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Conoce los 15 postulados por la sociedad civil a la rectoría del nuevo CNE
La contienda electoral está prevista para diciembre próximo, informó este lunes Jorge Rodríguez

 

Este martes, 2 de marzo, fueron publicados los nombres de los 15 ciudadanos postulados por la sociedad civil a la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro afirmó que impulsa el proceso de renovación del Poder Electoral para generar, según varios diputados, confianza en los venezolanos ante las eventuales elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldes.

La contienda electoral está prevista para diciembre próximo, informó el lunes Jorge Rodríguez, presidente de la institución oficialista, luego de una reunión con los integrantes de la llamada Comisión Especial para el Diálogo.

La lista de postulados al CNE incluye a expertos en el tema electoral venezolano, que se han convertido en referencias sobre la materia dentro de la oposición, como Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, el periodista Eugenio Martínez o el ingeniero Roberto Picón.

También, aspiran a integrar el CNE el expresidente de la cámara empresarial nacional, Francisco Martínez, así como exautoridades universitarias y un grupo de hombres y mujeres que fungieron como asesores del poder electoral.

En la lista destacan:

  • Luis Lander. Miembro del Observatorio Electoral Venezolano, postulado por la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación.
  • Francisco Martínez. Expresidente de Fedecámaras postulado por Sinergia, red venezolana de organizaciones de la sociedad civil.
  • Robinson Rivas. Director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, postulado por el Observatorio Electoral Venezolano.
  • David Delgado Iturriza. Académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes, postulado por el Observatorio Electoral Venezolano.
  • Griselda Colona. Miembro del Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia, postulada por la Asociación Civil Saber es Poder.
  • Roberto Picón. Ingeniero en sistemas y asesor electoral postulado por Sinergia, red venezolana de organizaciones de la sociedad civil.
  • León Arismendi. Abogado y profesor en la cátedra del derecho del trabajo de la Universidad Central de Venezuela. Director del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales, postulado por la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación.
  • Bernardo Méndez. Exvicerrector administrativo, doctor en química, profesor de la Facultas de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, postulado por la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación.
  • Céliz Mendoza. Exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, postulado por la Asociación Civil Saber es Poder.
  • Helen Aguiar. Presidente de la Red de Observadores Electorales de Venezuela, postulado por el Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
  • Carmen González. Abogada jubilada del Consejo Nacional Electoral y especialista en temas de género. Directora de la Asociación Civil Saber es Poder, postulada por el Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
  • Tulio Ramírez. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, director del doctorado y posdoctorado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello, postulado por el Centro de Justicia y Paz.
  • Williams Fernández. Ingeniero civil, abogado, profesor de derecho de la Universidad Central de Venezuela. Especialización en materia electoral, registro civil y electoral. Jubilado del Consejo Nacional Electoral, postulado por Cepaz.
  • Eugenio Martínez. Periodista especializado en temas políticos y electorales, postulado por la Asociación Civil Saber es Poder.

 

Picón, asesor electoral y exmiembro del Grupo Técnico de Apoyo Electoral de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, confirmó su postulación a través de Twitter .

“He aceptado ser postulado como rector al CNE por Sinergia. Las piedras angulares de la democracia son la independencia de poderes, el voto universal directo y secreto, la ciudadanía organizada y los partidos políticos que nacen de ella para ejercer el poder político”, expresó el ingeniero.

Manifestó que desde el Poder Electoral se podrá trabajar para recuperar condiciones: garantizar los derechos políticos de líderes y de los partidos, garantizar que los venezolanos puedan votar, con la vigilancia y el apoyo de la comunidad internacional.

*Con información de VOA

AN de Maduro recibió proyecto de ley de eutanasia
Tarek William Saab ratificó ante el Parlamento que propone esta serie de leyes para “ampliar las leyes en materia de derechos humanos”

 

A casi dos meses de su instalación, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro comenzó a construir dentro de las comisiones permanentes la agenda legislativa que marcará sus acciones este 2021. El Fiscal General designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el Contralor de la República, Elvis Amoroso y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia presentaron el pasado 24 de febrero varias propuestas de ley que consideran deberían trabajarse.

Entre los proyectos de ley destaca la “Ley para optar a una muerte digna en caso de personas con enfermedades terminales o de extremo dolor permanente”. Esta ley, en otros países se le conoce como eutanasia.

