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Ángel Moreira

Violencia política: el nuevo móvil que suma homicidios a las cifras rojas de Caracas

Durante los tres primeros días del mes de mayo, las cifras de homicidios en Caracas sumaron tres víctimas de un tipo de violencia que nada tiene que ver con con la violencia criminal y los altos índices de inseguridad que azotan al país. Tres jóvenes, de entre 18 y 30 años de edad, cayeron en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Los tres murieron como consecuencia de la violencia política que, para la fecha de publicación de este reportaje, supera los 100 decesos en todo el país y que, solo en mayo, cobró 6 vidas en la capital venezolana, de acuerdo con el registro de Monitor de Víctimas.

La mañana del 2 de mayo, Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, de 30 años de edad, bajó desde su casa en el Barrio La Unión de Petare hasta el Puente Baloa, en El Llanito, en el municipio Sucre del estado Miranda. Buscaba el desayuno para su familia. Pero ni él ni la hermana quinceañera que lo acompañaba sabían que las calles se habían convertido en una zona de guerra, en donde los disparos de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, los colectivos y los civiles, iban y venían en medio del “trancazo”, la manifestación que había sido promovida por la Mesa de la Unidad (MUD) para esa jornada. Al percatarse de la situación, su hermana adolescente se refugió detrás de un camión. Pero Aranguren Salcedo, quien era padre de dos niños, no se salvó: dos proyectiles lo alcanzaron en el costado. Murió sobre el pavimento.

Carlos Eduardo Aranguren Salcedo

Horas después del suceso, Ángel Enrique Moreira González, de 28 años de edad, pasó a engrosar la lista de muertes en las protestas antigobierno. La tarde de ese 2 de mayo, mientras conducía en su moto por la autopista Prados del Este, en el municipio Baruta de Miranda, una camioneta que evadió una barricada en el distribuidor Santa Fe –levantada a raíz del “trancazo”– lo embistió y se dio a la fuga. La víctima, quien había representado a Venezuela en numerosas competencias nacionales e internacionales de natación, falleció en el sitio.

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Al día siguiente, durante una manifestación en la avenida Río de Janeiro, a la altura de la urbanización Las Mercedes, Armando Cañizález Carrillo, de 18 años de edad, fue asesinado presuntamente por las fuerzas de seguridad del Estado. Minutos antes de su muerte, había formado parte de un grupo de jóvenes encapuchados que lanzaba piedras a un piquete de efectivos de la Guardia Nacional que los reprimía con una nube con gases lacrimógenos. En medio del ataque, el joven –que era músico del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela y estaba a punto de empezar sus estudios de Medicina– cayó luego de que le dispararan al cuello una esfera metálica, una munición prohibida que ha sido utilizada por los uniformados para “aliñar” las escopetas de perdigones, únicas armas de fuego que pueden usar durante sus funciones de orden público.

Un término más adecuado para lo que sucedió con Aranguren Salcedo, Moreira González y Cañizález Carrillo, y con las otras víctimas que han muerto en protestas, sería el de “violencia de Estado”. La designación del fenómeno la sugiere el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León, se debe a que el gobierno es quien impone su fuerza en contra de los ciudadanos que le adversan para permanecer al mando de las riendas del país.

“La esencia de la violencia política tiene como objetivo el poder, y es distinta a la violencia delincuencial que tiene como objetivo el dinero, la economía (…) La del golpe de Estado que dio Hugo Chávez en 1992 era violencia contra el poder. Se estaban violentando las reglas del juego porque un grupo quería ser Presidente sin pasar por unas elecciones. Lo que tenemos en este momento es una situación inversa, es violencia de Estado, alguien que quiere seguir siendo presidente sin seguir las reglas del juego democrático, es decir, seguir manteniéndose en el poder sin permitir el revocatorio, las elecciones de gobernadores, sin cumplir las reglas que establece la Constitución sino creando unas reglas distintas para crear una Constituyente y, ¿a base de qué? De la fuerza”, apuntó el experto.

Una revolución «pacífica, pero armada»

La era chavista que comenzó en 1999 había tenido, hasta hoy, sucesos puntuales de violencia política que evidenciaron que, desde el poder, se había atentado en contra de los venezolanos. Uno de ellos fue el golpe contra el gobierno de Hugo Chávez, que dejó 36 muertos el 11 de abril de 2002. El otro fue el período de marchas de “La Salida”, la convocatoria liderada por Leopoldo López que exigía la renuncia de Maduro al Ejecutivo, en el que murieron 43 personas en un lapso de tres meses.

“El chavismo quiso fomentar durante 18 años los enfrentamientos, las luchas de clases, la guerra de pobres contra ricos, y no lo logró (…) ¿Qué fue lo que logró? Que la violencia delincuencial se destapara. Pero de resto, en Venezuela solo habíamos tenido algunas formas de enfrentamientos políticos, sobre todo a través del uso de los grupos paramilitares, que son los llamado ‘colectivos’, de manera informal, y de la GNB y PNB, de manera formal”, afirmó Briceño León, quien recordó la represión contra los grupos sindicales y contra algunos focos de protestas.

Para Elenis Rodríguez, directora de la ONG Fundeci, el génesis de la violencia que hoy se vive en las manifestaciones es producto de la “revolución pacífica, pero armada” que Chávez promovió desde la Presidencia con esas mismas palabras. Fue así como conformó las células armadas que hoy, a bordo de motos y con pistolas y capuchas, sale a reprimir y amedrentar a quienes se atreven a alzar la voz. Las zonas populares son las más afectadas por estos grupos, pues allí los “colectivos” ejercen un control tanto social (a través de la vigilancia y la amenaza a sus habitantes) como económico (por medio de los negocios que han tejido en las comunidades que, hoy por hoy, alcanza hasta la distribución de alimentos).

