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Diputados introducen acción penal en Fiscalía contra magistrados del TSJ

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Un grupo de parlamentarios opositores en nombre de la Asamblea Nacional introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que conforman la Sala Constitucional, tras la decisión de esta instancia de disolver el parlamento nacional.

El diputado Juan Miguel Matheus, en representación del Legislativo, acudió junto a otros legisladores a la sede del Ministerio Público (MP) para consignar dos documentos, uno de ellos para denunciar a estos funcionarios por presunta prevaricación o haber dictado a sabiendas una resolución “injusta”.

“También hemos solicitado ante el Poder Ciudadano la calificación de falta grave en el ejercicio de la función judicial de esos siete magistrados de la Sala Constitucional para luego poder removerlos en la AN“, dijo a periodistas Matheus, que es miembro de la comisión de Política Interior del Parlamento.

Tras entregar la denuncia el grupo de opositores  fue agredido por supuestos militantes del chavismo con piedras y bombas lacrimógenas.

Matheus, que milita en el partido del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, Primero Justicia (PJ), aseguró que las acciones de los “siete verdugos” de la Sala Constitucional “engendran responsabilidad penal”.

“Hay un golpe de Estado en este país que se está consumando”, sostuvo el opositor que tildó al presidente, Nicolás Maduro, de “dictador” de “naturaleza fascista”.

Países de Unasur condenan situación de Venezuela y consideran que tribunal atentó contra democracia

Unasur

La mayoría de los países de la alianza sudamericana Unasur condenó el viernes la situación institucional de Venezuela y consideró que el Tribunal Supremo atentó contra principios de la democracia al asumir funciones legislativas.

La crítica lleva la firma de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, pero no de Bolivia y Ecuador, también miembros de Unasur pero de mayor afinidad ideológica con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

«Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros», señalaron los países a través de un comunicado.

La mayoría de los miembros de Unasur consideró que los recientes sucesos en Venezuela «atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos».

El viernes, la oposición venezolana salió a las calles para protestar contra el fallo del tribunal, mientras crece la presión externa contra el Gobierno socialista de Nicolás Maduro.

 

A continuación el comunicado:

 

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecta a la Asamblea Nacional de ese país y los parlamentarios electos por el voto popular en diciembre de 2015.

Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho.

Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas.

Al reiterar nuestra disposición de cooperar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo lo que pueda contribuir a una solución pacífica y definitiva de sus conflictos sociales, humanitarios y económicos, hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para bien de todo el pueblo hermano de Venezuela.

Seguiremos pendientes de lo que sucede en Venezuela para adoptar otras decisiones político-institucionales colectivas que correspondan.

OEV: Decisiones del TSJ usurpan el poder de los ciudadanos y desconocen el Estado de Derecho 

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A través de un comunicado, el Observatorio Electoral Venezolano expresó que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no solo violan la Constitución Nacional, sino que profundiza la crisis política.

El OEV rechaza las sentencias 155 y 156 que desconocen el Estado de Derecho y violan el principio de separación de poderes.

 

A continuación el comunicado: 

El miércoles en la noche el TSJ informó que asumirá por completo las competencias parlamentarias debido al desacato del Parlamento Nacional y que las mismas podrán ser delegadas al Poder Ejecutivo si así lo estima conveniente.  El OEV considera que se trata de una clara violación de lo dispuesto en la Constitución que pone en riesgo la democracia y profundiza la grave crisis política que se vive en el país.

El OEV considera que nuevamente el TSJ deja de lado su imparcialidad al interpretar la Constitución Nacional de una manera que inequívocamente, favorece los intereses del Poder Ejecutivo.

El OEV considera que, con las últimas decisiones tomadas por la Sala Constitucional, el TSJ ahonda la crisis política en el país al violar el principio de la separación de poderes y como consecuencia desconoce el Estado de Derecho.

El OEV considera que las medidas anunciadas el día 29 de marzo por el TSJ atribuyéndole al Poder Ejecutivo competencias legislativas y judiciales, violan inequívocamente la Constitución Nacional, además de contradecir las pautas según las cuales se gobierna en democracia.

El OEV considera que al establecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decrete un estado de conmoción interno pudiera tener como propósito abrir una vía para la postergación indefinida de cualquier proceso electoral.

El OEV considera que el 29 de marzo el TSJ contravino los principios democráticos al abrir la puerta para que el Poder Ejecutivo legisle a discreción y sin control ni contrapeso alguno.

El OEV considera que las recientes decisiones tomadas por el TSJ en contra de la Asamblea Nacional usurpan el poder de los ciudadanos al desconocer las funciones de quienes son sus representantes, quienes fueron democráticamente electos en diciembre de 2015.

 

CIDH: Condenamos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional.

