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AN de Maduro designa a nuevos rectores del CNE
Entre los rectores principales designados por la AN destacan el exdiputado opositor, Enrique Márquez y el exasesor de la MUD, Roberto Picón

Foto: ANTV

Este martes, 4 de mayo, la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro designó un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez aseguró que la Constitución establece la creación del Poder Electoral, como un poder público autónomo, para que se diriman de manera pacífica, democrática y electoral los asuntos que conciernen al pueblo venezolano.

«Habíamos dicho que los actores políticos, independientemente de su postura, tenemos dos opciones: la Constitución o el abismo, la Constitución o la nada», agregó.

En la sesión de la AN, Rodríguez pidió leer los nombres de los 103 elegibles para ser rectores del CNE, luego de haber aprobado la convocatoria de la Comisión General, previsto en el artículo 85 del Reglamento Interior y de Debates y posteriormente Jorge Rodríguez creó una Comisión Especial, conformada por los diputados de la AN Giusseppe Alessandrelo, José Gregorio Correa, Nosliw Rodríguez, José Villarroel, Luis Augusto Romero, Miguel Salazar, Desirée Santos Amaral y Gladys Requena, para debatir los nombres de los elegibles y presentar una propuesta ante la plenaria. 

Después de un poco más de 20 minutos, el diputado de la AN, Giusseppe Alessandrelo indicó que tenían una propuesta con 15 nombres, entre principales y suplentes, para ser rectores del CNE y con mayoría calificada fueron designados. 

Te presentamos los perfiles de los nuevos rectores principales y suplentes del CNE: 

Por Sociedad Civil

Tania D´Amelio: Rectora del CNE desde 2009, ratificada en el cargo en diciembre de 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2016-2023.

Es miembro de la Junta Nacional Electoral y la Comisión de Registro Civil y Electoral entre 2009 y 2013. También fue diputada de la Asamblea Nacional por el estado Vargas en el periodo 2000-2005 y fue reelegida para 2005-2010, fue parte de la Comisión de Familia y fue presidenta de la subcomisión de Derechos de la Juventud.

D´Amelio es abogada de la Universidad Santa María (USM) y tiene una especialización en derecho tributario. Participó en las primarias para la alcaldía de Vargas con el Psuv, donde quedó en segundo lugar. El Departamento del Tesoro la sancionó en 2017 y luego Panamá en 2018, por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

En febrero de este año, la actual rectora fue sancionada por la Unión Europea por «contribuir a socavar el estado de derecho en el país en sus funciones al participar en la ejecución de las elecciones presidenciales de 2018 y en el cambio -en junio de 2020- a las normas electorales para las elecciones parlamentarias de diciembre”, según relató Poderopedia

-Alexis José Corredor Pérez: En Twitter aparece como militante del Psuv y se define también como militante de la Liga Socialista. Fue miembro de la ANC y parte de la Comisión de Derechos Humanos de ese mismo ente. Su postulación fue objetada por la organización Súmate, por su militancia política.

Corredor es profesor de historia y geografía, egresado del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas y según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es trabajador de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas.

En 2020 integró el Comité de Postulaciones, que llevó adelante la Asamblea Nacional de mayoría opositora, aunque luego el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la omisión legislativa y nombró a los rectores del CNE. 

-Enrique Márquez: Exdiputado de la AN electa en 2015 por el estado Zulia. Fue primer vicepresidente del Parlamento entre 2016 y 2017. Márquez informó a Runru.es que antes de aceptar la postulación renunció a su militancia en el partido Un Nuevo Tiempo. Aunque esta organización aseguró que el exdiputado no formaba parte de sus filas, desde 2018, cuando decidió apoyar la candidatura a la presidencia de Henri Falcón. 

Aunque ciertamente el Comité de Ética del partido, lo suspendió, un año después volvió a la organización, aunque solo como militante y no como el secretario general, cargo que desempeñó antes. Según Poderopedia, Márquez también fue vicepresidente de Asuntos Electorales y Organizativos de UNT, donde promovió el voto en contra del referendo de reforma constitucional en 2007. 

Por Poder Ciudadano

-Pedro Enrique Calzadilla Pérez: Fue ministro de Educación Universitaria desde 2013 hasta 2014. También fue ministro de Cultura en el gobierno de Hugo Chávez. Se define como chavista en su cuenta de Twitter y se desempeñaba como presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar.

En una entrevista para Últimas Noticias en marzo de este año, aseguró que Chávez armó una manera de interpretar la historia y darle legitimidad. 

Por universidades

-Roberto Antonio Picón Herrera: Ingeniero de sistemas, que se desempeñó como asesor y miembro del Grupo Técnico de Apoyo Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). También fue coordinador nacional de análisis y seguimiento del comando de campaña de Henrique Capriles Radonski en 2012.

