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AN elegirá en los próximos cinco días a los nuevos magistrados del TSJ
El proceso inició el pasado 30 de diciembre, cuando la AN recibió una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del TSJ, realizada por el presidente del Máximo Tribunal, Maikel Moreno

 

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, informó este martes que 254 personas conforman la lista definitiva de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la reforma de la ley orgánica que rige las competencias de dicha instancia que redujo a 20 la cantidad de jueces.

«El Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) evaluó las credenciales y hoy se presenta aquí en la Asamblea Nacional con 254 nombres, son 254 mujeres y hombres que han pasado por todo el proceso de presentación de las credenciales, evaluación, entrevista por el Comité de Postulaciones Judiciales», explicó Rodríguez en declaraciones desde la sede del Legislativo.

Asimismo, dijo que, en los próximos cinco días, los diputados evaluarán a los postulados y en un «lapso perentorio», el cual no precisó, Venezuela tendrá nuevos magistrados del Supremo.

Rodríguez indicó que se busca un «Poder Judicial renovado, que garantice una justicia rápida, justa y que sobre todo atienda a aquellos que más cuidados y atención merecen por parte del Estado».

*Con información de EFE

AN oficialista aprueba reducir de 32 a 20 los magistrados del TSJ
Cada una de las salas tendrá un secretario y un alguacil, según la reforma de la ley leída y aprobada en la plenaria

 

La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro aprobó este 18 de enero en el segundo y definitivo debate una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen el órgano.

La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, reza el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco que tienen actualmente.

Cada una de las salas tendrá un secretario y un alguacil, según la reforma de la ley leída y aprobada en la plenaria.

El proyecto partió del presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien propuso a la AN promover dicha reforma, según anunció el 22 de diciembre el presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez.

Según dijo entonces Rodríguez, el objetivo es que «pueda darse un mejor manejo de las salas» del Supremo.

En aquel momento también dijo que esta reforma activaría «los procedimientos necesarios para la escogencia del número de magistrados principales y suplentes que sean establecidos en esa ley».

De ese modo esta reforma debe «arrancar el proceso que le corresponde a la AN de la escogencia del comité de postulaciones» para que los magistrados sean elegidos.

Actualmente, el periodo de los magistrados se extiende por doce años por mandato constitucional. El último nombramiento se produjo en diciembre de 2015 en un proceso exprés y días antes de que tomara posesión la anterior AN de clara mayoría opositora.

Información de EFE

Guaidó está evaluando hacer una nueva gira internacional que incluiría a EEUU
“Queremos elecciones libres y justas”, reiteró el presidente de la Asamblea Nacional de 2015

 

Este martes, 22 de junio, el líder político, Juan Guaidó afirmó que está evaluando llevar a cabo una gira por varios países -donde estaría EEUU incluido- y reconoció que cada vez que se lleva a cabo una jornada en el exterior hay «costos altos» donde su equipo sufre las consecuencias.

«Evaluamos hacer una gira en el momento que sea determinante para avanzar en los objetivos, y según la utilidad que le veamos para la causa venezolana», expresó el también presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 e indicó que posee comunicación constante con varios niveles de gobierno en EEUU como el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso y el Senado.

En entrevista concedida al portal web La Razón, Guaidó aseguró que las negociaciones que fueron anunciadas, actualmente se encuentran en una fase de «aproximación» al facilitador de estas reuniones, que es Noruega, así como también buscan un lugar que pueda servir para llevarlas a cabo y países que puedan acompañar el proceso.

Reiteró que no confía en la administración de Nicolás Maduro y que se encuentran a la espera de la confirmación de una agenda de trabajo a seguir en las negociaciones, que esté validada por quienes faciliten los encuentros y los países que serían acompañantes.

El líder político afirmó que las opiniones y posturas de las personas con «peso específico» como la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles deben ser incorporadas en las negociaciones junto a los de los demás sectores del país, donde la interlocución está a manos del interinato que preside.

