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Andorra

Maduro no participará en la Cumbre Iberoamericana en Andorra
Será la vicepresidenta de su gobierno, Delcy Rodríguez, quien tomará la palabra en el plenario de mandatarios

Nicolás Maduro no participará en la Cumbre Iberoamericana que se celebra este 21 de abril en Andorra y, pese a haber confirmado asistencia, será la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la que tomará la palabra en el plenario de mandatarios.

Según confirmaron a Efe fuentes diplomáticas, Maduro no estará presente en la conversación que comienza esta tarde de manera semipresencial con tan solo cinco delegaciones presentes en la sede: las de España, Portugal, República Dominicana, Guatemala y la propia Andorra.

No es la primera vez que Maduro anuncia su participación en la Cumbre y finalmente no aparece. Hace dos Cumbres, en la de Cartagena de Indias (Colombia) en 2016, llegó a anunciar que ya había despegado con destino a la ciudad colombiana pero finalmente no aterrizó.

Se esperaba que Maduro sí participara esta vez de esta cita centrada en ofrecer una respuesta comunitaria a la crisis de la Covid-19 y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de ella.

Su participación había sido ya cuestionada por países como Brasil y también había causado revuelo en la política española donde el líder de la oposición, Pablo Casado, había pedido que la invitación para representar a Venezuela se dirigiera al opositor Juan Guaidó y no al mandatario.

El encuentro, previsto para noviembre del pasado año pero pospuesto debido a la pandemia, se está realizando de manera semi presencial.

A Andorra llegaron ayer las delegaciones España y Portugal quienes se trasladaron por cercanía geográfica, y Guatemala y República Dominicana, anterior y siguiente sede de la Cumbre.

Venezuela será la última en intervenir durante la reunión de dirigentes ya que el orden se realiza por el orden alfabético de los países.

Crímenes sin Castigo | Expansión criminal (II/II), por Javier Ignacio Mayorca
Los operadores del régimen venezolano han adoptado nuevas estrategias para continuar los negocios y eludir la persecución internacional

 

@javiermayorca

Venezuela figura en el primer lugar entre los países con mayor percepción de corrupción en todas las américas, y entre los cinco peor evaluados en el mundo entero, de acuerdo con el índice presentado el 28 de enero por la organización Transparencia Internacional.

Este examen anual, fundamentado en un sondeo a empresarios e investigadores de cada país, reveló además que desde la llegada de Nicolás Maduro al poder Venezuela ha empeorado sus indicadores de percepción de corrupción, al punto de que solo Siria, Somalia y Sudán del Sur obtuvieron calificaciones más magras.

El informe presentado por TI indica que la corrupción generalizada en Venezuela no comenzó con Maduro, sino que se remonta a la época en la que gobernaba Hugo Chávez. Este sería “uno de los principales motivos de la crisis humanitaria actual”.

“La pandemia de covid-19 no solo ha profundizado la escasez de medicinas, suministros sanitarios y material esencial, sino que ha deteriorado la infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5000 millones de dólares por corrupción solamente en el sector sanitario. Este mal amenaza la vida y la salud de millones de venezolanos”, indica el documento.

Este es un punto clave, puesto que coloca el germen de la crisis sanitaria, y en general de la emergencia humanitaria compleja, en una etapa previa a la imposición masiva de sanciones desde el Departamento de Estado, la Unión Europea y algunos países como Canadá y Suiza.

De acuerdo con la directora del capítulo venezolano de TI, Mercedes de Freitas, con la agudización de las dificultades en lo económico y humanitario, el régimen venezolano ha expandido las prácticas corruptas hacia otros países, en la medida en que intenta eludir la persecución penal y las medidas restrictivas impuestas desde la comunidad internacional.

Una de esas naciones es México. Su presidente Andrés López Obrador mantiene relaciones fluidas con el gobierno venezolano, y se ha negado a reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, tal y como lo hicieron EE. UU. y otros 60 países.

Esta situación fue aprovechada para instalar una red encabezada por el empresario colombiano Alex Saab (designado embajador por Maduro) para eludir las restricciones a la comercialización de crudo venezolano y la compra de bienes para el sostenimiento del régimen.

