Asamblea Nacional Constituyente

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló este lunes que elevará una solicitud a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para agregar el término “bolivariana” al nombre de las Fuerzas Armadas, en el marco de la redacción de una nueva Constitución nacional.

“Vamos a pedirle a la Asamblea Nacional Constituyente que se incorpore el término ‘bolivariana’ a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que se constitucionalice”, indicó en un evento por la paz y la soberanía desarrollado en Caracas.

Este término ya se encuentra en el texto jurídico de la institución. Sin embargo, Padrino sugiere que se incorpore en la Constitución.

“Aún cuando ella está en nuestro texto jurídico, en nuestra Ley Orgánica (…) queremos nosotros, los soldados de la patria (…) la Fuerza Armada Nacional se apellide ‘bolivariana’ para seguir el pensamiento de Bolívar de humanismo, de igualdad social, de democracia, de libertad”, agregó.

El ministro, general en jefe del Ejército venezolano, adelantó que la propuesta será presentada mañana en la sesión de la ANC, una junta conformada solo por oficialistas para redactar una nueva Carta Magna y cuya elección se vio inmersa en denuncias de ilegalidad y fraude por parte de la oposición y algunos Gobiernos extranjeros.

Ante esta plenaria, también dijo que planteará se abra un debate sobre la seguridad nacional y sobre la Fuerza Armada. “Para su fortalecimiento (…) haciendo énfasis en el concepto de la unión cívico militar”, destacó.

Desde el sábado y hasta este martes, en Caracas se desarrolla un evento por la paz y la soberanía y “contra el imperialismo” denominado “Todos somos Venezuela“, en el que participó el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, el presidente boliviano, Evo Morales, y personalidades de casi 200 países.

LAS IRREGULARIDADES EN LAS QUE INCURRE el Consejo Nacional Electoral están a la orden del día al privilegiar los deseos de la Asamblea Nacional Constituyente y del partido de gobierno a costa de los derechos políticos de los venezolanos. El Poder Electoral, en franca violación de los cometidos que le encarga el artículo 294 de la constitución vigente, adelantó las elecciones regionales para el mes de octubre de este año por decisión de la ANC, en sesión del pasado 12 de agosto, aceptando pasivamente y sin motivación alguna el cambio de la fecha para la elección de los gobernadores, prevista para el mes de diciembre de este año.

De esta forma, el CNE permitió que la ANC usurpara sus funciones, a lo que se añade el clima de suspicacia e incertidumbre generado por su silencio al dejar transcurrir un mes para anunciar sólo a través de su página web que las elecciones «de gobernadoras y gobernadores se realizarán el domingo 15 de octubre, tal como fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, cuya convocatoria, así como el cronograma de actividades estarán a disposición a partir del martes 13 de septiembre».

Hay que recordar al respecto lo sinuosa que ha sido la vía transitada por los venezolanos para que el CNE pudiera convocar estas elecciones regionales, las cuales debían celebrarse en diciembre de 2016, pero el máximo órgano del Poder Electoral, sin razón alguna, las difirió para este año. Con tal decisión, se violaron los artículos 160 y 162 de la Constitución, que proclaman que el inicio y la culminación de los períodos constitucionales de los cargos de elección popular en las entidades estadales son de cuatro años.

Si bien no existe en la Constitución ni en la legislación electoral un patrón estable para escoger la fecha de las elecciones, lo cierto es que el CNE, bajo el pretexto del artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que le permite establecer la fecha específica de los comicios, actúa desproporcionada y arbitrariamente al fijar o modificar a su antojo esta regla clave del juego político usándola como un instrumento ventajista para el partido de gobierno.

Para Acceso a la Justicia, un organismo electoral en el que casi todos sus miembros rectores están claramente identificados con la organización política gobernante no ofrece credibilidad, y esta falta de confianza es justificadamente trasladada a cada una de sus decisiones en las que los derechos políticos de los venezolanos parecen ser un elemento ornamental.

Por desgracia, este panorama poco alentador para los venezolanos se agrava cuando a un mes de celebrarse el proceso electoral la ciudadanía, en términos generales, desconoce su cronograma, ya que no ha habido mayor difusión de la información y, peor aún, no sabe en qué condiciones ejercerá su derecho al sufragio, sobre todo si se toma en cuenta el último y polémico precedente de las elecciones de la fraudulenta ANC. Recordemos que en este caso el CNE introdujo cambios inesperados a última hora, como el de establecer el Poliedro de Caracas como un centro de votación de contingencia.

