Aula Abierta

Durante el año 2021, Aula Abierta documentó 156 incidentes de inseguridad en 16 universidades autónomas del país

La organización no gubernamental (ONG) Aula Abierta reportó 371 robos en universidades desde que comenzó la pandemia en el país.

En un informe publicado en su página web, la ONG señaló que los incidentes se reportaron entre el 13 de marzo de 2020 y mediados de marzo del 2022.

De acuerdo con Aula Abierta, este elevado número de incidentes de seguridad genera preocupación, pues no solo afectan de manera estructural, sino también el funcionamiento de universidades en actividades como la docencia, investigación y extensión.

También, señalan que los robos en universidades perjudican el proceso educativo en el que participarán miles de estudiantes y profesores venezolanos.

Además, manifestaron preocupación por la postura del Estado, considerando que al no actuar, «violentan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria».

Tercera temporada: 24 episodios en 2022

Según la ONG, en lo que va del 2020, se han registrado 26 incidentes de inseguridad en 6 universidades del país.

Desde el 1 de enero al 15 de marzo, Aula Abierta contabilizó 17 delitos que atentan contra el desarrollo de la docencia, 2 contra la investigación, 3 contra los servicios estudiantiles y 2 contra las dependencias universitarias.

– ULA: 11

– UDO: 8

– UCLA: 2

– LUZ: 1

– UCV: 1

– UPEL: 1

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En total, se contabilizan 24 episodios en los que el hampa «se ha robado un pedazo de la universidad».

Por otra parte, la ONG detalló que los primeros robos de enero ocurrieron en la Universidad de Los Andes (ULA), como el robo del techo del invernadero y del cableado eléctrico de la Facultad de Ciencias; el robo de cableado eléctrico en el Núcleo El Vigía, y el desvalijamiento en el Núcleo Universitario Rafael Rangel.

#ALERTA

Domingo Alarcón, Vicerrector-Decano del @NuaaULA, denuncia que las instalaciones de la @ULA_Venezuela en El Vigía fueron nuevamente "atacadas por la delincuencia": el núcleo se quedó sin electricidad por robo de cables. #DerechosUniversitarios pic.twitter.com/dElcXQLpQ3

— Aula Abierta (@AulaAbiertaVE) January 11, 2022

Posteriormente, en la Universidad de Oriente y la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” comenzaron a evidenciar nuevos ingresos del hampa.

#ALERTA

.@ZairEscalona, Coordinadora de la @fedehuve por la región occidente, denuncia que este #13Ene el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA fue víctima del hampa. #DerechosUniversitarios https://t.co/DyEtbZcgPh

— Aula Abierta (@AulaAbiertaVE) January 14, 2022

Balance del 2021

Durante el año 2021, Aula Abierta documentó 156 robos e incidentes de inseguridad en 16 universidades autónomas del país.

Hasta el 31 de diciembre, desde el inicio de la pandemia, se contabilizaron 347 ingresos del hampa, de ellos, el 56,54% corresponde a afectaciones que impiden el desenvolvimiento correcto para impartir clases y desarrollar prácticas de investigación.

A juicio de la organización, estos incidentes «constituyen un patrón de afectación al proceso educativo y, por ende, a la educación de calidad».

La primera temporada: 2020

Durante el año 2020, el primero de la pandemia, la ONG documentó denuncias de inacción por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables de esos incidentes.

Hasta diciembre de 2020, se reportaron al menos 191 incidentes de inseguridad.

“Es una lástima porque en vez de avanzar, estamos retrocediendo, pero existe la capacidad y la voluntad todavía de esta comunidad de seguir adelante”, expresó Luis Palacios, dirigente estudiantil.

En la UPEL reportan 18 actos vandálicos en lo que va de año

Las autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Maracay, denunciaron la continuación de actos vandálicos, pese al retorno de jornadas académicas y administrativas.

En una publicación de El Periodiquito, el director decano de la UPEL, Eladio Gideón, indicó que siguen en las actividades pese a los problemas de infraestructura que hay en el recinto.

Además, dijo que desde que inició el 2022 se documentaron al menos 18 actos vandálicos en la casa de estudios.