Entre 2005 y 2010, Roberto Picón fue director de la ONG Ojo Electoral, la cual se dedicaba a evaluar la transparencia de las elecciones en el país y que estuvo liderada por el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Virtuoso. 

Picón fue acusado de traición a la patria, rebelión y sustracción militar, por el gobierno de Maduro, luego de vincularlo con un supuesto intento de hackeo del sistema electoral ante las elecciones de la constituyente, en 2017. Ese mismo año fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en diciembre de ese año fue liberado.

El 26 de junio, Picón fue llevado ante un Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar, y el juez militar capitán Mickel Amézquita, ratificó los cargos. 

Rectores suplentes designados por la AN: 

 

Por Sociedad Civil

-Carlos Enrique Quintero Cuevas: Es rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral. Es teniente coronel del Ejército y fue jefe de informática en la Dirección de Comunicaciones de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2002 y 2004. Quintero ha sido también director del Registro Electoral y director de informática del CNE.

-Francisco José Garcés Da Silva: Fue ministro de Transporte y Comunicaciones entre junio de 2010 y noviembre de 2011. En diciembre de 2013 fue electo alcalde de Guaicaipuro, Miranda con la tarjeta del Psuv. En 2017 fue designado presidente del Metro de Los Teques.

-Leonel Enrique Parica Hernández: En septiembre de 2015 fue nombrado viceministro encargado del Viceministerio de Instalaciones y Logística del Ministerio de Educación. Un mes después fue designado miembro principal de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas del mismo Ministerio.

-Rafael Simón Chacón Guzmán: Candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv en diciembre de 2020. En una entrevista para el Diario Vea aseguró que las “ciudades comunales deben contribuir al proceso de la recuperación económica ante el bloqueo criminal que estamos viviendo”. 

-Griselda Vaniti Colina Hibirma: Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), coordinadora de proyectos del Centro Carter en Venezuela entre 2010 y 2015 y autora del manual de monitoreo de medios y coautora del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House en 2012.

-Francisco José Martínez García: Expresidente de Fedecámaras. También fue presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo.

Por Poder Ciudadano

-Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil: Director del Saime y presidente de la Fundación Misión Identidad. En 2014 fue nombrado secretario permanente (encargado) del Consejo de Ministros. Luego en 2016 estuvo en el cargo de subcontralor de la Contraloría General hasta junio de 2018. En 2019 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

-Saúl De Jesús Bernal Peña: En 2017 fue nombrado como miembro principal de la junta directiva del Banco de Desarrollo de la Mujer (BanMujer), a través de la Gaceta Oficial 41.270.

Por universidades

-Conrado Ramón Pérez Briceño: Padre del exdiputado de la Asamblea Nacional, Conrado Pérez, quien fue señalado de estar involucrado en gestiones para mejorar la imagen del empresario colombiano Alex Saab. Pérez Briceño es diputado suplente de José Brito en el Parlamento electo en diciembre de 2020. Fue concejal de Valera, Trujillo y militó en Primero Justicia.

-León Antonio Arismendi Anuel: Profesor de la cátedra de derecho del trabajo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y director del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). Fue parte de la comisión opositora que se reunió con el gobierno de Nicolás Maduro, en el proceso de diálogo de 2017 en República Dominicana.

AN de Guaidó asegura que Tarek William Saab intenta eludir a la CPI
Los parlamentarios opositores concluyeron que el fiscal impuesto por la ANC, pretende eludir la competencia de la CPI
En sesión virtual expresaron su apoyo a las organizaciones no gubernamentales tras la publicación de la providencia 001-2021

Los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aseguró que las declaraciones del fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, responde a un intento de que la Corte Penal Internacional (CPI) archive los casos de Venezuela y los devuelva a jueces venezolanos.

«En la CPI se está por tomar una decisión de si se toma o no una decisión y si no hay caso, se remite a los jueces nacionales», explicó el diputado Williams Dávila (AD-Mérida) en la sesión virtual de la AN. Aseguró que Saab espera eludir la competencia de la Corte y hacer «creer» que en el país hay justicia.

Criticó que el fiscal no ha ido al fondo del asunto, de los casos de violaciones de derechos humanos, al no investigar la cadena de mando. «Este régimen no hace nada de manera culposa, todo lo hace de manera premeditada».

«El Capitán Acosta Arévalo, fue presentado moribundo ante un juez. Por qué no actuaron en flagrancia en contra de los funcionarios que sabían bien lo que estaba pasando», señaló. 

Por eso el diputado exigió una sanción y castigo a la cadena de mando, porque no existe el principio de la obediencia debida. «La confesión de Tarek pone en evidencia que encubrió a los responsables y lo que busca es lograr que la Fiscal (de la CPI) archive el expediente y que lo envíe a Venezuela, no lo va a lograr», aseveró. 

