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Arco Minero del Orinoco

Venezuela perdió cerca de 27 500 hectáreas de bosques primarios en 2023

Este 4 de abril, la plataforma internacional Global Forest Watch (GFW) advirtió que se ha perdido cerca de 3,7 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios a nivel mundial en el año 2023, «equivalentes a perder casi 10 campos de fútbol cada minuto». De esa cifra, cerca de 27 500 hectáreas de bosque tropical perdido pertenecen a Venezuela (el 0,735 % de la pérdida de bosques a nivel mundial). 

«En términos de esfuerzos para recuperar los bosques en el mundo, dimos un paso al frente y dos para atrás», advirtió la directora de la plataforma, Mikaela Weisse, durante una rueda de prensa digital. «Si bien Brasil y Colombia han reducido sus tasas de pérdida de bosques este año, otros países como Bolivia y Nicaragua aumentaron y contrarrestaron esos avances». 

Mientras que Brasil y Colombia redujeron su deforestación en 39 y 51 %, respectivamente, Venezuela aumentó en 38,837 % su tasa de deforestación en los bosques primarios de la Amazonía respecto al año 2022, ubicándolo en cifras parecidas al año 2021. 

Venezuela subió del puesto 25 de países con mayor pérdida de bosques primarios al puesto número 18 entre las 103 naciones que evalúa GFW.

Si se habla de la pérdida total de árboles, Venezuela se ubica en el puesto 43 de 220 al tener 76 600 hectáreas de bosque perdido en 2023. En el año 2022 estaba en el puesto 50. 

«Estamos más cerca de llegar al año 2030 y estamos muy lejos de llegar a una tasa de pérdida de cobertura arbórea que nos permita mitigar los efectos del cambio climático», advirtió Wisse. 

De forma preliminar, la plataforma GFW indicó que la deforestación en Venezuela aún mantiene sus tendencias desde el 2016: la mayoría de la pérdida de árboles proviene de la minería y la agricultura no supervisada. 

Avanza la minería

La ONG venezolana Clima 21 publicó este 30 de marzo un informe donde advierte que la minería de oro en Venezuela no solo se está expandiendo, sino que está contaminando con mercurio las cuencas de los principales ríos de la Amazonía bajo la opacidad estatal, perjudicando la salud de las poblaciones indígenas y no indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y las posibilidades de restaurar los ecosistemas amenazados o perdidos que analizó GFW

A través de una encuesta que la ONG hizo a 29 líderes ambientales, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos en los tres estados que conforman la amazonía venezolana, 28 respondieron que el uso del mercurio en la minería ilegal en Venezuela «está generalizado».

De ese mismo grupo, 18 dijeron que en los últimos dos años el comercio del mercurio se ha extendido en el país y es más fácil de obtenerlo ilícitamente. «Identificaron como fuente del mercurio a los grupos que controlan las minas, comerciantes, militares corruptos y organismos gubernamentales», se lee en el documento.

Al menos 10 cuencas de la amazonía tienen una presencia de contaminación por mercurio y su cobertura arbórea son cada vez más escasas, advirtió Clima 21. Allí destacan el río Cuyuní, Orinoco (bajo, medio y alto), Caroní, Caura, Sipapo y Ventauri. Todas estas cuencas pasan por un Parque Nacional, un ecosistema protegido por el Estado Venezolano. 

Incendios: una alarma que crece cada año

Durante la rueda de prensa digital, Weisse destacó que el incremento de la pérdida de cobertura vegetal en el continente americano aumentó en 2023 debido a los incendios forestales, destacando a Bolivia y a Canadá como los mayores afectados, que aumentaron el doble y el triple de sus tasas de pérdidas de bosque por el fuego, respectivamente. 

«Cada vez es más necesario el control y monitoreo de los incendios a nivel global, más aún en estos contextos donde se evidencian eventos meteorológicos extremos», precisó. 

Los últimos datos que tiene GFW sobre la pérdida de bosques venezolanos por incendios forestales se remonta al año 2022, cuando 4180 hectáreas se consumieron por las llamas ese año como mínimo. 

