En marzo pasado, Maikel Moreno conmocionó a su país cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que preside anuló los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y se los adjudicó.
Incluso en una nación acostumbrada a la agitación política, la decisión desencadenó protestas masivas que llevaron a Moreno y a su corte de 32 miembros a suspender parcialmente la medida tres días después.
El juego de poderes ilustró el rol de Moreno como brazo ejecutor clave de la administración socialista de Nicolás Maduro, calificada como una dictadura por un número creciente de gobiernos, desde Francia y Estados Unidos hasta algunos vecinos sudamericanos como Colombia y Perú.
Bajo la tutela del guardaespaldas de 51 años devenido en juez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha invalidado casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento.
Sin embargo, el pasado de Moreno sigue siendo desconocido, incluso para la mayoría de los venezolanos. Para rastrear su trayectoria, Reuters examinó documentos y entrevistó a socios, colegas y amigos en cinco países.
La imagen que emerge es la de un jurista que, aprovechando sus conexiones personales y manejando casos políticamente sensibles que otros abogados y jueces rechazaron, se fue acercando a Maduro y a otros miembros de la “Revolución Bolivariana” lanzada por el fallecido líder Hugo Chávez.
En su ascenso al pedestal judicial de Venezuela, Moreno dejó atrás un pasado que incluye acusaciones de extorsión y tráfico de influencias y su arresto en 1989 bajo sospecha de matar a un adolescente, según documentos oficiales y personas familiarizadas con sus antecedentes.
Reuters no encontró evidencia de que Moreno haya sido juzgado o condenado por algún crimen.
En un breve intercambio de mensajes de texto con Reuters el 7 de noviembre, Moreno dijo que las acusaciones de haber cumplido un tiempo en prisión, un viejo rumor en Venezuela, fueron “inventadas” por la “prensa amarillista”.
Aunque ofreció conceder una entrevista a Reuters, luego no respondió las solicitudes para agendar una, ni tampoco a preguntas adicionales vía mensaje de texto sobre su carrera y otros episodios en los que fue acusado de malos manejos.
Ni el TSJ ni el Gobierno de Maduro respondieron a otras solicitudes de comentarios.
Documentos que incluyen un reporte de inteligencia de 2006 de la división de seguridad del Tribunal y un fallo de la máxima corte en contra de Moreno, indican que en el pasado el magistrado fue acusado de estar del lado equivocado de la ley.
En 1989 estuvo involucrado en un tiroteo, y luego en 2007 fue destituido de su cargo de juez en un tribunal menor, por lo que el TSJ de ese momento dijo fue una liberación inapropiada de dos sospechosos de asesinato.
Los adversarios de Maduro sostienen que Moreno ha sido instrumental para apuntalar a un Gobierno que es percibido como cada vez más autoritario.
En los últimos meses, el TSJ ha enviado a cinco alcaldes de la oposición a la cárcel y aprobó la destitución de la fiscal general, que huyó del país a mediados de agosto, uniéndose al creciente éxodo de críticos de Maduro.
En mayo, el Tribunal presidido por Moreno dio luz verde para que Maduro procediera con las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo todopoderoso que ha reemplazado a la Asamblea Nacional, y que para muchos, consolidó el talante autocrático del Gobierno socialista.
Al menos 125 personas murieron en los cuatro meses de protestas que se produjeron después de que el poder judicial buscara neutralizar en marzo a la Asamblea.
“La mayor afrenta que se le puede hacer a un pueblo es poner a un criminal a dirigir la justicia”, dijo Luis Velázquez Alvaray, un exjuez venezolano que investigó a Moreno en representación del Tribunal Supremo, una década antes de que Maduro lo eligiera para dirigir la máxima corte.
Velázquez agregó que durante su pesquisa encontró un registro del arresto de Moreno emitido después del asesinato del adolescente en 1989. También dijo que investigó una llamada telefónica en la que otro juez, en un caso separado, grabó a Moreno presuntamente presionándolo para que liberara a un sospechoso de traficar armas y droga.