De hecho, ya hay un cambio anunciado según las recientes declaraciones del rector Luis Emilio Rondón en las que afirmó en un programa de televisión que en las elecciones regionales pautadas para el 15 de octubre no se usará la tinta indeleble, sin que esta modificación haya sido anunciada oficialmente por el Poder Electoral.

Con información de Acceso a la Justicia 

Nicolás Maduro condenó este domingo, 17 de septiembre, que la oposición venezolana haya negado llamar «diálogo» a las reuniones que sostuvieron con representantes del gobierno durante esta semana en República Dominicana.

«Es evidente, público y notorio que hay un diálogo y Julio Borges sale a decir que es mentira», reclamó Maduro, quien recordó que se hicieron dos citas en la isla caribeña en los últimos siete días. «Fueron 16 horas (…) conversando sobre Venezuela. ¿Cómo se llama eso? Diálogo, conversación. Ellos hablan de negociaciones, yo lo llamo como lo que es: diálogo por la paz».

Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y el diputado Luis Florido, dijeron el sábado que las conversaciones en Santo Domingo eran «reuniones exploratorias» ante un posible diálogo.

Maduro se definió como un creyente en el diálogo y en la coexistencia pacífica.«A mí nadie me puede decir que estoy traicionando a la revolución», concluyó, poco antes de fustigar nuevamente las negaciones de la MUD. «Hay que tener coherencia, palabra, solidez en la posiciones políticas, que es todo lo que le falta a la oposición», indicó.

Más de 100

Maduro indicó que desde marzo de 2016, la MUD participó en una serie de reuniones privadas con el Ejecutivo y, posteriormente, intervino en otras que fueron públicas en octubre del mismo año. Estas últimas, por cierto, se llevaron a cabo en medio de las protestas que se activaron en el cuarto trimestre, las cuáles exigieron la realización de un referéndum revocatorio contra la administración de Maduro, proceso que fue suspendido por orden de tribunales locales que inhabilitaron la consulta electoral.

«Si yo contara todas esas reuniones, más todas las que ha habido durante 2017, pudiera decir que ha habido más de 100 reuniones entre el gobierno y la oposición», aseguró el jefe de gobierno venezolano. Seguidamente, apuntó que Borges había participado en al menos 30 encuentros, mientras que Henri Ramos Allup, ex presidente de la AN, había actuado en otras tantas. «Hasta Leopoldo López, inclusive, en su condición de penado. Yo he autorizado que asista a reuniones», recalcó. Recordó que Manuel Rosales también había ido a estas citas.

«Tú (refiriéndose a Borges) te has sentado una, dos, tres y 20 veces a hablar, inclusive a hablar mal de la oposición. ¿Por qué te vas a avergonzar si esa es la política. ¿O es que tú propones no que hablemos sino que nos matemos? (…) O es que tú te crees un príncipe de (Donald) Trump, un príncipe del imperio«, cuestionó el mandatario.

«A nosotros no nos obliga nadie», advirtió Maduro, pese a que los encuentros de Santo Domingo fueron impulsados por Francia, país que anunció que, si no se llegaba a un acuerdo con el gobierno venezolano, la Unión Europea aplicaría sanciones a la nación. 

Además, solicitó a la oposición que «no mienta sobre los temas» que se trataron en Dominicana e insistió en que quienes hayan cometido «crímenes de terrorismo», pagarán.

Cronograma y un acuerdo preconstituyente

El jefe de Estado también aseguró que ya estaba establecido un cronograma electoral, por lo que no entendía por qué esta era una exigencia de la MUD cada vez que se sentaba a dialogar. Según él, las regionales, tal como se ha anunciado, se harán el 15 de octubre próximo, mientras que las de alcaldes, que deberían hacerse a finales de este 2017, se llevarán a cabo en el primer trimestre del año que viene. Los comicios presidenciales, añadió, se harán durante los últimos tres meses de 2018.  