Igualmente el diputado Joaquín Aguilar (UNT-Trujillo) señaló que con estas declaraciones, quienes dejar «libre de toda culpa» a Nicolás Maduro y toda la cadena de mando. 

«Maduro cree que puede zafarse de la CPI admitiendo tres asesinatos emblemáticos. Todas las investigaciones independientes apuntan a la culpabilidad de una cadena de mando que empieza con el usurpador», argumentó.

En más de una oportunidad, el parlamentario señaló que las órdenes de violación de DDHH, fueron impartidas por Maduro y por altos funcionarios, «quienes son los verdaderos responsables y deben pagar». 

«No importa todo lo que intenten hacer para evitarlo, Maduro y otros altos funcionarios, serán juzgados en un futuro que todos los venezolanos esperamos».

Violación de DDHH evidente

En el mismo debate, el diputado Rosmit Mantilla (Independiente-Táchira) refirió que la intención del chavismo es de revertir o cambiar la historia que documenta cómo se han violado los derechos humanos. 

«Tarek dijo en rueda de prensa que Albán fue asesinado, que entendieron que Pernalete lo mató la policía asesina y que Arévalo fue masacrado por sus victimarios, esto con la intención de transformar lo que pudiera ser un próximo pronunciamiento de la CPI», explicó.

Mantilla indicó en la sesión de la AN, que la responsabilidad penal es individual y que los delitos de lesa humanidad no prescriben. «A los que dicen que torturan porque se les ordena, y que solo hacen su trabajo, hemos visto en esa rueda de prensa, como Tarek entrega a dos idiotas y que son imputados por el asesinato de Albán. Ese es el futuro de cada uno de los funcionarios que se prestan para violar DDHH porque siguen órdenes», dijo.

La diputada de la AN, Tamara Adrián (VP-Distrito Capital) reseñó que la CPI ha ido avanzando con los distintos informes que se han llevado a cabo, como el de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidad, Michelle Bachelet, que dejan patente la violación constante de derechos humanos en el país.

«En el caso concreto del asesinato de Albán, Acosta Arévalo y otros casos, se demuestra la responsabilidad del Estado de Venezuela, una responsabilidad penal probable de las cabezas del Estado y de los perpetradores ante la CPI», añadió.

Adrián señaló que el gobierno de Maduro ha decidido tratar de enmascarar y ocultar la realidad que ha existido hasta ahora, que no han habido investigaciones, que no han sido juzgados los responsables y que se ha tratado de ocultar pruebas. «La cadena de mando ha tratado de ocultar su responsabilidad a través de estas declaraciones».

«El fiscal de la CPI está acostumbrado a este tipo de actitudes que asumen gobiernos forajidos y sus responsables cuando se encuentran entre la espada y la pared. Poco o nada servirá para evitar lo que ya empieza a resultar inevitable, la formulación de los cargos penales ante la CPI», expresó.

Por último en este punto, el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó señaló que el gobierno de Maduro pretende hacerse ver con algún tipo de gesto humanitario «para limpiar su dictadura, no para salir de la tragedia».

«No se puede blanquear una dictadura que está señalada por delitos de lesa humanidad. Ustedes arrastraron a esta catástrofe a Venezuela», indicó. 

AN apoya a las ONG

En el segundo punto de la sesión, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la providencia 001-2021, que tiene como objetivo el registro obligatorio de las organizaciones no gubernamentales, para «vigilar y supervisar» sus actividades, miembros del personal, lista de donantes, movimientos financieros y lista de beneficiarios.

En el debate de la AN, intervino como invitado, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó que la providencia es inconstitucional y que hay inconsistencia con tratados y convenios de Derechos Humanos firmados por el país.

«Ha sido firmado un comunicado por 709 organizaciones de la sociedad civil que esperamos sea respaldado por ustedes, para que sintamos que, de una manera unida, los venezolanos responden de manera decidida a este atropello», expresó.

Daniels señaló que con la providencia se exigen documentos a las ONG, que el mismo Estado niega. «Desde hace años los registros y notaria se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales», agregó.

El defensor de derechos humanos, recordó que desde hace tiempo se han realizado actos de intimidación contra organizaciones de la sociedad civil, como el allanamiento a Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive.

Además que hay una campaña constante de estigmatización contra las ONG en medios oficiales, como en el programa del diputado chavista, Diosdado Cabello, Con el Mazo Dando.

En el proyecto de acuerdo, los diputados acordaron rechazar la providencia, hacen un llamado a las organizaciones a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para proteger los derechos de sus miembros y las víctimas.

Igualmente aprobaron denunciar ante instancias internacionales, esta situación que «vulnera una vez más el Estado de derecho y la democracia en nuestro país; como un acto más del régimen de Nicolás Maduro por someter a la sociedad civil a sus controles autoritarios».

