El exfuncionario fue detenido en el año 2003 y, seis años más tardes, recibió una condena

Este lunes, 15 de febrero, se conoció que el preso político Arube Pérez, quien fue funcionario de la Policía Metropolitana, recibió libertad plena al terminar de cumplir una condena de 17 años y 10 meses, por el caso del 11 de abril de 2002.

El expolicía se encontraba detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda. El medio El Carabobeño publicó en Twitter un video del momento de la liberación.

En libertad plena el PM Arube Pérez tras cumplir una condena de 17 años y 10 meses por los sucesos del 11 de abril de 2002. Así fue el reencuentro con su familia a las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde este lunes 15 de febrero. pic.twitter.com/2bsZJR7ryp

— El Carabobeño (@el_carabobeno) February 15, 2021

Arube Pérez fue uno de los PM que actuaron el 11 de abril de 2002 para repeler la acción de hombres armados de Puente Llaguno, que se apostaron en la avenida Urdaneta y dispararon contra una manifestación opositora que se desplazaba por la avenida Baralt.

El exfuncionario fue detenido en el año 2003 y, seis años más tarde, recibió una condena por homicidio calificado en complicidad correspectiva y uso indebido de armas de fuego.

Ahora, a 17 años y 10 meses de haber estado en prisión, Pérez formó parte del que es considerado el juicio más largo de la historia judicial de Venezuela.

Además, fue sentenciado en abril de 2009, cuando tenía 38 años de edad, junto a otros ocho funcionarios:

El comisario Marco Hurtado, los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, y el sargento Julio Rodríguez, el comisario Iván Simonovis; y los agentes Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina.

Hasta ahora, en Ramo Verde siguen presos tres funcionarios: Erasmo Bolívar, Héctor Rovain y Luis Molina. Todos condenados con la pena máxima de 30 años de prisión. 

Con información de Crónica Uno

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Francisco Zambrano

@franzambranor

El inspector Héctor Rovaín, los cabos primeros Luis Enrique Molina y Arube Pérez, el subcomisario Marcos Hurtado, el sargento Julio Rodríguez, y el distinguido Erasmo Bolívar no olvidarán jamás lo que pasó un día como hoy hace 16 años en Puente Llaguno de la avenida Urdaneta en Caracas.

Se trató de unaUna masacre enlutó al pueblo venezolano. , Una marcha cuyo epicentro fue la sede de Pdvsa-Chuao, fue desviada al centro de Caracas y concluyó con el trágico resultado de 19 muertos y centenares de heridos.

Por la tragedia que devino en la separación momentánea del cargo del fallecido presidente Hugo Chávez fueron detenidos, enjuiciados y condenados seis funcionarios de la desaparecida Policía Metropolitana, además de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis.

Aprehendidos en 2003, los supuestos responsables de la masacre del 11A ya tienen 15 años privados de libertad.

El de los PM fue uno de los juicios más largos que se ha llevado a cabo en Venezuela., Comenzó en febrero de 2006 y concluyó el 3 de abril de 2009, cuando la jueza 4ta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, dictó sentencia.

Los seis  funcionarios y los tres comisarios son considerados como los primeros presos políticos del régimen chavista.

A Rovaín lo condenaron a  30 años de prisión por los delitos de homicidio intencional calificado y lesiones graves y leves en complicidad correspectiva. “No he tocado a mi hijo desde la muerte de su mamá hace cuatro años, por mi enfermedad no he podido visitarlo, estoy ciego y sufro de la próstata”, declaró el padre de Rovaín el año pasado.

A Molina también lo condenaron a la pena máxima luego de 230 audiencias y 265 experticias del Cicpc. Familiares de Molina alegan que la sanción pena se basó en una fotografía que posteriormente fue incorporada al documental oficialista “Claves de una masacre”. Según el testimonio de allegados, Molina, quien pertenecía a la división motorizada de la PM está tras las rejas solo por recoger el armamento de un compañero minutos antes de producirse un tiroteo.

La esposa de Molina, Laura Pérez, dijo que este ya debería estar gozando de un beneficio procesal. Desde 2010 lo podrían haber favorecido con la redención de la pena por horas de trabajo y estudio o libertad condicional, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Régimen Penitenciario. “Nada más se acuerdan de los presos políticos de 2014 para acá. Alí está Richard Peñalver pidiendo asilo en España y mi esposo preso por algo que probamos que es inocente”, dijo Pérez. “Tenemos dos hijas una de 17 y otra de 6 que prácticamente no han disfrutado de su papá. Ya basta de castigo, es absurdo someterlos a eso cuando el propio juez Eladio Aponte Aponte reconoció que habían vicios en el proceso”.

“Mi esposo está bastante desanimado porque nadie nos presta atención, nos sentimos desamparados;, la mayoría de los abogados que formaban parte de la defensa se fueron del país. Lla causa además está en Maracay y es un problema trasladarse para allá”, añadió.