“Lo que hemos visto desde abril hasta ahorita es que esa criminalidad política es producto de ese minúsculo grupo de personas que forma parte del gobierno nacional y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que está dispuesto a lo que sea para mantenerse en el poder. Desde abril, la cantidad de ciudadanos que la PNB y la GNB han asesinado son personas jóvenes, nacidas muchas en revolución”, sentenció.

Quiebre y excesos

Los enfrentamientos políticos aludidos por Briceño León acabaron cuando los ciudadanos empezaron las protestas masivas y continuas de abril pasado. Las vías electorales para pedir un cambio de gobierno se agotaron y el ataque de las fuerzas del Estado se hizo una constante para fulminar los ánimos.

“Toda sociedad establece formas de cambio del poder, de acceder y salir del poder. Cuando esas reglas se incumplen en una sociedad democrática, cuando el año pasado se hizo todo el esfuerzo por tener revocatorio y se bloqueó, y se tenía que haber tenido elecciones de gobernadores y se bloquearon, alguien pudiera decir que hay violencia política porque se cierran las reglas del juego. Pero eso no es lo mismo que caerle a bombas y a tiros a la gente”, aseveró Briceño.

La dispersión de una manifestación en estos tiempos se ha convertido en sinónimo de represión y de exceso, y también en una clara violación al derecho a la protesta que está consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna  del país.

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«Yo responsabilizo al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas que vienen violando sistemáticamente la Constitución, específicamente el artículo 68, porque así como dice que los venezolanos tienen derecho a manifestar pacíficamente, también dice que todos esos funcionarios son los encargados de resguardar el orden público sin usar sustancias tóxicos ni armas de fuego, y resulta que el el gobierno ha intoxicado a los venezolanos con sus bombas lacrimógenas y los ha asesinado ahora con armas de fuego (…) La mala imagen que tienen los ciudadanos de los policías y efectivos militares demuestra que estamos en presencia y rodeados de delincuentes y asesinos», subrayó Rodríguez.

Por el uso excesivo de la fuerza también murió en mayo pasado Miguel Fernando Castillo Bracho, un joven de 27 años que acababa de terminar sus estudios de Comunicación Social, y que fue herido por un disparo de una esfera metálica en el tórax –similar a la que le incrustaron a Cañizález Carrillo en el cuello– mientras participaba en una manifestación en Las Mercedes, en municipio Baruta del estado Miranda.

A la lista de víctimas se sumó, el 22 de mayo, Ynigo Jesús Leiva, de 66 años de edad, un comerciante que recibió un disparo en el pecho en medio del caos que causó el arribo de una tanqueta a la calle Apure del barrio San Andrés de El Valle, en el municipio Libertador del Distrito Capital. Leiva intentó bajar la santamaría de su negocio, pero antes lo alcanzó un proyectil. El 31 de mayo asesinaron al juez 48 de Control del Área Metropolitana, Nelson Antonio Moncada Gómez, de 37 años de edad, quien transitaba en horas de la noche por la avenida Páez de El Paraíso para llegar a su casa, cuando se detuvo ante una barricada y fue interceptado por un grupo de hombres que lo quería robar. Al intentar huir, los presuntos delincuentes le dispararon y se llevaron sus pertenencias. Cinco días después, durante un operativo desplegado por la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE), las Fuerzas de Acciones Espaciales (FAES) y la Dirección Antiextorsión y Secuestro (DAES) de la PNB, murió José Antonio López Peña, de 28 años de edad, presunto victimario del juez.

Los 31 días del mes de mayo cerraron así con 6 personas muertas en el contexto de las protestas. El número representa la mitad de las víctimas que cayeron durante las manifestaciones de «La Salida», cuando 12 personas fallecieron en un lapso de tres meses.

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Motorizado fue arrollado por vehículo que esquivaba una barricada en Prados del Este

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Ángel Enrique Moreira González, de 28 años de edad, murió la noche de este martes, 2 de mayo, luego de ser arrollado por un vehículo que buscaba esquivar una barricada en la autopista Prados del Este, a la altura de Santa Fe, en el municipio Baruta del estado Miranda.

De acuerdo con la versión oficial, suministrada por el Ministerio Público, Moreira iba a bordo de su moto en horas de la tarde cuando una camioneta, que iba en contrasentido, lo impactó. El victimario huyó de la escena luego de atropellar al joven.

Moreira era atleta de la Selección Nacional de Natación y Aguas Abiertas.

La Fiscalía ya investiga el caso y recabó videos e imágenes del suceso.

 

 

Este miércoles, 3 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, también se refirió al caso.

«La derecha terrorista ha continuado su agenda golpista y violenta, convocando de manera irresponsable el llamado ‘trancazo nacional’, a obstaculizar principales vías y carreteras mediante la utilización de grupos armadas y bandas delincuenciales que han sido financiadas para causar daños y alterar la paz violando el orden constitucional (…) En la autopista Prados del Este sentido a La Trinidad –Caracas–, ocurrió una colisión entre una motocicleta y un vehículo que se dio a la fuga, donde resultó fallecido el ciudadano Ángel Enrique Moreira González de 28 años quien se dirigía a su residencia, cuando venía otro vehículo contraviniendo flechado por la barricada que se encontraba en el distribuidor Santa Fe, impactando de frente causó la muerte de este ciudadano», dijo Reverol en rueda de prensa.