Antes del asesinato del militar que protegía al ex diputado, un funcionario de Policharallave había advertido a los motorizados que los mataría “uno a uno”
Familiares desmienten que los hombres, que tenían entre 20 y 38 años de edad, se hayan enfrentado a los cuerpos policiales, tal como sostiene la versión oficial
Parientes y allegados a las víctimas fueron amenazados tras los asesinatos
@loremelendez
LAS MUERTES DE ÁNGEL DANIEL CASTILLO, de 20 años de edad; Jean Carlos Poleo Blanco, de 38, y de Luis Ángelo Martínez, de 24, están conectadas entre sí. La versión oficial señala que supuestamente fueron ellos quienes asesinaron el 2 de julio de 2017 a Ybrain Colmenares Martínez – quien era escolta del ex diputado y candidato a la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez – y que los operativos que se desplegaron para dar con sus paraderos culminaron en enfrentamientos con la Policía Municipal de Cristóbal Rojas y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el estado Miranda. Sin embargo, sus familiares aseguran que eran inocentes y que los tres hombres, que eran mototaxistas de la Línea Cooperativa Plaza Vieja de Charallave, no estaban armados sino que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ninguno tenía antecedentes penales.
Un día después del homicidio de Colmenares Martínez, quien además de escolta era un funcionario naval adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), murió Ángel Daniel Castillo. Parientes contaron que el mototaxista había salido temprano de trabajar y había pasado la tarde en la casa de su abuela, hasta donde lo fue a buscar su novia ya en horas de la noche. Ambos estuvieron luego con un grupo de amigos y, alrededor de las 8:00 pm, se fueron caminando por la calle Principal de Plaza Vieja. Allí, una comisión de la policía municipal (Policharallave) los emboscó.
“Él siguió caminando normal y lo pararon, a él y a la novia. Los golpearon y a él lo montaron en una patrulla. Al policía que los apuntaba se le trancó el arma y ahí fue cuando la muchacha salió corriendo. Y, entonces, sonaron los disparos. A él le dieron cuatro”, dice uno de los dolientes.
Desde ese sitio, a Castillo lo trasladaron los mismos uniformados hasta el puesto de Pronto Socorro de Charallave. Cuando llegó, tenía la cara envuelta en papel de cocina transparente (Envoplast). Uno de los médicos que lo atendió fue quien se lo quitó, pero ya estaba muerto.
Dos muertes en simultáneo
Foto: Archivo de El Pitazo
El homicidio de Jean Carlos Poleo Blanco, de acuerdo con los testimonios de los familiares, también fue una ejecución extrajudicial y no en un enfrentamiento, como señala la versión policial. Él, que era primo de Castillo y mototaxista de la misma línea, acompañó el 4 de julio a los suyos mientras hacían los trámites para retirar el cadáver del joven de 20 años. Desde tempranas horas de la jornada, estuvo en la sede del Eje contra Homicidios del Cicpc de los Valles del Tuy, ubicada en la zona industrial El Cujial en de Santa Teresa. Muy cerca de allí lo mataron.
Alrededor de las 11:00 am, mientras esperaba en un kiosco que algunos parientes culminaran el papeleo, lo abordó un funcionario del Cicpc para pedirle una carrera. “Nosotros no estamos trabajando porque no somos de aquí”, respondió uno de los dos parientes que aguardaba junto a Poleo Blanco. El policía se alejó, pero poco después insistió, y aseguró que pagaría bien si lo llevaban ida y vuelta hasta la zona de La Vaquera. Uno de los hombres accedió. Minutos más tarde, otro funcionario del Cicpc hizo la misma petición. Esta vez fue Poleo Blanco, de 38 años de edad, quien optó por hacer el traslado.
Parientes recuerdan que tales peticiones les habían levantado sospechas. La preocupación aumentó cuando, 10 minutos después de que partiera el motorizado, escucharon la conversación de un hombre que hablaba por teléfono. “Aquí está todo cerrado porque a uno le dieron chuleta”, indicó a su interlocutor. Luego comentó que la víctima era el dueño de una motocicleta Empire Horse de color azul, tal como la que tenía Poleo Blanco.
Los siguientes instantes fueron de tensión. El funcionario que había salido con Poleo Blanco, regresó a la sede con una patrulla que traía la moto remolcada. Los familiares le reclamaron al instante y los sacaron del lugar. Empezaron a recorrer centros hospitalarios hasta que dieron con el cadáver del mototaxista en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la urbanización Las Flores de Santa Teresa. Había recibido, al menos, tres disparos a los que no sobrevivió.