En junio de 2020, el Departamento del Tesoro sancionó a la compañía Libre Abordo, perteneciente a Saab y a su socio Álvaro Pulido, registrada en México DF. Pero, de acuerdo con De Freitas, el Gobierno continúa importando desde ese país “alimentos con sobreprecios y de baja calidad”, utilizando para ello otras corporaciones.

Según la organización Global Financial Integrity, Venezuela fue el segundo mayor exportador de capitales ilícitos de todo el hemisferio occidental durante los primeros doce años del siglo. Solo era superado por México.

Esas prácticas continúan en la actualidad, aunque afectadas por la decadencia de la industria petrolera y las sanciones internacionales. Según la directora de TI Venezuela, el principal vehículo de estas transacciones ilegales sería el Fonden, una entidad usada para manejar el 62% de los recursos del Estado en 2019, sin controles ni supervisión.

Efecto expansivo

La salida de capitales ilegales venezolanos salpicó a numerosos países de las américas, Europa y Asia.

En la etapa incipiente, Venezuela continuaba generando suficientes recursos para alimentar su corrupción endógena, esencialmente a través de la renta petrolera. Los recursos salían en maletines con la bendición de sectores del oficialismo. Así quedó en evidencia cuando una policía bonaerense y modelo, que no participaba en la “ruta del dinero”, detectó la famosa valija con casi 800.000 dólares en poder del empresario Guido Antonini Wilson.

En la esfera internacional, los cazadores de capitales pronto se dieron cuenta de que Venezuela representaba una oportunidad para la obtención de jugosas ganancias. El régimen de cambio no era diferencial sino diferenciado en su aplicación: a la población en general, si acaso un cupo que servía a los propósitos de control de cierta clase media. Un trato radicalmente distinto tuvo el funcionariado, en especial el ligado a las adquisiciones.

Un caso emblemático fue el de la Banca Privada de Andorra, en sus dos capítulos. El primero, modesto en sus dimensiones económicas, involucró a dos oscuros asesores del ministerio de Finanzas, un exjefe policial y un hombre ligado a los intereses de una exmagistrada del Tribunal Supremo. El segundo capítulo, que se desarrollaba en forma simultánea al primero, tenía personajes de alta relevancia para el momento: Rafael Ramírez y su entorno, así como los primeros “bolichicos” enriquecidos con las adquisiciones para el fallido sistema eléctrico nacional.

Estos individuos, los de la segunda parte, se sabían amparados por el poder venezolano. Por esto vivían una vida dispendiosa en París, Roma y otras capitales europeas, donde las autoridades parecían dispuestas a voltear la mirada. Hasta que en 2015 el Departamento del Tesoro estadounidense alertó que la BPA servía como una especie de mezcladora de los capitales corruptos venezolanos con los de las mafias de Rusia y China. Estos casos (Andorra I y II) tienen repercusiones hasta el presente.

Recordemos que el gobierno venezolano ha solicitado a Italia la extradición de Rafael Ramírez y de otros elementos que se encuentran diseminados en ese país y en España. A esto se le llama “control de daños”.

Pero el expediente del principado europeo no ha sido el único.

En República Dominicana, por ejemplo, un grupo de inversionistas encabezado por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez adquirió la mayoría accionaria del Banco Peravia en 2012. Dos años después, las autoridades de esa isla intervinieron a la entidad, y posteriormente, en 2015, ordenaron el arresto de su junta directiva al constatarse un fraude masivo y lavado de dinero.

“Esos directivos llegaron a Dominicana con dinero robado en Venezuela, y fueron recibidos con alfombra roja”, explicó el acusador privado de este caso, abogado César Amadeo Peralta.

Según el litigante, ese banco tenía el propósito de atraer capitales oscuros, y por eso su cartera crediticia era muy pequeña. En el juicio por el fraude participaron 32 víctimas de una lista mucho más grande de personas, cuyos depósitos se esfumaron.

