Ha vivido en primera fila tres casos emblemáticos como defensora de los Derechos Humanos en Venezuela: Christian Holdack, Juan Pablo Pernalete y Embajadores Comunitarios. En ellos ha puesto su empeño y seguramente sus lágrimas.
Después de graduarse como abogada en la Unimet hizo una especialización en Ciencias Penales y Criminalísticas en la UCV. Desde 2014 trabaja en el centro de DDHH de la Metropolitana y lo dirige a partir de enero de 2017. Es un centro pequeño pero muy activo. Ella se incorpora de lleno a la lucha por los DDHH a raíz del 12 de febrero de 2014, luego de que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello pide su concurso para apoyar a quienes habían sido arbitrariamente detenidos tras la manifestación. Específicamente le pidieron que asistiera a la audiencia de presentación que se realizaría el 14 de febrero.
—A partir de ese momento no he parado: entré de lleno en la defensa de los Derechos Humanos —recuerda Andrea.
Cuatro jóvenes fueron juzgados junto con Leopoldo López tras los sucesos del 12-2-2014. Uno de ellos, Christian Holdack. Aquel día hubo unas cincuenta detenciones. Fueron divididos, los detenidos, en dos grupos: uno fue presentado al tribunal 26 y otro en el 28 de Control. Del primer grupo dejaron encerrados a seis jóvenes, cuatro de los cuales fueron vinculados al caso del dirigente López. Ella entra en la etapa de juicio, el cual terminó con una resolución condenatoria de diez años, seis meses y siete días para Holdack… Y todo porque estaba tomando fotos en el lugar equivocado a la hora menos oportuna: cuando los colectivos merodeaban por la esquina de Tracabordo. Holdack tomaba fotos, era bueno en ello y quería documentar la situación. Vio llegar a funcionarios del SEBIN y siguió tomando fotos. Tomó el momento en que disparan contra el joven Bassil Da Costa. Ya, para ese momento, el asesinato de Juancho Montoya había ocurrido. Incluso sucedió antes de que él llegara: lo que hizo fue tomarle fotos al charco de sangre que había dejado. Hizo seguimiento del traslado de Bassil hasta el vehículo que lo llevaría al hospital, y luego regresó hacia la Fiscalía —centro de la manifestación— y observó a personas lanzando piedras contra el edificio. Grabó. En eso estaba cuando recibe una llamada de su pareja, quien le pregunta dónde estás, la cosa aquí se ha puesto muy fea, vámonos. Pero no. Holdack quiere seguir. Una toma más. Una foto más. Fue su perdición. “Tranquila, estoy bien”, le dijo a su novia. Estaba vestido con una camisa verde fluorescente y los agentes que andaban por allí lo avistaron con facilidad. Los del CICPC, vestidos de civil, tomaban, por su parte, fotos. Su camisa era llamativa. En una que le tomaron aparecía hablando por el celular, y eso fue mostrado en el juicio como prueba de que atacaba a la Fiscalía. Así mismo: hablar por un móvil puede ser fundamento para que un tribunal decida que un joven venezolano es un delincuente.
Estaba en la Plaza Parque Carabobo. Quería hacer unas tomas de las patrullas que estaban ardiendo porque un grupo de furiosos manifestantes (¿infiltrados, quizás?) las habían prendido en fuego. Para hacer el cuento corto: los funcionarios se enfurecieron al ver sus patrullas arder. Querían llevárselos a todos, darles una buena lección. No distinguieron. Uno de ellos le pregunta a Holdack qué está haciendo, le aconseja que salga corriendo. Holdack no le hizo caso. Más allá, un grupo había rodeado a un policía a quien quizás iban a linchar. Sí, la cosa estaba bastante fea y él seguía con su cámara. Vino un policía por detrás y le dio por las piernas, duro: lo desestabilizó, cayó al suelo. Lo apuntó con un arma de fuego en la cabeza y le dijo que quedaba detenido.
