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Rodríguez sobre presidenciales: Quien decide la fecha es el CNE, nosotros les dimos insumos

Este miércoles, 28 de febrero,  el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó sobre una propuesta de calendario electoral para las elecciones presidenciales que será enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 1 de marzo.

«Quien decide la fecha es el CNE. Nosotros solo estamos dando insumos, lo que se encuentra establecido en el Acuerdo de Barbados. Tenemos varias fechas y el CNE dará sus discusiones. Vamos al CNE tan temprano como este viernes», señaló Rodríguez.

La propuesta, que fue firmada por por varios sectores políticos, religiosos, empresariales y sociales del país, contiene «27 fechas», planteadas por estos grupos, que abarcan desde la última semana de marzo hasta diciembre, como una forma de «provocación para seguir la discusión».

En cadena nacional, Rodríguez indicó que luego de nueve rondas de reuniones con varios sectores del país «se generaron más de 500 propuestas» sobre el calendario electoral de las presidenciales.

«Es mentira que intentamos sustituir al CNE. Nosotros hacemos propuestas pero el CNE es el único poder capacitado para convocar elecciones. Por eso hemos decidido incorporar todas las fechas que se propusieron», dijo.

Aseguró que, una vez entregado el documento al CNE, el Parlamento mantendrá la discusión para seguir «buscando la confluencia de una determinada fecha que sea también una propuesta al CNE», sin explicar si se discutirá, posteriormente, el día que el ente comicial determine para la celebración de los comicios.

Detalló que el documento recoge las propuestas recibidas en el marco de tres aspectos fundamentales, los «principios generales» que deben regir los comicios, las «garantías electorales para todos» y el cronograma electoral.

*Con información de EFE y TC

Asamblea Nacional propone un calendario electoral para celebrar elecciones lo más pronto posible
Presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, anunció que la propuesta de cronograma de los comicios presidenciales 2024 estará lista en un lapso no mayor a 72 horas

 

Este lunes, 5 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, Jorge Rodríguez, aseguró que «a más tardar a principios de la próxima semana» se entregará una propuesta de calendario al Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios presidenciales, que deben realizarse este año. 

Rodríguez afirmó que esperan tener lista dicha propuesta en un lapso de no mayor a las 72 horas. «Posiblemente a finales de esta semana o principios de la siguiente entregarán los resultados de sus consultas», dijo.

Según el oficialista, en la consulta participaron los representantes de organizaciones “de todo el espectro político de la vida republicana, desde los sectores que hacen vida dentro de una ideología de derecha, de centro derecha, socialdemócrata, demócrata cristiana, hasta los representantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar”.

Enfatizó que la reunión contó con la participación de 29 organizaciones políticas y grupos de electores debidamente inscritos ante el CNE, representando «todo el espectro político de la vida republicana» para proponer un calendario electoral.

«Lo más pronto posible»

Por su parte, el exgobernador oficialista Francisco Ameliach, gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se mostró a favor de que las elecciones presidenciales de este año se celebren «lo más pronto posible», dentro de los lapsos que necesite el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar estos comicios.

«El PSUV propone que, vistos los acontecimientos geopolíticos y la coyuntura nacional (…), estamos de acuerdo en que se realicen elecciones en Venezuela lo más pronto posible, de acuerdo a lo establecido en los lapsos y las capacidades técnicas que tenga el CNE», sostuvo.

Ameliach, que no planteó una fecha en concreto, tomó la palabra luego de que otros políticos, algunos de ellos precandidatos presidenciales, también asomaran sus propuestas para este plan que será presentado ante el CNE, que luego se tomará el tiempo que considere necesario para anunciar el cronograma de los comicios.

Calendario electoral sin ventajismos

El diputado y precandidato Javier Bertucci pidió que se garantice una campaña sin ventajismo, «especialmente en el área comunicacional». Exhortó a que haya balance en la exposición ante los medios de comunicación. También pidió que se convoque a una observación internacional.

«Proponemos desde El Cambio que veamos algún tipo de mecanismo para incorporar el voto del exterior y que basado en las actividades, que son 165 días según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, partiendo de la premisa de que los diferentes grupos de observadores requieren unos seis meses de antelación, proponemos que las elecciones sean realizados entre el domingo 15 de septiembre y el domingo 6 de octubre», dijo.

Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, por su parte, opinó que las elecciones deben ser un instrumento de estabilidad. «Tiene que generar confianza para que vengan inversiones a Venezuela, eso significa empleo, y no para un sector político, sino para todos».

En su derecho de palabra, Ecarri pidió que se convoque a la Unión Europea y otras organizaciones con reconocimiento internacional para que puedan dar esa confianza «porque estamos entrando en otras épocas».

José Brito y Bernabé Gutiérrez proponen celebrar presidenciales en julio

Los partidos opositores Primero Venezuela (PV) y Acción Democrática (AD), liderados por José Brito y Bernabé Gutierrez, respectivamente, propusieron que las elecciones presidenciales se celebren el venidero mes de julio.

José Brito propuso el 28 de julio -día del natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013)-, una fecha que, a su juicio, permite cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, incluyendo las auditorías en las distintas fases del proceso.

Por su parte, Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática -intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2020-, indicó en rueda de prensa que la formación propone que las presidenciales sean el 5 de julio, cuando el país conmemora su independencia.

El opositor, acompañado del candidato presidencial de este partido socialdemócrata, el diputado Luis Martínez, aseguró que «existen otras potencias que quieren tener injerencia» en las elecciones, por lo que «no hay otra fecha más importante» para celebrar los comicios que el 5 de julio, al recordar que ese día, pero en 1811, el país se independizó.

