Asociación de Alcaldes por Venezuela

La Asociación de Alcaldes por Venezuela mostró su respaldo al alcalde municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería), estado Anzoátegui, Gustavo Marcano, tras la audiencia que se efectuó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su contra este martes, en la que fue sentenciado a 15 meses de prisión y recibió una inhabilitación política por incurrir en desacato.

Calificaron de arbitraria la medida y aseguraron que los gobiernos municipales han sido objeto de procedimientos «inconstitucionales para terminar de manera anticipada con los mandatos dados por el pueblo.»

Aseguran que estos procedimientos, entre otras irregularidades, constituyen la violación a la autonomía e independencia del Poder Publico Municipal.

Reafirmaron que no impedirán «el derecho a protestar de nuestro pueblo y respaldamos todas las acciones de protesta pacífica hasta tanto se restituya el orden constitucional».

«Respaldamos a nuestros colegas Gustavo Marcano, Ramón Muchacho y Alfredo Ramos que son en este momento objeto de una percusión judicial inconstitucional que rechazamos», expresó la asociación a través de un comunicado.

Comunicado de la Asociación de Alcaldes por Venezuela:

Nosotros, miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, todos electos y en ejercicio de nuestros cargos por mandato de los ciudadanos habitantes de ochenta municipios del país, rechazamos la arbitraria medida de destitución y orden de encarcelamiento dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de nuestro colega GUSTAVO MARCANO, legítimo alcalde del Municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería) del Estado Anzoátegui.

Desde el año 2014 los gobiernos municipales democráticos hemos venido siendo objeto de procedimientos inconstitucionales para terminar de manera anticipada con los mandatos dados por el pueblo. La Sala Constitucional deformó la figura del Desacato convirtiéndose en juez y parte para en audiencias orales realizar imputaciones, alegatos, pruebas y sentencia en un sólo acto y sin derecho a que esas sentencias puedan ser apeladas o revisadas por ninguna otra instancia.

Este tipo de procedimientos no contemplados en nuestro ordenamiento jurídico vigente, constituyen la violación de las garantías al debido proceso, derecho al juez natural, derecho a la defensa y derecho a la doble instancia judicial,  además de producir destituciones de alcaldes por vías y causas distintas a las taxativamente determinadas en las leyes venezolanas, violentando la voluntad del soberano pueblo de Venezuela que elige en cada municipio a su autoridad local. También constituye la violación a la autonomía e independencia del Poder Publico Municipal constitucionalmente consagradas y protegidas.

Igualmente rechazamos que los alcaldes de Chacao Ramón Muchacho (Miranda) y de Iribarren Alfredo Ramos (Lara), hayan sido citados a comparecer para celebrar el mismo tipo de audiencias en las cuales en un sólo acto procesal se alega, prueba y sentencia a alcaldes, con el evidente precedente de terminar ordenando la destitución de los alcaldes y su encarcelamiento.

La persecución, destitución y encarcelamiento de alcaldes con pensamiento distinto al gobierno nacional se ha convertido en práctica constante por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Nuestros colegas alcaldes Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Delson Guarate, Warner Jimenez y Lumay Barreto (Alcaldes Metropolitano de Caracas, San Cristobal, San Diego, Mario Briceño Iragorri, Maturín y Guasdalito), han sido apartados inconstitucional e ilegalmente de sus cargos a la que ahora se suma la destitución de Gustavo Marcano y la citación a audiencias de Ramón Muchacho y Alfredo Ramos.

La pretensión del Tribunal Supremo de Justicia de colocar a los alcaldes en la posición de impedir el Derecho a la Protesta es inconstitucional y pretender que no se le permita a los ciudadanos manifestar su descontento excede las competencias legales y constitucionales de los alcaldes. Ningún poder tiene la competencia de impedirle a los ciudadanos el ejercicio pacífico de su derecho a protestar.