La institución internacional aseveró que Venezuela, junto a otros países, mantienen una opacidad frente a las acciones de control y mitigación de pérdidas de bosque primario o de los ecosistemas en general. Por lo que recurren a imágenes satelitales para analizar los datos. 

Weisse advirtió que esta tendencia puede extenderse incluso para el año 2024, donde países como Chile, Brasil y Colombia han declarado emergencias nacionales por los incendios forestales en el primer trimestre del año. 

Por su parte, el Estado venezolano no ha ofrecido un balance de la cantidad de incendios y áreas boscosas perdidas por estos desastres socioambientales, aunque la NASA y el Departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela informaron que el país rompió su propio récord en focos de calor e incendios documentados en el primer trimestre del año, llegando a los 30.055 focos de calor hasta el 29 de marzo de este año

Frente a la opacidad estatal, ONG como el Observatorio de Ecología Política y Sembramos Todos advierten que en 2023 se perdieron más de 4000 hectáreas y en 2024, solo en el Parque Nacional Henri Pittier, se perdieron alrededor de 2700 en el incendio ocurrido entre el 12 y el 25 de marzo de este año

SOS Orinoco denuncia la construcción de una carretera y una mina ilegal entre Brasil y Venezuela

La ONG SOS Orinoco denunció este 4 de marzo que, a través de imágenes satelitales, se puede detectar una carretera ilegal que atraviesa la frontera entre el estado Bolívar (en Venezuela) y el estado Roraima (de Brasil). Advierten que la ruta conecta a una mina ilegal al sur de Venezuela que ha deforestado cerca de 4.000 hectáreas de la Amazonía hasta el mes de noviembre de 2023.

En un video publicado en la red social X (Twitter), la organización informó que la vía mide cerca de 63 kilómetros y conecta la ciudad venezolana de Icabarú con la ciudad brasileña de Tepequém

De acuerdo con la asociación civil y fuentes de la zona protegidas por SOS Orinoco, la mina tiene la presencia de criminales venezolanos, guyaneses y brasileños (conocidos como garimpeiros). 

Señalan que los responsables de llevar ese yacimiento ilegal son «un brasilero conocido como «Paraiba», en sociedad con el capitán del sector número siete pemón, Juan Gabriel González». 

Advierten además que la «destrucción minera» solo está en el lado venezolano de la frontera. 

 

Muertes en opacidad

«Con el aumento de la minería ilegal, viene el aumento de accidentes y tragedias como la de «Bulla Loca»», dijo la ONG refiriéndose al desastre ocurrido el pasado 20 de febrero en la localidad de La Paragua, al norte del estado Bolívar. Según el balance de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al menos hay 16 muertos y 36 heridos

La organización destacó en un informe, publicado este 29 de febrero, que entre el año 2023 y lo que va de 2024 al menos 59 personas han muerto debido a accidentes en las minas, 50 de ese grupo de víctimas perecieron por derrumbes. 

«El 12 de diciembre del 2023 hubo un accidente parecido en una mina del señor «Paraiba» y el capitán pemón: hubo al menos 18 muertos. Pero la mina sigue abierta», destacó SOS Orinoco. 

Denunció que estos yacimientos ilegales provienen del «descuido» de las FANB, así como de la ineficiencia del plan gubernamental «Operación Escudo Bolivariano Neblina 2024», que pretende controlar la presencia de mineros ilegales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas de la Amazonía venezolana. 

Al menos 50 personas murieron en derrumbes mineros en la Amazonía venezolana en el último año

El Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela, un proyecto de la ONG SOS Orinoco, alertó que 50 personas han muerto en derrumbes mineros en la Amazonía venezolana en los últimos 13 meses.

Según su último reporte publicado este 29 de febrero, hubo al menos 18 accidentes en minas ilegales en los estados Bolívar y Amazonas desde enero de 2023 hasta febrero de 2024. 

La ONG alertó que la cifra superó al registro del observatorio durante el periodo 2012 – 2022, cuando hubo al menos 47 muertos por desastres socioambientales en las minas de los estados Bolívar y Amazonas, al sur del país. 