“Él llegó vivo y hasta lo pusieron los chupones, pero un policía le dijo a los médicos que lo dejaran morir, porque era un secuestrador”, dijo un allegado.
Mientras el suceso ocurría en Santa Teresa del Tuy, se producía otro más en Charallave con características similares: la víctima, que también cayó en manos del Cicpc, era mototaxista de la misma línea. Sus familiares aseguran que fue un ajusticiamiento por parte de los uniformados y no un enfrentamiento. Su nombre era Luis Ángelo Martínez y tenía 24 años de edad.
“El venía bajando de hacer una carrera por la Plaza Páez (sector Las Quintas, en Charallave) y en ese momento vio a un grupo grande del Cicpc. Ellos le gritaron la voz de alto, él se detuvo, alzó las manos y le dispararon (…) A lo que cae, lo levantaron, lo montaron en una camioneta junto con la moto y se lo llevaron a Pronto Socorro”, contó un familiar de la víctima que pudo hablar con varios testigos. Según esta persona, varios habitantes de la calle donde lo mataron, vieron el suceso.
“Hubo un vecino que le dijo a los Cicpc: ‘estás matando a un muchacho sano, nos estás matando a nuestros jóvenes’. Pero entonces una mujer policía le contestó ‘cállate y métete o si no te vamos a meter (a disparar) a ti también”. A todos los testigos que estaban fuera de sus casas los mandaron a encerrarse a sus casas”, comentó el pariente.
El expediente de Policharallave
Foto: Archivo Globovisión
Después de los hechos, la Línea Cooperativa Plaza Vieja, a la que pertenecían los tres mototaxistas, desapareció. Sus miembros ahora trabajan por su cuenta y la parada que tenían en el sector ya no existe.
Los familiares de las víctimas desconocen el por qué pero, desde hace meses, los trabajadores de la línea habían sido amenazados. En ocasiones, funcionarios del cuerpo de policía del municipio Cristóbal Rojas (Policharallave) los habían interrogado, retenido y golpeado. Según los testimonios, el oficial Douglas Velásquez, perteneciente a la Coordinación de Investigaciones del mencionado cuerpo de seguridad, les había advertido que “los mataría uno a uno”. Por eso intuyen que fueron los municipales quienes involucraron a las víctimas en el homicidio de Colmenares Martínez, el escolta de Héctor Rodríguez, para así provocar que actuara el Cicpc en dos de las tres presuntas ejecuciones policiales.
“Ellos son seis. Andan cuatro en un jeep y dos en una moto y se visten todos de negro. A ellos se les ven nada más los ojos porque cargan pasamontañas”, apuntó una familiar, quien agregó que Velásquez y su grupo habían participado en procedimientos similares en otras zonas de la jurisdicción. “Ese hombre ha hecho desastres en varias comunidades”, aseveró.
Según esta fuente, el equipo de Velásquez participó en una ejecución extrajudicial en el sector La Chivera, de Charallave, en julio pasado. La víctima fue un presunto delincuente señalado por el homicidio de Leonardo Nieves, un policía municipal asesinado el 10 de octubre de 2016 en el mismo sector.
El 9 de mayo de este año, la Coordinación de Investigaciones de Policharallave también estuvo a cargo de un operativo que dejó 7 muertos en el sector La Favela del urbanismo Ciudad Miranda y en el parcelamiento Jabillito. Ahí se suscitó, de acuerdo con la versión policial, un enfrentamiento entre los uniformados y los presuntos miembros de la banda de “Darwin San Juan”, supuestamente implicados en los homicidios de dos funcionarios de ese mismo cuerpo de seguridad: Carlos Velasco y Rosmel Durán, asesinados el 9 de julio de 2016 frente a la licorería La Colmena de Chupulún, en la capital del municipio Cristóbal Rojas.
No es la primera vez que Policharallave se ve involucrada en denuncias. En enero de 2016 pasó a la orden del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, luego de que tres de sus oficiales estuvieran implicados en el secuestro y asesinato del ex magistrado del TSJ, Rafael Arístides Rengifo Camacaro, de 69 años de edad, hecho ocurrido en la urbanización La Castellana, al este de Caracas.