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La libertad académica protege tanto la producción como la discusión y la diseminación del conocimiento científico

¿Qué pasa en una sociedad donde los académicos no pueden investigar, publicar, debatir los hallazgos de su trabajo científico o donde las universidades tengan una política de estado para intervenirlas, arrodillarlas o cerrarlas? ¿Por qué los regímenes autoritarios buscan callar a los universitarios críticos?.

Con estas interrogantes el coordinador de Aula Abierta, profesor David Gómez Gamboa, dio inicio al simposio sobre los principios de libertad académica y autonomía universitaria realizado a través de las redes sociales.

«Nos encontramos en tiempos en los cuales los académicos sufren restricciones, represalias o amenazas por la producción del conocimiento científico, crítico o por su participación en el debate plural«, dijo Gómez

Estos escenarios, continuó, impulsaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a sus dos relatorías a la creación y publicación de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, «hecho histórico sin precedentes que amplia el reconocimiento internacional de este derecho humano«.

Señaló, que estos principios son respaldados por instituciones académicas y sociales del continente y Aula Abierta ha sido parte importante en ese proceso al lado de órganos de derechos humanos y de universidades venezolanas como la UCV, la ULA, LUZ, UCAB y UCLA, entre otras.

Tuvo participación especial durante el simposio la profesora Soledad García, relatora en funciones de la CIDH para los derechos económicos, culturales y ambientales, quien indicó que Los principios adoptados en diciembre de 2021 por la CIDH junto a las consultorías especiales tienen una gran importancia para el mundo académico de toda la región.

Indicó la ponente que estos principios constituyen un paso adelante en la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez es un mundo que necesita estar abierto y captar las nuevas realidades y situaciones.

«Esos principios son una muestra de como el sistema interamericano es vanguardista y receptivo de las realidad regional y supo dar respuesta a lo que se venía viendo y esos 16 principios se pueden articular en una serie de ideas tales como la afirmación de que la libertad académica es un derecho humano independiente y a la vez individual y colectivo», argumentó la ponente.

Ello implica, continuó, que la libertad académica protege tanto la producción como la discusión y la diseminación del conocimiento científico y también la participación de los académicos en el debate crítico.

«La crítica universitaria es un tema que requiere una protección especial, sobre todo en los regímenes autoritarios que pueden atacar o poner en peligro el espacio cívico académico», señaló la experta.

Apuntó, que en América se detectan distintas situaciones que preocupan y lo estamos siguiendo con particular atención y preocupación, tal es el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba y México. La libertad académica tiene una característica de interdependencia con otros derechos humanos y de suponer una función habilitante y esta estrechamente vinculada con el derecho a la educación, la libertad de expresión y de pensamiento de los universitarios.

Por su parte el profesor Ricardo Villalobos, Coordinador de Investigación e incidencia internacional, explicó que el simposio trata sobre la situación de la autonomía universitaria en américa en el marco de la pandemia por el COVID-19.

«Hoy más que nunca queda en evidencia la importancia de la libertad académica para el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Entre el 14 de marzo y el 28 de septiembre de 2020 se documentaron al menos 5 represalias en contra de académicos con relación a la expresión de sus expresiones expertas sobre el manejo del COVID-19 en Venezuela y Nicaragua por sus respectivos gobiernos.

En estas represalias han sido implicados despidos arbitrarios y amenazas públicas de juicios y acciones penales e incluso, persecuciones con cuerpos de seguridad del estado, apuntó.

Establecieron patrones similares en Cuba, México y Nicaragua

Desde el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta han documentado 4 patrones de violación al derecho de la libertad académica, autonomía universitaria, educación de calidad y derechos conexos de casas de estudio en Venezuela, Cuba, México y Nicaragua.

David Gómez, miembro de la ONG Aula Abierta, explicó que en estos 4 países se han visto patrones similares que atentan contra la autonomía, los cuales son el adoctrinamiento en el marco de la educación superior, la realización de un marco legislativo vulneratorio contra la autonomía, represalias contra obras por tener opiniones de expertos y el tener a los universitarios como blancos específicos.

«En Cuba, por ejemplo, la viceministra del Ministerio de Educación Superior declaró que toda persona que ocupe el cargo de profesor universitario debe fungir como activista de la política revolucionaria, en el caso de Venezuela el Plan de la Patria 2019-2025 prevé la docencia para la construcción del socialismo», dijo.

