JOSÉ UGAZ ENFRENTÓ UNO DE LOS ESCÁNDALOS de corrupción más relevantes de este siglo en América Latina. En su condición de procurador ad hoc de Perú, el abogado penalista investigó la red mafiosa que desde el poder tejieron el expresidente Alberto Fujimori y su asesor, Vladimiro Montesinos.
Ugaz abrió más de 200 expedientes contra unos mil quinientos miembros del régimen fujimorista y, además, logró congelar 205 millones de dólares en activos en el exterior y recuperar otros 75 millones dólares que habían sido robados de las arcas de su país.
Desde 2011, este profesor universitario ingresó a la directiva de Transparencia Internacional y a partir de 2014 asumió la presidencia de la organización, referencia mundial en la lucha contra la corrupción. Combinando sus cocimientos teóricos y su experiencia en el terreno, Ugaz advierte que Venezuela configura un ejemplo de «gran corrupción» que atenta contra la propia vida de sus ciudadanos.
¿Qué deja en evidencia sobre América Latina el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht?
Odebrecht lo que expresa es que en la región la corrupción no es un hecho episódico, sino que tiene raíces históricas y que es estructural y sistémica. Por lo tanto, las alternativas de solución al problema tienen que ser estructurales y sistémicas. La corrupción en América Latina se remonta a los años en los que fueron generados los propios países, a través de relaciones clientelistas que fueron la matriz sobre la cual se ha establecido el sistema de relaciones productivas en nuestro medio.
Lo que demuestra el caso Lava Jato es que la corrupción es un problema que es transversal al Estado, que involucra al sector privado y tiene un impacto definitivo en materia de desarrollo, gobernabilidad y pobreza. La paralización de grandes obras de infraestructura al final redundará en la menor cantidad de personas que van a poder salir de la pobreza o ser atendidas en sus necesidades básicas, con lo cual se demuestra la estrecha relación entre estos casos de gran corrupción y los Derechos Humanos.
¿Cómo evalúa las respuestas ofrecidas por los distintos gobiernos señalados en el caso Odebrecht?
Hay respuestas disímiles. La respuesta de la justicia brasileña es la más notoria con una reacción adecuada desde la Procuraduría General, allí se creó una fuerza de tarea que ha venido trabajando con mucha eficiencia en estos casos al punto que llevaron a prisión a los principales responsables de las empresas.
Nunca antes se había si quiera pensado en la posibilidad de que los principales gerentes de estas grandes corporaciones iban a terminar en prisión y negociando con las autoridades fiscales. Hoy día solamente en el caso Odebrecht hay más de 75 altos funcionarios de esa empresa que están conversando con las fiscalías y entregando información importantísima. Ese es el caso más emblemático dentro de los 13 países con impacto del caso Odebrecht.
Probablemente el segundo en estar bastante adelantando es el Perú, aunque tuvo un comienzo lento y confuso, creo que luego se ha puesto al ritmo y ha ido avanzando en coordinación con la Fiscalía de Brasil. Colombia y Panamá también han ido realizando gestiones para ir profundizando en sus propias investigaciones, pero hay países como Argentina, donde se acusa a la procuradora general de estar vinculada al régimen de los Kirchner y no querer avanzar en este tipo de investigaciones. En el caso de Venezuela, no tenemos conocimiento siquiera de que se haya iniciado una pesquisa. En Ecuador, si bien ya se habla de cien funcionarios involucrados, con hasta ocho ministros fuera del país y el actual vicepresidente sujeto a investigación por corrupción, todavía las averiguaciones están muy incipientes.
Cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, comenzó a tomar acciones sobre el caso Odebrecht, la Asamblea Constituyente la destituyó e impuso a otro funcionario en ese cargo. ¿Qué opina de esta situación?
Es claro que en Venezuela no hay independencia del sistema de justicia y lo que ha hecho el régimen es someter a un nivel de subordinación inaudito a la Fiscalía, al sistema judicial y a la policía para que respondan únicamente a los intereses del gobierno. De ninguna manera se podrá avanzar en investigaciones de corrupción. Venezuela es el país donde más contratos ganó Odebrecht, con 32. Nunca se podrá adelantar investigaciones eficientes, neutras y productivas con una justicia sometida al capricho del Gobierno.