En noviembre de 2014 se anunció, a través de la Gaceta Oficial N° 40.537, que la Policía Municipal de Cristóbal Rojas sería intervenida durante 90 días por estar acusada de violación de los derechos humanos e inclusión en redes delictivas en la jurisdicción. El hecho produjo la detención de 16 uniformados.
Poco después de esa acción, en marzo de 2015, 11 funcionarios de la Coordinación de Investigaciones del cuerpo de seguridad, al que hoy pertenece Velásquez, fueron arrestados por portar dos armas de guerra: un fusil AR-15 y una subametralladora M-P5, que había sido declarada como hurtada.
Lo que no cuadra
En el caso destacan al menos dos hechos que generan dudas. Aunque las informaciones policiales indicaron, en los tres casos, que se trató de enfrentamientos, no se reportó ningún funcionario herido. También resulta curioso que a los tres hombres les fueron incautadas las mismas armas, aunque con seriales distintos: un revólver calibre .38
Familiares indicaron que ninguno de los hombres estuvo en el sitio cuando ocurrió el asesinato del militar Colmenares Martínez, por el que los responsabilizaron. Esa madrugada, Jean Carlos Poleo Blanco dormía en su casa, mientras que Luis Ángelo Martínez estaba en un local llamado “La Churuata”, en el sector Plaza Vieja. Ángel Daniel Castillo había acudido con su novia y varios amigos a una fiesta en “El Domo”, cercano a la Manga de Coleo. Fue el único que estuvo a pocos kilómetros de la escena del crimen del escolta de Héctor Rodríguez. Por eso, al dirigirse a su casa, pasó por el sitio en donde el Cicpc hacía el levantamiento del cadáver. Testigos afirmaron que lo obligaron a detenerse y a ayudar a cargar el cuerpo.
Los familiares reclaman que se haya incriminado y asesinado a las víctimas sin una investigación exhaustiva sobre el caso de Colmenares Martínez. “Si tenían encima una averiguación, entonces agárrenlos, espósenlos, háganles las averiguaciones, porque para eso es un cuerpo de investigaciones. No los maten”, sentenció una fuente.
La desprotección que sienten ante las autoridades locales es tal, que prefieren que el Ministerio Público les asigne otro representante que pueda darle celeridad a las causas. “Nosotros queremos que la Fiscalía de Caracas agarre el caso o, en su defecto, que lo haga un fiscal nacional porque no creemos en ninguna institución de los Valles del Tuy, no creemos en esa gente”, dijo un pariente.
Uno de los hechos que les ha hecho sentirse más vulnerables fue un intento de extorsión por parte de un funcionario del Cicpc, quien le pidió 50 mil bolívares a uno de los allegados para cerrar el caso de los motorizados. Ante la acción, los familiares acudieron a la Fiscalía del municipio, pero allí les negaron la atención y les dijeron que ese tipo de situaciones solo las atendía el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional. A esto se suma que hay allegados a los mototaxistas que fueron amenazados y debieron huir por temor a ser asesinados.
Victimario: policía
Durante la presentación del informe anual de gestión del Ministerio Público, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que en 2016 se registraron 4.667 homicidios a manos de los cuerpos policiales venezolanos. “Sin necesidad de valorar la legalidad de estas muertes, la letalidad de las políticas policiales por sí mismas implican un aumento de la situación de violencia en el país”, dijo tras revelar la cifra que representó 21% del total de homicidios (21.752) que ocurrieron en todo el año.
Pero los números de la Fiscalía no detallan cuáles casos fueron denunciados como ejecuciones extrajudiciales. Cofavic, ONG dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, sí lleva un registro no oficial que demostró que en los últimos dos años, estos delitos aumentaron 50%: de 1.396 presuntas ejecuciones en 2015 se pasó a 2.197 en 2016, en todo el país. Sus estadísticas también señalaron que el Cicpc había actuado en 33% de estos homicidios.
Ronnie Boquier, abogado del área jurídica de Cofavic, indicó que aunque son muchas las razones que explican la incidencia de estas muertes a manos de uniformados, una de las principales es la presencia de militares al mando de los cuerpos policiales. “Si se militarizan estos organismos, el derecho a la vida se ve más vulnerado. La seguridad ciudadana debe tener carácter civil”, enfatizó.
A esta causa sumó otras, que van desde la creación de grupos parapoliciales que aplican “operaciones de limpieza” en sectores populares, hasta la incompleta formación que reciben los policías y la creación de políticas de seguridad que parecen reñidas con los derechos humanos.