Desaparecieron su cámara y su celular. Lo llevaron al CICPC junto a unos treinta jóvenes a quienes mantuvieron por horas arrodillados, con las manos atrás. Los empujaban, les decían que los iban a matar o que los tendrían allí para toda la vida.
—No sé si llamar a eso tortura, pero al menos es trato inhumano o degradante —dice Andrea.
Los presentaron a las 48 horas, no tenían noticia de por qué estaban presos. Le dieron a Marco Coello, compañero de causa de Holdack, un papel para que lo firmara en el cual confesaba que había actuado por órdenes de Leopoldo López. Naturalmente, el muchacho se negó a firmarlo. Quedaron presos. Christian estuvo preso hasta marzo de 2015, desarrolló ideas suicidas, un informe clínico habla sin tapujos de un trauma causado por este episodio. Estrés postraumático. Lo habían encerrado en Chacao. La sala Constitucional del TSJ vino a darle la libertad, sus miembros se dieron cuenta de la injusticia y al menos olfatearon el peligro que corría el joven. De alguna manera inédita, se compadecieron. Quizás los influyó el caso del aviador González, un hombre mayor que se había quitado la vida en el Helicoide por aquellos días, igualmente preso político.
Fobia a la injusticia
—¿Por qué te hiciste defensora de los Derechos Humanos, cómo se desarrolló en ti esta vena?
—Desde chiquita quise ser abogada. Tenía un tío abogado y lo admiraba muchísimo, Julián Aude, abogado de Valencia. Y la segunda razón es una anécdota. Estaba en un restaurante de Las Mercedes, comiendo con mi familia. Yo tendría cinco o seis años. Era la época anterior a Chávez. Entraron unos niños muy pobres, vendían flores. Los camareros les dijeron que se fueran y yo reaccioné. Les dije a mis padres que me quería ir, que en aquel lugar maltrataban a los niños y que eso era algo que no podía soportar.
Lo que más le gustaba, mientras estudiaba la carrera, era el Derecho Penal, pero ella no concibe esta rama del Derecho sin el respeto a la dignidad humana, y en Venezuela eso simplemente no lo hay. Aun cuando solo ha entrado y visto el INOF o el SEBIN, sabe que las cárceles en Venezuela deben cambiar. Ese horror del que está consciente ha influido en su desarrollo profesional. Entre sus profesores recuerda tres en especial que le han dejado huella: el exdecano Rogelio Pérez Perdomo, miembro de la Academia de la Historia, con una visión muy innovadora del Derecho, aquel Derecho que sensibiliza al abogado frente a la realidad de la sociedad. Es un sociólogo jurídico. La profesora de Derecho Penal, Carmen Alguindigue, también ha sido importante para ella. Y alguien que, aunque no fue su profesora, le marcó un camino: Angelina Jaffé, directora del CDH en Unimet antes que ella. Andrea le confesaba sus temores, le hablaba del caso Ruanda en comparación con Venezuela, se preguntaba desesperadamente si el mundo estaba esperando a que sucediera lo del país africano para actuar en Venezuela. Angelina la calmaba, le hablaba de la paciencia que hay que tener y del trabajo de hormiguita que debe hacerse.
El caso Pernalete
El segundo caso que ha seguido muy de cerca, apoyando a sus familiares, es el del joven Juan Pablo Pernalete. Dice:
—Yo a Juan Pablo no lo conocí en persona, pero hoy siento que lo conozco a través de los ojos de sus padres.
Es duro no tener un consuelo siquiera que ofrecer a los padres que han perdido, y de esa manera, a un hijo tan querido y con tanto futuro.
—En 2014 les decía a los padres de los muchachos detenidos lo que harían para alcanzar la libertad de sus hijos, había esperanza. Aquí no. Lo único que podía era ofrecerles luchar juntos por justicia.
El 26 de abril se cumplió un año de su muerte y Elvira, su mamá, luego de hablar en público, la abrazó. “Yo lo único que quiero es que mi hijo esté conmigo”, le dijo.
—Ahí uno se desarma —dice Andrea—, no hayas qué decirle al familiar. Solo eso: seguiremos luchando, no te derrumbes.