«Pero la información obtenida en terreno, extraoficial, apunta hacia una cantidad mayor de víctimas fatales», se lee en el documento. 

Advierte que las cifras obtenidas por trabajadores en las minas del Arco Minero del Orinoco siempre son mayores que las ofrecidas por el Estado, por lo que llaman a la «necesidad de que se haga una indagación específica y pertinente» para estos desastres. 

Bolívar: territorio de derrumbes mineros

17 de los 18 desastres relacionados al extractivismo aurífero se localizaron en el estado Bolívar. Solo uno se pudo registrar en diciembre del 2023 en el Parque Nacional Serranía la Neblida, donde hubo al menos dos fallecidos en la mina «Siapa» del municipio Río Negro, en el estado Amazonas. 

Mientras tanto, el municipio con mayor registro de derrumbes mineros es El Callao, con 10 casos registrados. Luego siguen los municipios Roscio (con 3), Gran Sabana (con 2) y los municipios Sifontes y Angostura, con un caso cada uno. 

Víctimas-de-derrumbes-mineros-en-la-Amazonia-venezolana.-2023-febrero-2024.-SOS-Orinoco
Víctimas de derrumbes mineros en la Amazonia venezolana. 2023 – febrero 2024. Fuente: SOS Orinoco

El Observatorio advirtió que la cifra de heridos y desaparecidos lleva un alto grado de incertidumbre, ya que el Estado no brinda información pública exacta. De acuerdo con el monitoreo de la prensa local que hace SOS Orinoco, existe al menos 49 personas heridas durante todos estos derrumbes y hay una persona desaparecida durante los desastres socioambientales del último año

«Del 2017 al 2023 hubo 116 fallecidos 72 en el periodo 2017-2022— en actividades en extracción de oro en el sur del país registrados oficialmente. De ese total, 37,9 % corresponde al año 2023», agregó el informe. «La mitad de los perecidos en estos accidentes (52,3 %) sucedieron en el área de El Callao». 

9 muertos por inhalar gases tóxicos

La ONG también alertó que otras nueve personas murieron en accidentes mineros por inhalar metano en los yacimientos ilegales y otras tres personas sufrieron lesiones respiratorias por el gas. 

De acuerdo con SOS Orinoco, estos accidentes se producen por las reacciones químicas en cadena en ambientes ricos en pirita o ácido sulfúrico

«Cuando se está en un ambiente cerrado, sin la debida ventilación, puede que los gases se meten en las grietas y allí persiste un tiempo. A eso se suma el ejercicio de una actividad extractiva informal, sin el mínimo control institucional y muchas veces sin pericias técnicas», agrega el Observatorio en su informe.

El pasado 20 de febrero ocurrió un derrumbe minero en la localidad de La Paragua, en el estado Bolívar. Al menos 16 personas perdieron la vida en la mina «Bulla Loca», según las cifras oficiales. Sin embargo, desde el 22 de febrero, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del desastre denuncian ante los gobiernos locales que la cifra de fallecidos es mayor y no existe una trasparencia en las labores de búsqueda y rescate. 

SOS Orinoco exige a FANB desmantelar mina ilegal en el Monumento Natural Cerro Guaiquinima
El yacimiento ilegal, que queda cerca de otra mina conocida como «Bulla Loca», creció 20,69 hectáreas en 15 meses, según imágenes satelitales analizadas por la ONG

Mientras el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), Domingo Hernández Lárez, informó que 523 personas han sido evacuadas de La Paragua —localidad del estado Bolívar donde ocurrió un derrumbe en la mina ilegal «Bulla Loca» el pasado 20 de febrero—, la ONG SOS Orinoco denunció la presencia de otra mina ilegal a 222 kilómetros al suroeste del desastre: en el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama

«Aprovechamos para pedirle que también saque de funcionamiento a la siguiente mina que se encuentra a pocos kilómetros de Bulla Loca y que está dentro de los límites del Monumento Natural Cerro Guaiquinima» que forma parte del Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, escribió la organización no gubernamental en la red social X (Twitter), este 26 de febrero. 