El 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos decisiones a través de las cuales levanta las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, establece que sus actos constituyen traición a la patria, otorga al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga. Además establecen otras afectaciones al funcionamiento de un Poder Legislativo independiente en Venezuela.

La Comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático. Anteriormente, en septiembre de 2016, la CIDH había condenado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante la cual dicho tribunal declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, a la cual declaró en desacato.

La Comisión Interamericana condena el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria-, como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, la Comisión observa que la primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia dota al Presidente de la República de poderes discrecionales, que través de un lenguaje amplio y ambiguo permite la adopción de medidas de toda índole. Esta situación tiene la potencialidad de generar limitaciones a los derechos humanos.

La CIDH ha establecido reiteradamente que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.

La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción  al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores.

La CIDH se pone a disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Diputados anuncian sesión extraordinaria de la AN para este sábado en Chacaito

MUD

 

Debía ser en uno de los salones del Hotel Pestana en Santa Eduvigis, pero la rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática debió llevarse a cabo en las puertas de Primero Justicia en los Palos Grandes.

Según expuso el diputado Richard Blanco el propio Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no les permitió ofrecer las declaraciones en el recinto y se vieron obligados a marcharse a la sede del partido.

El jefe del bloque parlamentario de la MUD en la Asamblea Nacional, Stalin González, flanqueado por los diputados Blanco, Juan Requesens, Miguel Pizarro, Alfonso Marquina, William Dávila, Juan Andrés Mejía, entre otros dirigentes de oposición procedió a leer un comunicado donde entre otras cosas anunció una sesión extraordinaria de la AN para este sábado a partir de las diez de la mañana en Chacaito.

«Este martes vamos a anunciar las acciones que vamos a llevar a cabo para reestablecer el orden constitucional, hoy más que nunca el país necesita la unidad de todos», dijo González. «Estamos trabajando para que vengan en próximos días representantes internacionales», agregó.

Por su parte, el parlamentario Requesens manifestó que el pueblo debe mantenerse en la calle. «Nosotros nunca hemos abandonado esa agenda, por supuesto que la vamos a intensificar».

Dijo que aunque algunos lo vean contradictorio no van a renunciar al proceso de validación de partidos políticos organizado por el Consejo Nacional Electoral.

«No podemos permitir como demócratas es que no lo veamos como un pívot de movilización social, en dictadura es una oportunidad de ser irreverente», aseveró. Alertó que van a denunciar las agresiones y las detenciones que se produjeron entre este jueves y viernes. «Los colectivos no van a doblegar nuestro sentir demócrata».

Pizarro manifestó que tanto ONGs, como gremios y estudiantes han hecho público su ímpetu por volver al cauce de la constitucionalidad. «Ahora hay que articularnos mejor, a quienes están en el Poder Moral les toca un papel, incluso la Fiscal General ha tenido que hablar, esta es la hora de la acción, la gran mayoría de este país tiene una decisión tomada».

MUD: TSJ se coloca en desacato tanto a la Constitución como ante el pueblo venezolano

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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado, tras una reunión con todos los partidos que lo conforman, en el que denuncian que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (AN) es «la derogación de la Constitución venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro» y lo califican como un golpe de Estado.

En el texto, el conglomerado de partidos le pide a la sociedad venezolana cerrar filas «en defensa de la República y de la Constitución venezolana» y le pide acompañar a la AN en sus próximos actos el sábado 1 de abril y el martes 2 de abril. Le hicieron un llamado a la Fuerza Armada a que decidan si están del lado del pueblo o del «lado de un grupo que la humilla y la usa».

A continuación el comunicado completo:

1. La Unidad Democrática denuncia ante el país y ante el mundo la derogación de la Constitución venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y la consumación de un golpe de Estado contra la República.

2. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conformada por 7 militantes del partido de gobierno, de dudosa reputación profesional y personal, y cuyos nombramientos fueron realizados de manera ilegal y espuria por la anterior Asamblea Nacional cuando, derrotada por el pueblo, violó de manera descarada los procedimientos y requisitos establecidos en la Constitución para nombrarlos de manera arbitraria, emitió los días 28 y 29 de marzo dos sentencias (155 y 156) que le asignan de manera ilegal competencias jurídicas, económicas, administrativas y penales al Ejecutivo nacional, elimina la inmunidad parlamentaria, le permite al gobierno decretar artificial e inconstitucionalmente un estado de excepción, usurpa todos los poderes del Estado y anula de facto las funciones del Parlamento nacional.