La diputada Sandra Flores (PJ-Barinas) afirmó que en Venezuela no hay sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de DDHH, «por tanto esas víctimas y sus familiares solo cuentan con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales».

«En Venezuela hay 10 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en materia de alimentación. Distintas ONG a lo largo y ancho del país brindan alimentación con las proteínas necesarias a niños en situación de pobreza extrema», agregó.

Igualmente la diputada Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela-Carabobo) aseguró que esta medida, es la consecuencia de la política del gobierno de Maduro, que «pretende es callar las informaciones, las estadísticas, las cifras que dan cuenta el trabajo de investigación que tienen a diario estas organizaciones».

AN de Maduro recibe lista de 103 elegibles para ser rector del CNE
Jorge Rodríguez recordó que el Parlamento tiene 10 días para elegir a los rectores

La Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro recibió la tarde de este martes, 27 de abril, la lista de los 103 ciudadanos elegibles para conformar el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque los nombres no se hicieron públicos a los medios de  comunicación.

En la sesión ordinaria, el diputado y presidente del Comité de Postulaciones, Giusseppe Alessandrello recordó que durante la primera convocatoria se presentaron 114 ciudadanos y luego de las impugnaciones, la lista se redujo a 67 personas. 

También indicó que por la pandemia del COVID-19, el Comité -con la aprobación de la AN- convocó a un segundo proceso de postulaciones, donde se presentaron 44 ciudadanos y se generó una segunda lista de elegibles.

Finalmente entre las dos listas y con las objeciones, se escogieron a 103 personas que podrían conformar un nuevo directorio del CNE. A partir de ahora la plenaria tiene 10 días para escogerlos. 

En el debate intervino el diputado y vicepresidente del Comité, José Gregorio Correa, quien aseguró que la lista es impecable producto del análisis, revisión y de la entrevista. 

Correa expresó que es momento de que los venezolanos hablen con sinceridad de que el punto es electoral y que eso los reencontrará. 

«Nuestros problemas tienen que ser nacionalizados, puede haber cooperación internacional pero no intervención para que nos digan qué hacer o cómo hacerlo», agregó.

El diputado indicó que en estos momentos no hay condiciones electorales, pero hay que salir a buscarlas. «Por eso creo que después de más de 17 años, podemos presentarle a Venezuela un CNE que salga de esta cámara y no del TSJ. Hoy podemos decir que nos pusimos de acuerdo, para ver como no destruíamos a Venezuela y resolver los problemas en el centro electoral», dijo.

Igualmente el diputado Luis Augusto Romero, celebró que la AN haya producido este resultado y que hubo amplitud, consulta y pluralidad. «Hubo diferencias, discusiones, peor creo que la mayoría o todas las decisiones se tomaron por unanimidad», argumentó.

Advirtió que hubo presiones durante el trabajo del Comité, y que alguien que se había postulado renunció porque recibió una llamada telefónica. También alertó a los próximos rectores del CNE que probablemente recibirán presiones. 

«La mejor señal que podemos enviarle a la gente, para que regrese a la senda del voto, es un CNE amplio, equilibrado, plural. Hay nombres suficientes, en cantidad y calidad, para ejercer esa función y esperamos que pronto podamos tener ese resultado», concluyó Romero en su intervención.

«Las oposiciones»

En el debate, el segundo vicepresidente, Didalco Bolívar explicó que desde el año 2006 no se escogía una directiva del CNE desde el Parlamento. «Las omisiones que se establecieron, no fueron responsabilidad del TSJ. El tribunal lo que hizo fue cubrir la omisión, por eso nosotros respaldamos esa decisión», enfatizó.

También repitió que las decisiones fueron de forma unánime dentro del Comité y criticó que la AN electa en 2015 critique este procedimiento. 

Por último el presidente de la AN, Jorge Rodríguez le envió un mensaje a «las oposiciones», de que hay dos caminos: la Constitución o el abismo. 

Indicó que tiene el aval de enviarles un mensaje, porque han hablado con todos los sectores y lo están haciendo. 

«Pero han hecho del ejercicio ajeno a la constitución un tremendo negocio. No creo que estén dispuestos a renunciar a la plata. Eso forma parte del abismo, porque ellos le dicen que no pueden ir a elecciones, se va a saber cuántos votos tienen realmente y se va a evidenciar lo que está claro en las calles de Venezuela, que son la nada, que no existen en el espectro político. «, aseguró. 

Pidió a la oposición asumir el trabajo del Comité de Postulaciones como un gesto constitucional y democrático y agregó que no habrá presión en ninguna parte del planeta, «que nos lleve a torcer lo que dice la Constitución». 

