La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz presentó su informe sobre la primera experiencia nacional de veeduría ciudadana, realizada en el marco de las elecciones parlamentarias de 2015. Con 84 denuncias, el “derecho al sufragio” fue el más vulnerado durante el proceso electoral del 6 de diciembre.
El Cepaz trabajó en conjunto con la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, para realizar la primera actividad nacional que denominaron Veeduría electoral con enfoque en derechos humanos, durante el proceso electoral del 6 de diciembre de 2015.
El proyecto contó con la participación de 280 veedores ciudadanos, distribuidos en 10 estados del país: Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Nueva Esparta y Bolívar. En total, registraron 273 denuncias, siendo Distrito Capital el estado con mayor cantidad de reportes, con 84 denuncias.
En cuanto a los derechos vulnerados, el derecho al sufragio y al voto fueron los más reportados, con 84 y 57 denuncias, respectivamente. Otros derechos vulnerados registrados fueron integridad personal (19), libertad de expresión (18), libertad personal (11), libre tránsito (6), derecho a la asociación (1) y denuncia sin derecho identificado (62).
Carmen González, quien es representante de la Asociación Civil Saber es Poder, y estuvo a cargo de coordinar el equipo de veedores de Distrito Capital, explicó que las violaciones al derecho al sufragio y al voto se dieron, en la mayoría de los casos, por acciones que inhibieron a los ciudadanos a ejercer su derecho. “Por ejemplo, personas que iban a votar y se enfrentaron con obstáculos físicos —motorizados que apoyaban a un partido y trancaron la vía—, intimidaciones —como puntos rojos donde se verificaba quién salía a votar— y el voto asistido no requerido; eran acciones que buscaban desestimular o inhibir la acción de ir a votar”.
De acuerdo con González, la experiencia les permitió constatar una realidad: aunque muchos ciudadanos saben cuáles son sus derechos y en qué momento están siendo vulnerados, no saben qué hacer o a dónde acudir para denunciar esa vulneración. “Esa formación hay que darla. No obstante, la mayor satisfacción tras esta primera iniciativa nacional de veeduría ciudadana es saber que el ciudadano tiene poder para hacer contraloría; poder que debe ser accionado”, dijo.
Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, explicó que todas las personas que denunciaron recibieron el acompañamiento de la organización. “El acompañamiento fue inmediato en el plano legal; nosotros trabajamos con las 3 ‘D’ de los derechos humanos: documentación, denuncia y difusión”.
Borges señaló que las denuncias registradas pasan a ser catalogadas como violaciones a los derechos humanos, desde el momento en que el Estado no hace nada para garantizar el respeto a tales derechos. “Por ejemplo, cuando veíamos a grupos de motorizados armados alrededor de los centros de votación, sabemos que el Estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los electores para el ejercicio del sufragio”.
De cara a las elecciones regionales a celebrarse en diciembre de este año, Borges informó que tienen planificadas acciones, en conjunto con actores políticos y otras organizaciones no gubernamentales, para colocar en la agenda nacional el tema del derecho electoral.
Entre las recomendaciones de Cepaz para fortalecer el proceso electoral nacional destacan: mejorar la propaganda electoral del Consejo Nacional Electoral con respecto al llamado a votar, resaltando la garantía del secreto del voto; mejorar la capacitación de los miembros de mesa; mejorar el modelo de financiamiento de las campañas electorales; alcanzar una cobertura equilibrada de los medios y mejorar las condiciones para que haya una mejor participación de las organizaciones de la sociedad civil en la observación de los procesos electorales.