En la Unimet se constituyó un grupo, Apoyo Unimet. Hacen (o hacían) seguimiento de las manifestaciones y pasaban reportes al Centro de Derechos Humanos.
—Aquel día monitoreamos la manifestación. Nos reportan que todos los estudiantes de la Unimet salieron de la manifestación, que están bien, que no hay detenidos. Bueno, menos mal, cerramos el día… Cuando de repente empiezan a llegar informaciones sobre una persona fallecida. Nos dicen que es un unimetano. El rector se fue hasta Salud Chacao y se encontró con la mamá. Al día siguiente se hace una misa. Nunca había visto la universidad tan llena. Nos cuentan que lo matan con una bomba lacrimógena.
El chavismo, como seguramente recordarán los lectores, había inventado una patraña. Diosdado Cabello la había cacareado en su programa: que al joven lo había matado con una pistola de perno uno de sus propios compañeros. Así se justificaba el tatuaje que le había quedado en el pecho. Delcy Rodríguez y Ernesto Villegas repitieron la patraña en una rueda de prensa. Pasaron un vídeo en el programa Zurda Konducta donde se ve a Juan Pablo desmayándose. Lo cargan y lo colocan en un sitio. Pues bien: esos jóvenes que cargaban al compañero agonizante no habían visto el impacto, creían que simplemente se estaba ahogando por el efecto del gas lacrimógeno. Juan Pablo era miembro de la selección de básquet de la Unimet. Por su fortaleza no muere inmediatamente, pero luego le sobreviene un schock.
—La Fiscalía hizo una investigación bastante buena —recapitula Andrea—, en ese momento ya no respondía a los intereses del gobierno. Se demostró, tras un examen científico de las ropas, que había restos de los componentes de una bomba lacrimógena en ellas. No cabía duda: hicieron una “comparativa” entre la forma de la bomba y la marca del golpe que tenía en el pecho Juan Pablo.
El cartucho le había afectado el corazón, provocando el schock cardiogénico que lo mataría minutos más tarde. El GN disparó a menos de quince metros, directamente, en un ángulo de noventa grados. Como si fuese un proyectil. Durante los disturbios se ha sabido de dos personas más a quienes les hicieron lo mismo. Los otros dos casos se salvaron por suerte y por un chaleco protector que cargaba el reportero gráfico a quien le dispararon del mismo modo. No hay casualidad, entonces. Es un patrón de conducta. Es una manera de reprimir la manifestación: disparar al pecho, a las piernas o a la cabeza.
En este caso el CDH de la Universidad Metropolitana ha hecho acompañamiento a la familia, documentando el caso, orientando a los familiares. Por ejemplo, los padres de Pernalete querían recurrir desde el principio a la Corte Penal Internacional, pero fueron convencidos de los procedimientos que hay que cubrir antes, y han llevado su demanda por pasos. Pudieron hablar, sin embargo, en una audiencia en la OEA.
En 2018
A Santacruz le mueve el piso este otro caso: Fundación Embajadores Comunitarios, una organización que trabaja a favor de los Derechos Humanos conformada por jóvenes. Contra ella enfiló el gobierno. Un ataque sin precedentes a una ONG de este tipo, ensañándose en los activistas Gregory Hinds y Geraldine Chacón. Andrea ha trabajado como abogada para Hinds. Logró, en abril, una boleta de excarcelación. Sin embargo, los agentes del SEBIN hicieron caso omiso y hubo que esperar hasta el primero de junio para que se cumpliera la orden. Fue cuando el gobierno hizo una alharaca, maquillándose de piadoso. En verdad fueron mezcladas, entre aquellos que fueron puestos en libertad, personas que ya tenían boletas de excarcelación desde hacía semanas y presos comunes.
Lo cierto es que Hinds y Chacón fueron liberados. En este caso, el CDH de Unimet acompaña y asiste. Se espera sobreseimiento puesto que ellos no cometieron delito alguno. Ambas víctimas siguen en Caracas con medida de presentación periódica.