El presidente del Tribunal no es el primer alto funcionario venezolano acusado de abuso de poder. A principios de año, el gobierno de los Estados Unidos señaló al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y sancionó al propio Maduro acusándolo de “abusar deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos” con tácticas represivas.
También sancionó a Moreno y a otros siete jueces del máximo órgano judicial por presuntamente usurpar las funciones del Poder Legislativo y “restringir los derechos y frustrar la voluntad del pueblo venezolano”.
El Gobierno de Venezuela ha desestimado las acusaciones y criticado las sanciones, que prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con cualquiera de los funcionarios y congelan los activos que los empleados públicos puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos.
El vicepresidente, El Aissami, ha negado reiteradamente tener cualquier lazo con el narcotráfico y sostiene que Washington lanza “provocaciones miserables” y “viles agresiones”.
Bajo el mandato de Chávez, y ahora con Maduro, el país petrolero, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Latinoamérica y que cuenta con las mayores reservas de crudo mundiales, se precipitó hacia una profunda crisis económica que fracturó la estabilidad social.
Después de una votación en octubre en la que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) vencieron en la mayoría de las gobernaciones, el presidente ha ganado nuevos bríos para desestimar las acusaciones de fraude que lanzaron sus adversarios y defender la legitimidad de su Gobierno.
“Yo no soy un dictador”, dijo Maduro tras la contienda. “Yo tengo bigote, me parezco a (Iósif) Stalin, pero no soy Stalin”, agregó refiriéndose al dictador soviético.
Un homicidio «resuelto»
xiste muy poco en los registros públicos sobre la juventud de Moreno. Nació el 31 de diciembre de 1965 en la ciudad oriental de El Tigre, según documentos fiscales y electorales públicos.
A fines de la década de 1980 registros judiciales, de inteligencia y artículos de periódicos, indican que trabajó como guardaespaldas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. No está claro cómo se convirtió en escolta o se vinculó al entorno de seguridad del presidente.
Esa época, marcada también por una alta inflación aunque lejos de los estratosféricos niveles actuales, preparó el escenario para la eventual llegada al poder de Chávez, un militar con ideales izquierdistas descontento con el statu quo.
El aumento del enfado y las dificultades económicas produjeron disturbios en 1989, en un episodio conocido como “El Caracazo” donde cientos de personas murieron.
La noche del 26 de abril de ese año, Moreno y otros dos guardaespaldas de Pérez se encontraban en Parque Central, un barrio de clase media de la capital Caracas, según un artículo publicado dos días después en El Nacional, entonces uno de los principales periódicos venezolanos.
Por razones que no están claras, estalló una pelea. Rubén Gil Márquez, un estudiante de 19 años, ingresó a la refriega con un bate de béisbol, dijo el periódico. Los guardaespaldas abrieron fuego contra Gil.
“Escoltas presidenciales mataron a un joven”, se lee en el titular de la portada, sobre una imagen de la madre de Gil, Carmen Romelia Márquez de Gómez, llorando.
La policía arrestó a Moreno, de acuerdo con el periódico, personas familiarizadas con el incidente y un informe de inteligencia preparado hace una década por la división de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia.
Una foto de su arresto, incluida en el informe y fechada la semana después del asesinato, muestra que Moreno fue detenido por una investigación de “homicidio”.
Reuters revisó una copia del informe que el TSJ encargó en 2006. El Tribunal de 32 miembros ya se mostraba alineado con el Gobierno socialista en ese momento por los nombramientos hechos por Chávez, pero varios jueces habían comenzado a cuestionar la designación de Moreno como juez de control en un tribunal menor.
El informe, que no se había hecho público antes, fue firmado por Luis Enrique Villoria García, director general de la división de seguridad del Tribunal en ese momento. Reuters no pudo contactar a Villoria para discutir la copia del documento de 19 páginas revisado, al que parece que le falta una página.
