la definición técnica, en una situación de desaparición forzada, salvo que los hayan presentado ante tribunales con un defensor público sin que nadie se haya enterado y de manera clandestina”, sostiene Himiob.

Si esta presentación ante tribunales no ocurrió, se estaría ante una nueva violación: la del artículo 236 del COPP, que establece que los arrestados deben ser conducidos ante un juez durante las 48 siguientes a su aprehensión para la audiencia de presentación.

De diputados y financistas

Durante la cadena de radio y televisión que Nicolás Maduro ofreció el martes 7 de agosto para hablar, exclusivamente, del “atentado”, informó quiénes eran los presuntos “cerebros” de las explosiones. Allí se mencionó a Osman Delgado Tabosky como financista y a los militares Rayder Russo Márquez y Oswaldo Valentín García Palomo como presuntos reclutadores y planificadores de las acciones.

El mandatario también aseguró esa noche que dos diputados a la Asamblea Nacional, pertenecientes al partido Primero Justicia, estaban vinculado a la operación: el expresidente del órgano legislativo, Julio Borges, y el parlamentario por el estado Táchira, Juan Requesens. Este último fue detenido mientras se transmitía la alocución presidencial. A ambos les allanaron la inmunidad parlamentaria a través de la asamblea nacional constituyente, totalmente chavista, y se ordenó su captura por medio del Tribunal Supremo de Justicia. Para el resto de los involucrados, incluyendo a un funcionario de Migración Colombia llamado Mauricio Jiménez Pinzón, supuestamente se emitió una alerta roja a la Interpol a fin de arrestarlos.

Se presume, dice Himiob, que los casos sean llevados por tribunales ordinarios, pero con competencia especial en materia de terrorismo. Esto a partir de las sentencias en contra de los diputados, las cuales fueron dictadas sin la presencia de sus defensores, tal como lo establece el COPP. Así, los jóvenes detenidos serían imputados con cargos como homicidio calificado en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública o a la rebelión.

“A los diputados se les violaron sus derechos al debido proceso porque la forma en la que se les allanó la inmunidad parlamentaria es completamente irregular. Aun cuando la anc hubiera sido legalmente constituida, hubiese tenido facultades para allanarles la inmunidad parlamentaria, porque eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Eso, según el artículo 12 de la Constitución, es una ‘usurpación de funciones’ y cuando se incurre en esta, todas las acciones son nulas”, señaló el abogado de Foro Penal.

A todos los implicados, además, también se les ha ultrajado el derecho a la presunción de la inocencia, continuó Himiob, porque desde las más altas esferas de poder se les ha señalado como culpables sin juicio alguno y sin que se lleve a cabo una investigación “objetiva e imparcial” que demuestre qué pasó aquel 4 de agosto.

Mientras tanto, las pruebas mostradas por Maduro en cadena nacional han sido contaminadas debido a su difusión. Todas debieron mantenerse en reserva de las partes (Ministerio Público y defensores de los señalados) hasta que cerrara la fase de investigación preliminar del proceso judicial, la cual finaliza 45 días después de las detenciones.

@loremelendez

Departamento de Estado de EEUU considera ilegal detención de Requesens

El Departamento de Estado de EEUU considera “ilegal” el arresto del dirigente político Juan Requesens, acusado del atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y defendió que esa acción es solo “el último ejemplo de una larga letanía de abusos a los derechos humanos”.

El secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Francisco Palmieri, hizo esas declaraciones en un mensaje de Twitter, enviado el sábado por la noche.

“Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del estado de derecho con su arresto y retención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional, constitucionalmente elegido, @JuanRequesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos #DerechosHumanos. #11Ago #Venezuela”, afirmó Palmieri.

El Gobierno venezolano ha acusado a Requesens de ser cómplice del supuesto atentado con drones que se produjo el pasado sábado 4 de agosto mientras Maduro daba un discurso durante un acto de celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Requesens fue detenido el martes junto a su hermana, Rafaela, por funcionarios del servicio de inteligencia del Estado (Sebin).

Este viernes, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó en una rueda de prensa un vídeo en el que Requesens confiesa supuestamente haber participado en el complot a petición del expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges, exiliado en Colombia.

En ese vídeo asegura haber coordinado la entrada a Venezuela de Juan Monasterios, también detenido por este caso.

El vídeo busca demostrar la implicación en el atentado de Borges, cuya detención ha pedido a la Interpol el Ejecutivo venezolano.

La familia de Requesens ha rechazado los vídeos y su hermana, Rafaela, ha apuntado a la posibilidad de que haya sido drogado o torturado para obligarle a hacer esas declaraciones incriminatorias.

En un discurso televisado, cuando se cumple una semana del atentado, Maduro insistió en que los responsables son el ya expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y miembros de la ultraderecha que, desde el estado de Florida (EE.UU.), activaron uno de los drones, según sus investigaciones.

Maduro ha pedido ayuda al presidente de EE.UU., Donald Trump, para capturar a los “asesinos” y se ha mostrado abierto a que el FBI viaje a su país para investigar el ataque.

Hasta ahora, el Gobierno de EE.UU. se ha limitado a rechazar su implicación en el atentado y condenar toda forma de violencia.

No obstante, una portavoz del Departamento de Estado dijo a Efe esta semana que investigará “actividades ilegales” dentro de su territorio si se aportan “evidencias creíbles”.

