Asesinados

40 defensores del ambiente fueron asesinados en Venezuela entre 2012 y 2022

En Venezuela defender el ambiente se paga con la vida. Este año Global Witness, una oenegé británica ecologista, posicionó al país como el sexto del mundo y el quinto de América Latina con los números más altos de asesinatos contra líderes ambientales, por los cuatro registrados durante 2022. Y aunque al compararlos con los homicidios de los vecinos Colombia y Brasil, que sumaron ese año 60 y 34, respectivamente, la cifra venezolana es muchísimo menor, siguen siendo vidas perdidas y delitos impunes.

Esos cuatro asesinatos representan el 10% de los 40 que documentó el Observatorio de la Defensa de la Vida (Odevida) en la última década, entre 2012 y 2022, cuando se registraron en promedio cuatro cada año. 25 de ellos fueron a manos de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), narcotraficantes o bandas criminales. Otros 15 se atribuyen a fuerzas militares venezolanas, según dijo en entrevista con TalCual Raúl Cubas, coordinador de esa asociación.

Las estadísticas presentadas pueden quedarse cortas. Su organización lleva un conteo de asesinatos de personas identificadas como defensores del ambiente  y de territorios. Sin embargo, muchas, aunque realizan la misma labor, prefieren tener un bajo perfil y no reconocerse como tal para protegerse a sí mismas y a sus familias. Además, Cubas dice que hay otros casos, a los que él denomina «borderline», de individuos asesinados que indirectamente fungen como ambientalistas o a quienes matan simplemente por vivir en territorios ocupados.

El Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerna) registró entre 2016 y 2020 al menos 30 masacres perpetradas en el estado Bolívar, varias de ellas fueron en zonas mineras y dejaron 217 indígenas asesinados. De hecho, desde 2008, ha habido un «incremento vertiginoso» de muertes violentas en municipios mineros del estado Bolívar, entre ellos Callao, Sifontes y Piar.

«Ocurren masacres donde los muertos son indígenas que viven en territorios donde se ejerce la minería y hay control de algún grupo externo armado irregular. Y ahí está también la disparidad de documentación y de enfoque (entre Odevida y el Cerna). Las dos situaciones son muy graves, sean específicamente defensores orgánicos del ambiente o de los pueblos indígenas, o si son indígenas que son asesinados por estar en territorio ocupado por los deseos de la minería», señaló Cuba.

*Puede leer la nota completa AQUÍ

Luis Enrique Díaz Padrón tenía 69 años.  La otra víctima, Geovanny Alexis León, tenía 67 años

Uno de los crímenes ocurrió al interior de un local en Catia y el otro en vía pública en Los Rosales

@SandraGuerrero1

Dos hombres de la tercera edad resultaron muertos al ser agredidos con arma blanca, en hechos diferentes, ocurridos uno en la avenida Sucre, en Catia, y el otro en Los Rosales, parroquia Santa Rosalía, los dos en jurisdicción del municipio Libertador. Ambas víctimas integran la lista de los 39 sexagenarios asesinados en los dos meses y 15 días que han transcurridos este año.

El cadáver de Luis Enrique Díaz Padrón, de 69 años de edad, fue hallado el pasado domingo 7 de febrero en un local comercial ubicado en Gato Negro, Catia, parroquia Sucre. El lugar en el que ocurrió el homicidio era el mismo que el hombre se encargaba de cuidar desde hace más de 20 años y donde además pernoctaba.

Cuando los vecinos del local notaron la ausencia de Díaz Padrón, quien a diario salía a vender chucherías, llamaron la atención del propietario del establecimiento. El dueño hizo una revisión del local y halló el cadáver de su trabajador.

A Díaz Padrón lo mataron de varias cuchilladas. Al parecer el homicidio fue perpetrado por varios hombres que entraron al negocio presuntamente para cometer un robo.

El segundo caso fue el de Geovanny Alexis León, de 67 años de edad. El hecho ocurrió a las 7:00 pm del pasado sábado 6 de febrero, cuando intentó poner fin a una riña que sostenían un hombre y una mujer en un sector de la urbanización Los Rosales.

Cuando León intentó mediar, el hombre que participaba en la riña le ocasionó heridas con arma blanca en el corazón y el cráneo. Fue ingresado al Hospital Universitario de Caracas, donde no pudieron salvarle la vida.

Se supo que el victimario se dio a la fuga y está requerido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que lo tiene plenamente identificado. Iovanisa León, hija de la víctima, pidió que se haga justicia. Sexagenarios

“Entre enero y octubre de 2020, se documentaron 215 casos relacionados con agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros”, señala el informe

El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas se conmemora cada 2 de noviembre desde 2013. Esta fecha reivindica la lucha por hacer justicia en los casos en los que los trabajadores de la prensa han sido víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, secuestros e incluso asesinatos. IPYS Venezuela se suma a esta lucha y presentó “Reporteros asesinados: Los rostros de impunidad”. 