La eutanasia, muerte asistida o suicidio digno es un procedimiento que no es bien visto por la iglesia católica, sobre esta nueva ley el Monseñor Hugo Basabe, Obispo de San Felipe y Administrador Apostólico de Barquisimeto fue enfático en rechazar la idea a través de su cuenta en Twitter. 

“El Ministerio Público propone un proyecto de ley de eutanasia como un “nuevo derecho humano”, pero no se preocupa mínimamente porque a los venezolanos se les garantice plenamente el derecho a la salud y los demás que le permitan vivir sanamente por parte del régimen que representa”, escribió Basabe.

Otros de los proyectos que fueron presentados son: la ley para la inclusión de nuevos Derechos Humanos, ley para sancionar delitos cometidos contra pescadores, campesinos, e indígenas para desplazarlos de sus tierras, ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal, ley de responsabilidad empresarial en materia de Derechos Humanos y un proyecto de Reforma de la Ley del Ministerio Público.

Posteriormente, en su presentación de memoria y cuenta de este jueves, 25 de febrero, Saab ratificó ante el Parlamento que propone esta serie de leyes para “ampliar las leyes en materia de derechos humanos”.

En esa misma visita del 24 de febrero a la Comisión de Política Interior, Maikel Moreno, presidente del TSJ, dijo que proponían la Reforma a la Ley del TSJ, al Código Orgánico Procesal Penal y el Código Procesal Civil. Según una nota publicada en la página web de la Asamblea Nacional de Maduro, Moreno dijo que hay leyes no adaptadas a la Constitución y que existen más de 100 normas jurídicas con diferentes penalizaciones.

Tras recibir los proyectos de ley, Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Política Interior dijo que las propuestas serán “analizadas para luego ser aprobadas”.

*Vea la nota completa en El Pitazo

Tarek William Saab: Mil funcionarios han sido procesados por homicidio, tratos crueles e inhumanos y privación ilegítima de libertad
Saab informó que 1.000 funcionarios de seguridad han sido procesados por los delitos de homicidio, tratos crueles e inhumanos y privación ilegítima de libertad

 

El fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, presentó este jueves el informe de su gestión correspondiente al año 2020 ante la Asamblea Nacional de Maduro. 

El fiscal aseguró que, desde agosto de 2017, la justicia venezolana ha condenado a 171 funcionarios de seguridad y 13 civiles por violar derechos humanos.

Durante la presentación del informe, el funcionario informó que, desde agosto de 2017 hasta diciembre del año pasado, el Ministerio Público ha acusado a 1.019 funcionarios, entre civiles y militares, por delitos de homicidio, torturas, tratos crueles e inhumanos, privación ilegítima de libertad, entre otros.

Sin embargo, no habló de ejecuciones extrajudiciales ni judicialización de dirigentes por razones políticas, cuyos testimonios han sido documentados por la oficina de Bachelet.

Saab no se refirió a su gestión en 2020, sino que abrió el lapso desde agosto de 2017, fecha en la que asumió el máximo cargo en el Ministerio Público, hasta diciembre de 2020. En este sentido, señaló que en ese tiempo se han descubierto 28 tramas de corrupción en Petróleos de Venezuela que le «han costado a la nación miles de millones de dólares».

Según el trabajo de la Fiscalía venezolana, han identificado a 194 ciudadanos que participaban en esta red. De esa cifra, 103 han sido procesados judicialmente.

«Para el Ministerio Público, todos los implicados en estos hechos deben ser vistos como criminales que atentaron contra nuestro país», sentenció el funcionario.

Violencia contra la mujer

Por otro lado, Saab precisó los avances de la fiscalía en la defensa de los derechos de la mujer: 73 fiscalías especializadas en atención a la mujer víctima de violencia y 12.000 acusaciones. Destacó que en dos años y medio han conocido 610 casos de femicidios, y más de 300 ya tienen acto conclusivo de investigación.

En la sesión ordinaria del Parlamento de este jueves, se aprobó un proyecto de acuerdo en apoyo a la República Popular de China, por ser uno de los principales aliados comerciales del gobierno venezolano, y se aprobó en primera discusión el proyecto de ley derogatoria de la Ley de Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.

*Con información de EP y UR

CIDH rechazó la inhabilitación política de 28 diputados de oposición
La inhabilitación por 15 años también incluye a Juan Guaidó, quien es reconocido actualmente como presidente interino por más de 50 países

 

Este miércoles, 25 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazó la inhabilitación política de 28 diputados a la Asamblea Nacional electos en 2015.

A través de su cuenta en Twitter, el organismo señaló que, de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, un órgano administrativo no puede aplicar sanciones que impliquen la restricción al ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido.