La prueba de eso es que tan pronto el Gobierno se sintió incómodo con algunas referencias y acciones de la fiscal, que dicho sea de paso ha sido su gran aliada durante muchos años, hoy día esta persona ha tenido que salir del país y anunciar además que tiene información que conocía desde antes, que ahora sí está dispuesta a dar y de la cual seguramente ella también fue parte. Sí es muy importante que sepamos realmente de boca de una actriz principal de esta situación qué es lo que ella conoce en términos de vinculación de los actuales gobernantes con este esquema de corrupción.
Hay dos elementos que distinguen a Venezuela en este escándalo: 1) según los testimonios de los involucrados, es el país donde se pagó la mayor suma de dinero para sobornos; y 2) es el único país que no ha cambiado de régimen en 18 años. ¿Podría decirse que el chavismo ha sido una pieza clave en esta trama de corrupción regional?
No cabe duda de que tan pronto caiga el régimen, conoceremos la verdadera dimensión que han tenido estos esquemas de corrupción. Ya es algo sabido que en dictaduras o regímenes autoritarios donde hay un monopolio en el ejercicio del poder y absoluta oscuridad en los procesos de toma de decisiones, no hay acceso a la información, no hay una justicia independiente, y el Ministerio Público no tiene capacidad de investigar si no lo autoriza el Gobierno, la corrupción se ceba y se nutre. Por lo tanto, es muy probable que cuando tengamos toda la información a disposición lo que vamos a ver es que Venezuela ha sido el país -seguramente después de Brasil- donde mayor impacto ha tenido este grandísimo esquema de corrupción.
Altos funcionarios del régimen chavista enfrentan la posibilidad de ser llevados ante la justicia internacional por represión y violación de DD.HH. ¿También podrían ser procesados en esas instancias por corrupción?
Sí, creo que a estas alturas ya están claras las consecuencias humanitarias que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Se habla hasta de 4 millones de personas en estado de desnutrición, cientos de miles que son afectados por la falta de medicamentos, millones de personas afectadas por el tráfico de alimentos que está beneficiando a circuitos que forman parte una estructura de crimen organizado, el tráfico de gasolina, el sistema de control de cambio; es decir, un conjunto de lógicas corruptas que han apuntado a generar una situación de desabastecimiento en el país para lucrar con la necesidad del pueblo y llevarlo a una situación gravísima de crisis humanitaria.
Si como todo indica se demuestra que esto ha sido intencional, es decir, que se han adoptado una serie de decisiones para desmontar la industria farmacéutica, para dejar de producir alimentos en el país e importar más del 90% de la alimentación, para generar estas distorsiones en el control de cambio, lo que está impactando en los derechos fundamentales de los venezolanos, eso es un crimen de lesa humanidad que surge como consecuencia de una lógica corrupta y confirma una vez más lo que en Transparencia Internacional venimos diciendo desde hace tiempo: la gran corrupción tiene un impacto directo en los derechos fundamentales de las personas. Creo que esa consecuencia tiene que tener amparo en el sistema internacional y tanto los sistemas de DD.HH de Naciones Unidas o los regionales, al igual que la Corte Penal Internacional, deben tomar acción en el caso de Venezuela.
Cuando se habla de facilitar una transición en Venezuela, hay quienes plantean dejar que los corruptos se lleven su botín sin pagar ninguna condena. ¿Esta puede ser una opción válida?
No, definitivamente esa es una fórmula que está destinada al fracaso. Ya las experiencias internacionales y de la propia región han demostrado, por ejemplo en el caso de los DD.HH, que sin un proceso de verdad y reconciliación es imposible avanzar, pero primero hay que saber qué pasó y, en segundo lugar, quiénes incurrieron en graves delitos contra las personas, contra la humanidad, tienen que pagar las consecuencias de sus actos.
No es posible conseguir una reconciliación con impunidad, por lo tanto, tiene que haber una retribución del daño ocasionado tanto en materia económica como en materia de reparación simbólica de los graves perjuicios que se han ocasionado a nuestras sociedades, en particular a los más pobres. Todo proceso transicional tiene que pasar por una etapa en la que se apliquen medidas de justicia transicional. En ningún caso la justicia transicional admite circunstancias de total impunidad, si es que realmente se quiere salir del problema y no volver a repetirlo.
Siga leyendo la entrevista aqui