A Arube Pérez, otro miembro del comando motorizado de la PM, lo detuvieron el 19 de abril de 2003 y le endosaron una condena de 17 años y 10 meses de prisión.

Según cálculos de la defensa, al cabo recluido en la cárcel de Ramo Verde le correspondía el beneficio de destacamento de trabajo en septiembre de 2007, el régimen abierto en marzo de 2009, la libertad condicional en marzo de 2015 y el confinamiento de la pena en junio de 2016. Nada de esto ha sucedido.

Similar cálculo corresponde al subcomisario Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión. “Tiene casi tres años en la cárcel de gratis”, asomó recientemente María Pascatillo, cónyugue de Hurtado.

El agente Erasmo Bolívar, recluido en Ramo Verde y penado a 30 años de cárcel expuso en una carta abierta que el gobierno no solo se ha ensañado con los policías sino también con los familiares.

“Es importante escuchar lo que dicen nuestros familiares, porque ellos también son víctimas ¿Dónde está el sentimiento y la conciencia de alguien que sentencia a otra persona sabiendo que es inocente y que los culpables siguen libres en la calle?”, escribió.

El sargento Julio Rodríguez, condenado a 30 años de prisión, es el único que recibió casa por cárcel al igual que los comisarios Vivas, Forero y Simonovis.

A Rodríguez le fue otorgado el beneficio por su delicado estado de salud. “Sabemos que por razones humanitarias los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y el sargento Rodríguez se encuentran detenidos en sus viviendas, pero eso no ha sido suficiente para reconocerles los beneficios procesales que corresponden a cada uno de estos ciudadanos”, declaró el diputado Edgar Zambrano al departamento de prensa de la Asamblea Nacional.

Hoy se cumplen dieciséis años del 11 de abril de 2002, y la justicia sigue ausente. No aparece, no está. Diecinueve personas fueron asesinadas ese día en Venezuela, en un patrón que luego y lamentablemente se repetiría muchas veces, por razones políticas. La intolerancia armada y asesina, amparada por el poder, destruyó en ese entonces diecinueve familias, diecinueve hogares,  que siguen esperando silentes y tristes por una justicia que no ha llegado y que no parece tener intenciones ni ganas de llegar. Lo mismo ha pasado con los que resultaron heridos, que tampoco han encontrado respuesta en la dama ciega. La impunidad sigue siendo, tras dieciséis años, reina y señora.

Revisando mis notas, encuentro que esto lo escribí hace años, y hoy no encuentro forma distinta o mejor de decirlo: “En aquel momento, en 2002, fueron 79 las investigaciones penales que se abrieron por las muertes y lesiones de ciudadanos venezolanos durante el 11A. En ninguna afloró la verdad. A los que dispararon contra policías y pueblo, o los absolvieron, concediéndoles además el dudoso mérito de ser “Héroes de la Revolución”, o ni siquiera los investigaron. A los que salvaron las vidas de muchos, poniendo su pecho entre las balas del oprobio y la ciudadanía, los condenaron a la pena máxima, sin tener, como pasa ahora con los que son investigados por “conspiradores” o “terroristas”, ni una prueba en la mano que lo justificara. Solo el mandato del ausente, una voz envalentonada en cadena nacional buscando consolidar mentiras, bastó y sobró para que la justicia fuera desterrada del estrado y fuera sacada de los tribunales por la puerta trasera. Ese día se fue, y aún no regresa”.

Seguimos igual. El Comisario Simonovis sigue preso, en su casa pero preso, y cinco policías metropolitanos, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Héctor Rovaín y Marco Hurtado siguen encarcelados pese a que hace ya muchos años que no deberían estar en prisión. Son todos inocentes, de eso no hay duda, un simple vistazo a sus expedientes lo demuestra, no son más que los que pagaron los platos que rompieron otros y los que le están sirviendo a unos pocos para mantener una “verdad oficial” sobre lo que ocurrió en abril de 2002 que al final no es más que una inmensa mentira. Incluso tomando en cuenta las injustas y altísimas penas que a todos les impusieron, ya hace rato que deberían estar libres, o que tienen derecho a fórmulas alternativas al cumplimiento de lo que quede de sus penas que los deberían haber sacado ya de la cárcel. Pero no, el gobierno no los libera. Hacerlo significaría, así sea por una única vez en ese caso (paradigma de persecución judicial artera e injusta) respetar las leyes, y eso no cabe en la cabeza de estos carceleros, a los que lo único que les interesa, en relación a los sucesos del 11A, es que la verdad y la ley permanezcan amordazadas y ausentes.

La CIDH, instancia ante la que se denunciaron, en su momento, las terribles violaciones a los DDHH que ocurrieron en esos días también ha permanecido callada. Del “Caso 11A”, allá en la sede del organismo internacional, no se habla. Aún esperamos que se decida la causa iniciada contra el Estado venezolano por al menos nueve de los asesinatos del 11 de abril de 2002. El procedimiento se admitió y se cumplieron todas sus fases, pero la decisión final jamás llegó.