Maduro recordó las reuniones que supuestamente se llevaron a cabo entre gobierno y oposición antes de la anc, e insistió en que propuso a la MUD posponer por tres semanas las elecciones a fin de que la oposición inscribiera a sus candidatos. «Yo estaba contento de que se iba a dar eso y ellos salieron a consultar y después dijeron que no», aseveró.

Señaló que, como respuesta, ofertó la incorporación de 50 Constituyentes –y luego de 100, por solicitud de la MUD– que actuaran como voceros del bloque opositor. Pero a esto también se negó la coalición.

La última carta jugada por el Ejecutivo, según Maduro, fue la firma de un preacuerdo que garantizara la convivencia entre la AN y la ANC, un documento que presuntamente contaba con el respaldo de los opositores. «Yo tengo las pruebas, tengo el acuerdo (…) Pero hubo una llamada telefónica de una embajada, y hay testigos internacionales de esto, y entonces después dijeron que el acuerdo no iba», aseguró.

Luego de los comicios por la Constituyente, de acuerdo con el relato de Maduro, «se reinstaló la mesa de negociaciones con la oposición». En estas citas, la MUD anunció que participaría en las regionales de octubre. «Nosotros no les creímos (…) Es la primera cosa que cumplen porque ya están derrotados en las calles. Ellos se quedaron locos cuando vieron 8 millones votando (por la anc)», agregó.

Este 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, fue escogido por la ONG de derechos humanos Cepaz (Centro de Justicia y Paz) para presentar una evaluación del estado de la democracia en Venezuela, cónsono con el espíritu para el cual fue creada la efeméride por Naciones Unidas. En un minucioso informe titulado “Estocada a la democracia. Ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela” se desglosan los hitos antidemocráticos presentes en Venezuela.

A continuación, reproducimos el contenido del informe:

La crisis social, política y económica que se agudiza cada día en Venezuela y las acciones emanadas del Poder Ejecutivo y sus brazos ejecutores –el Poder Judicial, el Poder Moral, el Poder Electoral  y ahora la Asamblea Nacional Constituyente–, han conllevado a un deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país, y dejan en mayor indefensión a la población.

Los acontecimientos de los últimos 10 meses del mandato presidencial de Nicolás Maduro marcan un antes y un después en la ya menguada democracia que comenzó su deterioro paulatino hace 18 años. Estos hechos motivaron al Centro de Justicia y Paz (Cepaz) a elaborar un minucioso informe denominado “Estocada a la democracia. Ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela” en el que exponen los hechos antidemocráticos más relevantes ocurridos entre octubre de 2016 y agosto de 2017 y cómo el objetivo del gobierno se ha orientado al mantenimiento del poder político por encima de lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y de la voluntad popular.

El repaso de este período oscuro para la democracia venezolana se desglosa en ocho temas, comenzando con un contexto que recuerda las premisas que han definido históricamente la democracia en el país, en su ejercicio cotidiano y en los mandatos establecidos en la Constitución y en los emanados del marco normativo internacional.

Más adelante el estudio explica que la suspensión del referendo revocatorio contra el mandato presidencial representa el punto de partida de esa estocada infligida desde el poder al desconocer el masivo apoyo popular a la iniciativa de la oposición, vulnerando los derechos civiles y políticos y el derecho constitucional al voto. Tras una serie de obstáculos impuestos por las autoridades del Consejo Nacional Electoral finalmente fue vetada de manera fraudulenta esta vía electoral.

Pero esa no fue la única decisión en materia comicial tomada arbitrariamente. El siguiente punto del documento reseña que el anuncio de la suspensión de las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre de 2016 sin mayores explicaciones y la posterior declaración del presidente Maduro de adelantar las elecciones legislativas para recuperar el control de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lesionaron aún más las normas democráticas y detonaron el rechazo en la población.

Capítulo aparte merece lo que Cepaz considera el punto de inflexión en el orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela: las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en marzo de 2017, que en un primer momento disolvieron las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional, marcando un hecho sin precedentes que agravó la institucionalidad democrática en el país. Aunque tres días después el gobierno anunció  la revisión de las sentencias para resolver “la controversia de poderes”, en la práctica el máximo tribunal mantiene un acoso permanente a la gestión del Poder Legislativo, anulando sus actos con el argumento del desacato y de que los diputados incurrieron en el delito de traición a la patria. Con esto el TSJ demuestra que sus decisiones son políticas y no judiciales, y que es un operador de los intereses del Ejecutivo.