Resaltó que cualquier negociación que se realice al margen de la que él es abanderado, solo va a fortalecer a Maduro.

También se refirió al tema de las elecciones pautadas por el CNE para el 21 de noviembre al decir que «no le sacarán el cuerpo a la decisión política de qué hacer con esa cita» y manifestó que las actividades de calle son «de reivindicación de derechos porque la elección regional no resuelve ningún problema».

AN pide a la OMS acelerar mecanismos para vacunas anticovid
El Parlamento acordó «promover» que se liberen y compartan «las patentes registradas de vacunas» contra la covid-19 «como un hecho democratizador del derecho de los pueblos a su salud»

 

La Asamblea Nacional pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acelerar los mecanismos para la adquisición de vacunas y equipos para el tratamiento contra la covid-19 en un proceso que, además, solicitan se realice de forma «equitativa» entre los países.

«Exhortar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a facilitar y acelerar los mecanismos de adquisición de vacunas e insumos y equipos para el tratamiento contra el covid-19, de forma equitativa, para los diversos países del mundo y en especial para Venezuela», dijo el Parlamento en un acuerdo.

En el mismo documento, el Legislativo les pide a estos organismos «realizar gestiones conducentes al levantamiento» de las sanciones económicas contra Venezuela, a fin de que el país pueda adquirir las vacunas contra la covid-19 en el mercado internacional.

Asimismo, condenó «la acción de países como Estados Unidos de América que se ha valido de sus condiciones económicas para monopolizar la demanda de vacunas e insumos» contra el virus, algo que, consideran, atenta contra el derecho humano y el internacional.

Por último, el Legislativo acordó «promover» que se liberen y compartan «las patentes registradas de vacunas» contra la covid-19 «como un hecho democratizador del derecho de los pueblos a su salud».

El acuerdo fue aprobado por unanimidad y, desde la bancada opositora, el diputado José Gregorio Correa resaltó que esta es una situación que no se puede politizar.

Por su parte, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, pidió la conformación de una comisión presidida por su compañero de filas Ricardo Sánchez para que se encargue de velar por una respuesta de la OMS.

Venezuela acumuló hasta el miércoles 227.407 casos de la covid-19 y 2.559 muertes, según datos oficiales.

El Gobierno venezolano prevé la vacunación del 70 % de la población para este año, pero de momento se desconoce el número total de vacunas con las que cuenta el país, pues las cifras oscilan, según el funcionario que brinde la información, con variaciones que superan el medio millón.

Venezuela, además, presentó un retraso en el pago del mecanismo Covax, que coordina la OMS para el acceso de vacunas. Esto debido, según el Gobierno, a las afectaciones que generan las sanciones económicas.

De acuerdo con información de las autoridades, el mecanismo se terminó de pagar en abril pasado.

AN de Guaidó denuncia la existencia de un mercado negro de vacunas
La diputada María Teresa Pérez explicó que el «tráfico de vacunas» ocurre por la opacidad y por el control social que el gobierno de Maduro, quiere imponer sobre todos

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, denunció la existencia de un mercado negro de vacunas contra la COVID-19, en varios hospitales de Caracas. 

En la sesión virtual de este martes, 25 de mayo, los diputados aseguraron que se pueden vender entre $60 y $300 las vacunas. La parlamentaria Desirée Barboza indicó que está siendo impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro. «Han llegado algunos lotes de vacunas y no sabemos quiénes han sido vacunados, lo único que vemos es a la gente desesperada por salvar a sus familiares», añadió.

Barboza dijo que las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 aumentan en el país, al mismo tiempo que la venta de vacunas, aunque no ofreció alguna evidencia. «Tenemos una sistema de salud colapsado, vemos en televisión a todos los personeros del régimen ponerse las vacunas, mientras los venezolanos mueren en sus casas», aseveró.

La diputada zuliana señaló que esto ha obligado a un grupo de venezolanos, a irse a otros países para vacunarse, aunque la mayoría de los ciudadanos debe esperar porque lleguen las dosis al país. 