Si bien en Venezuela el asesinato contra los trabajadores de la prensa no es un flagelo de altas cifras, tales hechos representan la expresión más extrema de la violencia y la más grave violación a los derechos humanos de un individuo. En simultáneo, otras garantías ciudadanas se ven vulneradas, como el derecho a informarse, a denunciar y a la libertad de prensa.

En Venezuela, desde 2002 se han registrado 18 homicidios a reporteros en nueve áreas geográficas del país, de acuerdo con datos de IPYS Venezuela. El Área Metropolitana de Caracas ha sido el escenario con la mayor cantidad de hechos, enumerando cinco asesinatos contra trabajadores de la prensa, luego Aragua (3), Cojedes (2), Lara (2), Sucre (2), y en Anzoátegui, Carabobo, Monagas y Zulia fue perpetrada la muerte de un periodista en cada entidad en manos de las fuerzas públicas o el crimen organizado.

Según los registros de esta organización, a lo largo de estos años, 11 de  18 trabajadores de la prensa fueron asesinados mientras ejercían sus labores informativas, o posterior a haber realizado denuncias y publicaciones de investigaciones, columnas de opinión o declaraciones sobre hechos de corrupción, narcotráfico y contrabando. La poca información de los otros siete casos no permitió precisar las reales vinculaciones de sus asesinatos con la labor informativa.

Una característica particular es que los seis trabajadores de la prensa asesinados en los últimos siete años, es decir, desde 2014, eran simpatizantes oficialistas, dirigentes políticos del chavismo o disidentes críticos del proceso revolucionario. Álvaro Cañizalez Godoy (2014), Ricardo Durán (2016), Yolman Briceño (2017), Alí Domínguez (2019), José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, (ambos en 2020), compartían el mismo interés por el activismo político del chavismo, aunque algunos eran detractores de la administración y políticas de  dirigentes regionales.

El informe de Ipys precisó que “el asesinato contra estos trabajadores de la prensa a lo largo de los años, deja en evidencia la progresiva escalada de violencia que viven los medios de comunicación y los reporteros en todo el territorio a la hora de realizar coberturas informativas o denunciar sobre hechos de interés público”. 

El reporte concluyó que la cultura de la impunidad se ha instaurado en el país. Además de señalar que “entre enero y octubre de 2020, se documentaron 215 casos relacionados con agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros”, en este informe.

“IPYS recuerda al Estado que es su responsabilidad garantizar los mecanismos necesarios para la seguridad y protección de los trabajadores de la prensa como recomiendan organismos internacionales como la Unesco. La garantía de no repetición de las violaciones contra los miembros de los medios de comunicación es un compromiso adquirido por el Estado, así como procesar a los involucrados en hechos que atenten contra la integridad de los reporteros y del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información”, concluyó el informe.

*Puede leer el informe completo AQUÍ

“UN DISPARO A CADA UNO EN EL PECHO. El modus operandi de siempre”, así relata un hombre, quien dice se escapó de terminar como sus tres amigos, quienes fueron asesinados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB, la noche de este 12 de julio en el sector San Juan, del barrio El Guarataro, a metros de la avenida San Martín, municipio Libertador.

Familiares de dos de las víctimas, quienes pidieron omitir su identidad, los identificaron como Yeison Difranscenco, de 23 años de edad, y de Teilor Difrancesco, de 27. Detallan que ellos se encontraban tomando aguardiente en compañía de José Gregorio Guillén, de 28 años de edad, aproximadamente a las 8:00 pm.

Había más amigos, dos de ellos “salimos a recargar la botella. Cuando volvimos no pudimos entrar a la casa. Las FAES la habían tomado y no se podía pasar. Vecinos nos dijeron de un tiroteo que se había dado en la casa”, explica uno de los jóvenes que estaba allí. Agrega que cuando lograron pasar “vimos la casa como un colador. Eso había tiros por todos lados. Hicieron un desastre”, aseguró.

@Daigalaviz

LA MAÑANA DEL MARTES 23 DE ABRIL, la madre de Angel David Dugarte Valera, de 23 años de edad, estaba trabajando y desde el sector Las Casitas del barrio García Carvallo, en Caricuao, una vecina la llamó para decirle que había un tiroteo en la zona donde reside. Rápidamente, la mujer se dirigió a su hogar y cuando llegó se enteró que las FAES se habían llevado al mayor de sus dos hijos.