El desconocimiento a las atribuciones de la AN y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente conllevaron a una reactivación de la protesta ciudadana en busca de una solución a la crisis en el país. En esta parte del estudio se explica cómo el gobierno dejó de lado las apariencias para dar paso a procederes arbitrarios y represores que se tradujeron en miles de detenciones y actos de persecución contra la disidencia política, al punto de calificar las protestas y movilizaciones pacíficas como actos terroristas. Precisa que en sus actuaciones los cuerpos de seguridad, bajo órdenes del Ejecutivo, incurrieron en prácticas contrarias al debido proceso establecido en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ante esto, “Estocada a la Democracia” registra la reacción de organismos internacionales y gobiernos del mundo que exhortaron a Nicolás Maduro a permitir las protestas pacíficas.

El informe incluye un aspecto en el cual Cepaz ha venido trabajando y denunciando: la identificación de nuevos patrones de persecución política. El inicio de procedimientos judiciales ante tribunales militares, la anulación de pasaportes a la disidencia política, el inicio de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes (al menos 23 alcaldes han sido destituidos, por medio de procesos arbitrarios y fraudulentos) se suman a los métodos de acoso aplicados en 2014, 2015 y 2016: persecución a través de medios de comunicación; destitución de cargos públicos a políticos disidentes; allanamientos irregulares a la propiedad privada; allanamiento a la inmunidad parlamentaria; inhabilitación política; usurpación de las funciones públicas; y consentimiento de actos violentos en contra de dirigentes políticos.

La crisis institucional a raíz de los pronunciamientos de la fiscal general Luisa Ortega Díaz que derivaron en la aprobación de un antejuicio de mérito en su contra y su posterior destitución también forma parte del análisis. Se indica que con sus afirmaciones contrarias a los intereses del gobierno, Ortega Díaz se convirtió en el riesgo más grande para la actual administración y en el disparador de la crisis más importante en las filas del partido de gobierno. Añade el estudio que actualmente se evidencia un clima de conflictividad y desprestigio entre los poderes públicos.

Los hitos antidemocráticos objeto de estudio culminan con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada, tras una errónea interpretación, por el propio mandatario nacional. La organización y ejecución de la elección de los representantes de la ANC le tomó al Consejo Nacional Electoral apenas 60 días, lo que contrasta con los 300 días que argumentó para realizar el referendo revocatorio presidencial. Este hecho dejó constancia de la parcialidad del Poder Electoral, con lo cual, su credibilidad una vez más quedó comprometida.

Sobre la Constituyente se concluye que tomando en cuenta que los demás poderes públicos quedan subordinados a ella y las acciones que ha tomado desde su instalación, eso constituye la última estocada a la democracia venezolana, pues es la representación de la constitucionalización de una dictadura militar socialista.

“En Venezuela no hay vestigios de democracia”

Beatriz Borges, directora de Cepaz, nos habla de la importancia de este tipo de informes para que la sociedad civil y la comunidad internacional comprendan con detalle los elementos que conllevan a afirmar que en Venezuela no hay democracia.

—¿Por qué “Estocada a la Democracia”?

—“Estocada a la Democracia” es un reporte que realizamos en Cepaz con el que se pretende evidenciar el deterioro vertiginoso de la democracia en Venezuela.  Este análisis lo presentamos en el Día Internacional de la Democracia, que es el 15 de septiembre, fecha seleccionada por las Naciones Unidas como una oportunidad de examinar el estado de la democracia en el mundo, y con él mostramos a la sociedad venezolana y al mundo que en Venezuela no existe una democracia. Para hacer el estudio y llegar a esa afirmación no solo aplicamos los instrumentos de las Naciones Unidas, sino los artículos de la Carta Democrática Interamericana. Evaluamos los elementos  fundamentales que deben existir para que un gobierno se pueda llamar democrático.

—¿Qué período incluye el estudio?