Manifestantes en Chacaíto exigen liberación de diputado Juan Requesens


Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, acudió a la manifestación convocada para realizarse en la plaza Brión de Chacaito para exigir la liberación del diputado Juan Requesens.
La dirigente estudiantil agradeció a los venezolanos por apoyar a su familia en este momento tan difícil.
“Aquí seguimos con fuerza. Somos tu voz, Juan Requesens. Gracias por acompañarme a mí y a mi familia en este momento tan difícil. El pueblo venezolano es nuestro motor para seguir luchando contra el régimen”, escribió en su cuenta de Twitter @RRequesens.
La oposición venezolana convocó a una concentración en Chacaito para exigir la libertar de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, quien fue detenido y torturado por funcionarios del gobierno.
En el lugar ya se encuentran dirigentes políticos y manifestantes.
Una fuente dijo a Primero Justicia que Requesens fue torturado y drogado para que dijera que estuvo implicado en el ataque contra Maduro.

Los que vieron el cielo estallar en la avenida Bolívar

AL ACTO DEL 81 ANIVERSARIO DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA en la avenida Bolívar del pasado sábado 4 de agosto, donde se perpetró un supuesto ataque contra el presidente Nicolás Maduro no asistieron todos los miembros del actual gobierno.

A la salutación a la GNB, que se hizo por primera vez fuera de una zona militar, no asistieron figuras del chavismo como el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami.

Maduro dijo en cadena nacional este martes que la vicepresidenta no lo acompañó el sábado por problemas de salud.

Cabello si se presentó este lunes 6 en una marcha en apoyo a Maduro desde la Plaza Morelos hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores, acto al que no asistió el mandatario, ni Rodríguez y tampoco El Aissami.

A la concentración denominada «Maduro pa rato» asistieron figuras que no estuvieron el día del supuesto ataque como la alcaldesa del municipio Libertador, el abogado los constituyentistas Hermann Escarrá, Adán Chávez y Tania Díaz.

En las fotografías y vídeos del sábado pasado se aprecia por supuesto al mandatario y a su pareja Cilia Flores, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; al Fiscal General de la República designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab; al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; al Contralor General de la República, Manuel Galindo y a los integrantes del tren ministerial Néstor Reverol, Aristóbulo Iztúris, Jorge Rodríguez y Ricardo Menéndez. Obviamente acudió el alto mando militar de la nación encabezado por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y el Comandante General de la Guardia Nacional, Richard López Vargas.

 

PÁRESE SOBRE LA FOTO DE CADA UNO PARA VER LA REACCIÓN DE CADA QUIÉN

 

INFOGRAFIA | Explosión de drones es la única evidencia que el Gobierno muestra como intento de magnicidio

UN ATENTADO. UN INTENTO DE MAGNICIDIO contra el presidente Nicolás Maduro. Fue la explicación que dio el gobierno venezolano a  sendas explosiones de dos drones que ocurrieron durante la parada militar que celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar el sábado 4 de agosto de 2018.

El denunciado intento de asesinar a Maduro, que causó siete militares heridos según voceros oficiales,  ha sido tomado con escepticismo y precaución. Sólo una docena de países (Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Turquía, Rusia, Siria, Irán, España, Ecuador y Uruguay) han condenado las detonaciones que obligaron a suspender el discurso presidencial transmitido en cadena nacional y que provocó la estampida de los uniformados apostados en el desfile.

De la incredulidad generalizada hacia el supuesto intento de magnicidio han acusado voceros oficiales como el canciller Jorge Arreaza, quien consideró que tanto medios de comunicación como agencias de noticias han subestimado el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, subrayó vía Twitter.

También, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello,  criticó la postura de los partidos de oposición al no condenar el supuesto intento de magnicidio contra Maduro. Tras la movilización del lunes 6 de agosto en el centro de Caracas, convocada desde el alto gobierno para respaldar al mandatario, enfatizó que  “no condenan que ahí pudieron haber muerto, además del hermano presidente, los presidentes de los poderes, el alto mando militar, casi todo el mando político, compañeros que estaban invitados al acto y parte del cuerpo diplomático”. En la tarima a la que se refería Cabello no se encontraba el también presidente de la anc el sábado 14 de agosto. 

Hasta el momento, se confirma que dos drones modelo DJI M600 estallaron durante la ceremonia militar del sábado 14 en las inmediaciones de la avenida Bolívar de Caracas, tal como denunció el ministro de Defensa, Néstor Reverol. Sin embargo, es un conteo que no coincide con la versión del titular de Comunicaciones e Información, Jorge Rodríguez, quien afirmó que ese día se registraron tres explosiones durante el supuesto intento de acabar con la vida del presidente.

Sin presentar evidencias, el propio Maduro ha señalado a “la ultraderecha” y al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos de estar detrás del intento de asesinarlo. Mientras que Reverol, quien tildó el ataque como “un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración”,  anunció que ya se habían detenido a seis presuntos “terroristas” después del registro de varios hoteles de la capital. Arreaza vinculó el ataque a restos de la célula rebelde que dirigía el fallecido piloto Óscar Pérez, asesinado en enero de 2018 por tropas gubernamentales en El Junquito.

 

VIDEO | Así explotó el dron durante el acto militar en la avenida Bolívar

EL SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2018, aproximadamente a las 5:45 de la tarde, explotó un dron que sobrevolaba frente a la tarima presidencial durante el acto militar del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas. Autoridades afirman que fue un atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro.