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Evalúan antejuicio de mérito a Laidy Gómez diputados oficialistas en Táchira

DIPUTADOS OFICIALISTAS DEL CONSEJO LEGISLATIVO del estado Táchira (Clet) se declararon este martes 24 de septiembre en sesión permanente hasta obtener resultados de la investigación emprendida por el Ministerio Público en contra de la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez, por sus presuntos nexos con paramilitares colombianos, para así evaluar si hay delitos que los lleven a la apertura de un antejuicio de mérito en su contra.

La propuesta, aprobada por la mayoría de los diputados, fue impulsada por el diputado del partido Patria Para Todos (PPT) Juan Carlos Guevara, quien explicó que es necesario determinar si la gobernadora participó en el operativo realizado por los paramilitares colombianos conocidos como Los Rastrojos el pasado 22 de febrero, para hacer cruzar de Venezuela hacia Colombia a Juan Guaidó.

“Ha sido un hecho público la participación de algunos personeros de confianza de la gobernadora Laidy Gómez, señalados por el Fiscal General de la República, y a nosotros nos corresponde en el marco de nuestras funciones contraloras investigar, por lo que en el Consejo Legislativo decidimos declararnos en sesión permanente para evaluar los pormenores en relación con la participación de la gobernadora Laidy Gómez. Consideramos necesario exhortar al Ministerio Público para que se haga una investigación bastante exhaustiva para determinar los elementos probatorios que pudieran dar inicio al procedimiento de antejuicio de mérito en contra de la gobernadora del estado Táchira”, explicó.

Sigue leyendo esta nota de Mariana Duque en El Pitazo

TSJ en el exilio recibió acta firmada por el Parlamento para continuar antejucio de mérito contra Maduro

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilió anunció este lunes que recibió el acta de aprobación del antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, emanada desde la Asamblea Nacional y firmada por su directiva.

El anunció lo hicieron a través de su cuenta de Twitter y explicaron que el acta, aprobada el martes 17 de abril con 105 votos a favor, será agregada al expediente.

 

 

Con este requisito, el TSJ en el exilio le dará continuidad al proceso para enjuiciar a Maduro por corrupción.

Un día antes, el TSJ le había solicitado a la Asamblea Nacional el acta firmada para poder continuar con el caso.

 

 

Los magistrados “legítimos” solicitaron la aprobación de un “antejuicio de mérito” contra el presidente Nicolás Maduro y los diputados votaron continuar un “proceso judicial”. En el Parlamento estiman necesario llamar a capítulo a los jueces en el exilio para evitar confusiones

@pppenaloza

 

La Asamblea Nacional no se quemó con la papa caliente. Por ahora. En otra demostración de malabarismo político, la mayoría parlamentaria superó el debate sobre el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro sin sufrir daños y relanzando la unidad. No obstante, diputados advierten la necesidad de “marcarle la cancha” al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para no verse envueltos en un desaguisado de proporciones ciclópeas.

Las diferencias entre la AN y el TSJ en el exilio inquietan a los legisladores. El tema va más allá del “antejuicio de mérito” –según los togados- o del “proceso judicial” –según los asambleístas-. ¿Qué pasaría si los magistrados “legítimos” resuelven imponer un Ejecutivo en el exilio y le ciñen la banda presidencial al exalcalde Antonio Ledezma? Ante la falta de coordinación y de una estrategia definida, la Cámara es un hervidero de especulaciones.

El Poder Legislativo evitó en todo momento utilizar el término “antejuicio de mérito”, que sí emplearon tanto los magistrados “legítimos” como la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz. La propuesta de orden del día para la sesión de este martes 17 de abril señalaba como único punto la “consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro Moros”.

El acuerdo que votaron los 105 representantes de la Unidad apunta que “existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue al ciudadano Nicolás Maduro Moros, por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados y juramentados por esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”.

La junta directiva de la AN, encabezada por su presidente Omar Barboza (UNT-Zulia), y los jefes de las 15 comisiones permanentes se reunieron entre lunes y martes para revisar este espinoso asunto. Muchos tenían reservas sobre el procedimiento. En el plano jurídico, destacaban que el antejuicio de mérito debe ser impulsado por la Sala Plena del TSJ, conformada por 32 jueces, pero en este caso la iniciativa solo cuenta con el aval de los 13 principales nombrados en julio de 2017 por la Cámara.

