Armada

«¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!», hace repetir a sus seguidores Nicolás Maduro. Y estos días en que el futuro de la crisis se juega fundamentalmente en los cuarteles, el oficialismo cuenta con un ingrediente extra para asegurarse la lealtad de los 140.000 militares que tiene el país. El papel preponderante que el chavismo asignó a los uniformados en la economía de Venezuela se vería amenazado en un régimen democrático como el que propone el presidente interino Juan Guaidó.

«A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos», explicó a La Nación Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que el año pasado publicó el informe «El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela».

La petrolera estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional, es dirigida desde hace año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, mayor general sin experiencia en la materia.

El segundo rubro es la minería, puesto que Venezuela ostenta una de las reservas de bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo. La explotación minera está controlada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.

Otra especialista, Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Invesp, indicó que hoy «es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control».

Las áreas económicas que escapan de la administración castrense son «espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca», dijo Jacome. «Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados», señala.

Garantía

La creciente inserción de los militares en la economía marcha coincide con el deterioro de la situación general en los últimos años y la necesidad de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas (Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y Armada). Si solo fuera por su salario militar, por ejemplo, un mayor ganaría apenas el equivalente a cerca de 15 dólares mensuales, ingreso que le alcanzaría para mantener a su familia durante tres días.

Así, de la solitaria empresa Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), fundada en 1975 y dedicada a la fabricación e importación de municiones y armamentos, los militares cuentan hoy con 20 compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la fabricación de productos de limpieza, textos escolares y juguetes.

La gran pregunta entonces es si un futuro gobierno democrático podría «desarmar» este entramado para regresar el control de la economía a manos privadas. «Hasta que Guaidó no les ofrezca a las Fuerzas Armadas un plan de futuro no hay posibilidad que reviertan su apoyo a Maduro», estimó San Miguel.

Por su parte, Jacome agregó: «En una transición a la democracia, siempre en el mediano plazo, hay que fomentar estrategias de confianza mutua que permitan el control civil sobre el sector militar».

La especialista estableció además una relación directa entre el creciente papel militar en la economía y el incremento de los índices de inseguridad en el país más violento de América Latina, que el año pasado llegó a 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. «Es necesario que los militares vuelvan a la institucionalidad y el profesionalismo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza», concluyó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que está enviando una armada «muy poderosa» a la península de Corea ante las amenazas del régimen de Pyongyang y un día después de conversar con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la escalada de tensiones.

«Estamos enviando una armada. Muy poderosa», indicó Trump en una entrevista con la cadena Fox Business esta mañana, en referencia al envío del portaaviones USS «Carl Vinson» y su grupo de ataque hacia aguas cercanas a Corea del Norte como muestra de fuerza.

«Tenemos submarinos, muy poderosos, mucho más poderosos que cualquier portaaviones», recalcó Trump y agregó que el líder norcoreano, Kim Jong-un, está «haciendo las cosas equivocadas».

El gobierno estadounidense ha advertido a Corea del Norte sobre las provocaciones de las últimas semanas con las pruebas de lanzamiento de misiles balísticos que han acrecentado la preocupación en la zona, especialmente en Corea del Sur y Japón, socios estratégicos de Washington.

Ayer, en una muestra de creciente exasperación, Trump advirtió a China, principal aliado del régimen norcoreano, de que estaba dispuesto a resolver el problema norcoreano sin su ayuda.

Como respuesta, el presidente chino llamó a su homólogo estadounidense, apenas unos días después del primer encuentro de ambos en Florida la pasada semana, para expresar su interés por mantener la coordinación con Trump en relación a Pyongyang.

Xi abogó en conversación con Trump por «resolver los problemas a través del diálogo», informó la cadena de televisión oficial china, CCTV, y reiteró que Pekín sigue comprometido con la desnuclearización de la península coreana y busca mantener la paz y estabilidad en esta región.

El reciente ataque aéreo de EE UU a una base del régimen sirio de Bashar al Asad ha sido interpretado también como un mensaje a Pyongyang de que la política exterior de contención y multilateralismo defendida por el predecesor de Trump, Barack Obama, ha concluido.

El Ministerio Público privó de libertad a los tenientes del Ejército Bolivariano Freddy Montilla Alfonzo (23) y de la Armada Bolivariana en situación de retiro Gumersindo Nal Bracho (53), por su presunta responsabilidad en el tráfico de 11.100 cabillas provenientes del Complejo Siderúrgico Nacional ubicado en La Yaguara, municipio Libertador del Distrito Capital.

