“La OEA tiene que saber hoy si su Carta Democrática es un instrumento fuerte, para defender los principios de la democracia, o si es para los archivos de la organización. Ustedes definitivamente tienen la palabra.”
Así comenzó el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, su presentación sobre Venezuela el pasado jueves ante el Consejo Permanente. Lo hizo de acuerdo al artículo 20 de la Carta, que le autoriza convocar esta instancia para que realice una evaluación de la situación en esa nación y adopte las decisiones que estime conveniente.
Almagro actuó en defensa de la democracia, mandato central de la OEA. Los documentos fundacionales así lo confirman, incluyendo nuestra Carta Democrática Interamericana. El Secretario General concluyó, a partir de la evidencia recogida en un detallado y sesudo informe, que existe una seria alteración del orden constitucional en Venezuela.
Repetidamente se verifican intervenciones inconstitucionales orquestadas por el Poder Ejecutivo en contra del Congreso, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde se bloquean todas las acciones legislativas o leyes aprobadas. Este año el Congreso opositor se ha visto impedido de legislar, designar, apropiar recursos o fiscalizar. Así el Parlamento ha sido condenado por jueces oficialistas a quedar como un ente decorativo.
El Poder Judicial en Venezuela ha sido cooptado por el Ejecutivo y mecanismos perversos han minado también la independencia de los funcionarios judiciales. Más del 60% de los jueces en tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.
La ausencia de justicia independiente y la erosión del Estado de Derecho facilitan la persecución política. Los medios de comunicación están sujetos a procedimientos penales y administrativos sin garantías, a la censura previa y al acoso, si ejercen la sana crítica y actúan con independencia del poder político. Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y el acceso al papel periódico está controlado por el Estado.
Los opositores que han acudido a dar su testimonio ante la OEA acerca de los retos que enfrenta el país, son llamados por su Gobierno “traidores de la patria”. Otros opositores, han corrido una suerte aún peor, el encarcelamiento.
En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según datos del Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos en ese país. Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4.253 detenciones, arrestos o encarcelamientos, todos ellos vinculados a protestas y críticas contra el Gobierno. Actualmente hay 1.986 personas bajo algún tipo de medidas restrictivas y otras 94 están en la cárcel, por haberse atrevido a manifestar su disidencia.
El deterioro institucional ha contribuido a agravar las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. La inflación llegará a 720%. El PIB disminuirá un 8% más en 2016. La deuda externa equivale a casi seis años de exportaciones de petróleo. Tres cuartas partes de los hogares y de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015. La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes. El sistema de salud ha prácticamente colapsado. Los cortes de luz son recurrentes y la falta de agua potable es dramática.
Ante la pérdida de legitimidad del Gobierno y su incapacidad para dar salida a la crisis multidimensional, la oposición política gestiona la convocatoria a un referéndum revocatorio, el cual fue consagrado en la Constitución Política en 1999 por el Presidente Hugo Chávez.
Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado. Por el contrario, negar, postergar u obstruir la convocatoria al referéndum constituye, por parte del parcializado Consejo Nacional Electoral, un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.
Como miembros del sistema interamericano, todos debemos aspirar a lo mismo: una solución pacífica a la crisis en Venezuela que permita la vuelta al orden democrático y el fin de la crisis humanitaria.
Es por ello que estamos obligados a no ser neutrales ante la situación de Venezuela y debemos apoyar las gestiones emprendidas por el Secretario General de la OEA, porque están dirigidas no a castigar ni sancionar a Venezuela, sino a encauzar su crisis mediante un diálogo con avances concretos, con reglas claras y transparentes, con plena validación de los mediadores por todas las partes y con mecanismos de apreciación colectiva, como los que contempla la Carta Democrática.
Almagro aseveró que dialogar no es sólo sentarse a conversar. No es aceptable condicionar el respeto a los derechos humanos y a la Constitución, como la realización del referéndum revocatorio, el reconocimiento a la voluntad popular expresada en el Congreso, la liberación de los presos políticos y la apertura de efectivos canales para recibir ayuda humanitaria.
La lucha emprendida por Luis Almagro ha rendido frutos. El proceso de la Carta Democrática está abierto. Veinte países miembros de la organización han aprobado iniciarlo, al autorizar el conocimiento y discusión del informe del Secretario General. Quedan pendientes la evaluación del contenido de ese informe, por parte del Consejo Permanente, y su decisión respecto a qué camino tomar para recomponer la institucionalidad democrática en Venezuela.
Confiamos en que la mayor parte de las naciones de nuestro Hemisferio sabrán colocarse del lado correcto de la historia, apoyando condiciones de un diálogo incluyente, abierto, eficaz y con los adecuados mecanismos de valoración colectiva previstos por la Carta Democrática de la OEA.
Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder podrá Venezuela volver a la senda de la paz, de la prosperidad y de una democracia plena.