También refirió que han convocado a personas mayores a vacunarse, a través del sistema Patria, pero tampoco han aportado datos. «El régimen miente y juega con la vida de los venezolanos. Necesitamos un plan de vacunación urgente, hay que detener la muerte de los trabajadores de la salud», concluyó. 

En el mismo debate de la AN, la diputada María Teresa Pérez aseveró que la adquisición de vacunas se hizo de forma tardía y que tan solo el 0,8% de los venezolanos ha recibido las dosis. «Ni siquiera le han cumplido al sector salud», expresó. 

Pérez explicó que el «tráfico de vacunas» ocurre por la opacidad y por el control social que el gobierno de Maduro, quiere imponer sobre todos. Exhortó a los ciudadanos a denunciar esta situación, porque además «no sabemos si lo que están vendiendo es agua». Además comentó que es necesario denunciarlo en el país y ante los organismos internacionales. 

AN denuncia un monopolio

El diputado Richard Blanco aseguró en el debate, que no existe ningún interés por parte de la administración de Maduro, de dar solución a la pandemia del COVID-19. Igualmente se refirió a un artículo de opinión de Carolina Jaimes Branger, que según el diputado, denunció que llegó un lote de vacunas Sputnik V a ciertos hospitales de Caracas, donde son asignadas con antelación a representantes del gobierno y «enchufados». 

Blanco dijo que en el artículo una enfermera del Hospital de Lídice, una enfermera manifestó que se cobra entre $60 y $80, dependiendo de la persona que lo solicite. Carolina Jaimes Branger aclaró en su cuenta de Twitter, que su artículo, titulado «Las vacunas: la nueva segregación del chavismo» se hizo viral pero con un «copiar y pegar» que otra persona hizo, agregando comentarios personales. 

Por último, la diputada Dinorah Figuera aseguró que la denuncia de la venta ilegal de presuntas vacunas, forma parte de una práctica de monopolio de mafias, que ha nacido por parte del gobierno de Maduro y que genera control social. 

Figuera recordó que hasta el momento, no existe información oficial sobre el número de dosis administradas en el país, pero se cree que son menos de 300 mil, con rumores crecientes de un mercado negro. 

La diputada dijo que ante la AN se había denunciado esta situación que se aplica en el hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo. 

“En el hospital Militar si existe un mercado de compra de cupos exprés para las vacunas de la COVID-19 y lo hacen a la vista de militares que se pasean antes las personas que ellos saben que pagaron por las mismas, esto es producto de la ausencia de un plan de vacunación oportuna por parte del régimen”, expresó. 

AN denuncia crisis del gas

Los parlamentarios también aprobaron un Proyecto de Acuerdo en el que se acordó la designación de una comisión mixta entre Energía y Petróleo y Administración y Servicios para investigar la situación del servicio de gas en el país.

Sobre esto, el diputado Elías Matta aseguró que más del 50% de las familias venezolanas cocinan con leña, porque no consiguen gas. Explicó que la fuente principal del gas está asociada a la producción petrolera, que pasó de 3.329.000 barriles diarios a 538 mil barriles por día. 

Matta señaló que antes se producían 270 mil barriles equivalentes de petróleo en gas y con eso se abastecía el mercado interino y sobraba para exportar. «Pero hoy en día apenas son 15 mil barriles diarios».

«Las plantas de fraccionamiento han sido abandonadas, no tienen mantenimiento y eso ha generado este desastre. Hay que sumar que las bombonas deben tener un mantenimiento cada 5 años, y deben ser cambiadas cada 10 años y tenemos grave problemas de explosiones en todo el país. Monagas ha sido epicentro de estos hechos», manifestó. 

El parlamentario denunció un mercado negro de bombonas de gas, que se pueden vender entre $10 y $30, dependiendo de los kilos.