Rodríguez recordó que la Asamblea Nacional tiene 10 días continuos para elegir el nuevo directorio del CNE. 

«Otra predicción, si se lanzan por el abismo, ya veré a mujeres y hombres que gritaron en sus partidos políticos decir chao, para ser candidatos a alcaldes, gobernadores, en sus estados, porque así es el ejercicio de la democracia venezolana», añadió.

Diputados solicitan una comisión de la ONU para tratar enfrentamientos en Apure
El diputado Luis Lippa indicó que es necesario la conformación de una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de la ONU para poder garantizar el retorno de los venezolanos desplazados
Los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo para calificar el ecocidio como delito de lesa humanidad

 

En debate de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2105, los diputados opositores hicieron un llamado a Naciones Unidas (ONU) para que vengan a Venezuela y puedan verificar la situación que se vive en la frontera con Colombia, específicamente en Apure.

El diputado Luis Lippa (PJ-Apure) indicó que es necesario la conformación de una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de la ONU para poder garantizar el retorno de los venezolanos desplazados hacia Colombia, producto de estos enfrentamientos entre militares de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidencias de las FARC.

Igualmente recomendó que a través de instituciones internas como el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa) se implemente una política de Estado, también para un regreso seguro de estos ciudadanos.

El diputado Freddy Superlano (VP-Barinas) aseguró que la muerte, el desplazamiento, el tráfico de drogas y la violación de Derechos Humanos ponen a los ciudadanos en un total estado de indefensión.

También recordó que el gobierno de Nicolás Maduro estableció una comisión conjunta de expertos, para investigar los asesinatos, pero hasta el momento se desconocen los resultados o el estatus de esa investigación.

Superlano expresó que la FAN repriman a los ciudadanos en manifestaciones civiles, pero que ante estos enfrentamientos lucen «endebles, incautas e ingenuas ante el ataque de grupos de militares no convencionales que controlan grandes extensiones del territorio venezolano, para la siembra de narcóticos, instalación de laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas para el tráfico de drogas».

Por último, la diputada Gaby Arellano (Independiente-Táchira) aseveró que los ciudadanos han sido víctimas de la «guerra» que se vive en la frontera por el «control del narcotráfico, por parte del frente de la Farc encabezado por Gentil Duarte contra el frente de la Farc de Iván Márquez, a quien éste último, la diputada acusa de usar a militares venezolanos para defender sus rutas ilícitas para el tráfico de drogas».

Asimismo dijo que existe complicidad del gobierno de Maduro con grupos irregulares y permisividad  “al entregarles armamento y espacio” a bandas delictivas que atemorizan a la población como: El Coqui».

Precariedad laboral

En la misma sesión, los diputados opositores debatieron sobre la precariedad laboral que existe en el país, en el marco del día del trabajador que se celebra el 1 de mayo.

El diputado Héctor Vargas (UNT-Zulia) denunció que actualmente no existe la mínima posibilidad de que los trabajadores del sector público y privado puedan mejorar su calidad de vida. 

“Este régimen acabó con el sueldo, con las contrataciones colectivas, con los sindicatos y además con los seguros privados, afectando con ello la calidad de vida de los trabajadores. Este régimen es enemigo de los trabajadores”, dijo.

Mientras que el parlamentario Ángel Torres (VP-Lara) señaló que el gobierno de Maduro acaba con las condiciones mínimas laborales y tampoco permite el emprendimiento, «a no ser que sea una inversión en bodegones o carros marca Ferrari para seguir lavando dinero”.

Por eso el diputado José Prat (Causa R-Bolívar) explicó que la destrucción del salario tiene como objetivo sustituirlo por dependencia y miseria. Agregó que el gobierno de Maduro también a eliminado las libertades sindicales y ha violado las leyes laborales sistemáticamente, y como consecuencia se ha perdido el desarrollo del país, porque se propicia la fuga de talento humano.

Diputados contra el ecocidio

Por último en la sesión virtual del Parlamento, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de ecocidio como delito de lesa humanidad.

El Proyecto fue presentado por la diputada y presidenta de la Comisión de Ambiente, María Gabriela Hernández (PJ-Monagas) quien explicó que se instruye al cuerpo diplomático y otros representantes del gobierno interino, representar a Venezuela em las cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la Acción por el Clima y expongan los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental.

Otro punto es el de realizar las gestiones necesarias para que el país, pueda optar a los programas de asistencia y financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos de economía verde o sustentable.

Además se deben realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre el Mercurio, el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y del Pacto de Leticia por la Amazonia.

En el Proyecto de Acuerdo, los diputados exhortan al comisionado presidencial contra terrorismo y crimen organizado, Carlos Paparoni y al comisionado especial de seguridad e inteligencia, Iván Simonovis a investigar y sancionar a las personas naturales y jurídicas que tengan relación con las empresas Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, (CAMIMPEG, (CAMIMPEG) y Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (Emasproforn).