Sus vecinos le contaron que Ángel David había salido a comprar una bolsa de Mercal y a su regreso a la casa notó que alguien lo seguía. Al llegar a la vivienda observó que estaban violentadas las cerraduras de las puertas, entonces decidió subir al techo y huir por los techos de otras residencias.

Sin embargo, los encapuchados de las FAES le dieron alcance en la vereda 20 de Las Casitas.

«Se lo llevaron vivo», dijo un familiar. Pocas horas después fue ingresado muerto al hospital Pérez Carreño con un disparo en el pecho. Al fallecido lo habían despojado de los zapatos marca Nike 270 que calzaba

Coincidencialmente, a esa hora en el Pérez Carreño estaba la madrina de Dugarte Valera quien vio que lanzaron un cadáver cerca de donde ella estaba. Al acercarse lo reconoció: «Es mi ahijado», dijo.

La víctima era el mayor de dos hermanos y dejó un hijo de 3 años de edad. Jugaba futbol y actualmente no estaba trabajando.

Los parientes admitieron que Dugarte Valera tenía un año y dos meses de estar en libertad plena luego de permanecer preso, en Tocorón por cinco años por un robo frustrado en el Metro.

PROVEA Y EL OBSERVATORIO VENEZOLANO de Conflictividad Social han identificado a 51 personas muertas durante manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre el 22 de enero y el 7 de abril de 2019. 50 de estas muertes fueron por impacto de bala y una debido a un infarto sufrido por la víctima mientras le saqueban su negocio.

68% de los asesinatos (35) son atribuibles a la fuerza pública, siendo la Guardia Nacional el responsable de la mayoría de las muertes con 22 casos, seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) con cinco casos, el Ejército con cuatro casos, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Peñalver de Anzoátegui con una cada una y dos asesinatos producidos en actuaciones conjuntas de la GNB, FAES y grupos paramilitares.

Presuntamente, nueve personas fueron asesinadas por civiles, mientras que otras seis se presume que fueron asesinadas por paramilitares.

El mayor número de muertes se concentra en el estado Bolívar con 15. Le sigue Distrito Capital con 10 asesinatos, Portuguesa con 4 casos; Barinas, Amazonas, Lara, Zulia y Táchira registran 3 asesinatos cada uno; Anzoátegui y Monagas con 2 casos cada uno y Sucre, Yaracuy y Mérida con un caso cada uno.

Del total de las víctimas, 47 eran hombres y las 4 restantes mujeres. Las edades de los asesinados oscilan entre los 15 y los 68 años. 38 de los asesinados eran menores de 30 años. 37 de los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública o agrupaciones paramilitares. En el caso de Caracas, las 10 muertes se produjeron durante protestas que se desarrollaban en sectores populares: Catia, Las Adjuntas, San Agustín, La Vega y El Junquito.

Con el asesinato de estas 51 personas, se eleva a 266 el total de muertos durante protestas desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013. Desde entonces, ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios policiales, advierten Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Provea condena el asesinato de venezolanos en protestas y reitera su alerta sobre los riesgos para la vida e integridad de manifestantes, que supone abierta la actuación de cuerpos élites como las FAES y el Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (Conas) durante las manifestaciones. Del mismo modo, Provea recuerda que “estos órganos no poseen competencias, equipamiento y entrenamiento para gestionar manifestaciones con apego a los principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.

Desde el año 1.991, al menos 348 personas han muerto en el contexto de manifestaciones en Venezuela. 82 de estas muertes ocurrieron durante los años 1.991-2.012; mientras que durante la estadía de Nicolás Maduro en el poder 266 personas han sido asesinadas durante manifestaciones. En solo seis años, Maduro triplicó el número de muertes registradas en los 21 años anteriores a su llegada a Miraflores.

CADA DÍA SON ASESINADOS TRES NIÑOS O ADOLESCENTES en Venezuela, según un informe presentado este martes por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la organización Cecodap que defiende los derechos de los menores de edad en el país caribeño.

El estudio, que tomó como base informaciones publicadas en medios impresos y datos de fuentes oficiales, cifró en 1.134 el total de homicidios de niños y adolescentes durante el año 2017, lo que arroja una tasa de una muerte violenta cada 8 horas y de unas 90 al mes.

De ese total, 76 eran menores de cuatro años, 46 tenían entre 5 y 9 años, 125 entre 10 y 14 años, y 108 fueron calificados como homicidios por “resistencia a la autoridad”.

En cuanto a los móviles de estas muertes las autoridades hablan de 643 por “ajustes de cuentas”, 92 por robo, 21 por asesinato por encargo, 8 tras abuso sexual y 8 por linchamiento, entre otros motivos.