Pero los datos allí mostrados sobre el homicidio y la destitución de Moreno del tribunal en 2007 fueron confirmados independientemente por personas familiarizadas con su contenido, que incluyen a un alto funcionario del Gobierno, tres exmagistrados del TSJ y tres altos exfuncionarios de inteligencia.
Detalles importantes sobre el caso de homicidio y el arresto de Moreno siguen sin estar claros. En particular, Reuters no pudo encontrar ningún documento que explicara si Moreno fue juzgado, sentenciado o encarcelado.
El informe señala que estuvo encarcelado hasta algún momento en 1990, y cita un número de caso criminal por un cargo de homicidio contra él (522755), pero Reuters no pudo encontrar ningún archivo asociado con el caso.
Reuters tampoco pudo acceder a un archivo judicial central en Caracas y el TSJ no respondió a las solicitudes de permiso para revisar el registro.
La madre de Gil murió hace una década, según personas cercanas a la familia.
Dos personas cercanas a Gil relataron a Reuters que los testigos y familiares dijeron en el momento de la pelea que Moreno disparó el tiro que mató al joven. Estas personas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, agregaron que Gil había sido miembro de una pandilla y que una rivalidad no especificada con Moreno había desencadenado la pelea.
Una persona, que dice haber visto el cuerpo de Gil en una morgue de Caracas, dijo que el joven recibió un disparo en la espalda. El certificado de defunción de Gil, revisado por Reuters, cita el disparo como la causa de la muerte.
Tres personas cercanas a la familia dijeron que prosiguió una causa legal tras la muerte de Gil, pero ninguno de ellos sabía qué sucedió con el caso. “He querido denunciarlo durante años, pero tengo demasiado miedo”, dijo una de estas personas.
Moreno nunca ha negado, confirmado o discutido el asesinato de Gil públicamente.
Según una persona cercana a Moreno que habló bajo condición de anonimato, el magistrado le dijo a amigos y colegas que el asesinato fue en defensa propia. Otra persona, que también pidió no ser identificada, dijo a Reuters que Moreno aseguró que cualquier consecuencia legal del asesinato había sido “resuelta”.
En algún momento de 1990 Moreno fue liberado de la cárcel, según el informe de inteligencia, que agrega que Moreno recibió “ilegalmente un beneficio procesal”, sin agregar más detalles sobre la liberación.
En el intercambio de mensajes de texto con Reuters, Moreno disputó la afirmación de que estuvo en la cárcel, diciendo que, como otros detalles del reporte, “tampoco es verdad”. No aclaró ni se refirió directamente a otros pormenores del reporte.
“Casos políticos”
Una vez libre, Moreno obtuvo un título de abogado en la Universidad Santa María, en Caracas. Trabajó como alguacil en el ínterin, según su biografía oficial.
Mientras Moreno estudiaba, Chávez dirigió en 1992 un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del cada vez más impopular Pérez. Chávez fue encarcelado, pero liberado en 1994 gracias al trabajo de Cilia Flores, una polémica abogada ferviente de las causas de la izquierda.
En la próxima década, Flores se convirtió en una cercana colaboradora de Chávez y jefa de la Asamblea Nacional. También es amiga de Moreno. No está claro como lo conoció, pero años antes Flores también había estudiado derecho en la Santa María.
El Gobierno no respondió a las solicitudes para conversar con Flores y Reuters no pudo contactarla fuera de los canales del Gobierno.
Al terminar su carrera de derecho en 1995, Moreno ejerció dos años como abogado antes de conseguir un empleo como asesor legal en la corporación Alas de Venezuela C.A., propietaria de la aerolínea local Aeropostal.
En ese momento, Chávez había ganado un creciente apoyo de la clase trabajadora venezolana y estaba en camino de ganar las elecciones presidenciales de 1998. Moreno ya estaba alardeando de sus estrechos vínculos con Flores y otros “chavistas” en ascenso.
“Se aseguró que todo el mundo supiera sobre esa relación”, dijo Nelson Ramiz, quien era el propietario de Aeropostal pero que luego cedió el control de la aerolínea y se mudó a Miami en el 2007, luego de una disputa con los reguladores.