AN de Guaidó reitera disposición para avanzar en un proceso que permita elecciones libres
Para Carlos Berrizbeitia participar en unas elecciones sin condiciones ayudaría al gobierno de Maduro a afianzarse en el poder

Los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aprobaron un Proyecto de Acuerdo, en el que aseguraron tener disposición para avanzar en un proceso que permita lograr una ruta electoral «confiable» y que solucione la crisis política que vive el país.

En la sesión virtual de este martes, 27 de abril, el segundo vicepresidente, Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela-Carabobo) aseguró que el objetivo del nuevo nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la AN de Nicolás Maduro, es tener ventaja en las próximas elecciones, que serían las regionales y municipales.

Indicó que los dirigentes políticos de la oposición deben ser coherentes, porque hace tres meses no participaron en las legislativas por falta de condiciones y la situación de este año «es peor». 

«Participar en esas condiciones es ayudar al régimen a afianzarse en el poder y seguir destruyendo lo poco que queda de una base democrática», aseguró.

Por eso hizo un llamado a ser consistentes en los procedimientos y que se debe definir un cronograma electoral, que incluya las presidenciales, con un ente electoral donde estén todas las partes, independiente y que pueda ser monitoreada por observadores nacionales e internacionales. «Seguiremos luchando por condiciones, porque el mundo pueda ver un proceso transparente, para que el pueblo con su voto elija su futuro», expresó. 

El diputado Ángel Caridad (UNT-Zulia) expresó su respeto a aquellos ciudadanos, con «credenciales y con buena actitud para regir los destinos del CNE», que se postularon para ser rectores del Poder Electoral, pero rechazó la metodología que impone el gobierno de Nicolás Maduro y que «algunos venezolanos ilustres, sean tontamente usados por este infame poder ejecutivo».

Igualmente el diputado Freddy Guevara (VP-Miranda) aseguró que es injustificable que algunas personas «pretendan avanzar en una agenda paralela que no representa la voluntad de la mayoría».

«No voy a cuestionar ni hablar sobre las motivaciones que puedan tener algunos actores, que se llaman así mismo opositores, pero si puedo cuestionar la vocación democrática de quienes sabiendo que enfrentar a un dictadura requiere la unidad de las fuerzas democráticas y que la gran mayoría, que es la que cuenta con el respaldo de votación, internacional, ha decidido no avalar y rechazar un CNE que no surja de un proceso constitucional», argumentó.

Reiteró la disposición de la oposición mayoritaria para «hacer todo lo que haga falta» para resolver la crisis» y que si es necesario llegar a un acuerdo, lo harán. «Pero no apoyaremos un acuerdo para mantener todo igual o para sobrevivir, estamos buscando un CNE legítimo, que de confianza, que sea reconocido por la comunidad internacional y que no esté a la disposición del régimen».

En este mismo debate, el primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) aseguró que el gobierno de Maduro demuestra que no tiene ánimo de mejorar la crisis. 

«Lo único que reflejan es que sienten miedo e irrespeto por una sociedad que está cansada. Nos corresponde seguir dando la pelea, con la gente en las calles, con los aliados internacionales», dijo.

Guanipa recalcó que están dispuestos a iniciar un proceso de acuerdos integrales, producto de una «verdadera negociación», con la participación de la comunidad internacional y que sean los ciudadanos los que tengan la última palabra.

Piden apoyo internacional

En el Proyecto de Acuerdo, los diputados rechazaron la designación de un nuevo CNE que hará la AN de Maduro. Igualmente ratificaron que el único ente que puede designar un directorio del Poder Electoral es la «legítima» Asamblea Nacional.

También solicitaron a la comunidad internacional y a los organismos internacionales, que mantengan su posición de invalidez de los procesos convocados por este CNE, por ser «designado inconstitucionalmente» y que, «en consecuencia, continúen apoyando la búsqueda de una salida negociada, pacífica y democrática a la crisis venezolana». 

La Asamblea Nacional electa en 2015, expresó su «compromiso» con la recuperación de la institucionalidad democrática y restablecimiento de las garantías plenas reales para que todos los venezolanos puedan decidir libremente a través del voto, con elecciones justas, competitivas y verificables. 

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AN de Guaidó aprueba $100 millones para el pago de vacunas
Este monto se sumaría a los más de $30 millones que se aprobaron el pasado 19 de marzo

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, aprobó $100 millones de dólares adicionales para la compra de vacunas contra la COVID-19, lo que se sumaría a los $30.309.040 que se aprobó el pasado 19 de marzo en sesión ordinaria virtual.