Tal situación fue detectada el pasado sábado 16 de julio por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando 7. 800 barras de acero pretendían ser llevadas en dos gandolas a la población Naranjales del municipio Fernández Feo (Táchira), pese a que la guía de ruta indicaba como destino una empresa situada en el Barrio Obrero de San Cristóbal.

Por este mismo caso fueron imputados los conductores Jorge Rodríguez Pérez (52), José Jiménez Dorante (39) y Roger Carrasco Villamizar (27).

En la audiencia de presentación, la fiscal de la Sala de Flagrancia de esa jurisdicción andina, Isabel Vivas, imputó a los tenientes Montilla Alfonzo y Nal Bracho, por ser los presuntos autores en el delito de tráfico ilícito de materiales estratégicos, mientras que a los tres conductores se les precalificó el mismo tipo penal pero en grado de facilitadores.

Tal delito está contemplado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Tras ser evaluados los elementos de convicción expuestos por la representante del Ministerio Público, el Tribunal 4º de Control de San Cristóbal dictó la medida privativa de libertad para Montilla Alfonzo y Nal Bracho, quienes permanecerán recluidos en la sede del Destacamento Nº 2 de la GNB, en la población de La Morita.

En el caso de Giménez Dorante, Carrasco Villamizar y Rodríguez Pérez les fueron acordadas medidas cautelares consistentes en la presentación periódica cada 30 días ante el mismo juzgado, además de dos fiadores que devenguen un sueldo mensual de 180 unidades tributarias.

Adicionalmente, esa instancia judicial acordó la incautación de las dos gandolas y la camioneta marca Jeep. Vale destacar que el material estratégico quedó a la orden del Ministerio Público para su posterior disposición.

En horas de la noche del referido día, funcionarios de la GNB se encontraban de guardia en el punto de control La Morita, cuando avistaron a dos gandolas cargadas con un gran número de cabillas y una camioneta que las escoltaba.

En virtud de tal situación, los militares les efectuaron la voz de alto a los hoy imputados para que detuvieran las unidades de transporte.

Seguidamente, los efectivos castrenses solicitaron a los hombres la hoja de ruta de la mercancía, la cual indicaba que la misma salió del complejo de La Yaguara y debía ser entregada a una compañía de construcción en San Cristóbal, sin embargo, habían desviado la ruta hacia el sector Valle Lorena del municipio Fernández Feo, donde no estaba planificado levantar una obra que ameritara 7.800 cabillas.

Por tal motivo, las cinco personas resultaron aprehendidas y, posteriormente, fueron puestas a la orden del Ministerio Público.

Durante el procedimiento se corroboró que otro lote de 3.300 cabillas se encontraba a las afueras de una finca ubicada en la vía hacia La Pedrera del mencionado municipio andino, material que también fue incautado por las autoridades.

Unidades de la Armada Nacional de Colombia se incautaron hoy de 3.255 galones de combustible de contrabando en dos operaciones desarrolladas en los departamentos de Arauca y Vichada (este), en la frontera con Venezuela, informaron hoy fuentes castrenses.

En Arauquita (Arauca), tropas de Infantería de Marina, del Ejército y de la Policía hallaron en tierra 57 barriles de plástico que contenían 2.870 galones de combustible.

La Armada indicó en un comunicado que el combustible es «presuntamente de origen extranjero».

En una segunda operación, realizada en coordinación con la Policía en la población de Nueva Antioquia (Vichada), integrantes de la Armada decomisaron 385 galones de hidrocarburos en una embarcación que transitaba por el río Meta.

Si en la cola en la autopista Francisco Fajardo, sentido este, en la entrada a Altamira, alguna vez no han estado demasiado pendientes de los motorizados, quizás habrán notado una imagen curiosa en la fachada de la Comandancia General de la Aviación. Ella muestra a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, unas impresionantes aeronaves de combate y una fecha con los colores patrios: 27 de noviembre, la fecha del viernes de esta semana.

El 27 de noviembre es otro día de gloria en el calendario litúrgico del culto revolucionario. No confundir con el Caracazo, que estalló también un 27, pero de febrero. Se trata de otra cuestión que comparte con aquellos momentos de saqueos y represión un carácter tristemente sangriento. Lo que el chavismo celebrará el viernes son los 23 años del segundo intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez.