Después de tres años en la aerolínea, Moreno trabajó como asesor legal de la policía metropolitana en Sucre, un municipio en el este de Caracas. También comenzó a asesorar a la Asamblea Nacional y se convirtió en juez auxiliar para un distrito en el noreste del país.
Durante el resto de la década de 1990, Moreno alternó su trabajo como abogado y juez, y en ocasiones desempeñada ambos cargos casi al mismo tiempo. No es inusual en Venezuela, que algunos abogados trabajen casi en forma simultánea como jueces.
Pero la elección de algunos de los casos de Moreno generó lo que los críticos consideraron conflictos de intereses. En un episodio, defendió a un sospechoso en un prominente juicio de homicidio, y luego, como juez escuchó cargos relacionados contra otro sospechoso.
Ambos casos están relacionados con muertes por disparos ocurridas durante un fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.
Durante el golpe, se registraron disparos cuando los partidarios de la oposición marchaban hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Más tarde, testigos dijeron que vieron a francotiradores en azoteas, pistoleros en un puente y agentes de la policía con armas de fuego en medio del tiroteo.
Cuando la violencia cesó, 19 personas estaban muertas.
Críticos y seguidores de los gobiernos de Chávez y Maduro aún cuestionan el evento, que ha alimentado años de controversia y juicios.
Richard Peñalver, un partidario del chavismo acusado de ser uno de los tiradores, contrató a Moreno como su abogado defensor. En 2003, Moreno aseguró la absolución de Peñalver, una victoria para el lado progubernamental.
Poco después, pero esta vez como juez de instrucción, Moreno accedió a dirimir si se debía presentar un caso contra Iván Simonovis, un excomisario de la policía de Caracas que enfrentaba cargos relacionados con cuatro de las muertes.
Adversarios de Gobierno argumentaron que los cargos fueron manipulados y que Simonovis se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio. También percibieron un conflicto relacionado a Moreno, debido a su papel en exonerar a Peñalver.
Aunque la defensa le pidió a Moreno que se recusara, según uno de los abogados y un miembro de la familia Simonovis, él se negó y envió el caso a un juicio donde Simonovis fue condenado al año siguiente y sentenciado a 30 años de prisión.
Al excomisario, quien está bajo arresto domiciliario por sufrir de una enfermedad, no le está permitido, según los términos de la sentencia, conversar su caso con Reuters.
Pocos jueces estuvieron dispuestos a escuchar el polémico caso.
“Ninguno de nosotros quería hacerse cargo de casos políticos”, dijo a Reuters un exjuez del TSJ. “Aunque Maikel sí, para congraciarse” con el Gobierno de Chávez.
Moreno se estaba acercando cada vez más a figuras de poder, sobre todo a la influyente Flores y a su novio: el confidente y futuro sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El magistrado y la poderosa pareja empezaron a tener contacto regular, dijo el exjuez.
Fue entonces cuando Moreno comenzó a ejercer su poder sobre otros jueces.
En 2004, Luis Meléndez, un juez de Caracas, grabó una conversación telefónica en la que Moreno dijo estaba llamando en nombre de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente del país.
Preocupado por una llamada previa que había recibido de Moreno, Meléndez grabó la segunda conversación y la entregó a los inspectores internos de la judicatura.
En una copia de la grabación a la que tuvo acceso Reuters, se escucha a Moreno presionando a Meléndez para que libere a Saúl Cordero, un presunto criminal acusado en ese entonces de tráfico de drogas y armas.
Reuters también revisó una transcripción de la llamada impresa en una hoja con el membrete del Tribunal Supremo como parte de la investigación que se le siguió a Moreno en 2006.
“Lo importante es que esté afuera”, dijo Moreno a Meléndez. “Lo que se le tenga que hacer”.
Un alto funcionario del Gobierno y otra persona familiarizada con la grabación dijeron que era auténtica.