Razones para protestar en nuestra Venezuela sobran, y todas han sido generadas por la incompetencia y los abusos de poder del gobierno nacional y los poderes públicos nacionales que se han plegado a la voluntad del gobierno y no del pueblo soberano al que deberían servir. Hambre, costo de la vida imposible de sufragar por la mayoría de la población, colapso del sistema de salud, empobrecimiento continuado y acelerado de nuestra patria, aunado a la violación masiva del orden constitucional que tiene su cúspide en el fraudulento proceso constituyente que avanza sin que el pueblo venezolano lo haya previamente autorizado, constituyen el desmantelamiento del estado republicano de derecho y justicia consagrados en la Constitución Nacional.

Nosotros los alcaldes democráticos declaramos que no impediremos el derecho a protestar de nuestro pueblo y respaldamos todas las acciones de protesta pacífica hasta tanto se restituya el orden constitucional brutal y constantemente violado.

Así mismo respaldamos a nuestros colegas Gustavo Marcano, Ramón Muchacho y Alfredo Ramos que son en este momento objeto de una percusión judicial inconstitucional que rechazamos.

Existen también procedimientos similares abiertos en contra de muchos otros alcaldes con el objeto de intimidarnos y convocarnos en cualquier momento a esas audiencias mediante las cuales se ejecuta la muerte por pedazos del Poder Público Municipal y de la soberanía del voto de los ciudadanos. Sepan que no nos intimidan y que seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela a quienes nos debemos y por quienes trabajamos.

A los veintiséis (26) días del mes de Julio de 2017.

Los burgomaestres indicaron que no reprimirán a los vecinos en la calle y aseguraron no tener miedo de ir presos. Expusieron que de ser encarcelados, todavía quedarían 30 millones de venezolanos pidiendo democracia.

@LuisiSolano

LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES POR VENEZUELA se pronunciaron desde la Plaza Bolívar de Chacao ante un conjunto de sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el miércoles 24 en el que le exigen a ocho burgomaestres, entre otras cosas, evitar a toda costa el cierre de vías públicas o podrían resultar detenidos.

El primero en declarar fue Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, quien aseguró que mientras ellos sean responsables de sus respectivos municipios van a proteger y defender el derecho a la protesta pacífica y a la manifestación política. Afirmó que los ocho alcaldes van a tutelar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de todos los vecinos. Recordó que la situación por la que pasan estas zonas no son exclusivas de la oposición, sino también donde gobiernan oficialistas. «Venezuela está en pie de lucha porque quiere un cambio político y porque quiere elegir su futuro», indicó.

Explicó que en la sentencia el TSJ les exige que las policías municipales participen en actividades fuera de sus competencias, como por ejemplo, en materia de orden público, y recordó que en su caso, la policía sigue intervenida por el Ministerio de Interior y Justicia. Aseguró que no saben si su defensa va ser en grupo o individual, pues, más allá de eso, están enfocados en defender a los vecinos de los distintos municipios.

Después fue el turno Josy Fernández, alcalde de Los Salias, quien aseguró estar orgulloso de sus vecinos e indicó que «la gente de San Antonio sigue haciendo el llamado a las marchas pacíficas, como la piden todos los alcaldes.» Sobre las más recientes protestas, indicó que el 80% de los detenidos no son de la zona y que cuando se presentaron saqueos, no habían efectivos de seguridad. “No tenemos miedo de retomar la democracia, así que el llamado a Venezuela es a que sigamos en las calles”

«Vamos a seguir luchando, vamos a seguir en la manifestaciones pacíficas», indicó durante su intervención Luis Rodríguez, alcalde de Carrizal. Rodríguez aseguró que la lucha también es por los oficialistas descontentos y por los que quieren elecciones, «queremos un nuevo CNE”. Apostó por la unión de los opositores.

En el caso del alcalde de Mérida, Carlos García, vino a Caracas para ratificar que seguirán en pie de lucha y que no hay sentencia que evite que los venezolanos sigan en las calles. “Si el régimen y la dictadura pretenden que van a intimidar a los alcaldes están equivocados”. Indicó que los mandatarios locales no van a reprimir ni atacar al pueblo que esta en las calles «en su legítimo derecho de protestar.»