Seguramente cuando se habla del golpe contra el gocho lo primero que viene a la mente es el difunto comandante con su flamante boina roja y su “por ahora”. Es normal. El 4 de febrero fue, guste o no, la irrupción en la escena pública de uno de los pocos individuos de los que realmente se puede decir que cambiaron los rumbos de Venezuela.

Pero el 27 de noviembre tiene sus propias razones para ser recordado. Para empezar, el número de caídos. Mientras que, oficialmente, el 4 de febrero murieron 14 personas, la segunda intentona terminó con las vidas de al menos 171.

Los militares alzados estaban vinculados al Movimiento Bolivariano Revolucinario-200 (MBR-200), la logia conspiradora que Chávez fundó una década antes. Pero, mientras que los golpistas del 4 de febrero pertenecían sobre todo al Ejército, el 27 de noviembre cobraron protagonismo oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea. Además había algunos civiles.

Por eso hubo plomo en tierra y también dese el aire. A los insurrectos no les importó que las calles de Caracas, como cualquier día, estuvieran atestadas de civiles. Llevaron a cabo el plan de abordar unos aviones que rompieron la barrera del sonido y bombardearon varios puntos estratégicos de la capital, incluyendo los alrededores de Miraflores. Las cámaras captaron cuando las bombas cayeron frente al palacio presidencial y Sergio Novelli, entonces un reportero novato, narró el suceso con voz entrecortada.

Probablemente el hecho de ese día que mejor quedó grabado en la memoria colectiva fue el asalto de Venezolana de Televisión por un comando de militares alzados, que para entrar mató a unos vigilantes del canal. A la cabeza de los atacantes estaba el entonces teniente Jesse Chacón, el mismo que hace poco salió del ministerio de Energía Eléctrica con la “satisfacción de haber cumplido el deber”. Cito esta declaración porque escribo desde una calle que lleva casi un año sin un solo poste funcionando. Sé que es solo una de pocas en igual condición.

De vuelta a 1992, el golpe fracasó a las pocas horas. Varios de sus cabecillas fueron detenidos. Otros tuvieron mayor suerte y pudieron huir a Perú. Alberto Fujimori, con cuyo gobierno CAP cortó relaciones por el autogolpe que el país andino había experimentado ese mismo año, no dudó en dar cobijo a los venezolanos desertores.

Al igual que sus predecesores del 4 de febrero, los militares de noviembre quedaron libres de cualquier responsabilidad por decisión de Rafael Caldera. Los presos fueron liberados y los exiliados volvieron.

En tiempos de revolución, el golpe del 27 de noviembre se convirtió en otro mito de la versión chavista de la historia nacional. Para el llamado proceso bolivariano es la efeméride del “verdadero nacimiento de la Fuerza Aérea”. Aunque varios de sus máximos líderes han mantenido un perfil relativamente bajo, cada año, cuando llega la fecha, el Gobierno los homenajea como héroes en solemnes actos militares, siempre ricos en proclamas a favor de la causa revolucionaria que violan el carácter apolítico de la FANB, consagrado en la Constitución.

Hasta a un personaje menor de los acontecimientos del 92, el “gordito de la camisa rosada” (que apareció, fusil en mano, en el video que los alzados difundieron por VTV), le ha ido bien. Según el portal Aporrea, en 2007 este individuo fue nombrado presidente del Colegio de Abogados de Yaracuy.

Ahora bien, en este contexto, confieso que me sentí perplejo cuando dirigentes del PSUV denunciaron en febrero de este año que descubrieron un plan en el seno de las Fuerzas Armadas para liquidar al presidente Maduro. La macabra conspiración consistiría en usar aviones brasileños, modelo Súper Tucano, para bombardear Miraflores y otros blancos clave en Caracas. Con su característica vocación por las declaraciones pasionales, la cúpula roja anunció la detención de los militares y civiles implicados.

Después de haber pasado casi un año detenidos, se suponía que los acusados pasaran a juicio a esta semana. José Rafael Urbina, abogado de uno de ellos, ha manifestado que el proceso ha presentado irregularidades, como el nombramiento de un juez accidental a pesar de que había uno que por jurisdicción debía conocer la causa.

Mi perplejidad proviene del hecho de que, por un lado, el chavismo celebra una lluvia de bombas que dejó cientos de venezolanos muertos, y por el otro, denuncia a unos supuestos conspiradores que pretendían hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué unos son ángeles y los otros demonios?