Mientras que el diputado Luis Stefanelli indicó que en el país hay un déficit de 20 mil barriles diarios. Además señaló que, según datos de ONG, 33% de los venezolanos pasaron a cocinar en fogón de leña y otro 33% pasó a cocinar en hornillas eléctricas, lo que provoca un mayor consumo de energía que abona a la crisis. 

La diputada Deyalitza Aray denunció que han observado un uso de operativos para proselitismo político y control, en cuanto a la venta de bombonas de gas. «En Carabobo se han hecho anuncios de producción de gas en la refinería El Palito, cuando sabemos que está completamente paralizada», dijo. 

Igualmente el diputado de la AN, Avilio Troconiz señaló que el llenado de las bombonas se viene haciendo de manera irregular, sin un buen manejo lo que ha provocado accidentes, con fallecidos. Asimismo dijo que antes el llenado se hacía casa por casa, pero que ahora los venezolanos son obligados a ir a los llenados o andar «detrás de los consejos comunales» para poder conseguir bombonas, «a un costo altísimo que a veces es imposible poderlo obtener». 

Santrich en Venezuela

En la sesión virtual de la AN, los parlamentarios denunciaron nuevamente la presencia de grupos irregulares en el país. La diputada Gaby Arellano aseguró que hasta el momento no hay certeza sobre la muerte del miembro de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich», pero sí confirmó que está en territorio venezolano.

Arellano aseveró que el conflicto de narcotráfico que ocurre en Colombia traspaso a Venezuela, y reveló “que en el estado Amazonas, Apure, Bolívar, Táchira, y Zulia viven terroristas, cúpulas guerrilleras y jefes de carteles del narcotráfico que están protegidos por militares venezolanos”.

Igualmente el diputado Williams Dávila aseguró que los militares venezolanos muertos y secuestrados en los enfrentamientos con la disidencia de las Farc en Apure, “son víctimas de una geopolítica del terrorismo desarrollada por Nicolás Maduro para favorecer a Iván Márquez, Jesús Santrich y todos los grupos irregulares que controlan el negocio ilegal de las trochas; el Arco Minero, la Amazonia y parte del territorio nacional”.

Por eso dijo que la comunidad internacional debe tomar acciones contundentes contra esta situación, porque representa un «peligro para la paz y la estabilidad de la región” y recordó que el gobierno colombiano, pidió al gobierno de Maduro verificar la presencia y permanencia de varios altos jefes del ELN y en caso, positivo hacer efectiva la circular de Interpol; sin embargo, esto no ocurrió.

AN de Guaidó advierte que conflicto en Apure puede incrementarse
Para la diputada María Gabriela Hernández, el secuestro de ocho soldados por parte de las FARC, es un intento de demostrar que tienen poder

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 aseguró que el conflicto en Apure -frontera con Colombia- puede incrementarse y exigieron la liberación de los ocho soldados secuestrados por las disidencias de las FARC.

En la sesión virtual del martes, 18 de mayo, la diputada Gaby Arellano indicó que la escala de violencia puede aumentar y traspasar a otras regiones. También advirtió que las unidades de tropas militares de bajo rango que envíen a la zona, están en riesgo de ser secuestrados, asesinados, o desaparecidos. 

«Este terror en Apure es causa del negocio y el pacto de Nicolás Maduro con Iván Márquez y Jesús Santrich que hoy ha escalado a otro nivel mayor», aseveró.

Recordó que desde la Sub Comisión de Frontera han documentado el incremento del control del territorio venezolano de grupos armados. 

Igualmente el diputado Juan Carlos Bolívar denunció el abandono de la tropa armada, que fue secuestrada, e hizo un llamado a los venezolanos para que repudien este hecho. «Hoy en el estado Sucre denunciamos que el teniente de Fragata, Luis Jesús Cova, fue enviado a Apure y sus familiares manifiestan que no saben nada de él, es decir, no saben si está vivo o muerto», alertó.

Por eso exigió que se informe del estado de salud de los soldados que fueron enviados a la frontera con Colombia. 