Peralta indicó que la actitud del régimen venezolano ha sido de “protección total” hacia Santoro y sus cómplices. Uno de los solicitados, Gabriel Jiménez, se entregó en EE. UU., donde también lo requerían por conspiración para lavar dinero de Pdvsa. En esta actividad habría participado con el empresario Raúl Gorrín, de acuerdo con documentos del Departamento de Justicia. En noviembre de 2018 fue sentenciado a tres años de prisión. Pena leve, en virtud de su cooperación.

“Con ese dinero de Pdvsa, compraron el Peravia. Ahora esperamos que él termine de cumplir su sentencia en EE. UU., para que lo envíen a Dominicana”, afirmó el abogado.

Otro país impactado por el flujo de capitales ilícitos venezolanos ha sido España. Según el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Carlos Tablante, los dineros de la corrupción venezolana “han entrado en el mercado inmobiliario y en el sector financiero de forma muy agresiva”.

Tablante permanece en ese país europeo en calidad de refugiado. Dijo que desde allí los dineros de la corrupción venezolana han sido distribuidos a bancos en Italia, Malta, Portugal, Andorra y Suiza, donde la agencia Bloomberg reportó el hallazgo de cuentas con fondos irregulares por diez millardos de dólares.

Observó que la persecución internacional a los viejos operadores del régimen ha propiciado el surgimiento de otros más jóvenes, muy cercanos al poder actual. El los llama los “nuevos bolichicos”.

Este grupo tiene una nueva área de expansión en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Bolívar, al sur del país. En ese territorio estarían coordinando operaciones de venta de oro del Arco Minero a cambio de reales brasileños, con los que posteriormente son adquiridos alimentos, medicinas y otros bienes para justificar aparentes operaciones de importación, con sobreprecios.

Esta criminalidad, organizada en torno a la exportación de capitales y distintas formas de enriquecimiento ilegal, es tan vasta que hace palidecer a la de los delincuentes comunes.

Pero estos últimos llaman mucho más la atención debido a sus comportamientos violentos. Cuando los detienen, suelen confesar en cámara. A los primeros, en cambio, solo se les extrae la información a cuentagotas. Por eso, esta es una historia de la que solo conocemos fracciones. José Ugaz escribió en el prólogo de Super red de corrupción en Venezuela (2021) que hasta el momento los ilícitos con el dinero nacional han suscitado 85 procesos en distintas jurisdicciones del mundo. Allí están los Papeles de Panamá, HSBC, Luxemburgo, Andrade, Ramírez, Villalobos, Salazar y cientos más.

Al margen de lo que eso significa para la búsqueda de justicia, es en esos expedientes donde se encuentra buena parte de la verdad que requiere el país para comprender, por ejemplo, por qué el 40 % de la población está pasando hambre.

Breves

* El artículo 92 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia confiere a los jueces de la materia ocho alternativas para la imposición de medidas cautelares a las personas señaladas de agresoras en un caso específico. En líneas generales, el sentido de estas medidas es resguardar la integridad física de la víctima, por una parte, y por la otra prevenir que la persona bajo investigación agreda a otras personas. El numeral séptimo de ese artículo, por ejemplo, prevé que se le imponga al presunto victimario “la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género”. Pero una cosa es la letra, y otra la realidad.

Según reporta El Pitazo, el hombre detenido por las muertes de Eliannys Andreína Martínez (17 años) y Eduarlys Falcón (20 años), Nelson Antonio Torrealba Saavedra (38 años) tenía antecedentes por un delito sexual.

Sin embargo, se movilizaba sin restricción alguna en Turén. De acuerdo con el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, este hombre actuó contra sus víctimas sin tener un conocimiento previo de ellas, simplemente llevado por ataques de ira. Torrealba era entonces un individuo que, bajo determinadas circunstancias, podía ser peligroso para la sociedad. Ese riesgo ya había sido constatado en un caso previo, y nada se hizo. Esta ausencia de actuación por parte de las instituciones debe ser revisada en profundidad.

* 3520 personas fueron detenidas en 2020 por delitos de tráfico, posesión y consumo de drogas. Esta cifra, conocida de manera extraoficial, representa una disminución con respecto a los años anteriores. Aun así, implica una carga importante para los ya saturados centros de detención del país. Los presos por delitos de drogas, en especial los señalados de tráfico o transporte de estas sustancias, son presas permanentes de la extorsión desde todos los flancos: jueces, fiscales, custodios, abogados. Tienen que pagar hasta por el agua que van a consumir y el suelo donde van a dormir. Estos casos generalmente no trascienden al conocimiento público.