La rectora de la UCV y presidenta de Averu, Cecilia García Arocha, explicó que desde 2012 en Venezuela el TSJ ha interferido en los procesos electorales de las universidades mediante sentencias que obstaculizan el ejercicio del autogobierno, pues entre el 2012 y el 2015 la Sala Electoral dictó 43 sentencias afectando los procesos electorales, asimismo ocurrió en el 2017.

«El saldo después de 22 años de socialismo es un sistema educativo condenado, sin presupuesto…el factor que más ha afectado de manera negativa es la reforma de Locti de 2010, donde se centralizaron los recursos, se sacaron a los académicos y se incluyeron a las comunas», aseguró.

Denuncian que Asociación Venezolana de Rectores Universitarios ha sido víctima de persecuciones, acosos, hostigamiento, calumnias y amenazas políticas 

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha; y la Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Keta Stephany, alertaron nuevamente sobre la crítica situación que atraviesan las universidades venezolanas.

Así lo dijeron durante una rueda de prensa de la ONG Aula Abierta.

García Arocha aseguró que en el tiempo que está el chavismo en el poder, el sistema educativo ha sido condenado durante estos 22 años con “presupuestos no otorgados y salarios míseros”.

“En Venezuela se ha luchado mucho por tener universidades autónomas, y la idea de dar autonomía a la universidad es una constante desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX manifestándose como luchas sociales que prosiguieron en diversos proyectos por toda la región y que hoy están condenados a bajos salarios, y aumento de la fuga de profesores, investigadores”, expresó.

García Arocha comentó que en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), han sido víctima de persecuciones, acosos, hostigamiento, calumnias y amenazas políticas que han puesto en riesgo la libertad del personal. “En algunos casos se han materializado en allanamientos y medidas cautelares que han prohibido la movilidad nacional y usurpación del cargo de un rector por encima del derecho constitucional de su comunidad a elegirlo democráticamente”.

La rectora resaltó que solamente entre los años 2012 y 2015 la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dictó unas 43 sentencias que han afectado los procesos electorales en las principales universidades del país tanto para las autoridades académicas como la representación estudiantil.

Condiciones presupuestarias asfixiantes

García Arocha señaló que las condiciones presupuestarias actuales condenaron a las plantas físicas y  no alcanza ni siquiera para cubrir la mitad del mantenimiento de las áreas verdes y, además, la UCV ha sufrido intervenciones por parte del Estado para hacer remodelaciones (con personal externo) porque “los presupuestos de las obras las tiene el Gobierno y a eso se le suma la preocupante designación de ‘protectores’, una figura creada por el Gobierno de forma paralela e ilegal sin que la persona sea miembro de la comunidad universitaria que, pretende asumir las funciones de las autoridades, direcciones y cuerpos colegiados para presuntamente resolver los problemas en las universidades que han sido por la falta de presupuesto”, detalló.

Además, la rectora alertó que en su tiempo al frente de la UCV recibió amenazas por parte del fallecido Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, así como también de los diferentes ministros que han pasado por la cartera de educación superior. “Fuimos víctima de un atentado que casi quema la oficina rectoral y más de cien ataques han sufrido las universidades venezolanas. Todos denunciados ante la Fiscalía”, puntualizó.

En ese sentido, García Arocha pidió que las organizaciones internacionales como la OEA, Unesco, la Alta Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, la sociedad civil y los partidos políticos a que se suman a elevar la voz para defender la autonomía universitaria, así como también los derechos humanos y civiles.

“Las universidades venezolanas se recuperarán, de eso estamos seguros, porque cuenta con la fuerza moral y el talento humano necesario. En Venezuela los gobiernos autoritarios están presentes, pero no para quedarse como la UCV que cumplió 300 años dando lo mejor de sí para el país”, expresó durante su intervención.

Tensiones con el Estado

Por su parte, la Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Keta Stephany, comentó que desde el año 2004 hay una tensa situación entre los profesores universitarios y el Estado, incluyendo dos paralizaciones de las actividades académicas  en la última década, medida a la que no habían recurrido desde 1997.