Uno de los últimos en pronunciarse fue David Smolansky, alcalde de El Hatillo, quien denunció que desde el 2014 hay una política de Estado de querer acabar con las alcaldías, a través de la amenaza y la persecución. Indicó que será el pueblo de Venezuela quien los sancione. “Si ustedes piensan, magistrados corruptos de la Sala Constitucional, que van a intimidar a estos alcaldes, se equivocan, seguiremos en las calles”

La rueda de prensa la cerró Gerardo Blyde, alcalde de Baruta. Este explicó que los abogados ya están analizando la defensa correcta, sin embargo, indicó que en realidad no vale la pena este punto, pues no se trata de un juicio, sino de una orden política. Alegó que la lucha ética de todos los ciudadanos en las calles es la prueba viviente de sus «almas extraordinariamente libres». “Sus almas, ciudadanos Magistrados, están llenas de miedo”. Indicó que no temía ir preso porque los ciudadanos van a seguir protestando libre y pacíficamente.

En el evento, a manera de apoyo, también se encontraban los alcaldes Carlos Ocaríz, Helen Fernández, los diputados Freddy Guevara, Stalin González, Adriana D’Elía, Rafael Guzmán, y la Asociación Venezolana de Concejales.

Los mandatarios reunidos en la Asociación de Alcaldes por Venezuela se pronunciaron por la ruptura del orden constitucional que se produjo tras las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde asume las facultades de la Asamblea Nacional.

Los alcaldes explican que la figura del «desacato» de la que se valieron para realizar esta acción no es nueva y ha sido aplicada para destituir e incluso encarcelar a mandatarios municipales. Afirman que con los «escuetos enunciados publicados en la página web del TSJ» con las aclaratorias 157 y 158, la usurpación de funciones continúa intacta puesto que no tratan el tema del poder otorgado al presidente Nicolás Maduro para legislar y aprobar contratos de interés nacional en materia de hidrocarburos.

Le solicitan a la Fiscalía abrir los procesos penales necesarios contra «quienes han venido usurpando de manera continuada las facultades de otros poderes públicos».

A continuación el comunicado completo:

La Asociación de Alcaldes por Venezuela expresa su más profundo rechazo a las continuas actuaciones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia mediante las cuales ha violado sistemáticamente el estado de derecho y el orden constitucional en desconocimiento continuado de la soberanía popular.

Con la utilización de la deformada reinterpretada figura jurídica del “Desacato” la Sala Constitucional ha privado a la Asamblea Nacional del ejercicio pleno de sus competencias en más de cincuenta sentencias en las que ha venido usurpando sus funciones e interpretando el texto constitucional vigente en contra de su espíritu, propósito y razón, produciendo modificaciones al mismo para lo cual no tiene ninguna facultad. El único que puede modificar la Constitución Nacional es el pueblo venezolano mediante los mecanismos en ella previstos.

A los Alcaldes no nos es extraña la utilización de la figura del “Desacato” para violentar la voluntad popular. Los precedentes del inconstitucional desacato declarado reiteradamente en contra de la Asamblea Nacional lo constituyen los casos de los alcaldes Enzo Scarano (Alcalde destituido por inexistente desacato del Municipio San Diego del Estado Carabobo) y  Daniel Ceballos (Alcalde destituido por inexistente desacato del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira).

Pero no sólo la figura del desacato se ha utilizado por el poder judicial para desconocer la soberanía popular. Violando la presunción de inocencia y el debido proceso, se han dictado órdenes de detención al inicio de procesos judiciales penales sin que medie sentencia alguna, para impedirles el ejercicio de los cargos para los cuales fueron electos a los alcaldes en ejercicio: Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano de la ciudad de Caracas) quien se encuentra ya hace más de dos años privado de su libertad, Delson Guarate (alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri del Estado Aragua) quien también esta privado de su libertad y, Warner Jimenez (alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas) quien para evitar su inconstitucional detención tuvo que salir al exilio.