“La CIDH recuerda que el Estado de Venezuela fue condenado internacionalmente en 2011 por este tipo de sanciones, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó adoptar disposiciones de derecho interno para evitar su repetición”, dijo.

Los parlamentarios quedaron inhabilitados para el ejercicio de las funciones públicas por 15 años son: Marco Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo De Grazia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco Cabrera, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni Durán, Carlos Paparoni, Freddy Guevara Cortez, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez, Juan Guaidó Márquez, Juan Pablo Guanipa Villalobos y José Manuel Olivares.

El contralor general del Gobierno de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación de los 28 parlamentarios por supuesto incumplimiento con el requisito de la declaración jurada de patrimonio, por lo que el funcionario chavista advirtió que comenzarán investigaciones administrativas para determinar posibles irregularidades.

Asamblea Nacional de Guaidó extiende contrato con empresa de EEUU para ejecutar $80 millones
Los diputados aprobaron extender el contrato con la financiera estadounidense que ejecutó el presupuesto del Fondo de Liberación hasta el 31 de marzo

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, aprobó extender el contrato de agencias de servicios financieros, con la empresa estadounidense BRV Administration LLC, a través de la Comisión del Gasto.

La aprobación se hizo este martes, 9 de febrero, en la sesión de la Comisión Delegada, luego de que el secretario Wilfredo Febres, leyera el informe que remitió la Comisión de Finanzas dando el visto bueno, aunque la solicitud de extensión del contrato se hizo el lunes, 8 de febrero.

La lectura se hizo poco entendible por problemas en la conexión de la sesión, que se hizo de forma virtual, y el informe de la Comisión fue compartido con los periodistas casi cinco horas después de haber finalizado la sesión.

En principio este contrato, aprobado en sesión del 9 de julio de 2020, vencía el 31 de diciembre del año pasado, pero en el informe indican que por la reforma del Estatuto de la Transición y de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de este año, «resulta necesaria la prórroga del contrato «Agencia de Servicios Financieros», hasta el 31 de marzo.

En nota de TalCual indican que el diputado Alfonso Marquina argumentó que el Fondo de Liberación se extendió, porque no hubo tiempo para ejecutar todos los presupuestos aprobados. Sin embargo el informe de la Comisión no detalla cuáles son los proyectos que faltan por hacerse efectivos.

Asamblea Nacional y los montos

En el contrato aprobado en la Asamblea Nacional se establece que se pagará 125 mil dólares mensuales. «Siendo establecido el pago de 90 mil dólares respecto a los servicios prestados por la empresa BRV Administration Co LLC y 35 mil dólares en relación a los servicios prestados por la empresa BRV Disbursement Co. LLC».

Igualmente señalan que todas las disputas que surjan o se relacionen con el contrato serán dirimidas por un panel de tres árbitros. El lugar del arbitraje será la ciudad la ciudad de Nueva York y el idioma el inglés.

BRV Administration es una sociedad de responsabilidad financiera limitada en Delaware, según un reportaje de Efecto Cocuyo se indicó que un registro de empresas en Delaware muestra que estas compañías fueron creadas el 21 de mayo de 2020, un mes y medio antes de que el gobierno interino aprobara su contratación.

Además las firmas no tienen el aval de ‘buena reputación’ que concede la División de Corporaciones de Delaware a empresas que han cumplido con todas sus obligaciones formales y que no están bajo ninguna sanción.

El Consejo de Administración del Gasto aseguró que los costos de los servicios para administrar el Fondo fueron «$1.250.000,00 la administración, $175.000,00 la distribución y $681.000 la auditoría”.

En ese momento se dio a conocer que el presidente Guaidó hizo una solicitud para la aprobación de este contrato por la cantidad de 1.250.000 dólares, aunque en el documento indica en letras que es por 1.200.000 dólares. 

José Brito: Juan Guaidó es susceptible de ser enjuiciado y judicializado
La sumatoria de penas por estos delitos, en los que presuntamente incurrió Guaidó sumarían más de 200 de cárcel, según el parlamentario

 

Este viernes, 5 de febrero, el diputado y Presidente de la Comisión Especial Parlamentaria que Investiga Daños contra la Nación entre 2016-2021, José Brito, informó que en las próximas horas presentará un informe ante el Parlamento que determina que «Juan Guaidó es susceptible de ser enjuiciado y judicializado», por presuntos hechos punibles.