Stephany señaló que esas tensiones se deben al desconocimiento del Estado venezolano hacia las organizaciones gremiales agrupadas en Fapuv, así como también la imposición de condiciones laborales que, hasta la fecha, han llevado a la “precarización del trabajo” y, a su juicio, el único propósito de esto es que desaparezcan el salario y la seguridad social de los docentes universitarios.

Stephany alertó que los bajos salarios del personal universitario está llevando la situación a un borde de cierre técnico de las casas de estudios superiores y también a la “destrucción de la carrera académica porque las bajas remuneraciones conducen a la pobreza extrema a los profesores universitarios”.

La vocera gremial reafirmó lo dicho por docentes universitarios desde hace días: un profesor titular –máximo escalafón- gana mensualmente lo equivalente a $11, mientras que un instructor universitario, apenas cobra entre $6 y $7 al mes que imposibilita el acceso a la canasta alimentaria de la semana y del día. “Lo que pagan no cubre la canasta de un día para un grupo familiar”.

“El Estado venezolano se retiró de su obligación de financiar y garantizar la educación universitaria. Si no se fortalecen los ingresos familiares en el sector, la crisis actual se convertirá en una catástrofe humanitaria. Esta situación hay que revertirla”, sentenció.

Karla Velazco Silva, subdirectora de Aula Abierta y profesora de la Universidad del Zulia, manifestó preocupación debido a que el 31 de enero está prevista la primera reunión de la comisión que elaborará el proyecto

La Asamblea Nacional (AN) anunció hace unas semanas la creación de una comisión para elaborar una nueva Ley de Educación Universitaria en Venezuela, lo que ha generado preocupación en algunos sectores de la educación superior en el país.

A través de una nota de prensa, se conoció que la comisión está integrada por rectores, diputados, representantes profesorales y estudiantiles. “Su instalación marca el inicio de un proceso que llevará a la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional (AN) que reemplace a la actual originariamente aprobada en 1958 y reformada en 1970”, se lee en el comunicado que reseñó el portal El Pitazo.

Ya desde el 2021, el gobierno había acordado oficialmente, reformar la Ley de Universidades de Venezuela. El 29 de enero en una reunión entre la comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional de la AN y algunos rectores de las universidades públicas y privadas del país, se acordó “redactar una nueva Ley de Universidades que incluya a las instituciones de educación superior en el sistema productivo y se trabaje con miras a la superación del modelo rentista petrolero del país”.

“Queremos construir una Ley de Universidades que mire hacia el futuro, que se pueda ir adaptando a los nuevos tiempos, que las universidades se inserten en el sistema productivo nacional y en la construcción de una economía, un sistema de producción nacional que se aleje del rentismo petrolero”, dijo Jorge Rodríguez en esa reunión.

Primera reunión el lunes 31

En relación con la comisión, Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó en una entrevista en la emisora Adulto Joven 88.1 FM, que el próximo 31 de enero se llevará a cabo la primera sesión de la Comisión Mixta sobre esta ley, que fue elaborada por el oficialismo, y que en ese encuentro van a participar representantes de las universidades autónomas.

El secretario de la UCV indicó que la comisión se reunirá cada 15 días y explicó que ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, informó que la instalación de la comisión tendría un carácter paritario entre las casas de estudios que forman parte de la Asociación Venezolana de Rectores (Averu) y las universidades experimentales.

La autonomía universitaria en peligro

En cuanto a los cambios que podrían darse en el marco de la nueva ley, Karla Velazco Silva, abogada y subdirectora de proyectos de la ONG Aula Abierta, comentó a Crónica.Uno que está en peligro la autonomía universitaria, que “es un principio constitucional y está previsto en el artículo 109 de la Carta Magna, por lo tanto, dichas instituciones académicas son entes constitucionales y que cualquier norma que pretenda regularlas debe respetar dicho apartado de la Constitución.

En cuanto a la conformación de la comisión, dijo que desconoce si se incluyó o no a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y/o a los representantes de las federaciones de centros universitarios de las universidades autónomas ni a otros actores del sistema de educación superior. “Ellos son indispensables para discutir cualquier propuesta de ley en la materia”, indicó.

La subdirectora de Aula Abierta alertó acerca de que “una nueva Ley de Universidades pueda afianzar la política de Estado en contra de la autonomía universitaria y la libertad académica y otros derechos universitarios”.