Las sentencias 155 y 156 recientemente dictadas por la Sala Constitucional, tal como lo expresara la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, así como el Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, la mayoría de la dirigencia política nacional y el foro jurídico venezolano, unido al rechazo de gobiernos y parlamentos de todas partes del mundo democrático, constituyeron la más grotesca usurpación de funciones del parlamento nacional y la ruptura definitiva del orden constitucional.

Sus sentencias aclaratorias numeradas 157 y 158 de cuyos textos hasta este momento sólo se conocen los escuetos enunciados publicados en la página web del TSJ, son dos parches que pretenden sin lograrlo, eliminar el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria y la grotesca usurpación de funciones cometida por la Sala Constitucional en contra de nuestros diputados y en contra de la Asamblea Nacional como poder legislativo nacional.

La usurpación de funciones continúa intacta por cuanto no fueron eliminados de los textos de las sentencias 155 y 156 la habilitación inconstitucional que la Sala Constitucional le otorgó al Presidente de la República para legislar (incluso en materia penal) ni tampoco la potestad que se auto otorgó la Sala Constitucional para aprobar contratos de interés nacional en materia de hidrocarburos, competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional.

Resulta además para los miembros de esta Asociación de Alcaldes completamente fatuas y falsas las expresiones del Presidente de la República conforme a las cuales no estaba en conocimiento del contenido de las sentencias 155 y 156 que produjeron la ruptura del orden constitucional. Toda la comunidad internacional y nacional se enteraron de la publicación de ambas decisiones, expresaron su rechazo y llamaron al restablecimiento del orden constitucional y sólo el Presidente Maduro no estaba enterado de un hecho tan grave que constituye delito.

Lo cierto es que La Sala Constitucional y el Presidente Maduro han venido actuando de manera conjunta para desarticular progresivamente el estado de derecho constitucional desconociendo con sus sentencias la primera y con sus acciones el segundo – siempre ambos de manera coordinada- el régimen de competencias de todo aquel poder público que no esté plegado a su voluntad, ya sea este nacional (Asamblea Nacional), Estadal (Gobernaciones no afectas) y municipales (Alcaldías), lo que constituye un continuado accionar usurpador de funciones que ha tenido en las sentencias 155 y 156 (y en sus parches 157 y 158) la demostración más clara del autoritarismo violador de la soberanía del pueblo venezolano que cada vez que se expresa con votos por opciones distintas a las que representa Maduro, le es desconocida esa expresión.

La Constitución Nacional define, mediante el régimen de competencias establecido, la forma republicana que nos hemos dado los venezolanos con poderes separados en un complejo equilibrio de pesos y contrapesos en beneficio del pueblo, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

El accionar de los magistrados que suscribieron de manera conjunta las sentencias 155 y 156 constituyó la comisión de los delitos tipificados en los artículos 132 y 143 numeral 2 del Código Penal que establecen:

Artículo 132.-Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.

Artículo 143.-Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:

2.- Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Instamos a la Fiscal General de la República a actuar en el ejercicio de sus competencias y proceder a abrir los procesos penales correspondientes contra quienes han venido usurpando de manera continuada las facultades de otros poderes públicos. No basta con la declaración pública realizada en la cual señaló la ruptura del orden constitucional. Es su obligación constitucional enjuiciar a quienes la produjeron.

Los alcaldes y el pueblo venezolano tenemos la obligación constitucional de colaborar para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución Nacional.

Artículo 333.- Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por un acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano o ciudadana, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Ante la gravedad de los hechos sucedidos los miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, todos alcaldes municipales pertenecientes al Poder Público Municipal, declaramos que nos unimos a todos los diputados demócratas de nuestro parlamento nacional y al pueblo noble de Venezuela para conquistar el reestablemiento pleno de la vigencia del orden constitucional y en consecuencia convocamos a todos los demócratas del país a las manifestaciones pacíficas de protesta que ser requieran, en especial, a acompañar a nuestros diputados el próximo martes en la ciudad de Caracas.