Sin embargo, otras fuentes consultadas para este informe atribuyen 32 de estos homicidios al abuso policial y apuntan a que 23 menores fueron asesinados durante protestas sociales o políticas.

El fundador de Cecodap, Fernando Pereira, dijo a EFE que en total fueron 10.499 los registros de violencia en 2017 contra menores de 18 años lo que refleja una “espiral de violencia que no debería normalizarse ni naturalizarse en ninguna sociedad o país”.

Denunció que las bandas criminales captan a los menores al ofrecerles alimentos que escasean en el país, en medio de la crisis económica, “y de esta forma se van involucrando en las actividades de estos grupos organizados para delinquir”.

Según el investigador, la edad promedio de iniciación en actividades delictivas es de 10 a 11 años.

El informe señala que solo en 2017 un total de 777 menores participaron en robos, 141 en asesinatos, 91 en narcotráfico, 20 en secuestros, 16 en abuso sexual, 56 en saqueos y 5 en delitos por violencia de género.

Asimismo, Cecodap y el OVV hablan de una violencia estructural que afectó a miles de menores entre ellos 205 que murieron por desnutrición, 270 por contaminación en los hospitales, mientras que 311 fueron sometidos a trabajo infantil y 137 cayeron en la mendicidad.

Aunque el total de muertes de menores es por 140 casos menor al de 2016 “es importante advertir que esa reducción no parece resultar de ninguna política o plan de prevención” según las organizaciones que elaboraron el estudio.

EFE ha podido confirmar la presencia cada vez mayor de niños en las calles de Venezuela en estado de indigencia y la organización educativa Fe y Alegría ha denunciado que más de 4.000 niños y adolescentes de sus 170 instituciones han sido “dejados atrás” por padres que se van del país.

Este lunes, funcionarios policiales del este de Caracas informaron del hallazgo de un niño de un año abandonado en una caja en la entrada de un edificio residencial.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el jueves que es posible que se hayan encontrado los cadáveres de tres periodistas ecuatorianos que fueron secuestrados en una conflictiva región fronteriza con Colombia.

En un tuit, Santos indicó que las autoridades aún están verificando los restos de los tres individuos que fueron recuperados. Posteriormente funcionarios militares confirmaron que se había encontrado el cuerpo de una cuarta persona.

“Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, afirmó.

Los trabajadores del periódico El Comercio investigaban el incremento en la violencia azuzada por el narcotráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador cuando desaparecieron en marzo. En un video enviado para demostrar que estaban vivos, los hombres identificaron a sus captores como miembros de un frente disidente de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, liderados por Walter Arízala, alias “Guacho”.

En abril surgieron temores de que el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y su chofer Efraín Segarra habían sido asesinados cuando una cadena televisiva colombiana indicó que recibió fotografías grotescas que presuntamente mostraban sus cuerpos.

Funcionarios forenses no pudieron confirmar la autenticidad de las imágenes, pero posteriormente las autoridades anunciaron que llegaron a la conclusión de que los trabajadores de prensa fueron asesinados.

El fiscal ecuatoriano del caso en Quito, Wilson Toainga, informó que la fiscalía colombiana explicó que se espera que los cuerpos rescatados lleguen el viernes en la mañana a la ciudad colombiana de Cali, donde se les practicarán las pericias forenses para verificar su identidad.

“Para esa diligencia han solicitado la presencia de los familiares directos de los periodistas” para tomar muestras de ADN y cotejar con los cuerpos hallados, dijo, al tiempo de señalar que se esperan resultados entre 24 y 48 horas después de la toma de muestras y, en caso de dar positivo, se repatriarán los cadáveres el mismo día.

La viceministra de Justicia ecuatoriana, Liliana Guzmán, aseguró que en las próximas horas se desplazará una delegación de autoridades y técnicos forenses de este país que acompañarán a los familiares del equipo periodístico para verificar las pruebas que se realizarán en Cali.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, que el jueves que se enteraron del hallazgo por el tuit de Santos, y señaló que están “esperando la confirmación total”.

“He conversado con el canciller (ecuatoriano José) Valencia, que se ha comunicado con la canciller (colombiana María Ángela) Holguín, indicando que hay una altísima probabilidad que sea efectiva, verdadera la noticia”, agregó.

Por su parte, la Cruz Roja Internacional dijo en Twitter que “hemos informado a los familiares de los tres ciudadanos ecuatorianos y estaremos acompañándolos durante este proceso. Lamentamos profundamente su pérdida y expresamos nuestras condolencias”.

Los operativos militares contra el grupo en la frontera entre Colombia y Ecuador han permitido capturar a decenas de individuos del grupo rebelde, pero su líder sigue prófugo.