La ONG se pronunció el 24 de enero e hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional sobre los “intentos de la Asamblea Nacional para reformar el marco legal de la educación superior en Venezuela”.

Aunque oficialmente no se ha dado conocer el proyecto, Velazco indicó que parte de las denuncias que ha hecho la organización derivan desde la imposición de cupos a nuevos ingresos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), las suspensiones de los procesos electorales universitarios por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el déficit presupuestario para las casas de estudio y la creación del Sistema de Evaluación Supervisión Acompañamiento (SESA).

La subdirectora de Aula Abierta y profesora de la Universidad del Zulia (LUZ) reiteró su preocupación ante la propuesta de la nueva Ley de Universidades porque “trastoca la autonomía universitaria, tanto académica, administrativa, organizativa y financiera prevista en la Constitución”.

Agregó que esos supuestos cambios eliminarían la capacidad legal de las universidades para funcionar como instituciones de educación superior y daría marco legal a situaciones vividas recientemente, como por ejemplo la designación de los vicerrectores de la Universidad Simón Bolívar (USB) por parte del Consejo Nacional de Universidades el pasado 16 de septiembre de 2021.

Un profesor universitario tendría que vivir más de 1.400 años para que el seguro social le reembolse en pagos de pensiones

La ONG Aula Abierta asegura que el Estado venezolano desconoce e incumple con los compromisos en materia de previsión social hacia las universidades y las asociaciones de profesores. Esto, relacionado con el caso del profesor Pedro Salinas, quien fue hallado con signos de desnutrición junto al cadáver de su esposa el pasado 23 de enero.

A juicio de la organización, ese incumplimiento de obligaciones por parte de los responsables, resultan en casos como el de Salinas y agrega que un profesor universitario tendría que vivir más de 1.400 años para que el seguro social le reembolse en pagos de pensiones todo lo que haya ahorrado durante su ejercicio profesional.

En ese sentido, Aula Abierta recuerda que ha denunciado y documentado “cómo la política del Estado venezolano de violaciones a la libertad de asociación”, terminan en violaciones de derechos laborales y otros derechos humanos de los universitarios y por eso le exige que se garanticen estos derechos y la seguridad social, los cuales están establecidos en la Constitución Nacional.

Además, la organización recordó que en varias ocasiones le han exigido a la administración de Maduro que cese de manera inmediata “el desconocimiento de los acuerdos gremiales y la imposición salarial al sector universitario” y que entregue los recursos correspondientes a la educación universitaria.

A esta situación se le sumó el caso del profesor Carlos De Armas, docente jubilado de la Universidad Católica Andrés Bello, quien escribió en Facebook que ya no aguantaba más, que tiraría la toalla hasta esperar el fin porque no podía más «con tanta soledad y tanta adversidad. Todo es tan difícil», mensaje que disparó las alarmas en las redes sociales y varios voluntarios se activaron a buscar insumos para el docente que requiere medicinas y alimentos.

La ONG asegura documentar que existe una política de Estado «dirigida a acabar con la libertad académica, a través de la implementación de represalias contra universitarios, por expresar sus ideas críticas en torno a temas que resultan incómodos para el Gobierno»

Durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) realizado a Venezuela por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno venezolano afirmó que el modelo educativo que se aplica en el país “asume como eje transversal el respeto a los derechos humanos, la igualdad y no discriminación y la promoción de la participación activa de la sociedad”, lo cual puede evidenciarse que es “completamente falso” a través de las denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Aula Abierta ha documentado que existe una política de Estado dirigida a acabar con la libertad académica, a través de la implementación de represalias contra universitarios, por expresar sus ideas críticas en torno a temas que resultan incómodos para el Gobierno.

En el 2017, al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente por publicar ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales o participar en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. Como muestra, Santiago Guevara, profesor de Economía de la Universidad de Carabobo (UC), estuvo más de 9 meses recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de publicar un artículo sobre políticas públicas financieras en Venezuela, lo cual Aula Abierta documentó en su “Informe Preliminar: Ataques y represalias contra profesores y estudiantes universitarios en Venezuela (febrero-octubre2017)”.