En ochenta (80) Municipios de todos los Estados de Venezuela a los tres (03) días del mes de abril de 2017.

Gerardo Blyde,  presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, denunció que las alcaldías integrantes de la organización se declararon en emergencia económica por no recibir el presupuesto necesario que necesitan las localidades municipales.

Aseguró que el gobierno les niega los fondos a los alcaldes y concejales opositores como una medida de “persecución”.

Durante un encuentro con los miembros del grupo, Blyde aseveró: “Todos hemos sido objeto de persecución y nos nos vamos a rendir hasta que rescatemos el hilo constitucional, democrático que significa el derecho al voto de los venezolanos”.

El también alcalde de Baruta señaló que unidos dieron un mensaje coherente, sincero y sin miedo al pueblo que está pasando por la crisis actual.

Desde la Asociación de Alcaldes por Venezuela queremos condenar rotundamente el golpe de Estado dado en los municipios Mario Briceño Iragorry y Maturín. El 25 de agosto de 2016 se dictó orden de detención en contra de Warner Jiménez, alcalde del Municipio Maturín, quien a un no ha sido aprehendido, por otra parte, el 2 de septiembre del mismo año, Delson Guarate, alcalde del Municipio Mario Briceño Iragorry, resultó detenido de manera arbitraria.

Luego de estos acontecimientos, el pasado viernes 30 de septiembre, los Concejos Municipales de ambos municipios designaron a Brullerby Suárez como alcalde encargado de Mario Briceño Iragorry y a Wilfredo Ordaz, como alcalde de Maturín, hechos que denunciamos como golpe de Estado al haberse designado de manera ilegal y no constitucional a los alcaldes de estas jurisdicciones.

Consideramos lo sucedido como golpe de Estado porque ilegalmente los Consejos Municipales han designado funcionarios como alcaldes, esto es una usurpación de funciones. En el caso del municipio Mario Briceño Iragorry, se viola la Ley dos veces, eligiendo al alcalde , cuando de conformidad con el régimen aplicable, la ausencia temporal ya estaba siendo suplida y al designar como Alcalde al Presidente del Concejo, esto solo debe hacerse en caso de ausencia definitiva. En Maturín tampoco aplica el régimen de ausencias por detención judicial, sino el régimen de ausencia temporal.

Una vez más, manifestamos nuestro rechazo ante esta nueva arremetida a la democracia, que deja ver claramente que el Gobierno Nacional sabe que la mayoría de los ciudadanos venezolanos están convencidos de la fuerte crisis económica y social por la que atraviesa el país y actúa de manera cobarde buscando acabar con la descentralización de los poderes.

Finalmente, ratificamos nuestro compromiso con todos los venezolanos, estas arbitrariedades nos impulsan para seguir luchando por los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos de este país, además, continuaremos denunciando de manera legal y pacífica la persecución que sufren diariamente los alcaldes opositores solo por pensar de manera distinta al régimen del presidente Nicolás Maduro y lucharemos para que quienes fueron electos democráticamente ejerzan plenamente sus mandatos.

La Asociación de Alcaldes por Venezuela emitió un comunicado para condenar la detención del Alcalde Delson Guarate, del municipio Mario Briceño Iragorry, en el Estado Aragua, quien fue apresado en la mañana del viernes 2 de septiembre por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)

En los últimos días, explican los alcaldes, hubo una «arremetida del gobierno nacional hacia quienes piensan distinto». Indican que la orden de detención contra el Alcalde Warner Jiménez de Maturín, el traslado ilegal del ex Alcalde Daniel Ceballos, el traslado de los jóvenes Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, la orden de detención contra el diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia, Lester Toledo, y la detención de los dirigentes Yon Goicochea y Carlos Melo; evidencian la persecución del gobierno nacional hacia dirigentes de la Unidad.

La asociación condenó la violación a la Constitución Nacional y a las libertades políticas y exigió el cese la persecución de los alcaldes de la Unidad solo por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro.