3. Con estas ilegales “sentencias” elaboradas por 7 súbditos que ocupan de manera irregular la sala constitucional del TSJ, el gobierno pretende anular a la Asamblea Nacional, electa directamente por el pueblo, entre otras cosas para saltarse los controles legislativos sobre la firma de contratos con empresas extranjeras y de endeudamiento del país, en beneficio de los intereses particulares de un grupo pequeño de privilegiados y en detrimento de la nación. Maduro quiere vender al país a sus amigos y a transnacionales cómplices, y para ello necesita anular a la Asamblea Nacional.

4. Las “sentencias” del gobierno, al anular al Parlamento Nacional electo por el pueblo, altera de manera radical la estructura constitucional de la República y le quita de manera definitiva a los venezolanos la Constitución que votaron en 1999 y la forma republicana de convivencia ciudadana en ella establecida. De esta manera, el TSJ se coloca en desacato tanto a la Constitución como ante el pueblo venezolano.

5. En función de lo anterior, la Unidad Democrática venezolana hace un llamado urgente a todos los sectores del país a cerrar filas en defensa de la República y de la Constitución venezolana. Convocamos a todos los sectores a planificar y ejecutar acciones de protesta, organización, movilización y discusión, simultáneas, múltiples y diversas, cada sector según su especificidad social y de acción, a fin de conformar un inmenso e indetenible movimiento de presión ciudadana de resistencia ante el golpe de estado y los usurpadores del poder.

6. Este proceso de activación y movilización nacional no puede ser solo para expresar una rabia legitima, para desahogar una justificada indignación, y mucho menos para provocar situaciones de anarquía y caos que se devuelvan contra la propia gente, y terminen fortaleciendo la estrategia del gobierno. La Unidad convocara, en coordinación con actores de la sociedad civil organizada y con las mesas de unidad regionales, un conjunto de acciones progresivas, de alcance nacional, para procurar la mayor eficacia política del inmenso descontento popular.

7. Convocamos para mañana sábado 1 de abril a acompañar todos, de manera multitudinaria, la sesión especial de calle de la Asamblea Nacional que se realizara en la Plaza Brion de Chacaito, en Caracas, a las 10am.

8. Igualmente invitamos a este martes 4 de abril a estar todos pendientes de la Sesión en el Palacio Federal Legislativo para ratificar que la Asamblea Nacional representa la voluntad ciudadana legitima que se pretende desconocer, que sigue actuando dentro de sus competencias constitucionales y que la función legislativa se mantiene ahora con más razón y fuerza. Ese día la Asamblea Nacional adoptará un conjunto de acciones, en el marco de sus funciones y atribuciones constitucionales, en defensa de la República y del orden constitucional violentado.

9. Urgimos a la formación inmediata de un Gran Frente Democrático por el Rescate del Estado de Derecho, amplio y plural, que incluya a gremios, universidades, sindicatos, organizaciones populares y sectores sociales organizados, pero que además incluya a personalidades y partidos políticos disidentes o todavía simpatizantes del oficialismo, y a organizaciones políticas no pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática. Esta no es una lucha de un sector político contra otro. Es la batalla unitaria de todos los demócratas y de todos quienes queremos a este país, en defensa de una causa común, que es la República.

10. Pedimos a la comunidad internacional, y a sus representantes diplomáticos en nuestro país, que se pronuncien con firmeza y continúen solidarizándose con Venezuela. Las sentencias 155 y 156 del TSJ vienen a confirmar no sólo el contenido del Informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sobre la ruptura del orden constitucional en Venezuela, sino que hace más urgente y necesario la activación de los mecanismos de presión diplomática para lograr este año la realización de elecciones en nuestro país, como forma de resolver la pavorosa tragedia social que sufrimos los venezolanos y la peligrosa crisis política que amenaza la existencia misma de la República. Aprovechamos para agradecer las múltiples y contundentes manifestaciones de apoyo al pueblo venezolano por parte de los gobiernos y pueblos de todo el mundo, así como de los medios de comunicación internacional, ante el golpe de estado perpetrado por Maduro.

11.A los representantes del resto de los poderes públicos: el golpe de estado también es contra ustedes. Sin Constitución, no hay poderes públicos. Ya la Fiscal General de la Republica se manifestó ¨las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ representan una ruptura del hilo constitucional.

12. Le solicitamos a nuestros hermanos de uniforme, los soldados y miembros de la Fuerza Armada Nacional, a que, junto con el país, nos sumemos a restituir el orden constitucional. La Fuerza Armada Nacional no puede permanecer callada o indiferente ante la ruptura de la Constitución. Las familias de nuestros militares padecen el mismo drama del costo de la vida, la escasez, y la violencia, pero además sufren la vergüenza de ver a la Fuerza Armada Nacional caer cada vez mas bajo en los indicadores de confianza y afecto de los venezolanos.