Para rematar, tarde conocieron que el presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, tiene doble nacionalidad (española-venezolana), lo que le impediría ejercer como máximo juez de la República, de acuerdo con la Carta Magna. Además, resaltan que tres de los 13 magistrados no suscribieron el documento. El doctor Alejandro Rebolledo, miembro de la Sala Penal en el exilio, manifestó su disconformidad vía Twitter hace una semana indicando que “jamás me prestaré para crear falsas expectativas en esta lucha por salir del crimen organizado que gobierna en Venezuela”.

La AN resolvió este entuerto recogiendo en su acuerdo que el “proceso judicial” es adelantado por “los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, es decir, no por la Sala Plena del máximo juzgado del país.

 

Mucho cuidado

 

La otra objeción es de carácter política. Los asambleístas sostienen que el TSJ en el exilio jamás consultó al Poder Legislativo su opinión sobre la solicitud de antejuicio de mérito. No se preocuparon por escuchar el criterio de la mayoría parlamentaria, que debe enfrentar en el terreno los ataques del gobierno de Maduro. Por esa razón, enfatizan que esta acción no forma parte de una estrategia común para enfrentar al régimen chavista y a esta hora nadie puede precisar claramente cuál será su destino.

A pesar de las críticas internas, diputados explican que terminaron alzando sus brazos por cuatro razones: 1) en el pasado ya aprobaron la responsabilidad política de Maduro y el abandono del cargo, así que este “proceso judicial” se enmarcaría en los esfuerzos por luchar contra la corrupción relacionada con el caso Odebrecht y provocar el cambio político, 2) en palabras de un legislador, “no podíamos darle la espalda a la gente que exige acciones concretas para buscar una salida”, 3) fortalecer la maltrecha unidad, y 4) la presión en las redes sociales donde ya algunos aseguraban que los representantes opositores “traicionarían” a los venezolanos.

Pasada la prueba, parlamentarios subrayaban la necesidad de establecer un diálogo con el TSJ en el exilio y definir con los magistrados “legítimos” los límites de sus actuaciones. “Si siguen con su ‘antejuicio’ y condenan a Maduro, ¿qué viene después? ¿Nombrarán un gobierno en el exilio? ¿Designarán presidente de la República en el exilio a Antonio Ledezma?”, preguntaba un asambleísta planteando escenarios hipotéticos. Sea el de la esquina de Dos Pilitas o el de Bogotá, el TSJ es un quebradero de cabeza para la AN.

Asamblea Nacional aprueba solicitud para dar continuidad al antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro

 

Este martes la Asamblea Nacional (AN) luego de la intervención de varios diputados y la votación nominal, -con 105 votos a favor- declaró procedente solicitud de antejuicio de mérito (proceso de retirada de inmunidad) contra el presidente Nicolás Maduro que ya fue aprobada por el denominado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio,

Con 107 parlamentarios presentes se dio inicio a la sesión de este 17 abril donde se decidirá el proceso contra Nicolás Maduro iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

El secretario de la Asamblea Nacional, Negal Morales, dio lectura al Proyecto de Acuerdo que permitirá continuar con el antejuicio de mérito contra Maduro. “Hay mérito suficientes para enjuiciar al ciudadano Nicolás Maduro Moros”.

Los diputados Juan Marín del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e Ilenia Medina de Partido Patria para Todos (PPT) fueron los votos que negaron el proceso contra el primer mandatario.

El Legislativo discutió la solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que ya fue aprobada por el denominado TSJ en el exilio, formado por cerca de 30 juristas que la Cámara invistió como magistrados pero que el Supremo venezolano no reconoce.

El caso de juicio responde a una denuncia hecha por la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega ante el grupo de juristas en el exilio, en la que presentó supuestas pruebas de la presunta participación  en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Intervenciones previas a la decisión 

Se concedieron siete derechos de palabra y luego se votará un acuerdo sobre petición de autorización para enjuiciar de Maduro. No se sabe aún si el acuerdo implica la autorización de la petición o crea una comisión que estudie el caso.

La primera intervención fue la del diputado por Acción Democrática, Henry Ramos Allup, que recordó que tanto la responsabilidad política de Maduro en la crisis que fue declarada en diciembre de 2016, como el abandono de cargo a comienzos de 2017, soportan el respaldo de la cámara a esta solicitud de pase a juicio enviada por el TSJ en el exilio.

“Vamos a votar todos de pie, mano alzada, con nombre y apellido; este acto de patria de hoy que es la continuación de juicio contra Nicolás Maduro Moros”, dijo el diputado Ramos.