Al igual que la mina ilegal de «Bulla Loca», el yacimiento ilícito detectado en el Cerro Guaiquinima tuvo una expansión acelerada en el último año. Mientras que la deforestación cerca de la localidad La Paragua creció 80 hectáreas o unos 800.000 metros cuadrados en 10 meses, la huella minera en el Parque Nacional creció unas 20,69 hectáreas o 20.690.000 metros cuadrados en 15 meses

 

Opacidad minera

«No puede haber minería dentro de Áreas Protegidas.  Solo puede haber minería que se haga con apego a parámetros de seguridad industrial, seguridad laboral, seguridad personal, y seguridad ambiental, y debe estar en manos de personas responsables a las que se les pueda exigir cuentas en caso de violaciones a la ley», denunció la SOS Orinoco.

Ambas zonas mineras se encuentran en la cuenca del Río Paragua, lo que aumenta la vulnerabilidad del ecosistema a ser contaminado. Según la ONG Clima 21, este río es uno de los más afectados por la minería ilegal en la Amazonía venezolana, siendo uno de los 16 ecosistemas víctimas de las balsas que dragan o succionan los sedimentos depositados en los fondos de sus cauces.

Aunque este 25 de febrero el viceministro de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, dijo que, hasta la fecha, hay 36 heridos y 16 muertos por el desastre de la mina «Bulla Loca», sobrevivientes y familiares de las víctimas protestan en La Paragua para denunciar que la cifra de fallecidos y desaparecidos es más alta

Sube a 36 el número de heridos por el derrumbe en la mina «Bulla Loca» en Bolívar
El viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil informó que la cifra de fallecidos se mantiene en 16 víctimas

Foto: Rayner Peña (EFE)

Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, informó este domingo, 25 de febrero, en una entrevista al mesio regional Telesur que el número de heridos por el desastre de la mina ilegal «Bulla Loca», en el estado Bolívar, aumentó a 36 personas

La cifra de fallecidos del derrumbe minero se mantiene, hasta ahora, con 16 víctimas. 

Afirmó que continúan las operaciones en la localidad de La Paragua -cercana a la mina ilegal-, con la participación de más de 85 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de distintos organismos de seguridad ciudadana.

«La fuerza de tarea humanitaria va a permanecer aquí, en La Paragua, hasta que nosotros tengamos la certeza de que no tenemos ninguna situación o algo derivado de la mina», agregó Pérez Ampueda a Telesur.

De acuerdo con Ampueda, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) evacuó a 384 personas de «Bulla Loca».

Sin embargo, el alcalde del municipio Angostura (donde queda La Paragua), Yorgi Arciniega, aseveró que al menos 30 personas han fallecido en el desastre. De ese grupo, al menos 13 de las víctimas eran indígenas. Pero, hasta ahora, solo se conoce la identidad de 3 víctimas indígenas del derrumbe en «Bulla Loca», según la ONG Kapé Kapé

Protestas por «cifras reales»

El pasado 22 de febrero, familiares de las víctimas y sobrevivientes del desastre denunciaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar en rechazo a la cifra de 16 fallecidos que informó Nicolás Maduro. Advierten que, al menos, existen más de 30 víctimas mortales del desastre socioambiental. 

La mayoría de los heridos y fallecidos deben ser trasportados en balzas, ya que la localidad de La Paragua no tiene carreteras ni otras vías de comunicación terrestre.

«Me duele porque somos todos seres humanos. ¿Cómo es posible que el Nicolás Maduro va a decir que hay 15 personas nada más tapiadas ahí (…) cuando hay más de 100 personas que estos ojos vieron que están tapadas ahí?», dijo Rafael Flores, sobreviviente del desastre, a la agencia de noticias EFE.

Denuncian una nueva base de operaciones mineras en Parque Nacional Parima  -  Tapirapecó
SOS Orinoco: «Ya han instalado ocho máquinas en un «emprendimiento» conjunto entre militares venezolanos y mineros ilegales»,

La organización no gubernamental SOS Orinoco informó este 20 de enero, a través de la red social X, que se detectó una nueva zona minera en la Amazonía venezolana, ubicada en dentro del Parque Nacional Parima  –  Tapirapecó y la Reserva de Biósfera Alto Orinoco – Casiquiare, en el estado Amazonas, al sur del país. 