No quedó claro si Meléndez liberó a Cordero. Pero el acusado nunca fue juzgado por estos cargos y eventualmente fue nombrado jefe de la policía por un alcalde progubernamental en el municipio Caroní, al sur de Venezuela.
Reuters no logró contactar a Cordero, Meléndez ni a Rangel para que hicieran comentarios.
“Graves errores judiciales inexcusables”
En 2006 la llamada telefónica y el polémico papel de Moreno en los juicios por los sucesos de 2002 eran cada vez más conocidos en los círculos judiciales, según jueces, abogados y otros funcionarios en ese momento activos. El Tribunal Supremo ordenó a su división de seguridad que lo investigara.
El informe de inteligencia resultante sacó a la luz alegatos que acabaron con la primera etapa de Moreno como juez.
El informe sostuvo que los esfuerzos de Moreno para afectar resultados judiciales fueron más allá de sólo presionar a sus colegas. Citó el testimonio de numerosos testigos que alegaban que Moreno participó en una presunta banda de extorsión -conocida como “Los Enanos”- que se aseguraba pagos de los acusados a cambio de sentencias indulgentes o absoluciones.
Sin embargo, Moreno nunca fue acusado por nada relacionado con supuesta extorsión.
Pero su comportamiento, advirtió el informe, era una amenaza para los tribunales, Chávez y “la Revolución”.
En 2007, el Tribunal Supremo encontró a Moreno en desacato y lo destituyó como juez de un tribunal de apelaciones. Citando “graves errores judiciales inexcusables”, la máxima corte determinó que Moreno había liberado indebidamente a dos sospechosos de asesinatos, de acuerdo con su fallo.
Reuters no pudo determinar los motivos que llevaron a Moreno a liberar a los dos sospechosos.
A pesar de su expulsión, Moreno mantuvo la calma, según personas que conversaron con él en ese momento. Aliados como Maduro, a quien Chávez nombró como ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudarían.
“Maduro y Cilia me protegerán”, dijo Moreno a Ramiz, de acuerdo con el exdueño de la aerolínea, que recuerda una charla con el magistrado poco después de su destitución. Ambos habían mantenido la amistad incluso luego de que Moreno dejara Aeropostal.
Casi de inmediato, Maduro envió a Moreno a un puesto diplomático en Roma.
Luego de un año, Maduro lo despachó a Trinidad y Tobago, un país caribeño más cercano a su hogar, en donde ocupó un cargo de negocios en la embajada de Venezuela hasta 2010. Más tarde, Moreno regresó a Caracas y estudió un doctorado.
Chávez, afectado por el cáncer, murió en marzo de 2013. Maduro, entonces en la vicepresidencia, sucedió a Chávez al siguiente mes, y semanas más tarde, se casó con Flores, que se convirtió así en su primera dama.
Con sus aliados en el poder, Moreno revivió una carrera judicial que según tres jueces superiores habría permanecido moribunda sin esa conexión de alto nivel, dado su arresto por el asesinato en 1989 y su posterior expulsión del sistema judicial.
La constitución venezolana de 1999, reescrita por Chávez, establece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe “gozar de buena reputación”.
En el 2014, Maduro incorporó a Moreno, ya con un nuevo doctorado en derecho constitucional, en el máximo tribunal.
Desde ese momento, la influencia de Moreno creció.
En febrero de 2017, Maduro lo nombró presidente de la máxima corte, lo que enfureció a sus críticos, incluida Gabriela Ramírez, la entonces defensora del pueblo.
Ramírez intentó infructuosamente desmontar el nombramiento, citando los cargos por los que había sido Moreno expulsado del tribunal de apelaciones.
Con Moreno como líder de la justicia, el TSJ procedió a desechar todos los recursos legales presentados en la máxima corte del país que han desafiado la autoridad de Maduro.
El proyecto fue presentado en sesión ordinaria por Eduardo Piñate, quien aseguró que la ley busca garantizar la soberanía alimentaria y establecer los criterios para instaurar los precios de productos que son prioridad.