—Hacemos referencia a los últimos 18 años y cómo la democracia se ha ido debilitando y deteriorando de manera paulatina, pero el enfoque principal lo hacemos en los últimos 10 meses, de octubre de 2016 a agosto de 2017, cuando una serie de hechos antidemocráticos que terminaron con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente le dieron esa “estocada a la democracia”. El punto de inflexión de ese declive se dio con las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, desprovistas de las mínimas garantías legales y constitucionales, desconocieron las atribuciones de la Asamblea Nacional con el objeto en orientar la habilitación del Ejecutivo Nacional para legislar en aspectos clave sin contar con el aval del legislativo. Esas sentencias carecieron de toda racionalidad legal en la ya deteriorada democracia y el casi inexistente Estado de Derecho en Venezuela.

—¿Qué motivó a hacer el informe?

—El deseo y la necesidad de generar conciencia tanto en la sociedad venezolana como en la comunidad internacional de que en estos 10 meses fueron muchas las cosas que le ocurrieron a los venezolanos. Hemos tenido poca capacidad de procesar que no existe una democracia en Venezuela y muestra de ello fueron las manifestaciones ciudadanas masivas ocurridas entre abril y agosto, esa fue la reacción de la sociedad para defender la democracia, fue lo que movilizó a miles de venezolanos. Ante eso nuestra intención y mayor motivación es dar esa labor pedagógica de comprensión de qué es lo que ocurre en el país, y de que haya conciencia plena de que en Venezuela no hay vestigios de democracia.

—¿Quiénes trabajaron en el estudio?

—Principalmente participó el equipo de investigación de Cepaz; sin embargo, los insumos los recibimos de nuestras redes, en especial de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Durante todo este proceso de lucha por la recuperación de la democracia se ha hecho un monitoreo permanente de todas las situaciones que han estado ocurriendo  en Venezuela.

—¿A qué conclusiones llegaron?

—A que fueron diferentes hitos antidemocráticos, pero con una intención política deliberada, los que configuraron esa estocada a la democracia en Venezuela: la suspensión del referendo revocatorio en 2016 con el cual se anuló el derecho y el ejercicio a la participación política; la suspensión de las elecciones regionales y la reprogramación en un proceso tan adverso y sin garantías; la represión, tortura y violación de derechos humanos en las manifestaciones de abril a agosto; la agudización de la persecución política; el quiebre de la institucionalidad democrática con el Poder Judicial protegiendo al propio poder; y la instalación de la Asamblea Constituyente que con sus primeras decisiones lo que ha buscado es perseguir políticamente a la disidencia y quebrantar el Estado de Derecho. Todos esos hechos le han dado muerte a la democracia en Venezuela.

—¿Qué hacer con esos resultados?

—Nos toca seguir luchando por la recuperación de la democracia, que la comunidad internacional apoye a los venezolanos en este proceso. El hecho de que en estos momentos no haya manifestaciones masivas y que se anunciaron unas elecciones regionales no significa que estamos en democracia porque los elementos sustanciales que la definen no están presentes. Este tipo de estudios como el que ahora presentamos son muy importantes porque permiten hacer un diagnóstico de la situación para que la ciudadanía comprenda claramente por qué el gobierno no puede llamarse democrático, eso es fundamental. Y por eso nuestra organización, veladora de los derechos humanos, va a seguir llevando registro de las violaciones por parte del Estado y haciendo seguimiento a todo lo que ocurre en Venezuela.

—¿Enviarán este estudio a organismos internacionales?

—Lo estamos haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a embajadas, misiones y a órganos de protección de Naciones Unidas, entre otros.

BAJO

¿LA NUEVA U.R.S.S.?: 

Cada día se notan más las “costuras” de la ilegal asamblea constituyente. Críticas como las de los rojos Earle Herrera y Eleazar Díaz Rangel quienes han discrepado abiertamente del sectarismo existente demuestran el entubamiento de las decisiones aprobadas. No se ha hecho caso a las voces discrepantes que miran con escepticismo y estupor la repetición de los cientos de errores en materia económica que al caletre repitió el presidente Maduro, en cadena entre gallos y medianoche, para ahondar en las políticas del español de Podemos, Serrano Mancilla, y del viejo guerrillero cubano graduado luego de economista y quien fungiera de asistente del Ché Guevara, Orlando Borrego. Ambos anclados en los tiempos de la Unión Soviética a la que siguen queriendo reproducir en su “laboratorio venezolano” como pregona Serrano a sus alumnos en Ecuador. Con la nueva cesta de monedas para “ajustar” el ¿dólar Dicom? siguen empeñados en no escuchar la realidad no solo de Venezuela sino del mundo …

@franzambranor

EMISORAS DE RADIO CERRADAS, periodistas presos, intimidación a televisoras nacionales de boca del propio presidente Nicolás Maduro, corresponsales que no pueden entrar al país, amenazas a representantes y dueños de medios son tan solo algunas perlas que adornan el collar anti libertad de expresión luego de instalada la Asamblea Nacional Constituyente.