Con esto el presupuesto asignado para adquirir vacunas dentro del mecanismo COVAX, alcanza los $130.309.040 y que serían canalizados a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar la ejecución y transparencia.

La solicitud la hizo el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Paparoni (PJ-Mérida) quien pidió «urgencia presupuestaria» y presentó el informe ante la Secretaría. Pero aunque el informe fue leído y aprobado en la sesión ordinaria virtual de este jueves, 22 de abril, no fue publicado o compartido a los medios de comunicación y periodistas que cubren el Parlamento.

El equipo de prensa de la presidencia de Juan Guaidó argumentó que este último informe será publicado en Gaceta Legislativa la próxima semana, aunque sí compartieron los proyectos de acuerdos sobre el acoso a la prensa y la beatificación de José Gregorio Hernández, al culminar la sesión. 

Esta misma situación se repitió la semana pasada, con la aprobación de un endeudamiento por más de 10 millones de dólares, para el pago de deudas con firmas de abogados en el exterior.

Un Fondo amplio

Igualmente los diputados de la AN, aprobaron otro crédito adicional para el Fondo Especial de Liberación por $152.330.533, de allí se destinarían los $100 millones para las vacunas; $23.496.400 para el programa de defensa de la democracia y el resto será distribuido entre programas para la «protección, ejercicio y funcionamiento tanto de los Poderes legítimos cómo de los activos en el exterior».

Para la AN se aprobaron $7.536.365 con lo que se cubrirán gastos de funcionamiento y «defensa» del Parlamento y la protección social de sus integrantes durante este año. Otros $5.614.700,04 serán destinados a la labor de acción y apoyo internacional del gobierno interino, a través de la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores, Embajadas y representantes diplomáticos ante el mundo.

$4.583.319,96 se destinarán a las comunicaciones y acciones que permitan enfrentar la «sistemática política de censura de la dictadura» de Nicolás Maduro. Mientras que el Consejo de Administración del Gasto tendrá un presupuesto de $4.268.675 para gastos relacionados a las funciones que cumpliría un Ministerio de Finanzas, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la Tesorería de la República. Para el despacho de la presidencia se dispondrán de $2.365.857,00.

Este presupuesto incluye el pago de servicios legales y acciones jurídicas internacionales para la relación y gestión ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de el pago de servicios de la administradora como de la auditora internacional, servicios bancarios y gastos de funcionamiento en general.

Por último este crédito adicional incluye un presupuesto de $725.809,99 para el funcionamiento de la Contraloría Especial; $$1.758.000 para los magistrados en el exilio; $262.800 para el Consejo de Defensa Judicial; $348.600 para la Procuraduría Especial; $1.154.400 para las juntas directivas ad hoc y $215.606 para el Banco Central de Venezuela ad hoc.

Nota Informativa Sobre La Aprobación Del Uso de Recursos Protegidos Para La Adquisición de Vacunas Para La… by Runrunesweb on Scribd

Guaidó propone que la AN invierta recursos en comprar más vacunas
El presidente aseguró que si el gobierno de Maduro ya pagó el mecanismo COVAX, pueden invertir el dinero en comprar más vacunas en el mercado internacional

Foto: Leo Álvarez

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, propuso que si el gobierno de Nicolás Maduro ya pagó una parte de las vacunas, a través del mecanismo COVAX, el Parlamento invierta, el presupuesto aprobado por la Comisión Delegada, el pasado 19 de marzo, en la otra mitad en el pago de las dosis, invertir en la cadena de frío o ampliar la compra de vacunas en el mercado internacional.

El monto aprobado por el Parlamento asciendo a los $30 millones y está en proceso la tramitación de la licencia ante la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos, aunque indicó que, si el gobierno de Nicolás Maduro ya hizo el pago, se tendrá que hacer una modificación de la licencia para poder utilizar el dinero. 

«Impedir una vacuna retrasa la vacunación, es un absurdo, ante la necesidad urgente y se han chocado con varias paredes, no hay oferta de vacunas suficientes (en el mundo) para cubrir la demanda. Todos necesitamos protección del virus y la dictadura deliberadamente nos puso en más vulnerabilidad», criticó.

Aseguró que no están «casados» con una vacuna específica, que puede llegar al país cualquiera que sea segura, eficaz y aprobada científicamente. Esto en relación a la negativa de Maduro de dejar ingresar la vacuna AstraZeneca al país. 

Guaidó «celebró» que el gobierno de Maduro no haya utilizado para «pagar la defensa de Alex Saab» en Cabo Verde o para «robárselo». «Es doble ganancia, evitamos que se robaran un dinero y que lo pusieran en el bienestar de la gente», indicó.

También expresó que lo que demuestra este pago es que no hay bloqueo, pero que no tenían voluntad. El presidente también ratificó que seguirán en la mesa técnica, instalada en el mes de febrero para elaborar un plan de vacunación, y «si la dictadura la quiere patear, es una decisión de ellos».