Sé que tenemos hoy mucho en nuestras cabezas, entre nuestras manos y en nuestros corazones. Mucha ha agua ha corrido debajo de los puentes, especialmente debajo del Llaguno, y son muchos los temas que ahora nos ahogan y nos agobian, pero no podemos dejar que el olvido le haga el juego a la impunidad y a la injusticia. Al menos hoy, que se cumplen dieciséis años del aquel nefasto 11 de abril de 2002, recordemos no solo a los que fueron injustamente encarcelados solo para apuntalar la “versión oficial” de los hechos (ese cuento truculento que cada vez que se cuenta choca de nariz contra la verdad), sino también los nombres de los que ese día fueron asesinados: Erasmo Sánchez, Rudy Urbano Duque, Josefina Rengifo, César Matías Ochoa, Pedro Linares, Nelson Zambrano, Luis Alfonso Monsalve, Luis Alberto Caro, Jesús Espinoza Capote, Jesús Orlando Arellano, Orlando Rojas, Alexis Bordones, José Antonio Gamallo, Jhonnie Palencia, Víctor Reinoso, Juan David Querales, Jorge Tortoza, Ángel Figueroa y José Alexis González Revette.

Que sus nombres nos sigan doliendo hoy como nos dolieron ayer, que nos recuerden dónde, cuándo y cómo comenzó la pesadilla, y que en su memoria, así como en la de tantos que han sido arrancados de la vida en estos años por la intolerancia y por el odio, encontremos la fuerza que necesitamos para cambiar el rumbo y el destino de nuestra Venezuela. El olvido no es opción.

@HimiobSantome

Este viernes 4 de noviembre se realizará un  nacional para exigir la liberación de cinco policías metropolitanos, detenidos desde hace casi 14 años, acusados por los sucesos del 11 de Abril de 2002.

Marcos Hurtado, Arube Pérez, Héctor Rovaín, Luis Enrique Molina y Erasmo Bolívar se encuentran en el Centro Nacional de Procesados Militares Ramo Verde, en Los Teques. La condena que enfrentan los exfuncionarios, con penas que van desde 17 hasta 30 años de prisión, se decidió en una oficina y se notificó por teléfono. Así lo reconoció el exmagistrado Eladio Aponte Aponte. “Pido perdón, sólo cumplí órdenes del presidente Chávez”, reconoció luego de huir de Venezuela.

Los familiares de los policías metropolitanos realizarán este viernes 4 de noviembre a partir de las 9:00 a.m un tuitazo nacional, para llamar la atención sobre estos casos y exigir su pronta liberación. Participa con el #LibertadPolicíasMetropolitanos.

Marcos Hurtado no estaba destacado en las cercanías de Puente Llaguno, donde murieron Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque. Su sitio de operaciones era El Calvario, junto a otros 30 funcionarios. Las dos armas que portaba nunca fueron disparadas. Enfrenta una condena de 17 años y 6 meses.

A Arube Pérez se le condenó a 17 años y 9 meses por imágenes en las que se ve sobre una ballena de la PM. Las experticias demostraron que cuando él estaba sobre el vehículo, ya las dos personas habían muerto. Las balas de su armamento no coincidieron con las encontradas en los cuerpos. Al igual que Pérez, a Luis Enrique Molina lo sentencian por una fotografía de la licorería Baralca a un costado de la avenida Baralt y contenida en el video «Claves de una masacre”. Su arma tampoco fue disparada, pero recibió una condena a 30 años de prisión.

También por el video condenaron a Héctor Rovaín a 30 años de prisión. Él salió de la avenida Baralt cerca de las 4 de la tarde, media hora antes de la muerte de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano. Su arma era un revolver calibre 38, descartado por las experticias como vinculado a la muerte de ambos hombres.

El 11 de abril de 2002, por sus conocimientos como paramédico, Erasmo Bolívar estaba de servicio en una ambulancia de la PM, donde ayudaba y trasladaba a una gran cantidad de heridos. Tomar una sub-ametralladora calibre 9.mm que estaba dentro del vehículo, donde también utilizaba guantes para protección e higiene propia y de los heridos, fue su equivocación. Nuevamente una fotografía lo condenó. Aparecía con el arma de reglamento en sus manos, con la punta hacia arriba y del lado contrario de la avenida Baralt, cuando lo fotografiaron. El arma nunca fue disparada.

En todos los casos, las experticias y testigos demostraron la inocencia, pero la orden era encontrar culpables. El propio director de Investigaciones del Cicpc, Marcos Chávez, declaró en juicio oral y público lo siguiente: «Las armas aquí presentadas, pertenecientes a los funcionarios, no tienen nada que ver con los hechos del 11 de abril de la avenida Baralt”.

Tres comisarios obtuvieron el beneficio de casa por cárcel: Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas. Ellos también necesitan ser libres.

Por ley, los cinco policías metropolitanos, aún recluidos en Ramo Verde, son sujetos de medidas alternativas al cumplimiento de la pena, a las que tienen derecho desde noviembre de 2007.