Recuerdo claramente a los oficialistas especular con expresión de estremecimiento sobre el hipotético número de víctimas si los complotados hubieran ejecutado su maniobra, motivados por el ciego deseo de acabar con la “revolución”. ¿Y qué hay de las víctimas que sí perecieron aquel elogiado 27 de noviembre? ¿Ellas no cuentan?

Ojo, este texto no busca de justificar ninguna acción golpista. Creo que los venezolanos estamos hartos de eso. Con suerte hemos aprendido la lección sobre los peligros de las aventuras revolucionarias uniformadas. Con suerte, insisto, este contradictorio Gobierno recibirá un escarmiento para nada militar, sino electoral. Entonces la victoria pacífica y civil del 6 de diciembre desplazará al desastre del 27 de noviembre como fecha digna de celebrar.

@AAAD25

Un avión militar tipo Sukhoi se estrelló la noche del jueves en la región de la frontera colombo venezolana tras la detección de una aeronave ilícita que ingresó por el noroccidente del país, anunció el Ministerio para la Defensa en un comunicado difundido a través de su portal.

Una aeronave Sukhoi-30, tripulada por dos capitanes de la Fuerza Aérea venezolana, se precipitó a tierra alrededor de las 9 de la noche del jueves en una región de la frontera con Colombia y se desconoce la situación de sus dos pilotos, indicó el Ministerio de la Defensa en un comunicado.

Los pilotos fueron identificados como los capitanes Ronald Ramírez y Jackson García.

El avión militar sufrió el accidente tras la detección de una «aeronave ilícita» que ingresó al espacio aéreo venezolano por la región noroccidental rumbo al límite fronterizo con Colombia, precisó el comunicado.

Una junta investigadora fue activada de inmediato para determinar las causas del accidente y tomar las medidas para ubicar a los pilotos.

El presidente Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, expresaron su pesar por el accidente a través de sus cuentas de Twitter.

Gran parte de la frontera de 2.200 kilómetros que comparten Venezuela y Colombia está bajo medidas especiales que incluyen el reforzamiento de la presencia militar luego que el gobierno cerró los pasos fronterizos y estableció un estado de excepción en algunos municipios para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas.

Las acciones del gobierno venezolano desataron una crisis diplomática y fronteriza con Colombia que ya alcanza a casi un mes. Maduro espera reunirse con su par colombiano Juan Manuel Santos el próximo lunes en Quito para evaluar la crisis.

El presidente venezolano ordenó el 19 de agosto el cierre de algunos pasos fronterizos en el estado suroccidental del Táchira, así como la deportación masiva de más de 1.000 colombianos sin residencia legal a raíz de un ataque que sufrieron tres militares y un civil en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira cuando realizaban operaciones de combate al contrabando.

En las últimas dos semanas el gobierno venezolano extendió los cierres de los pasos fronterizos a los estados Zulia y Apure donde se establecieron estados de excepción en trece municipios.

Colombia denunció a inicios de semana que aeronaves venezolanas incursionaron entre el sábado y domingo en el espacio aéreo colombiano, información que ha sido rechazada por las autoridades de Venezuela.

Este es el comunicado del Ministerio para la Defensa:

MARÍA CORINA MACHADO LO DENUNCIÓ

La dirigente democrática Maria Corina Machado escribió una carta el Comandante General de la Armada Bolivariana, Almirante Jairo Avendaño Quintero, solicitándole información sobre la incursión en aguas territoriales venezolanas (26/9/2014) de un buque con bandera de Bahamas, el S/V Prospector sin autorización de Venezuela pero si de la Republica Cooperativa de Guyana para realizar exploración sísmica en áreas marinas y submarinas bajo control y jurisdicción de nuestro país.

La exdiputada señala en su misiva que tanto la Armada como la Cancillería venezolanas estaban prestas a reaccionar contra esa violación de nuestra soberanía siendo una de las acciones inmediatas la reanudación del patrullaje en la facha atlántica autorizada ademas una acción contra esa intromisión de traspasar la azimut 07.

Machado increpa al Almirante Avendaño Quintero a que aclare si por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y por su mandato expreso se abortó cualquier acción contra el buque intromisor.