Demostración de poder

En el mismo debate, la diputada María Gabriela Hernández hizo un recuento de los enfrentamientos: 6 mil venezolanos desplazados en la frontera de Apure, 4 civiles asesinados en falsos positivos, 26 venezolanos asesinados, 8 militares secuestrados por las FARC.

Aseguró que este secuestro, para las FARC, es una forma de demostrar que tienen poder. Hernández añadió que probablemente esos soldados se unieron a la Fuerza Armada, como una forma de sobrevivir a la crisis y «hoy son piezas de intercambio».

«Ese sistema criminal has entregado el territorio a grupos criminales, asociados a él, para hacer de Venezuela un paraíso del crimen. Son comunes en todo el territorio nacional la existencia de grupos armados, locales o con acento extranjeros, hasta se atreven a retar a los cuerpos de seguridad que cada vez están más menguados, porque quienes dan las órdenes están fuera de la constitución», fustigó. 

El diputado Freddy Superlano agregó que el único resultado del despliegue de tropas ha sido la muerte de miembros, denuncias de campesinos que hablan de ajusticiamiento, desplazamiento forzoso de 6 mil venezolanos y ahora el secuestro de ocho soldados. «Poco ha servido el asesoramiento ruso o cubano cuando se trata de enfrentar grupos armados», indicó.

«Más allá de los orígenes del conflicto, nosotros en la AN hacemos votos para que los soldados regresen pronto. El régimen demuestra total ineficiencia al manejar conflictos de este tipo, no están preparados para proteger las fronteras», aseveró. 

Por eso también dijo que los soldados no pueden seguir siendo utilizados como carne de cañón, «por la disputa de un corredor fronterizo que deja ganancias suculentas a una pequeña cúpula del régimen, mientras muchos mueren de mengua”.

AN contra el embargo

En la sesión virtual de la AN, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo en el cual rechazaron el embargo de la sede de El Nacional, el pasado 14 de mayo en horas de la tarde.

El diputado y presidente de la Comisión de Medios, Jony Rahal aseguró que actuaron al margen de las leyes, porque no presentaron una orden judicial, no consignaron ningún documento y solo estuvieron presentes funcionarios de seguridad que pegaron un cartel y desalojaron a los presentes en el edificio. 

«No hizo acto de presencia el juez, secretario o algún funcionario del tribunal. Ellos saben que son cómplices de aniquilar la libertad de expresión en el país, pero nada los salvará de la justicia internacional y queremos advertirles que más pronto que tarde van a asumir su responsabilidad», expresó.

Por eso anunció que desde la Comisión están haciendo las investigaciones para determinar, con nombre y apellido, a los responsables de esta acción.  

El diputado Rafael Veloz agregó en el debate, que Diosdado Cabello accionó una ejecución política de confiscación. «El régimen ha ofrecido al Nacional en ofrenda a Diosdado Cabello bajo el uso criminal de las sagradas togas de la justicia, construyendo un terrorismo de Estado”.

Mientras que la diputada María Concepción Mulino dijo los miembros del Tribunal Supremo de Justicia no actúan con independencia en sus decisiones, «porque las órdenes vienen del Poder Judicial y a este le ordena a su vez Diosdado y Maduro”.

Para la diputada de la AN, Marianela Hernández la intención que subyace en la demanda de Diosdado Cabello, contra El Nacional, es la de perseguir y silencias a los medios de comunicación. 

AN respalda el acuerdo

En el tercer punto del orden del día de la AN, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo en el que respaldaron la propuesta del gobierno interino, presentada por el presidente Juan Guaidó, de un «acuerdo de salvación nacional».

El diputado Omar Barboza dio su visto bueno y añadió que no se trata de un acuerdo para abandonar los principios que han inspirado la «lucha» y tampoco para entregarlos a cambio de cargos o privilegios.

“Estamos hablando de elecciones libres, justas y verificables, con la presencia y supervisión internacional. En esas elecciones el pueblo dirá su última palabra y marcará la ruta democrática para revertir la situación actual y echar las bases para la Venezuela del futuro”, señaló.