Brito precisó que los cargos contra Guaidó serían «concierto para delinquir, agavillamiento, traición a la patria, magnidicio, intento de golpe de Estado», entre otros.

“La sumatoria de penas por estos delitos, en los que presuntamente incurrió sumarían más de 200 años de cárcel, y nosotros decimos que la impunidad nos ha conducido al caos, ni siquiera para el proceso de vacunación estos señores no dejan de ser servidores de un grupo de países que como hienas pretenden hacerse con los bienes y las riquezas del país. Hacemos un llamado a esa comunidad internacional que está despertando”, acotó Brito. 

*Con información de UR

Maikel Moreno amenaza a diputados por promover sanciones y bloqueos contra Maduro 
El funcionario exhortó a la recién instalada Asamblea Nacional oficialista a plantear reformas de leyes para hacerlas más simples y funcionales

Este viernes, 22 de enero, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, aseguró que llevará ante la justicia a los diputados de la legítima Asamblea Nacional (AN) por promover sanciones y bloqueos contra Nicolás Maduro y su administración.

«Daremos respuesta a cada petición y a cada clamor del pueblo que reclama justicia para los traidores de la patria que utilizaron los partidos políticos para el robo y el enriquecimiento a costa de nuestro país», afirmó Moreno durante el acto de inicio del año judicial 2021.

Maikel Moreno alertó a la comunidad internacional que la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, la cual se instaló en un período adicional por continuidad administrativa, llevan a cabo una maniobra que, según, sería orquestada por Estados Unidos y otros países satélites, a fin de despojar a Venezuela de sus riquezas

“Aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país, deben ser sancionados conforme a la ley”, dijo.

El alto funcionario oficialista acusó a «actores subversivos» de robar a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela y resaltó que se sigue viendo en estas personas, la supuesta intención de «seguir robando» los activos de Venezuela en otras naciones.

Asimismo pidió pidió a la nueva Asamblea Nacional del gobierno de Nicolás Maduro reformar leyes, entre ellas, el Código Penal y la Ley contra la corrupción. «Insto al nuevo Poder Legislativo a plantear las reformas urgentes para la transformación de los sistemas de leyes adjetivas y sustantivas para hacerlas más simples y funcionales», agregó.

Balance del año 2020

Según Maikel Moreno, en 2020 el Poder Judicial luchó contra la corrupción desde todos los niveles del marco jurídico. Informó que fueron realizadas al menos 127.340 audiencias fiscales y 178.536 sentencias.

Destacó que en 2020 se crearon 317 planes de cárceles y fueron atendidos a 16.612 privados de libertad. Señaló que se crearon 28 sedes judiciales, además del Palacio de Justicia en el estado Portuguesa, para dar espacio a la implementación de 38 nuevos tribunales de primera instancia y 12 cortes de apelaciones.

Mencionó que durante el año pasado el TSJ nombró 881 jueces y destituyó a 91. Asimismo, dijo que un total de 1.215 decisiones fueron dictadas durante el año.

 

*Con información de TC y EP

AN de Maduro cita a Juan Guaidó para que rinda cuentas
Guaidó deberá comparecer ante la Asamblea Nacional el próximo 25 de enero

 

El secretario general del partido Primero Venezuela y diputado Ángel Guevara informó que la nueva Asamblea Nacional (AN) de Maduro decidió citar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, para que rinda cuentas sobre su gestión durante el periodo 2015-2021.

En entrevista para Venezolana de Televisión, Guevara informó que Guaidó fue citado por la «para investigar acciones perpetradas contra la República».

«Debe rendir cuentas de lo que ha pasado no solamente como hecho político en la Asamblea Nacional, sino lo que han hecho ellos con el tema de la recuperación de algunos activos de la nación. Eso no se ha convertido o no ha representado algún beneficio a la sociedad venezolana, todo lo contrario, ha sido una especie de vandalaje: se han repartido esa recuperación de activos o incluso recursos que han recibido por parte de algunos organismos internacionales por medio de la ayuda humanitaria eso no se ha visto reflejado en la sociedad venezolana».

Guevara señaló que unas de las primeras personas que la comisión va a investigar es Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo; Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez; y a dirigentes de «otros sectores de la oposición».

Aseguró que también investigarán el destino de los recursos provenientes de las filiales de Venezuela en el exterior Citgo, en Estados Unidos, y Monómeros, en Colombia. «El país tiene que saber qué pasó con eso y qué es lo que está ocurriendo en este momento con la política internacional», dijo.

*Con información de TC