Mientras este miércoles se entrega en Estrasburgo el premio Sájarov, cuatro de los venezolanos galardonados cumplen su condena en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocida como El Helicoide.
En esa construcción futurista, concebida como un centro comercial y convertida después en sede de la policía política, vive desde el 17 de agosto de 2015 Andrea González, detenida ese día al ser acusada por dos asesinos confesos de planear el asesinato de la hija de un potentado chavista.
González nació en Venezuela hace 31 años y emigró a Canarias de adolescente con su familia para regresar por amor en 2010 a su país natal, sin poder imaginarse que acabaría presa.
«Cuando Andrea volvió a Venezuela la situación ya estaba muy deteriorada y ella no estaba acostumbrada a una situación tan horrible para la gente. Le tocó muy de cerca», dice su hermana Alejandra, remontándose al origen de la historia que la llevó a El Helicoide.
Andrea González participó en voluntariados en los que conoció a Liana Hergueta y empezó a ir a protestas en contra del gobierno, al que consideraba responsable del sufrimiento que veía.
Junto a Hergueta entró en contacto con Carlos Trejo, un supuesto opositor con el que pronto rompió relaciones por su comportamiento conflictivo.
González no volvería a saber de él hasta que Hergueta, a quien Trejo había estafado, le pidió ayuda para localizarlo, una misión en la que también se implicó otra persona vinculada a las protestas, Rafael Pérez Venta.
Después de que obtuviera de este el compromiso de encontrar a Trejo, Hergueta fue asesinada y descuartizada. Los responsables eran Trejo y Pérez Venta, quienes confesaron al ser detenidos.
Habían pasado días del asesinato cuando el Sebin se llevó a Andrea de su casa. Desde El Helicoide le pidieron que llamara a su novio, Dany, para que también testificara.
27 meses después, Andrea y Dany siguen allí encerrados, acusados por los dos asesinos de tener un plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.
Según varias fuentes, los asesinos de Hergueta eran infiltrados del gobierno en medios opositores.
«Como no le convenía al gobierno que se dijera que ese asesino estaba en sus filas lo pusieron a grabar varios vídeos en los que incrimina a Betty Grossi, a Andrea González, a Dany Abreu, y a Ángel Zerpa», dijo Joel García, abogado de Andrea.
«Las pruebas no son más que un google maps en la que aparece la urbanización donde vive Diosdado Cabello y los dichos de Pérez Venta», cuenta García, tras enumerar el rosario de ilegalidades que paralizan el juicio de Andrea.
Bajo el mismo techo duerme desde diciembre de 2016 el activista Lorent Saleh. Antes de llegar a El Helicoide, pasó 26 meses en los sótanos de otro edificio del Sebin en Caracas, conocidos como «La Tumba».
«‘La Tumba’ está en el sótano 5, en lo que eran las bóvedas de un banco», explicó su madre, Yamile Saleh, que relata las condiciones de reclusión bajo tierra de su hijo.
«El aire acondicionado muy alto, de modo que ellos no pudieran pararse ni siquiera de la cama. Son celdas 2×3, con una cama de concreto».
Saleh nació en 1988 y fue entregado en septiembre de 2014 al Sebin por el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Pese a las acusaciones de paramilitarismo y terrorismo del chavismo contra él, los cargos que le mantienen preso son por violar una restricción de movimientos dictada por la justicia por poseer tirachinas para usarlos en las protestas.
Yamile denuncia los más de 40 aplazamientos de la audiencia previa al juicio a su hijo, y relata cómo era su vida en «La Tumba».
«Sin un lápiz, sin un papel, sin un libro ni un reloj».
Con las luces encendidas 24 horas y sin escuchar más ruido que los trenes del metro de Caracas, cuya interrupción cada jornada a las 11 de la noche era la única referencia del paso del tiempo y la vida afuera.
Cerca de Andrea y Lorent cuentan las horas esperando la libertad dos alcaldes opositores, Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Alfredo Ramos, de Iribarren, localidades del oeste del país.
Ambos fueron detenidos por promover y no impedir las protestas que en 2014 y 2017 llenaron de barricadas las calles de Venezuela.
Después de que el presidente Nicolás Maduro dijera en televisión que le tenía preparada una celda «más fría» que la que entonces ocupaba Leopoldo López, Ceballos, que ahora tiene 33 años, fue apresado el 19 de marzo de 2014.
Tras varios cambios de cárcel, recaló en El Helicoide, donde lleva más de dos meses aislado, sin visitas ni explicaciones de las autoridades sobre el motivo.
La detención de Ramos llegó el pasado 28 de julio en su ayuntamiento, el Sebin se lo llevó mientras los funcionarios trataban de impedirlo cantando el himno nacional en señal de protesta.
Ramos tiene 62 años y sufre de hipertensión severa crónica. Los medicamentos llevan tres meses sin hacerle efecto, y no ha sido trasladado a un hospital como piden los doctores que le han visto, que le califican de paciente de alto riesgo.
«Tiene morados en todas las piernas y está muy hinchado», dijo Natasha, una de sus hijas, que cuenta cómo la familia teme por su vida.