Por su parte, el diputado por Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, manifestó “esta Asamblea Nacional ha sido coherente en sus labores para lograr que se restituya en estado de derecho en Venezuela”.

A las 11:08 am se incorporaron Juan Marín del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e Ilenia Medina de Partido Patria para Todos (PPT) .

Marín manifestó Asamblea Nacional está en desacato, y recalcó que el TSJ en el exilio no tiene competencia para enjuiciar al presidente Maduro, y pide la verificación nominal del quórum así como la votación nominal del acuerdo. “Queremos declarar ante el país y ante el mundo que nuestra vida republicana actúa con total normalidad”.

“El TSJ que válidamente ejerce sus funciones está aquí en Caracas. Ninguna institución extraterritorial tiene competencia para discutir ningún tema de la vida republicana del país. Solicitamos verificación de quórum votación nominal”.

En su intervención el parlamentario José Luis Pirela, resaltó que “Nicolás Maduro es (presuntamente) responsable de corrupción desde que era canciller y debe pagar lo que ha robado al país”.

El diputado por Prociudadanos, José Aparicio, manifestó “hoy dejamos nuestras diferencias para atender el llamado de un pueblo. Nuestra posición es firme, y hoy venimos a presentar nuestro voto positivo”.

Por la bancada 16 de julio, Richard Blanco, dijo, “sus amenazas son amenazas contra el pueblo que representamos en esta cámara. Hoy, autorizamos al TSJ electo por la única y legítima Asamblea Nacional. Jamás hemos tenido dudas de que Nicolás Maduro es el verdadero culpable del desastre en que vivimos”.

Tarek William Saab dice que debate en la AN sobre juicio a Maduro es nulo

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, aseguró hoy que el debate sobre permitir o no una especie de juicio contra Nicolás Maduro que se celebrará mañana en la Asamblea Nacional es «nulo».

El Legislativo, de mayoría opositora, discutirá una solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que ya fue aprobada por el denominado Tribunal Supremo «en el exilio», conformado por cerca de 30 juristas que la Cámara invistió como magistrados pero que son desconocidos por el Supremo venezolano.

El fiscal consideró hoy que estas acciones del antichavismo contra el presidente venezolano son un «acto bufo e inmoral» y, sobre todo, «nulos».

«Por lo tanto el ‘show’ hecho durante unos meses en territorio extranjero (EE.UU.-Colombia) ‘sesionando’ delictivamente fuera de la jurisdicción patria para pretender ilegalmente acciones contra la Democracia venezolana y el Presidente @NicolasMaduro: #HOY LLEGO A SU FIN.», prosiguió Saab a través de la red social Twitter.

El Parlamento se limitó a convocar una sesión para «considerar la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro», sin mencionar expresamente que se trata de un juicio penal y de una acción política que intenta la oposición en medio de la crisis nacional.

El «proceso» atiende una denuncia hecha por la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, quien ante la Alta Corte que sesiona en el extranjero presentó supuestas pruebas para que se iniciara el juicio por la participación del líder chavista en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Saab, un chavista fiel que fue designado en el cargo en agosto pasado cuando la oficialista Asamblea Nacional Constituyente destituyó a Ortega, subrayó que el debate de este martes «NO SOLO ES QUE CARECE DE LEGITIMIDAD: #EsQueNoExiste».

La puja entre el Poder Legislativo y el resto de las instituciones más cercanas al Ejecutivo dificulta aun más este «proceso», toda vez que el Supremo declaró a la Cámara en desacato, por lo que sus actos son considerados nulos, y los diputados reprochan al Poder Judicial el nombramiento «irregular» de varios jueces.

El Parlamento sigue reconociendo como fiscal a Ortega, mientras que el chavismo no participa en los debates legislativos bajo el argumento de que este órgano votado por 14 millones de venezolanos está actuando al margen de la legalidad.

Con todo, los principales partidos políticos de la oposición y numerosos legisladores han adelantado que votarán favorablemente para que continúe el enjuiciamiento y, en lo sucesivo, se dicte una sentencia contra el mandatario venezolano, aunque la aplicación de esa decisión sea casi imposible.

El jefe de la Cámara, Omar Barboza, echó mano de argumentos jurídicos para postergar la discusión sobre el enjuiciamiento del presidente Maduro. En los pasillos del Palacio Federal Legislativo, diputados criticaban la iniciativa del TSJ en el exilio

 

@pppenaloza

 

El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Menos los diputados de la Asamblea Nacional, que pueden golpearse hasta tres veces. En 2016, aprobaron la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. En 2017, votaron el abandono del cargo. Y ahora, vía Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, les cae otra pesada roca: el antejuicio de mérito.