Testimonios de mercado negro

El presidente explicó que a través del mecanismo COVAX se pueden adquirir vacunas para el 20% de la población. «La idea es ampliar, entonces hay que ir al mercado de vacunas, no hay otra forma. Si es cierto que pagaron la totalidad de este año, estamos dispuestos a ampliar en el mercado de vacunas», ratificó.

Guaidó agregó que desde la Comisión Delegada de la AN, están recogiendo testimonios de personas que han recibido ofertas para comprar las vacunas en un mercado negro. Pidió a la población que no caiga en estos «negocios», que muchas veces termina siendo una estafa.

«Entendemos la ansiedad y la necesidad de protegernos, pero muchas veces termina siendo estafa», dijo.

Respuesta a Jorge Rodríguez

Juan Guaidó también se refirió a la denuncia presentada por el presidente de la AN electa en 2020, Jorge Rodríguez, sobre una presunta trama de la oposición para «robarse» $52 millones. «Yo no sé de lo que está hablando Jorge Rodríguez», aseveró.

Indicó que todos los presupuestos han sido aprobados abierta y públicamente en la Asamblea Nacional, y que ha habido una discusión para ampliar las partidas a temas de salud, Covax, vacunas, cadenas de frío y será presentado por la Comisión de Finanzas en la plenaria «lo más pronto posible».

«Siempre montan ollas, distorsionan la realidad y difícilmente puedo hablar de lo que presentaron de manera irregular, falaz.  Lo que puedo decir es que los presupuestos son aprobados de manera transparentes, enfocados en proteger a los venezolanos», añadió. 

Guaidó aseveró que, al igual que las Comisiones y comisionados, presentará su rendición de cuentas y que esperan sea antes de junio. Además explicó que con lo que el gobierno gastó y «se robó» en la construcción inconclusa del metro de Guaranas-Guatire, hubiesen podido pagar 30 veces más el mecanismo COVAX.

«Solo con el monto con lo que se robaron de Odebrecht hubiésemos pagado las vacunas de toda Latinoamérica. Aquí no hay nada que ocultar, más allá de lo que quiere generar lo de siempre y ocultar su fracaso a nivel internacional», puntualizó.

AN de Maduro aprueba ley del parlamento comunal
La bancada opositora que está dentro de la AN salvó su voto y aseguró que la ley es contraria a la Constitución

Foto: ANTV

La Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro aprobó este martes, 13 de abril, en primera discusión la ley orgánica del parlamento comunal nacional, aunque no contó con la aprobación de la bancada opositora.

La diputada chavista Blanca Eekhout aseguró que la aprobación de ese proyecto permitirá tener una visión integradora en el país y «fortalecer» el principio de democracia participativa establecida en la Constitución.

«Estamos diciendo que en el centro de nuestro pueblo se construya un parlamento comunal», añadió en su intervención.

Aseguró que el objetivo del parlamento comunal es el de discutir los problemas de la cotidianidad y que sean de carácter vinculante. 

«Esta avalancha de gloria de nuestro pueblo a lo largo del país y de la historia solo puede convertirse, de manera directa, en poder, garantizando que el pueblo tenga los instrumentos y las herramientas que permitan ejercer el protagonismo», dijo.

Eekhout usó como basamento el hecho de que de acuerdo a la Carta Magna la soberanía reside de forma intransferible en el pueblo y debe ejercerla de forma directa a través de todos los instrumentos que garanticen su ejercicio pleno. Aunque las comunas no están establecidas en ningún artículo de la Constitución.

En contra del mandato popular

En nombre de la bancada opositora de la AN, el diputado Alexander Golindano rechazó este proyecto de ley y aseguró que va en contra del mandato expresado por los venezolanos en 2007. 

«La Constitución del 99 establece que Venezuela es una República, un Estado de derecho, justicia y democrático, que además reconoce la soberanía popular expresada a través del sufragio, la separación de los poderes y la supremacía de la Carta Magna. Entonces, mal nosotros pudiéramos aprobar una ley que va en contra de la Constitución y del propio mandato popular del venezolano”, explicó.

El parlamentario alertó que “esta ley aniquila la esencia misma de la Constitución, ofrecida por el propio gobierno como un modelo que supone su propia reforma. Nosotros nos preguntamos ¿es que acaso esta ley y su promulgación están por encima de la Constitución? ¿Esta ley va a cambiar la Constitución”.

Recordó que el proyecto de Estado comunal ya fue rechazado por los ciudadanos en el año 2007 “Y hoy la bancada del gobierno pretende ir en contra del pueblo venezolano y de la propia constitución al querer aprobar una ley que va en contra de la República”.

Con información de TalCual