Asimismo, el 25 de enero de 2019, en un contexto de persecución e imposición de autoridades en las universidades experimentales del país, Franklin Camargo, estudiante de medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), fue expulsado arbitrariamente, luego de manifestar su postura contraria al gobierno, durante una clase donde su profesor promovía actividades de adoctrinamiento ideológico, como fue documentado en el “Informe preliminar: Violaciones a la Libertad Académica, autonomía universitaria y otros derechos de los universitarios en Venezuela”, de Aula Abierta.

Otro ejemplo de que en el país el modelo educativo no promueve la participación activa de la sociedad en el debate crítico, como afirmó el Estado venezolano en el EPU, es que en el marco de la pandemia Covid-19 profesionales de la salud que se han pronunciado sobre la incidencia del virus, fueron víctimas de amenazas y represalias por parte de autoridades gubernamentales, como ocurrió con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) tras la publicación de un informe científico sobre los datos oficiales de la enfermedad.

Control y miseria

El Estado venezolano también destacó durante el EPU que en 2017 se creó el sistema del Carnet de la Patria “como un mecanismo que permite incrementar la eficiencia y cobertura de las políticas de protección social a la población, con énfasis en los sectores más vulnerables”, agregando que “más de 21 millones de personas se encuentran registradas en el sistema” y “en promedio, 14 millones de personas reciben mensualmente asignaciones dinerarias a través del sistema”. Pero lejos de reducir la pobreza, este instrumento representa control político y miseria.

Desde su creación, el Carnet de la Patria es un mecanismo vinculado con el partido de gobierno y su implementación ha estado aunada a una serie de presuntos beneficios económicos y alimenticios. En junio de 2020, el ministro para la educación universitaria, César Trómpiz, indicó que la beca universitaria sería abonada mediante el sistema Patria, la cual puede ser retirada con el Carnet de la Patria, por un monto irrisorio que equivalía a un estimado de 1 dólar mensual.

Aunado a ello, estudiantes universitarios denunciaron que dicho carnet se utiliza para promover prácticas discriminatorias, pues quienes no lo posean, no pueden cobrar la beca, en un intento de obligar a las personas a registrarse en este sistema, en contra de sus ideologías y creencias.

Persecución

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela dijo que reconocía y protegía “el trabajo desarrollado por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, así como el de los defensores de derechos humanos”. Sin embargo, entre el 2018 y 2019, al menos 15 universitarios fueron víctimas de represalias por parte del Estado venezolano, debido a su labor de defensores de derechos humanos de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general.

Un caso reciente ocurrió el 03 de julio de 2021, cuando Javier Tarazona, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), activista de derechos humanos y director de Fundaredes, fue detenido arbitrariamente con ocasión a sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la educación, así como sobre posibles incursiones de grupos armados en Venezuela.

Tarazona ya cumplió más de 200 días detenidos arbitrariamente, mientras miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad civil han exigido su liberación constantemente, con acciones como manifestaciones callejeras o protestas creativas.

Urgente respeto a las universidades

Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que revisaron documentos enviados por diversos organizaciones de la sociedad civil, denunciaron violaciones a la libertad académica, al tiempo que dieron algunas recomendaciones.

Eslovenia resaltó la importancia de proteger la autonomía de las universidades en Venezuela y recomendó el respeto a la libertad académica. En esa misma línea, Uruguay pidió que se tomaran medidas urgentes para garantizar el respeto a la libertad de expresión, cesar la intervención de las universidades y modificar el sistema paralelo universitario.

Por su parte, Francia expresó su preocupación por la falta de espacios democráticos en Venezuela y exigió la liberación de todos los presos políticos. Estados Unidos hizo lo propio: “Expresamos gran preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela realizadas por el régimen de Maduro”, dijo la delegación estadounidense sobre casos como el del profesor universitario Javier Tarazona.

Aplicarse las recomendaciones

Desde Aula Abierta agradecemos a los Estados que priorizaron a la libertad académica, el derecho a la educación de calidad y la liberación de presos políticos en sus recomendaciones, durante este tercer Examen Periódico Universal que se le realizó a Venezuela.