Precedida por una cruenta represión contra los representantes de los medios de comunicación, la ANC se ha propuesto institucionalizar la censura. Previo al 30 de julio, periodistas fueron heridos, golpeados, vejados, detenidos y hasta robados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas antigubernamentales que dejaron más de cien muertos a nivel nacional.

El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue liberado el pasado 24 de agosto luego de permanecer secuestrado y detenido por más de un mes en la cárcel militar de Ramo Verde. Rojas fue aprehendido el pasado 4 de julio en La Candelaria portando presunto material explosivo, fue juzgado por un tribunal castrense que le dictó privativa de libertad por los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional.

Rojas salió a la calle con cuatro medidas cautelares, entre las que destacan prohibitiva de abandonar el país y régimen de presentación cada treinta días.

“Es el primer periodista imputado por supuestos delitos militares, además le están dando muy mala propaganda a la FAN, eso quiere decir que cualquiera pueda cargar ese material por la calle”, dijo en ese entonces la abogada Elenis Rodríguez, hoy en día magistrada prófuga de la justicia venezolana.

“Rojas recibió amenazas previas por parte de grupos progobierno y luego fue sentenciado por un tribunal militar siendo este civil”, acotó Marysabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de la ONG, Espacio Público.

“Como Carlos Julio reseñaba la colas que se hacen en los abastos Bicentenario, le montaron un expediente y lo encarcelaron”, sentenció Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

Asimismo, los periodistas de Voluntad Popular, Alberto Cabrera y Antonio Medina fueron detenidos, enjuiciados por un tribunal militar y colocados tras las rejas. “No cayeron en gracia de un teniente de la Guardia Nacional y los trasladaron a la cárcel de Santa Ana como presos comunes”, agregó Guía.

“Parte de esto es inhibir el trabajo de los periodistas, es un castigo ejemplarizante”, acotó Rodríguez.

Otro caso de violencia contra el gremio significó el asesinato del periodista, Yolman Briceño en el estado Aragua. Briceño laboraba en la emisora comunitaria Anamar 103.1FM y también con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara. Desapareció el 24 de agosto de este año y su cadáver encontrado seis días después. Previo a su deceso había hecho denuncias contra el homicidio de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.

La miembro de la ONG informó que las protestas antigubernamentales significaron un punto de quiebre para el ejercicio del periodismo y el gobierno mostró su rostro más represivo.

“2017 es el año con mayor cantidad de violaciones a la libertad de expresión en los últimos 16 años. Hasta julio se habían producido 580 casos de violaciones a la libertad de expresión, 80% de esta cifra fue entre los meses de abril y julio. Un ascenso importante con respecto a 2014”.

“En 2014 comenzamos con tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año, la mayoría de estas operaciones ejecutadas por servicios de inteligencia; ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de GN y PNB, info ciudadanos detenidos, perseguidos u hostigados”, aclaró.

Rodríguez indicó que 59 representantes de medios de comunicación social fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado entre enero y agosto de este año. “Además hubo confiscación de material y retención, la mayoría eran liberados al poco tiempo, eso obviamente ocasionó un temor generalizado entre los profesionales”.

No conforme con ello, se continúa impidiendo la labor de periodistas foráneos en suelo venezolano. Un trago amargo que ya han ingerido Fernando del Rincón, Jorge Lanata y Patricia Janiot por citar algunos. “14 corresponsales han sido deportados hasta agosto de este año, detenidos y devueltos desde Maiquetia”, manifestó Rodríguez.