Sin embargo, uno ha sido motivo de debate en el Parlamento de Curazao.

La historia comenzó en marzo del año pasado cuando efectivos de Guardacostas aprehendieron a cuatro isleños y a un venezolano que iba con ellos a comprar un cargamento de pescado en Aves de Sotavento. Primero, les elaboraron un expediente por “tráfico de materiales estratégicos”, puesto que llevaban bidones de diésel para poder hacer el viaje. Pero posteriormente añadieron cargos por tráfico de drogas, en virtud de una supuesta prueba de orientación (narcotest) aplicada a las lanchas. Los detenidos se habían adaptado a la vida en una estación de la PNB en Falcon, pues tenían la esperanza de una rápida solución, hasta que se les terminó el dinero en medio de una pandemia que mantiene paralizados a los tribunales. Entonces, comenzó en Curazao una colecta para pagar la manutención de los cinco detenidos por este caso. El asunto llegó incluso a oídos de la embajada del Reino de los Países Bajos, y en febrero enviaron a unos diplomáticos para constatar el estado de salud de los pescadores.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Empresa española Ingelec pagó 2,7 millones de euros en sobornos a exministros chavistas
Entre 2009 y 2010, la empresa española Ingelec habría pagado 2,7 millones de euros en sobornos a una red dedicada a cobrar coimas a cambio de adjudicar contratos con empresas estatales venezolanas

 

La empresa española Ingelec, dedicada a la fabricación de generadores eléctricos, habría pagado un monto de 2,7 millones de euros en sobornos durante 2009 y 2010 a una red dedicada a cobrar estas coimas a cambio de adjudicar contratos con empresas estatales venezolanas durante la administración de Hugo Chávez, donde están implicados los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como también el empresario Diego Salazar, primo del entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez.

Según documentos investigados por el diario español El País, Ingelec fue imputado en mayo de 2020 por un presunto delito de blanqueo de capitales, usando como plataforma el Banco de Andorra, donde se ocultó una fortuna cercana a los 2.000 millones de euros.

Diego Salazar se ve salpicado directamente porque  Ingelec transfirió el dinero a una sociedad panameña, que acabó en una cuenta del Banco de Andorra que era usada para los gastos del empresario, quien resalta como uno de los cabecillas de la trama de corrupción y que es uno de las 28 personas que están procesadas en ese país desde 2018 por integrar la mencionada red.

Los fondos de Ingelec acabaron en una cuenta en la BPA que se utilizó para abonar en 2009 gastos de alojamiento de más de un millón de euros en el hotel de lujo Four Seasons de París y para enviar 834.000 euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble.

Quienes investigan en Andorra sospechan de la transferencia de Ingelec y creen que la empresa depositó los fondos en una empresa usada como mampara llamada Pessons Mountains, propiedad del empresario Roberto Cobucci, quien justificó ante la BPA que el dinero de Ingelec respondía a un contrato para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la compañía pública Electricidad de Caracas.

La trama de ilícitos que se atribuyen a Diego Salazar Carreño reventó primero en España a través del blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra, en 2016. El venezolano es señalado de desfalcar a Pdvsa por más de 2.000 millones de euros bajo el cobro de comisiones y sobornos. En estas maniobras estarían involucradas otras 28 personas.

A Salazar Carreño, detenido en Venezuela desde diciembre del 2017 y quien estaría en el Sebin, se le atribuye la mediación para lograr que varias compañías chinas obtuvieran contratos con la industria estatal. En la hábil gestión, el también primo materno del exministro Rafael Ramírez, habría puesto como condición el peaje por comisiones y una ganancia neta de 10% de las transacciones.

En marzo de 2018 se descubrió que ocultó al menos 49 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra provenientes de negocios con China.

El documento señala que el empresario cobró 40 millones de euros en comisiones por servicios de consultoría e intermediación para que multinacionales asiáticas captaran adjudicaciones de infraestructuras del Ejecutivo de Venezuela.