La gravedad de este hecho esta perfectamente señalada en la carta que adjuntamos. Por cierto que el mensajero que llevó la comunicación a la Comandancia de la Armada fue detenido por una hora pues como ella firmó en su papelería de diputada a la Asamblea Nacional el personal que la recibió acusó al motorizado y a Machado de “usurpar funciones que ya no le corresponden”.

Es justo que los venezolanos sepamos que hay tras esos acuerdos turbios con Guyana firmados en la mas reciente visita de Maduro y su canciller Delcy Eloina Rodríguez.

AQUI LA CARTA:

Maduro habría impedido acción de la Armada contra buque explorador que Guyana autorizó entrara nuestras agu… by runrunesweb

La coalición de organizaciones de derechos humanos venezolanas, integrantes del Foro por la Vida, rechazan la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en la cual se pretende legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas para el control del orden público en las manifestaciones. Esta medida viola la Constitución nacional en sus artículos 68, 329 y 332  y se aparta del estándar internacional que señala que sólo los cuerpos policiales deben ser los responsables del control del orden interno; además, se dicta en un contexto de amplia represión por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones públicas recientes.

El 27 de enero de 2015 se publicó en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.589, la Resolución No. 008610 del 23 de enero de 2015, dictada por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Estas normas tienen como propósito regular la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

Los cuerpos militares no son los organismos adecuados para el control del orden interno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varias oportunidades, que el control del orden interno debe ser competencia exclusiva de los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas deben de abstenerse de participar en ello. Las Fuerzas Armadas fueron creadas y entrenadas para derrotar a enemigos en combate, no para la protección y control de civiles. Por lo tanto, la participación militar en manifestaciones públicas podría ocasionar la violación de derechos humanos en contra de la población civil, principios que además han sido reseñados en la sentencia contra Venezuela emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de El Caracazo.

En consecuencia, esta Norma toma una dirección contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y contra los estándares internacionales de derechos humanos porque permite la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno.

GNB es la única competente en orden público si policías son rebasadas

Respecto a la legislación nacional, el artículo 332 de la Constitución Nacional establece con claridad que “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.

Además, el artículo 329 de la Constitución establece las competencias de cada uno de los cuerpos que integran las Fuerzas Armadas, señalando únicamente a la Guardia Nacional Bolivariana como el único que podría participar en operaciones para el mantenimiento del orden interno del país, solo en cooperación con las fuerzas policiales.

La Resolución publicada en la Gaceta Oficial no hace diferenciación sobre los cuerpos militares que podrán actuar en manifestaciones públicas para el control del orden interno, sino que deja abierta la posibilidad para que cualquier miembro de esta institución participe en estas operaciones, lo que podría incluir al Ejército o la Armada, en abierto desconocimiento a lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna.

El artículo 5.2 otorga a la FANB la facultad de «ponderar» derechos, cuando el ejercicio del derecho a la manifestación pueda, a su juicio, afectar el ejercicio de otros derechos y las alternativas para el disfrute del derecho a la manifestación. Bajo ningún supuesto la FANB puede convertirse en órgano evaluador o regulador del ejercicio del derecho a la manifestación y mucho menos de su ponderación frente a otros derechos.

Esta norma se dicta en un contexto de amplia represión por parte de cuerpos militares en manifestaciones

En los últimos años el ejercicio de la manifestación pacífica estuvo vulnerado por violaciones al derecho a la vida, integridad, libertad personal realizados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que reitera la inexistencia de una política democrática de control del orden público. La resolución ignora las condiciones en que la GNB debe participar en una manifestación, profundiza la política de militarización de la seguridad ciudadana y aumenta las posibilidades para la violación de los derechos humanos.

Por las razones antes descritas solicitamos:

1. Que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa derogue la Resolución No. 008610, por tratar sobre un ámbito de reserva legal, y en su lugar se abra un debate parlamentario con participación de los diversos sectores de la sociedad para regular estos temas

2. Que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se abstenga de enviar a efectivos de las Fuerzas Armadas al control de manifestaciones públicas, tarea que en su lugar debe ser asumida íntegramente por los cuerpos policiales

3. Que la Defensoría del Pueblo emprenda una acción de nulidad en contra de la Resolución No. 008610, por ser violatoria de la Constitución

4. Que el Ejecutivo Nacional establezca mecanismos de diálogo y concertación para canalizar las demandas ciudadanas expresadas legítimamente mediante el derecho a la manifestación pacífica