Contra la Colina y Horizonte

Luego de un período de tregua, el propio Maduro volvió a arremeter contra los canales de televisión Televen y Venevisión. El mandatario culpó a las plantas de transmisión de aliarse para hacer una especie de boicot informativo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. “Lo que hicieron es inaceptable, se sumaron a la guerra, sacaron las campañas de violencia más infames, ignorando al pueblo”.

Días atrás, Maduro había fustigado a los dos canales por darle cobertura al plebiscito organizado por la oposición el 16 de julio y específicamente a Televen por mantener una línea frontal en su noticiero durante las manifestaciones.

Conatel tampoco se quedó atrás y siguió promoviendo su cabalgata hacia el silencio.

Una semana después de haber eliminado de la parrilla a los canales colombianos Radio Cadena Nacional (RCN) y Caracol TV, el órgano que rige los destinos de las señales radioeléctricas en Venezuela decidió sacar del aire a 92.9 FM y a La Nueva Mágica 99.1. También abandonaron el espectro Televisora Cultural de Tovar, ZeaTV en Mérida y las frecuencias Corandes 101.3, SKY 95.3, Candela 98.3 y Campesina 93.3, también en el estado andino.

“En este instante, una comisión de Conatel procede al cierre de Tú FM 92.9, Qué Viva la 92”, escribió en su cuenta de tuiter el director de la emisora, Jaime Nestares.

La 92, familia de RCTV, pasó por lo mismo que su hermana diez años atrás, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez dijo la lapidaria frase. “No más concesión para ese canal golpista de televisión”.

“54 cierres de medios se han producido en 2017, de esa cifra 49 son nacionales y 5 internacionales. Desde enero de 2005 cuando entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión hasta octubre de 2016 cerraron 50 empresas radioeléctricas, lo que significa que en apenas un año, Conatel clausuró más del doble de medios que en once años”, argumentó Mariaengacia Chirinos, directora de Libertades Informativas del Ipys (Instituto de Prensa y Sociedad).

Desde hace meses se estaba tejiendo ese cierre, aseguró José Domingo “Mingo”” Blanco, conductor del programa “Puntos de Vista” en 99.1. “Hice una entrevista a Juan Carlos Sosa Azpúrua (abogado) que no cayó bien, pero a la emisora no la cerraron por eso, la medida estaba planteada hace tiempo”.

“Partiendo de esa entrevista, en ‘La Hojilla’ me acusaron de propiciar una invasión gringa, nos advirtieron que Conatel iba a visitarnos y nos esperábamos cualquier cosa, desde una multa hasta el cierre”, argumentó.

Blanco indicó que en ese momento se percataron que eran blanco de un espionaje radioeléctrico constante. “Nos mostraron un documento donde estaba transcrita una entrevista que le hice a Nitu Pérez Osuna en una semana donde conversé con varios colegas por el Día del Periodista, todo muy detallado, nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena de radio y televisión. Llevaron a los gerentes de la emisora al Ávila y en sus narices les dijeron que los sacaban del aire”.

Desde Espacio Público, señalan que el gobierno apela a su condición de dueño del espectro radioeléctrico para arrinconar y exigir cualquier cantidad de tramites a los medios.

“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir la línea editorial, la mayoría son emisoras criticas al gobierno. No hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, expresó Rodríguez.

“Conatel es un organismo que depende del Estado y por su presidencia han pasado personas vinculadas al partido de gobierno. Este organismo no ha abierto un proceso transparente de renovación.”, denunció Chirinos.

“Este gobierno se ha dado el tupé de cerrar una buena cantidad de medios, empezando por la clausura de RCTV y las emisoras del circuito Belfort terminando con 92.9 FM y La Nueva Mágica”, salió al paso Guía.

Blanco aseguró que el objetivo de las dictaduras es que existan emisoras serviles. “Desde 2008 no le renovaban la concesión a Mágica, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos”.

“El gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas, cerraron una emisora como 92.9, una estación con la irreverencia de la juventud”, enfatizó Guía. “La clausura de radios lo que suma son nuevas familias al alto índice de desempleo”, añadió “Mingo”.

Chirinos dijo que otros medios radioeléctricos han optado por mirar hacia otro lado para conservar el espacio. “Guardan silencio o se muestran dóciles ante la critica al poder en resguardo de su concesión y eso lo vimos en el marco de las protestas, cuando eran muy pocos los canales o emisoras que hacían cobertura de los sucesos”.