Antes que representar una amenaza para la estabilidad del régimen chavista, el antejuicio de mérito ha servido para dejar en evidencia –una vez más- las divisiones en la oposición. Los magistrados “legítimos” no están en sintonía con la mayoría parlamentaria que los designó en julio de 2017. Por esa razón, ni la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni la propia AN han mostrado entusiasmo hacia este proceso judicial que se desarrolla en Bogotá.

Apenas olieron la fractura, los miembros de la bancada 16 de Julio –leales a María Corina Machado y Antonio Ledezma- se lanzaron a solicitar un cambio en el orden del día de la sesión de este martes 10 de abril para incluir el respaldo al antejuicio de mérito. El diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas) consignó el texto firmado por el TSJ en el exilio y planteó que se abriera un debate para avalar en enjuiciamiento de Maduro.

Haciendo gala de la cintura propia de un veterano en estas lides, el presidente del Poder Legislativo, Omar Barboza (UNT-Zulia), respondió en estos términos: “Esta Asamblea Nacional tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones constitucionales deben cumplirse a cabalidad. No se ha recibido la notificación formal que manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que se inicie de forma legal el proceso”.

“Una de las banderas que enarbolamos es el respeto total a la Constitución y la ley, estos casos, deben adaptarse a los preceptos constitucionales. Cuando formalmente se cumplan los requerimientos, la Cámara emitirá su decisión”, agregó Barboza, toreando la embestida de sus propios aliados.

Sofocado el conato de incendio, la agenda continuó con los dos únicos puntos previstos: sendas discusiones sobre la crisis del servicio de agua y la “problemática del resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas en el país”.

Sin voluntad

Del llamado G4 de la MUD (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), solo VP expresó públicamente su apoyo a la decisión suscrita por el TSJ en el exilio, destacando a través de un comunicado que impulsarán “en el seno de la Asamblea Nacional, a través de nuestros diputados, que sea autorizada la continuación del enjuiciamiento a Nicolás Maduro Moros hasta alcanzar sentencia definitiva”.

Sin embargo, en los pasillos del Palacio Federal Legislativo, asambleístas de distintos partidos cuestionaban la viabilidad de la iniciativa promovida por los magistrados “legítimos”. Advertían que tenía serias fallas jurídicas y señalaban que el TSJ en el exilio estaba siendo controlado por los sectores más radicales de la oposición.

Para atajar a Pablo García de Vente, Barboza se refirió al artículo 110 de la Ley Orgánica del TSJ que reza: “Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional, aprobada por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, conocer de la causa hasta sentencia definitiva (…)”.

La oposición tiene las 2/3 partes (112 diputados) de la Cámara, pero este martes 10 de abril no todos estaban en sus curules. Sin embargo, hay una traba adicional que observaban algunos legisladores: la AN nombró en julio de 2017 a 13 magistrados principales y 20 suplentes, y la Sala Plena está conformada por 32 magistrados principales. Igualmente, un parlamentario resaltaba que tarde descubrieron que el presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, tiene doble nacionalidad (española-venezolana), lo que le impediría ejercer como máximo juez de la República, según la Carta Magna.

Al margen de estas cabriolas legales, la principal crítica es política. Todos recordaban el famoso abandono del cargo que se aprobó durante la gestión de Julio Borges (PJ-Miranda). En enero de 2017, en contra de su voluntad, Borges tuvo que ceder ante esa propuesta de los sectores radicales que luego fue rápidamente engavetada por la mayoría de la Cámara.

Ahora los diputados no están pensando en qué hacer con Maduro, sino cómo evitar quemarse con la “papa caliente” del antejuicio de mérito. Restando dramatismo al asunto, un parlamentario indicaba que podían celebrar un debate en plenaria y remitir el texto a una comisión para su análisis.

Armando Armas Abr 08, 2018 | Actualizado hace 6 años
A la ofensiva, por Armando Armas

 

Para qué ocultarlo. Si, una nube de desesperanza se cierne sobre los venezolanos. Ha sido mucho el sufrimiento, las frustraciones y las esperanzas rotas puestas en la idea de “calle y voto” a lo largo de estos años. Esa desesperanza es la principal arma que tiene la tiranía para hacer que los que luchamos contra ella perdamos el norte y nos mantengamos permanentemente a la defensiva.