«A pesar del amedrentamiento, el alcalde Delson Guarate, demostró con su asistencia a la Gran Toma de Caracas que no tiene nada que esconder y que su compromiso es con la democracia y con el cambio de gobierno de forma pacífica.», indicaron.

La Asociación de Alcaldes por Venezuela emitió un comunicado para condenar el traslado del alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Ceballos, a la Cárcel de San Juan de los Morros, la madrugada del sábado este 27 de agosto, cuando estaba cumpliendo una medida de casa por cárcel.

En el texto, aseguran que esta nueva arremetida es prueba de la ilegalidad de los procesos en Venezuela, tomando en cuenta que el pasado jueves 25 de agosto se le había notificado a su defensa que el juicio había quedado anulado por la interrupción de los lapsos de la Ley del Código Procesal Penal. Responsabilizaron al gobierno por lo que le pueda sufrir Ceballos.

[box type=»info» fontsize=»16″ radius=»12″]También puedes ver: Trasladaron a Daniel Ceballos a cárcel de San Juan de los Morros[/box]

No a la persecución política

Sumado al traslado ilegal de Daniel Ceballos, los alcaldes rechazaron enérgicamente la reciente orden de detención al alcalde de Maturín, Warner Jiménez, así como el allanamiento a su residencia y negocios familiares.

Condenan que el Poder Judicial siga actuando como un apéndice del gobierno nacional para la persecución de la dirigencia política y peor aún, para impedir que funcionarios electos ejerzan plenamente los mandatos que la población mediante el voto democrático les otorga.

«Sabemos que estas nuevas arremetidas contra la democracia, la legalidad y la libertad de los ciudadanos que piensan distinto al régimen de Maduro, responden al temor de un gobierno que ya sabe que la mayoría de los venezolanos están convencidos de la severa crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país y el cual saldrá a manifestar pacíficamente el próximo 1 de septiembre para exigir la fecha del referendo revocatorio, un derecho consagrado en la Constitución Nacional», indicaron.

*Con información de nota de prensa

La Asociación de Alcaldes por Venezuela afirmó que el único responsable de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela es el gobierno nacional. La corrupción y las malas políticas económicas que ha implementado el presidente Nicolás Maduro han condenado a los venezolanos a vivir con la inflación más alta del mundo y una escasez sin precedentes de alimentos y medicinas que han conducido al país a una profunda crisis humanitaria.

Condenaron rotundamente las declaraciones del Presidente de la República emitidas el pasado martes 12 de abril de 2016, en donde se descalifica y amenaza a los alcaldes y gobernadores de la Unidad; y en las que además se utiliza el autismo como una ofensa, degradando a miles de familias y personas que viven con esta condición.

Aseguraron que es el despilfarro del presupuesto nacional durante 17 años es lo que ha ocasionado que los ciudadanos deban pasar horas en colas de supermercados, abastos y farmacias para conseguir alimentos y medicinas. De igual modo afirmaron que es la corrupción en las empresas estatales lo que ha traído como consecuencia que los venezolanos no tengan acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua.

La Asociación comentó que han trabajado sin descanso para desarrollar políticas públicas que les permitan solucionar los problemas de nuestros municipios y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, a pesar de los obstáculos que les interpone el Ejecutivo a los gobiernos locales: limitación de competencias, amenazas de encarcelamiento, investigaciones abiertas a alcaldes de la Unidad, creación de “Comunas” como estructura paralela, la transferencia incompleta de los recursos que les corresponden y la negligencia de empresas del Estado que deben proveer servicios básicos a los vecinos.

Aseguraron seguir trabajando todos los días por el país y por cada uno de los municipios que se encuentren bajo su administración, garantizando el bienestar de los ciudadanos y espacios seguros para su desenvolvimiento. El conjunto exigió respeto a la descentralización y que no se discrimine más a los alcaldes solo por pensar distinto, ya que esta será la única forma de hablar de democracia.