 

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó cuatro millones en Andorra

 

 

LA EMBAJADORA DE VENEZUELA EN EL REINO UNIDO, Rocío del Valle, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros) en Andorra, un país blindado hasta 2015 por el secreto bancario. “Los fondos [de Del Valle] tienen su origen en la corrupción de Venezuela”, sostiene un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).

La diplomática justificó el pasado septiembre ante una juez del pequeño principado pirenaico que su dinero en Andorra procedía de la venta de los derechos de una herencia en Venezuela.

Del Valle movió el capital bajo sospecha a través de cuatro cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y se sirvió de una estructura de “sociedades instrumentales” creadas en Panamá por el propio banco para transferir su caudal económico, según la Uifand.

La diplomática cobró entre julio y noviembre de 2012 en la entidad andorrana cuatro millones de dólares de un testaferro del empresario venezolano de los seguros Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía del país latinoamericano y hombre fuerte de los gobiernos del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó cuatro millones en Andorra

 

A los exviceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas

Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.

La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.

El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.

*Vea la nota completa en El Pais.es
TSJ solicita extradición de testaferro de Diego Salazar y de empresario vinculado al caso Andorra

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España de dos venezolanos señalados por casos de corrupción: Luis Mariano Rodríguez Cabello, una de las fichas de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y de José Ramón Sánchez Rodríguez, quien presuntamente ayudó a lavar dinero del Estado por medio de la Banca Privada d’ Andorra (BPA).

De acuerdo con la nota de prensa del máximo tribunal, la petición se hizo para que tanto Rodríguez Cabello como Sánchez Rodríguez sean sometidos a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Rodríguez Cabello está señalado de ser el testaferro de Diego Salazar, el polémico primo de Rafael Ramírez que presuntamente amasó su fortuna al manejar los contratos de seguros y reaseguros de Pdvsa. Fue detenido en diciembre pasado por blanquear capitales a través de una red que manejó fondos estimados en más de 2.000 millones de dólares entre 2011 y 2012, luego de pedir sobornos a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energía.

A Sánchez Rodríguez, de 68 años, lo detuvieron esta semana funcionarios de la Interpol en Madrid, España, luego de haber estado solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por los delitos mencionados.

Según las autoridades venezolanas, Sánchez Rodríguez estaba residenciado en la capital española y presidía una organización que, en alianza con empresas panameñas, se dedicaba a abrir cuentas bancarias en la BPA para blanquear más de 400 millones de dólares proveniente de contratos fraudulentos.

Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron este banco en marzo de 2015 en el marco de una investigación por blanqueo capitales. Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera fue empleada por bandas criminales para lavar fondos.

La nota de prensa del TSJ asegura que las autoridades venezolanas asumen el compromiso de que ambos venezolanos serán juzgados con las debidas garantías consagradas en la Constitución del país «relativas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitudes de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud».

Diego Salazar y un grupo de exviceministros tenían un plan B para seguir saqueando PDVSA tras el bloqueo a Andorra

La trama investigada por saquear 2.000 millones de euros de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) urdió un plan para continuar haciendo caja después de que una jueza de Andorra abriera una causa por blanqueo en 2012.

Dos semanas después de que la magistrada Canòlic Mingorance ordenara el bloqueo de las cuentas bancarias de la red en Andorra, sus cabecillas diseñaron un plan B para seguir cobrando comisiones en otros paraísos fiscales, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El grupo, integrado por exviceministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), maniobró en diciembre de 2012 para que compañías chinas agraciadas por las adjudicaciones de PDVSA abonaran comisiones en Panamá.

La organización contó para diseñar su nueva arquitectura financiera con el asesoramiento de un alto ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra (BPA). El directivo ofreció a los investigados abrir cuentas en Panamá. Dijo que así sortearían los exámenes de compliance, el radar de los bancos que vela para prevenir el blanqueo de capitales.

Diego Salazar, un empresario venezolano que logró contratos millonarios de compañías chinas beneficiadas por PDVSA gracias presuntamente a su primo Rafael Ramírez, exministro de Energía y hombre fuerte de los gobiernos de Chávez, encontró en la dirección de la BPA un aliado.