En ese sentido, exhortamos al Estado a aplicar las recomendaciones de manera inmediata por el bien de la nación, pues no hay futuro ni progreso posible sin universidades, por lo cual estas deben desenvolverse en un ambiente libre de restricciones para la producción de conocimiento científico y la participación en el debate crítico, como lo destacan los Principios Interamericanos sobre libertad Académica y Autonomía Universitaria, presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La organización cuestiona que la inversión militar en el país aumente sin haber conflictos bélicos ni rendición de cuentas, mientras las universidades públicas se mantienen en un estado de asfixia presupuestaria

La organización Aula Abierta, monitora de los derechos universitarios en el país, publicó la segunda entrega de su especial MilitaresVsAcademia, donde analiza la basta inversión militar del Estado venezolano en comparación con el paupérrimo presupuesto de las universidades públicas.

En su publicación, explican que, aunque no es algo nuevo que una nación priorice el sector militar por encima de otras áreas vitales, como la educación superior, “no se entiende que las universidades públicas venezolanas se mantengan en un estado de asfixia presupuestaria, mientras la inversión militar crezca sin haber conflictos bélicos ni rendición de cuentas”.

Reconocen que la inversión militar es necesaria, porque alcanza aspectos de jurisdicción de espacios fronterizos, marítimos y aéreos que requiere grandes recursos, sin embargo, consideran que no hay transparencia de recursos en el país.

“Las inversiones militares son necesarias para Venezuela, lo que cuestionamos es la opacidad y la ausencia de una política de defensa nacional”, afirmó Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, en entrevista con Aula Abierta.

El Observatorio de Derechos Universitarios de Aula Abierta explica que es difícil hallar información referente a la distribución general del presupuesto nacional desde el año 2008, porque los portales oficiales del Estado muestran la información parcialmente o los links de acceso no se encuentran en funcionamiento.

Sin embargo, documentaron que en el año 2018 el Ministerio de Defensa estuvo entre los primeros cinco organismos que más recibieron recursos extrapresupuestarios. De acuerdo con los cálculos, entre enero y junio de 2018 al sector militar le fueron aprobados 11 créditos que ascendieron a Bs. 36.131.051.079.471,30. Este presupuesto incluso superó al de la nación que era de Bs. 36.102.059.000.000. Ese mismo año, al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología se le destinaron Bs. 26.670.124.603.782.

“De manera injustificada se reduce el presupuesto de la educación para aumentar el presupuesto de armamento militar a pesar de que el Estado venezolano se encuentra en tiempos de paz, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario”, denuncia la ONG.

Hablan los académicos 

En el especial de Aula Abierta también participan académicos como Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), quien fue enfática al expresar que un gobierno que prioriza el sector militar por encima del sector educativo es un Estado “totalmente fallido” y “fuera de foco”.

“Para que un país pueda desarrollarse, que es lo que buscamos nosotros como sociedad, tenemos que darle prioridad a la parte educativa sobre el sector militar. Primero, porque nosotros no somos un país en guerra. Segundo, porque la diplomacia y las políticas internacionales han cambiado lo suficiente para poder destinar tantos recursos en el tema militar. Tercero, porque el sector militar no va a desarrollar una sociedad”, expresó.

Bajo su argumento, el excesivo presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas tiene una consecuencia a futuro: “un país que va a quedar totalmente huérfano en cuanto al desarrollo de la educación y la cultura. Un país donde hay una distorsión de la concepción del hombre. Vamos a tener un país peor del que tenemos ahora”.

“La visión del Estado es minimizar la educación” 

Para el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Apusb), William Anseume, la razón de que el Gobierno nacional ponga en primer lugar al sector militar se debe a su visión, la cual es “minimizar la educación” y mantener a los órganos de seguridad que los ayuden para estar en el poder y someter a la población.

“Chávez y Maduro han priorizado lo militar por encima de lo civil en términos generales, con la intencionalidad de buscar un sometimiento por la vía violenta; entonces es lógico que se minimice a la educación en general no solo presupuestariamente”, declaró a Aula Abierta.

Violación a los principios sobre libertad académica 

Para Aula Abierta, los Estados tienen en conocimiento que una sociedad no está capacitada si no pasa por un salón de clases y que la democracia no es posible si no existen garantías a los derechos humanos.

Por ello denuncian que el Estado venezolano, dejando en último plano a las universidades, violenta la Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su principio número 1 y 2, por no proteger el derecho a la libertad académica como una necesidad y por no asignar un presupuesto acorde para el funcionamiento de las instituciones. (Con información de Aula Abierta)