Asimismo, el diputado Freddy Guevara dijo que es necesario darle respaldo institucional a la propuesta y que es claro que no se puede confiar en el gobierno de Nicolás Maduro, por lo cual la manera en que se puede lograr el acuerdo es con la presión ciudadana y la unidad de todos los factores democráticos. 

Por último el primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa, aseguró que aunque no han logrado los objetivos de cambio en el país, siguen en la lucha. 

“Aun con hambre sin gasolina, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin servicios, sin salario digno, sin educación, sin trabajo, sin medios de comunicación incluso aun desplazados, exiliados, refugiados seguimos denunciando y protestando. Aun viendo tanta desunión, traiciones, tanta indolencia de algunos venezolanos y gobernantes de diversos países, seguimos, porque creemos en un cambio, en nosotros mismos y que no nos merecemos esta desgracia”, sostuvo.

También dijo que la unión es imprescindible para lograr el objetivo, así como ser coherentes y cumplir con la palabra. “Nuestros intereses no pueden ser distintos a los del país. La unidad frente a cualquier escenario nos mantiene firmes, la división nos debilita. La unidad de estrategia, mensaje y acción es parte del Acuerdo de Salvación Nacional y por eso todos debemos apoyarlo. Salvemos a Venezuela. Ya basta de tanta crueldad y muerte», puntualizó. 

Gladys Gutiérrez será la representante del gobierno de Maduro ante la OPAQ y la CPI
Gutiérrez está sancionada desde 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

 

Este jueves, 13 de mayo, la Asamblea Nacional chavista, aprobó la designación de Gladys Gutiérrez como Embajadora permanente ante la Organización para la prohibición de Armas Químicas (OPAQ), la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales en el Reino de los Países Bajos.

La designación de Gutierrez era el primer punto a tratar en la sesión ordinaria que se llevó a cabo en el Hemiciclo de la AN

La diputada Islenia Medina, durante su intervención, manifestó que todos conocen el trabajo impecable de Gladys Gutiérrez, por lo que considera que «va a representar dignamente a la República Bolivariana de Venezuela ante los Países Bajos».

Gladys Gutiérrez  fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre 2013 y 2017, cuando la sustituyó en el cargo el magistrado Maikel Moreno. En dos ocasiones el chavismo la postuló para la Gobernación del estado Nueva Esparta, pero no logró ganar las elecciones. También ocupó el cargo de rectora principal del Consejo Nacional Electoral entre el 12 de junio de 2020 y el 4 de mayo de 2021.

Gutiérrez está sancionada desde 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus fallos emitidos desde la Sala Constitucional por considerar que ha usurpado la autoridad de la legislatura democráticamente electa del país.

El Parlamento venezolano también aprobó el nombramiento de Haifa Aissami Madah, como representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

*Con información de EN

AN de Guaidó exige nuevamente un plan de vacunación
Ante el aumento de casos de COVID-19, los parlamentarios exigieron que entren las vacunas al país

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, exigió nuevamente que se establezca un plan de vacunación en el país contra la COVID-19, ante el aumento de contagios y fallecidos.

En la sesión virtual de este martes, 11 de mayo, el diputado Virgilio Ferrer (UNT-Representación indígena) aseguró que en un día en el estado Zulia fallecieron 39 personas por el virus y que además se denunció en las redes sociales, como los cadáveres son trasladados por las escaleras.

«Tenemos que denunciar que esta gente no tiene escrúpulos. Trajeron un pequeño número de vacunas y se vacunaron ellos», alegó.

Igualmente el diputado de la AN, Ricardo Aponte (VP-Falcón) aseguró que la falta de preparación del sistema de salud, ha agudizado la crisis en la segunda ola del COVID-19, lo que se ha traducido en un aumento de casos y fallecidos. 