La institución señaló que militares de la Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) Amazonas «participan» en esta industria extractiva clandestina.

«Ya han instalado ocho máquinas en un «emprendimiento» conjunto entre militares venezolanos y mineros ilegales. Utilizan indígenas como esclavos y venden la idea que lo que hacen cuenta con el aval de los Yanomami. (…) (La mina está) muy cerca de la localidad de Shitari, río Ocamo, municipio Alto Orinoco», denunció SoS Orinoco.

La ONG reiteró que la actividad minera en los Parques Nacionales son ilegales, ya que son ecosistemas protegidos por el Estado y poseen una fauna, una flora o formaciones geológicas importantes para la ciencia y el bienestar humano.

Alertaron que los derechos humanos de las comunidades yanomami se ven más vulnerados debido a que las zonas mineras contaminan con mercurio los cauces de agua de la zona, privando del acceso al agua potable y a la seguridad alimentaria local. 

De la minería brota la malaria

El pasado 18 de enero, SOS Orinoco alertó que en la misma zona se registraron al menos 85 muertes a indígenas yanomami por malaria (también conocida como paludismo) en las cercanías de la Sierra de Parima, en el mismo Parque Nacional.  

Al menos 16 comunidades yanomami se ven afectada por lo que la ONG cataloga como una epidemia ligada a la actividad minera.

«En los últimos meses se ha incrementado la actividad, ya en los siete municipios de Amazonas hay focos de minería», aseveró el líder indígena baniva Eligio Da Costa, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), al medio de comunicación Mongabay Latam.

SOS Orinoco, a través de informantes protegidos para velar por su seguridad, advierten que desde el año 2023 la minería ilegal en el estado Amazonas ha aumentado, sobre todo en zonas protegidas. La organización advierte que la mayoría de las industrias extractivas clandestinas del sur del país están ligadas a las actividades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y miembros de organizaciones paramilitares extranjeras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y los garimpeiros de Brasil.

Para la comunidad internacional la impunidad en el Parque Nacional Parima  –  Tapirapecó sigue perenne. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado por un año que la justicia venezolana investigue  la muerte de cuatro yanomamis a manos de funcionarios del Estado venezolano en la comunidad de Parima B, al norte del parque nacional. A casi dos años de esa masacre, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han iniciado una investigación.

Fundaredes: al menos 44 personas han sido asesinadas por la minería ilegal
Denuncian que al menos 20 víctimas de los conflictos armados bajo el Arco Minero del Orinoco y en el estado Amazonas

La ONG Fundaredes denunció en su boletín número 47, publicado en noviembre del 2023, que al menos 44 han sido asesinadas por funcionarios estatales o por bandas criminales en el contexto de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas desde el año 2019.

De ese grupo, al menos 20 víctimas pertenecen a las poblaciones originarias o indígenas de los estados Amazonas (con 11 casos) y Bolívar (con 9 casos). Advierten que existe una alta opacidad en las zonas mineras debido a la impunidad de las bandas criminales que controlan el mercado y el propio Estado venezolano que o no interviene «o participa directamente en los asesinatos». 

«La pugna por el control territorial en las minas de oro, coltán y otros minerales suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales», dijo la organización. 

La ONG denunció que, a dos años de las intervenciones militares conocidas como «Operación Roraima» y «Operación Autana», el gobierno de Nicolás Maduro no ofrece balances sobre el impacto humano ni socioambiental de los fuegos cruzados. 

«Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar», subrayó Fundaredes.

El abogado de la ONG Provea Olnar Ortiz, denunció en una entrevista a Radio Fe y Alegría que distintos ataques como los presenciados en Parima B, Amazonas, donde hubo al menos cuatro personas muertas, siguen impunes.

Lo mismo ocurre con el asesinato del líder Uwottüja Virgilio Trujillo, en el año 2022 o la masacre de Kumarakapay en el año 2019, donde fallecieron, al menos, 11 indígenas del estado Bolívar. 