Pablo Laplana, que en 2012 era director de la división internacional de la BPA, ofreció a Salazar que las empresas asiáticas beneficiadas por los contratos de la petrolera venezolana pagaran sus comisiones en un banco de la entidad andorrana en Panamá.

Conversaciones telefónicas grabadas por la Policía de Andorra demuestran cómo, pese al bloqueo de las cuentas en Andorra, responsables del banco del pequeño país pirenaico ayudaron a los investigados a mantener engrasada la maquinaria de cobro de comisiones.

El que fuera mano derecha y director financiero de Salazar, Luis Mariano Rodríguez, llamó el 14 de diciembre de 2012 al directivo de la BPA Pablo Laplana, Le explicó que los empresarios chinos no podían seguir pagando en cuentas bloqueadas.

Continua leyendo la investigación de El País

Justicia de Andorra investiga a 35 personas vinculadas a Pdvsa

La Justicia de Andorra reclamó a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) y de sus filiales. La petición se enmarca en la investigación que desarrolla el país europeo para desentrañar el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales que el gigante petrolero pagó a funcionarios y empresarios próximos al chavismo entre 2007 y 2012.

 

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La jueza de Andorra Canòlic Mingorance remitió también a Venezuela una lista de 35 personas, en su mayoría ex altos directivos de la compañía, para conocer con exactitud sus cargos, responsabilidad, competencia o relación con esta empresa pública, la principal del país.

Respecto a las filiales de la petrolera, la magistrada quiere conocer con precisión cuáles eran cien por cien de Pdvsa para determinar si se trata de fondos públicos o privados.

Mingorance investiga a varios expresidentes y altos directivos de la compañía durante la etapa de Gobierno de Hugo Chávez (1999-20013) que depositaron 2.000 millones de euros en la Banca Privada d´Andorra (BPA). El país pirenaico permaneció blindado hasta el año pasado por el secreto bancario.

“Para entender el sistema de corrupción es necesario determinar cuál era la ocupación y la responsabilidad de la persona sobornada”, justifica la jueza, que afirma que los 2.000 millones de euros que transitaron por la BPA “provendrían de la corrupción en el marco de pagos de comisiones ilegales a través de PDVSA y otras corporaciones públicas como la Corporación Eléctrica S. A. (Corpoelec Electricidad de Caracas)”.

Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en Andorra, un país de 78.000 habitantes a 7.400 kilómetros de Caracas. El dinero circuló por una compleja telaraña de 37 cuentas a nombre de sociedades panameñas. Los fondos saltaron después desde El Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice, según las pesquisas policiales.

Entre los 35 nombres de la lista de la juez de Andorra, se encuentran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del suministro de electricidad entre 2001 y 2006; Javier Alvarado, exviceministro de Energía y expresidente de Corpoelec, la eléctrica estatal; y Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta el pasado diciembre del Gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Salazar fue detenido por las autoridades venezolanas y la fiscalía de ese país está investigando a Villalobos y Alvarado por distintos delitos de corrupción, blanqueo y asociación ilícita vinculados a Pdvsa.

Mingorance afirma que los investigados “aprovechándose de su influencia en los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación con los contratos públicos de la empresa Pdvsa que comportaba que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con su entramado para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros los implicados por asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones donde el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de Pdvsa y sus filiales”.

Los 1.347 millones del exviceministro

El auto de la jueza andorrana, fechado el pasado febrero, asegura que Villalobos manejó 11 sociedades panameñas en la BPA por las que circularon 1.347 millones, “con la única justificación de facturas poco detalladas que se hacían entre ellas mismas”.

La magistrada afirma que la estructura societaria “estaría ideada para ocultar el origen y propietario de los fondos” y destaca que salvo en la titularidad de la sociedad Trismas Foundation, en todas las demás cuentas vinculadas a las sociedades panameñas, figuraba el gestor del banco Pablo Laplana.

Villalobos, cliente de la BPA desde 2007, fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a petición de EE. UU., que ha reclamado su extradición. También, figura como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingeniería asturiana Duro Felguera.