La quema de la fábrica de María Puig en el estado Aragua es el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado
@javiermayorca
EL LUNES 8 DE JULIO, la fábrica de galletas María amaneció envuelta en llamas. La información filtrada por los cuerpos policiales de manera oficiosa indica que la instalación, ubicada en el sector Las Tejerías de Aragua, fue quemada por delincuentes, en represalia a la negativa de los propietarios del enclave de continuar pagando la extorsión. Para el momento de la publicación de esta nota, han transcurrido cuatro días desde aquel suceso, y el dato inicial sobre el origen del siniestro no ha sido desmentido.
El caso de la fábrica de esta golosina, que ya formaba parte de la cultura culinaria venezolana, pone de relieve nuevamente el avance de la extorsión en el país. Decía John Dickie en su Historia de la mafia (Barcelona, 2016) que el comportamiento de este delito arroja claras señales sobre el alcance que tiene la delincuencia organizada en determinados países o regiones. La extorsión no puede ser reducida meramente a lo que pueda representar como “caja chica” de los grupos delictivos en proceso de consolidación. Esto va mucho más allá. Se trata, en fin de cuentas, de suplantar al Estado en su función primordial, que es conferir seguridad a la ciudadanía. En efecto, al pagar “vacuna”, los particulares y empresarios están comprando la certeza de que podrán continuar con sus actividades productivas en un clima de relativa tranquilidad.
La extorsión se nutre del miedo, y genera círculos viciosos muy difíciles de romper. Por eso es que generalmente pasa desapercibida. Crece cobijada por la dinámica perversa del terror del victimario y del silencio de las víctimas. Por eso es que, para conocer realmente las dimensiones que ha adquirido, las denuncias formuladas y procesadas por las autoridades solamente tienen un carácter referencial. Dirían los criminalistas que tales estadísticas solo dan orientaciones, no certezas.
Según cifras conocidas extraoficialmente, durante el primer semestre de 2019 las autoridades venezolanas recibieron 122 denuncias de extorsión. La secuencia de casos mes a mes puede ser apreciada en el siguiente gráfico:
Fuente: CICPC
Se debe reiterar que estos números reflejan apenas una ínfima porción de lo que realmente está sucediendo. Aún así, llama la atención que marzo, el mes del Mega Apagón que afectó a prácticamente todo el país, haya sido hasta ahora el mes con la mayor cantidad de casos conocidos.
Si en algún lugar del país la crisis del servicio eléctrico ha golpeado a la población ha sido en el estado Zulia. Según el capítulo de Fedecámaras para esa entidad, luego del prolongado corte que comenzó el 7 de marzo se desató una ola de saqueos que afectó a más de 500 comercios e industrias. En ese contexto, Zulia ha sido también la región donde mayor cantidad de extorsiones han denunciado este año, con 21. Este delito se ha mantenido como una forma de expoliar a lo poco que resta allí de actividad productiva. Una investigación de la policía regional, que comenzó con una detención in fraganti, puede ilustrar el grado de sofisticación con el que operan las bandas dedicadas a este delito.
El 29 de junio, los funcionarios detuvieron a dos individuos que iban en una moto de baja cilindrada en el sector Las Colinas de Rosario de Perijá. Ambos fueron señalados por víctimas como las personas que previamente arrojaron bombas incendiarias a las fachadas de comercios y viviendas, para luego exigir pagos de vacuna a las personas presas del terror. Estos hombres fueron asociados a una banda liderada por Alirio cara cortada, que viene operando en esa localidad desde muchos años atrás.
Los motorizados detenidos, sin embargo, no fueron capaces de indicar el paradero del líder de la organización. Solo revelaron quiénes eran los encargados de pagarles por cada “trabajo”. Al llevar a cabo las nuevas detenciones, se determinó que era una pareja de 59 años y 53 años de edad, respectivamente. Cada tarea en este grupo parece estar a cargo de una célula. Hasta el momento, los agentes regionales y municipales que los ayudan han puesto tras las rejas a trece personas, pero la organización aún no ha sido desmantelada por completo.