El presidente del CNP aseveró que a todo lo anteriormente expuesto hay que sumarle las irregularidades en las entregas de divisas para la compra de papel periódico, primero con Cadivi y ahora con un Dicom, que aparentemente no hará más subastas en dólares.

“Desde que la corporación Maneiro en 2013 determinó que el papel periódico no era un producto de importación de primera necesidad, se han producido 15 cierres de medios impresos. Otros han tenido que reinventarse”, alertó Chirinos.

A raíz de la persecución, la mayoría de los medios se han visto en la obligación de migrar hacia lo digital y sus periodistas cambiarse el “suiche”.

“Hemos visto ese fenómeno especialmente en los últimos tres o cuatro años, el problema es que el acceso a internet en Venezuela es deficiente”, indicó Marysabel Rodríguez. “Cada vez hay mas restricciones a la libertad de expresión y son mas difíciles de superar, pero existen espacios digitales, las redes sociales, a pesar de la información falsa, siguen siendo una de las pocas ventanas para seguir informando”, continuó.

“Los portales de información en internet son una consecuencia del cierre de medios tradicionales, denuncian la verdad y dan trabajo a los colegas, esto incomoda y por ello quieren restringir el ejercicio de la profesión hasta en redes sociales”, comentó Tinedo Guía.

Precisamente la ANC ya dirige sus baterías hacia los portales de información y redes sociales.

“No hay duda que viene una especie de persecución a los medios digitales, aunque esto es muy difícil de llevar a cabo, en la ANC se está gestando una Ley Contra el Odio y uno de sus objetivos es tipificar delitos en internet y redes sociales”, puntualizó Chirinos.

“A los medios digitales los han hackeado, bloqueado o sus reporteros han sido atacados de alguna manera, esas agresiones han sido en momentos claves o luego que funcionarios han arremetido verbalmente contra ellos”, indicó Marysabel Rodríguez.

“Al gobierno le molesta que se diga por ejemplo que en algunos edificios de la Misión Vivienda hay problemas de infraestructura, las primera víctimas de los gobiernos comunistas son los medios de comunicación”, puntualizó Tinedo Guía.

“Nos toca levantar las banderas de ciudadanía, tenemos que hacer valer nuestra libertad de pensar de manera distinta, los periodistas de pensamiento libre nos hemos constituido en una piedra en el zapato para los regímenes autoritarios, el periodista debe exigir respuestas e increpar, ser un fanático irreductible de la verdad, yo nací en dictadura pero pienso morir en libertad”, aseguró Blanco.

“En 18 años este sistema de gobierno, calificado como revolución más bien comunista, se ha propuesto imponer un sistema que es rechazado por la mayoría de los venezolanos”, concluyó Guía.

Infografía @espaciopublico

El presidente Nicolás Maduro arribó este sábado a Kazajistán, donde tiene previsto participar en la Cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés), así como reunirse con representantes de países productores de petróleo OPEP y no OPEP.

«Estamos en el desarrollo de una diplomacia multivectorial del mundo pluripolar, del nuevo mundo», dijo Maduro, quien estaba ataviado con un abrigo y boina negra y acompañado por la inseparable, Cilia Flores.

Asimismo Maduro busca venderle al Movimiento de Países no Alineados la supuesta legalidad de la Asamblea Nacional Constituyente.

Recientemente Maduro hizo una serie de anuncios en materia económica que lejos de alegrar a la población causaron más zozobra como el aumento del 40% en el sueldo mínimo, la desaparición de dólar del Dicom y la eventual venta en casas de bolsas de moneda china y rusa. Todo eso aderezado con la infaltable excusa de la «guerra económica» como culpable de la escasez de alimentos y medicinas.

Con información de EFE

«Vamos a impulsar el #Diálogo como mecanismo de #Paz para diversificar las relaciones con los Pueblos del Mundo». Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/myF1jCiKX9

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 9 de septiembre de 2017

#HISTÓRICO «Es primera vez que un Presidente de #Venezuela llega a #Kasajistán. Vamos a consolidar la Diplomacia Bolivariana de #Paz«. pic.twitter.com/f99Nlc4Rd8

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 9 de septiembre de 2017