Pero esa autoflagelación -aunada al desespero, angustia y hambre- no nos permite ver claramente la dimensión y potencialidad de la ofensiva democrática que está actualmente en curso.

¡Y es que se están dando actualmente varias ofensivas dirigidas desde los vectores de cambio en Venezuela!

En el campo internacional las diferentes sanciones que se han ido popularizando entre los diferentes países y ampliando cada vez más a diferentes secuaces de Nicolás Maduro hace que el mundo se les haga cada vez más pequeño e incómodo. En el campo social y especialmente el de las manifestaciones de calle, en lo que va de año se han contabilizado aproximadamente 1.352 protestas, la mayoría por hambre, falta de medicamentos, problemas de servicios y otros motivos.

Pero quizás es desde el punto de vista institucional que al régimen le va a costar cada vez más soportar las ansias de cambio de todo un país. Institucionalmente hay tres vectores que presionan con fuerza el tan añorado cambio: El antejuicio de mérito a Nicolás Maduro por corrupción, la resistencia e investigaciones de la Asamblea Nacional  -que pudieran arrojar pruebas para juicios futuros nacionales e/o internacionales-  y el descontento militar manifiesto que ya no se puede ocultar y que tiene a más de una centena de militares tras las rejas por “conspiración”.

 

Antejuicio de Mérito. 

 

El pasado 4 de abril, la Fiscal General legítima ejerció una acción ante el Tribunal Supremo Legítimo para  solicitar emitir orden de captura internacional contra Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales. Es el caso de Odebrech, que encontró en el régimen de Venezuela el más grande cómplice para sus fechorías. Al rededor de 35 millones de dólares en sobornos además de tráfico de influencias, es lo que se está imputando.

Hay quienes dirán que la fiscal Ortega Díaz está destituida y el TSJ legítimo no tiene ninguna relevancia por estar operando desde el exilio. Quienes dicen eso y se consideran de “oposición”, déjeme decirles que perdieron la batalla narrativa y le hacen el juego al régimen. Si hubiese democracia y Estado de Derecho en Venezuela, ese juicio se estaría llevando a cabo dentro de nuestras fronteras como bien lo declaró el diputado Juan Guaidó en días recientes.

Desde la Asamblea Nacional debemos apoyar esta iniciativa, ya que es nuestro deber y mandato recuperar la libertad y la democracia a través de mecanismos constitucionales y democráticos y sin duda el antejuicio de mérito es uno de esos mecanismos que brindan la plataforma jurídica y política para la consecución de nuestro principal objetivo.

Si, faltan cosas por hacer. Sobretodo en materia de articulación para la movilización masiva y para eso se necesita resolver el tema del liderazgo y de “agencia” en la oposición.

Lo que no podemos tener dudas es que estamos en ofensiva. La mejor defensa es el ataque.

@ArmandoArmas

Magistrados en el exilio designaron ponente para antejuicio contra Maduro

TSJ exilio

Los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, designados por la Asamblea Nacional y en el exilio desde 2017, designaron un ponente para el antejuicio de mérito contra el mandatario Nicolás Maduro.

El 22 de febrero, en reunión de los magistrados designados por la AN para la Sala Plena, se dio entrada a la solicitud de antejuicio de mérito que fue presentado por fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz contra Maduro.

“Estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Plena, a presentar un ‘antejuicio de mérito’ y lo estamos pidiendo por dos delitos: corrupción propia y legitimación de capitales”, dijo Ortega Díaz el 19 de febrero en una rueda de prensa en Bogotá.

Los hechos estarían relacionados con el pago de sobornos que habría realizado la constructora brasileña a varios políticos venezolanos con la finalidad de obtener contratos en importantes obras.

Ortega Díaz detalló que en una investigación realizada por su despacho, se pudo constatar que en 2012 la campaña presidencial del fallecido Hugo Chávez fue pagada por Odebrecht, y el dinero era recibido por Nicolás Maduro, quien se desempeñaba como canciller.

Según Ortega Díaz, Odebrecht también financió la campaña de Nicolás Maduro en 2013. “El compromiso fue que en caso de obtener las victorias, se darían continuidad a las obras sobre las que ya tenían contratos”.

En el escrito que se presentó a los magistrados en el exilio, se solicitó que sea oficiada la alerta roja en Interpol contra Maduro para que se proceda a su captura. También la fiscal mencionó que se pidieron a las autoridades de Perú que estén atentos a la posible visita del mandatario venezolano a la cumbre de Las Américas en abril. “Ojalá vaya a Perú”.