Otro lugar donde la extorsión pareciera estar en auge es Trujillo. Sucede desde 2017, cuando se posicionaron en el norte del estado individuos que supuestamente huían de las OLP llevadas a cabo en la Cota 905. El asunto ha llegado a tal extremo que los contratistas de Petróleos de Venezuela han amenazado en varias oportunidades con parar sus actividades, pues la exigencia de pagos es cada vez mayor, mientras que la protección del Estado pareciera ir en retroceso. En este semestre, los cuerpos de seguridad han recibido allí quince denuncias de este delito.
Y así se podría hacer un recorrido por todo el país. Extorsionan los presos desde las cárceles y los retenes, aprovechando la lenidad en el control a las comunicaciones; extorsionan también los policías, profiriendo abiertamente amenazas de muerte o confiscando camiones de carga que no devolverán a menos que les cancelen la cuota de $2000; extorsionan los sindicatos que manejan contratistas petroleras en la Faja, mediante la exigencia de pagos de nóminas paralelas; extorsionan las organizaciones que controlan la minería en Bolívar -y también los pueblos mineros-, al no permitir la instalación de comercios sin el pago de un porcentaje de las ventas. Todo en medio de la más absoluta impunidad.
Cuando vemos este panorama, pintado aquí con trazos de brocha gorda, la quema de la fábrica de galletas en Tejerías no es más que el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado, y en la que a menudo también participan los propios agentes estatales.
Breves
Dos hechos reportados recientemente reflejan el bajo apresto operacional de la Armada, cuando se trata de reaccionar con diligencia ante situaciones que involucran a su propio personal. El primer episodio comenzó el 28 de diciembre, cuando quedó a la deriva una lancha inflable de ese componente en los alrededores de Isla de Aves, con tres efectivos a bordo. Desde la estación marina de esa localidad veían cómo la pequeña embarcación se alejaba fuera de control, debido presuntamente a una falla en el motor. Las labores de búsqueda comenzaron al día siguiente, es decir, más de doce horas después. Pero el bote carecía de dispositivos de geolocalización, y hasta la fecha los tres militares que iban a bordo continúan desaparecidos.
El otro caso fue reportado el lunes en las costas del estado Sucre. Un teniente de fragata, un sargento y un cabo de la institución militar hacían patrullaje el domingo por el sector Rio Grande y presuntamente fueron interceptados por varias lanchas atestadas de piratas, según lo indicado en una minuta preliminar de la policía judicial. Los atacantes mataron a los militares y les robaron sus fusiles y una pistola. En la Zona Atlántica del componente comenzaron a sospechar que algo malo sucedía cuando los patrulleros no llegaron en la hora indicada del domingo. Pero, como no tenían medios para comunicar novedades en tiempo real (algo imperdonable, tomando en cuenta que se trata de una zona de alto riesgo) solo se pudo hacer una búsqueda según patrones de deriva al día siguiente, con la suerte de que los cadáveres y la embarcación auxiliar fueron encontrados en un sector de manglares. Los hechos, no las palabras, son los que evidencian el estado real de la Fuerza Armada.
En un sector del chavismo ya se comenta que el mayor general Jesús Suárez Chourio fue “traicionado”, al ser desplazado de la comandancia general del Ejército sin que le asignaran un cargo de mayor relevancia en la cúpula militar. La última intervención pública de este oficial fue durante los actos del Día del Ejército en Campo Carabobo, el 24 de junio. Entonces, lucía seguro, mientras desarrollaba la tesis del “Ejército-país socialista” (sin caudillo, por cierto). Pero Maduro lo excluyó, al igual que los otros dos oficiales de su misma promoción “general de brigada Francisco de Paula Alcántara”, egresada de la Academia Militar en 1986, que también pintaban para responsabilidades más elevadas: los mayores generales José Adelino Ornelas Ferreira (Estado Mayor Ceofanb) y Pascualino Angiolillo Fernández (Codena).
Suárez, asociado al denominado “chavismo militar”, fue desplazado de la cúpula castrense para dar espacio al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien se ha convertido en el mayor exponente de la promoción graduada en 1987 a pesar de que ocupó el puesto 87. En esta camada, Diosdado Cabello fue el alférez auxiliar. Este ascenso desde tan oscura posición hasta el pináculo castrense venezolano solo es explicable a la luz de las sucesivas purgas de oficiales “institucionalistas”, los complots, padrinazgos y murmuraciones. No es la primera vez que esto sucede, tanto en el Ejército como en las demás fuerzas. Sin embargo, no deja de sorprender.