13. A nuestros hermanos militares: decidan si quieren estar, a lado de un pueblo que desea una Fuerza Armada fuerte, sólida, constitucional, querida y respetada por todo el país, como les corresponde, o al lado de un grupo que la humilla y la usa, que no les importa ni el futuro ni la reputación de la familia militar con tal de proteger sus beneficios.  Les pedimos que asuman su responsabilidad de ser los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución. Se trata de escoger entre ser los dignos hijos de Bolívar o los custodios de Maduro. Únanse a la exigencia de todo el pueblo por rescatar el artículo 328 de la Constitución de la República.

14. A todos nuestros hermanos venezolanos les decimos: la Unidad Democrática está lista y dispuesta a enfrentar hasta el final esta agresión contra Venezuela y lo que seguramente vendrá en términos de mayor represión, arbitrariedad y violencia. La Unidad democrática se declara en sesión permanente. No le tememos al gobierno, ni lograrán desviar nuestra lucha.  Nos reservamos el derecho de adelantar acciones e iniciativas civiles y democráticas que no podemos revelar, como corresponde a quienes se enfrentan a una dictadura, pero no permitiremos que Venezuela se nos muera.

 

 

Juan Manuel Santos: Decisión arbitraria contra poder legislativo en Venezuela es inaceptable

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El presidente Juan Manuel Santos hizo este viernes un fuerte pronunciamiento sobre la crisis que se vive en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le quitara las facultades al Parlamento, asumiera sus funciones y retirara la inmunidad a los diputados.

El presidente Santos aseguró que el Gobierno seguirá actuando con “prudencia” frente a la crisis de Venezuela, lo cual “no se debe confundir con debilidad ni con complicidad”. Y en este sentido, les pidió a los organismos internacionales como la OEA y las mismas Naciones Unidas, avocar la situación y proponer salidas, pues para eso fueron creados.

“Nos preocupa y nos duele Venezuela. Es imperativo encontrar una salida pacífica a su crisis, no hay país que gane más o pierda más con lo que suceda en Venezuela que Colombia. Nos unen más de 2.200 kilómetros de frontera, una historia compartida y, sobre todo, una gran amistad y admiración por todos nuestros hermanos venezolanos. Estamos inexorablemente unidos y somos interdependientes, lo que allá suceda nos afecta, es una realidad”, manifestó el jefe de Estado durante la clausura del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena.

Tras agradecer el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro al proceso de paz con las Farc y recordar que siempre ha dejado en claro que a pesar de las diferencias las relaciones se han  manejado con respeto, Santos enfatizó que la decisión del Tribunal Supremo del vecino país de quitarle los poderes a la Asamblea Legislativa obliga a elevar una voz de protesta y de solidaridad en defensa de la democracia venezolana.

“Yo le dije una vez al presidente Chávez que nunca iba a estar acuerdo con la Revolución Bolivariana, así como él nunca iba a estar de acuerdo con mi visión de un liberalismo democrático. Entonces convinimos algo muy pragmático: dejar que historia diera su veredicto sobre cuál es mejor sistema y genera mayor bienestar a su pueblo. Y creo que la historia ya lo está dando. Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia: la representación popular”, agregó.

Santos advirtió que ante la compleja y difícil situación, la prioridad debe ser que cualquier transición que se haga sea pacífica y evite la violencia; que no se debe descartar el diálogo así, no haya dado resultados hasta ahora; y que comunidad internacional debe enviar señales claras y contundentes de que está lista a ayudar. Aseguró igualmente que la aplicación de la Carta Democrática de la OEA se debe considerar y, finalmente, le hizo un llamado a la oposición venezolana para que se coordine y se ponga de acuerdo sobre lo que pretende.

 

Ramos Allup: Declaraciones de la Fiscal son un paso adelante

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El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, calificó las declaraciones de la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, como un paso adelante en la búsqueda de restaurar el camino democrático en el país. “La declaraciones de la Doctora Ortega Díaz señalándo las sentencias como la ruptura del orden constitucional significa un paso adelante de una institución que no quiere prestarse a las violaciones de la constitución”.

“Exactamente a eso es lo que estamos apuntando, a que no se quebrante el orden constitucional, a que no se rompa, que se respete la separación de poderes, a que no se persiga a nadie por sus ideas, a que se permitan las elecciones”, agregó.

Ramos Allup dijo que no es posible que un gobierno que asegure ser democrático califique como propuestas subversivas la solicitud de elecciones por parte de la coalición opositora. “Nosotros no podemos predecir que es lo que va a pasar mañana o pasado, simplemente digo que con el respaldo de la comunidad internacional de nuestros pueblos tenemos que mantenernos firmes”.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este viernes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emanada en contra del parlamento viola el orden constitucional.