En el último informe de la Misión Independiente de la ONU para Venezuela se denunció el asesinato de Trujillo, en junio de 2022 y del miembro del pueblo indígena pemón Salvador Franco, quien murió en la cárcel de El Rodeo II  en 2021. 

En Tumeremo cierran Troncal 10 para exigir liberación de mineros
Las asociaciones civiles que hacen vida en el estado Bolívar advierten que la Operación Militar Roraima ejerce actos de violencia a los pobladores que hacen vida en el Arco Minero del Orinoco

Por Francesca Díaz (Radio Fe y Alegría)

Desde hace cuatro días la Troncal 10, arteria vial que conecta el sur del estado Bolívar con el resto del país, permanece cerrada debido a una protesta organizada por pobladores Tumeremo, en el municipio Sifontes, al extremo oriente de Venezuela. 

Los manifestantes reclaman la detención de dos mineros, así como supuestos maltratos de la policía de los que han sido víctimas en el marco de la «Operación Roraima», un operativo militar ejecutado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que con la presunta intención de erradicar la minería ilegal.

Los afectados manifiestan que han sido «atropellados» y «maltratados» por parte de los uniformados que hacen vida en la zona. Desde principios de año las ONG Control Ciudadano y SOS Orinoco advirtieron que la Operación Roraima ha suscitado en violencia y la muerte de actores que hacen vida en el Arco Minero del Orinoco, entre ellos, mineros artesanales y miembros de comunidades indígenas. 

Los manifestantes exigen que se presente el alcalde de Sifontes, Vicente Rojas, para ofrecer soluciones. Sin embargo, hasta ahora, no se ha pronunciado ninguna autoridad gubernamental al respecto

Radio Fe y Alegría Noticias conversó con el exalcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, quien aseveró que más de 200 personas se mantienen en la tranca. 

«Hace 4 días que está el pueblo en la calle para exigir la libertad de dos ciudadanos que fueron detenidos de forma injusta en las minas adyacentes a San Martín de Turumbang. Sospechamos que les aplicaron leyes que últimamente se ponen de moda los cuerpos de seguridad como agavillamiento y asociación para delinquir», expresó. 

Amenazas y detenciones en Tumeremo

Según Chancellor, los protestantes han vivido encontronazos con los miembros de cuerpos de seguridad. Asimismo, en redes sociales circulan videos en los cuales se puede ver a quienes permanecen en la protesta discutiendo con funcionarios de la zona. 

Medios regionales reseñaron que la tranca cobró un detenido, identificado como Deybby Manuel, quien fue apresado mientras se mantenía respaldando la tranca. Hasta el momento, se desconoce su paradero. 

«Exigen la libertad de los muchachos detenidos y que respeten el derecho al trabajo, que no sigan las arremetidas. Lo que mantiene a la gente a la calle es que no hay pronunciamiento del gobierno que debe atender. Si hay protesta, lo más lógico es que un Gobierno responsable vaya y dialogue. Ante la ausencia del diálogo, se generan este tipo de protestas», alegó Chancellor. 

Durante octubre de 2022, los habitantes de Tumeremo protestaron debido a militarización desplegada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el municipio. En ese entonces denunciaron desalojos de campamentos mineros con violencia e incluso, con quema de pertenencias. 

Viajeros retenidos 

Un gran número de choferes y viajeros se mantienen sin poder cruzar la Troncal 10. Los afectados solicitaron a través de redes sociales que se les permita cruzar, puesto que no cuentan con comida ni recursos y necesitan llegar a sus lugares de destino

 

La alcaldía del municipio El Callao ordenó el resguardo de las personas que permanecen esperando el cese de la tranca en el terminal de pasajeros Jhon Corke de la localidad. 

En horas de la tarde de este lunes 30 de octubre, a través de redes sociales, el ayuntamiento informó que el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, se apersonó en el terminal con 200 comidas para distribuirlas entre los viajeros que esperan la reapertura del paso. 

«Nos han brindado el apoyo, nos trajeron sándwiches y alimentos», expresó una de las beneficiadas en Tumeremo, que decidió resguardar su identidad para evitar represalias tanto de los funcionarios de seguridad como de los mineros.