…
En 2014 hubo once detenciones arbitrarias de estudiantes de la Universidad Metropolitana; en 2017, nueve. Pero el modus operandi de la PNB y de la GNB se va modificando. Las cosas se han puesto más brutales, si cabe: de estos nueve, cinco jamás fueron presentados en tribunal alguno. El modus operandi consiste en tomarlos como presos, golpearlos y humillarlos, y soltarlos al cabo de ocho o diez horas. De los restantes cuatro, tres de ellos fueron liberados sin mayores exigencias pero al cuarto lo dejaron con medidas cautelares, incluyendo fiadores.
—Este último caso lo manejamos como tortura —dice Andrea—. No puedo dar nombre. Lo hirieron en una pierna, no le brindaron atención médica después de haberlo detenido y además lo golpearon en la zona donde tenía la herida. O lo pisaban, en el pecho, en las piernas, lo golpeaban contra una pared. Ese día en que a él lo detienen fue cuando hubo una explosión en Altamira justo cuando pasaban los guardias nacionales en sus motos. Pero él ya estaba detenido cuando la explosión ocurre. O sea, no fue culpable.
Lo agarraron como chivo expiatorio. Una venganza. A las 48 horas, los representantes del Centro de Derechos Humanos exigen que se constituya el tribunal (el cual se negaba a actuar ese día) y además piden que el mismo tribunal ordene atención médica para el muchacho. Al fin el tribunal se constituye. Hubo que pelear con la GN para que dejara entrar a Salud Chacao. El juez respectivo termina admitiendo la gravedad del caso. “Pero la orden es que debemos ponerle fiadores”, les manifiesta. La orden. En esos casos, la persona permanece detenida hasta que se verifican los fiadores. Los fiadores duran más o menos quince días en ser verificados, sin que esto se ajuste a Derecho. Probablemente, desde la perspectiva represiva, un mecanismo “aleccionador” para que los muchachos se lo piensen dos veces a la hora de salir a protestar contra el gobierno.
—En tu opinión, ¿qué es lo que pasa con el guardia nacional, con el policía venezolano, que es capaz de practicar la tortura, y hacerlo con premeditación y alevosía? ¿Es falta de valores o una política de Estado?
—Creo que es una combinación de las dos cosas. Quien está dentro del sistema sabe que es una política, que eso es así, y tiene miedo, también, a ser víctima del mismo sistema. Entonces prefiere ser victimario antes que víctima porque conoce el sistema a profundidad. Claro, hay otros que son simplemente gente sin escrúpulos. Por ejemplo, entre las peores cosas que tenemos hoy en Venezuela están el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ellos llegan sin orden de aprehensión, desaparecen a la gente, torturan, y no hay ningunas institución oficial que haga algo. Funcionarios del SEBIN me han dicho: “Señora, si fuera por mí, ya estarían libres. Pero usted sabe que yo tengo órdenes superiores”.
—Si tuvieras la oportunidad de dirigirte a la plana mayor del madurismo, ¿qué mensaje le darías?
—Lo primero es que tienen que aceptar que Venezuela hoy vive una emergencia humanitaria compleja; que eso viene del quiebre de las instituciones y ha derivado en violaciones graves de los Derechos Humanos, hoy vistas, además, como delito de lesa humanidad, tal y como lo señalan el informe de la OEA y los expertos independientes. El momento que tienen para tratar de que cese esa situación es hoy. Las violaciones deben ser investigadas y reparadas. Deben comprometerse a la no repetición. Lo otro es que acepten los mecanismos internacionales de ayuda bajo los marcos de protección internacional existentes, porque en Venezuela la gente se está muriendo de hambre y porque no hay medicinas ni asistencia médica. Honestamente, creo que ellos saben todo esto pero parece que lo que les interesa es solo mantener el poder a costa, incluso, de la integridad física y mental de los venezolanos.
—Andrea, ¿no estás casada todavía?
—No.
—Pero algún día querrás tener hijos… venezolanos.
—Claro, sí.
—¿Cómo ves el futuro?
—Junto a ellos en Venezuela.
@sdelanuez