Explicó que los trabajadores de la salud siguen sin protección en los hospitales y que el pueblo está a merced del COVID-19. Informó además que en Falcón un grupo de personas se ha dedicado a contabilizar contagios y fallecidos y entre el 19 de abril hasta el 10 de mayo se han producido 80 muertes por el virus, «mientras que el régimen solo ha reportado 6 muertos».

«Necesitamos las vacunas con carácter de urgencia, se debe diseñar un plan detallado y debe empezar con los más vulnerables, el personal de salud, los adultos mayores y pacientes con condiciones médicas y luego ir bajando la edad. Ningún actor lo puede hacer solo, se necesita un gran acuerdo nacional», agregó el parlamentario.

La diputada Deyalitza Aray afirmó que la manera como se ha pretendido manejar la pandemia en el país, ha sido «criminal». «Mientras en otros países se han inyectado recursos para los planes de vacunación, se han dotado sus hospitales para atender a los ciudadanos y poniendo como principal el evitar las muertes, en Venezuela sucede al revés».

Aray criticó que el gobierno de Nicolás Maduro crea una falsa expectativa sobre un supuesto control de la segunda ola, «cuando en Venezuela ni siquiera se ha hecho el primer despliegue de vacunas general. Por el contrario, ha sido selectivo, privilegiado».

«Exigimos el plan de vacunación para garantizarle la vida y salud al pueblo que ya suficiente tiene con esta dictadura», añadió. 

Por último, en este punto, la diputada de la AN, Dinorah Figuera (PJ-Aragua) explicó que en estos momentos no se conoce con claridad un plan de vacunación nacional, las estadísticas de personas contagiadas ni los indicadores de mortalidad por la pandemia. 

Recordó que representantes de las academias, gremios de la salud y la ONG Médicos Unidos, han llamado la atención para que los venezolanos estén inmunizados contra la COVID-19. 

Figuera denunció que hay casos de venta de vacuna entre $300 y $600 las dos dosis, lo cual es condenable en cualquier circunstancia, «que mientras se mueren venezolanos, existan criminales que hagan negocio con la salud de los venezolanos».

Aumento de la migración

En la sesión de la AN, los diputados también debatieron sobre el incremento de la migración forzosa, donde Williams Dávila (AD-Mérida) señaló que el número de desplazados entre Siria y Venezuela, representa dos tercios del total mundial. 

Dávila, quien inició el punto, indicó que el país se ha venido descapitalizando en su talento humano por la migración, provocada por la crisis. Agregó que el principal causante de esta situación es Nicolás Maduro, quien no tiene capacidad de revertir el «modelo retrógrado» de economía que tiene Venezuela y que por el contrario, copia modelos totalitaristas.

El diputado también alertó que muchos jóvenes que se van, aceptan ofertas engañosas de mafias que hay en la frontera y «cuando no pueden cumplir con los compromisos que les ponen las mafias, salen asesinados en las trochas y vemos cómo se va acabando una juventud que tiene que huir del hambre».

En su intervención, el parlamentario Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) recriminó que al gobierno de Maduro no le importan los ciudadanos, ni las demandas democráticas que se hacen en el país. 

«Lo único que le interesa es perpetuarse en el poder. Vemos con mucha preocupación como en las últimas semanas el desespero de los venezolanos, que huyen porque no tienen que comer, porque el salario no alcanza, tienen que huir, atravesar fronteras, caminos verdes para llegar a otro país, poniendo en riesgo su vida, como hemos visto en las últimas semanas», añadió el diputado de la AN.

Además el diputado Oneiber Peraza (Independiente-Lara) indicó que la única manera de parar la migración forzada es con un cambio de gobierno en el país. «Vamos a solicitar apoyo a los que están afuera, pero la solución está acá en Venezuela y por eso nos estamos organizando en el país y lograr condiciones para unas elecciones libres».

«El incremento de la migración no es porque quieran y los que quedamos tenemos que hacer todo el esfuerzo para una ruta común que nos permita lograr la posibilidad de restaurar la democracia», ratificó.