*Con información de TC, EFE y EI

Asamblea Nacional Asamblea Nacional 

Amnistía Internacional advierte del grave riesgo que corren ONG en Venezuela
La organización urgió a la AN a que «ponga fin de inmediato» a este proyecto de ley», así como a «todos los ataques a la sociedad civil»

 

Amnistía Internacional (AI) emitió este viernes una alerta por el «grave riesgo para las ONG de Venezuela», ante la «inminente» aprobación de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas organizaciones y cuya discusión fue retomada la semana pasada por la Asamblea Nacional chavista.

«La Asamblea Nacional retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela», dijo AI en su cuenta en X.

De aprobarse, prosigue el escrito, «todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias».

La organización compartió una carta enviada al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en la que le manifiesta su preocupación ante el reimpulso a este proyecto, preaprobado en enero de 2023, pero aún en espera de una discusión pormenorizada para su aceptación definitiva, que tendrá lugar luego de una consulta pública que inició el pasado 9 de enero.

AI urgió a la AN a que «ponga fin de inmediato» a este proyecto de ley», así como a «todos los ataques a la sociedad civil».

Rechazo a la ley contra las ONG

El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Esta propuesta ha sido rechazada, entre otros, por decenas de ONG y por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Con la aprobación definitiva de este instrumento «se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional», advirtieron -en febrero de 2023- unas 400 ONG en un comunicado conjunto. 

Amnistía Internacional

¿Corre riesgo la primaria con la designación del nuevo CNE? Expertos responden al Guachimán Electoral
Con la llegada de las nuevas autoridades del Poder Electoral se podrían presentar algunos escenarios: una judicialización del proceso, la pérdida de interés por parte de los electores o que las diferencias entre los sectores opositores se profundicen

 

Valentina Gil

 

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 eligió a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de declararse en sesión permanente el pasado martes 15 de agosto. Un 3-2 que se repite, y nuevas autoridades que podrían plantear retos al proceso interno de la oposición. El Guachimán Electoral consultó las posibles amenazas a la primaria:

TSJ al acecho

De acuerdo con el politólogo Jesús Castellanos, uno de los riesgos es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida intervenir o incluso suspender el proceso de primaria. La Sala Constitucional podría argumentar que todo acto que se haga sin el CNE es subversivo, pues es el único que tiene mandato constitucional para organizar elecciones. 

“En teoría no puede haber usurpación de funciones porque la primaria es un mecanismo interno de las organizaciones. No existe norma que obligue a que sea con participación del CNE”, explicó para el Guachimán Electoral Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. Pero, por ejemplo, el Estado venezolano podría apoyarse en el “amparo constitucional” contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP) que introdujo Luis Ratti, secretario general del Partido Acción Nacional Venezuela (PAN Venezuela), ante el TSJ a finales de mayo de este año y que está en manos de la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral. 

Castellanos agregó que otro de los argumentos del TSJ podría ser que argumenten que la composición de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) no es plural y no es el reflejo total de la oposición, porque, por ejemplo, no están los sectores que hoy están sentados en la Asamblea Nacional 2020, más afines con el gobierno. Asimismo, otro motivo que podría sustentar la decisión de intervenir es que están permitiendo que candidatos inhabilitados participen en el proceso. 

El politólogo toma en cuenta el costo político que supondría prohibir la primaria.  Estima que la decisión podría generar un efecto similar al que hubo con la inhabilitación de María Corina Machado, que favoreció la unidad del mensaje opositor. “El régimen sabe los niveles de popularidad que tiene esta elección. Pareciera que la primaria ha ido poco a poco convenciendo por lo menos a una parte de la población de que la elección tiene sentido”. 

Divide y vencerás

Otro de los escenarios que prevén los expertos es que la designación del nuevo CNE contribuya a fragmentar aún más la coalición opositora. Para María Isabel Puerta, profesora en Ciencias Políticas, se corre el riesgo de que los sectores que promueven la abstención argumenten que las nuevas autoridades del Poder Electoral son un obstáculo más difícil de superar y, por lo tanto, no tenía sentido alguno apostar por una primaria.

“No todos los sectores quedarán conformes con el resultado: este candidato no es reflejo de toda la oposición, está inhabilitado(a), etc. Una primaria puede agudizar las diferencias. Si el régimen entiende que esta primaria puede significar eso, la va a permitir. Deja que entre ellos mismos se debiliten, sin necesidad de usar al TSJ”, añadió Castellanos. 

No obstante, los 13 candidatos firmaron el pasado 4 de agosto un acuerdo mínimo de gobierno y de gobernabilidad, el cual plantea una única propuesta opositora, independientemente del ganador de los comicios internos.

El poder de la apatía

La politóloga Paola Bautista considera que el gobierno busca mostrarle a los electores que controlan tanto el proceso como el resultado y, de esta forma, mermar su voluntad para participar en la primaria. “Al final es un mensaje para decirle a la ciudadanía que no haga nada, bajo el argumento de que no vale la pena». 

“Con un CNE rojo, rojito, ¿qué sentido tiene que nosotros votemos? Creas una infraestructura blindada, en la que no habrá ningún tipo de sorpresa porque es gente completamente comprometida con el gobierno de Maduro. La gente no va a confiar. Le da a entender a los electores que su voluntad no será tomada en cuenta ni influirá en el resultado”, acotó la profesora Puerta.

A juicio de Bautista, el gran reto para la oposición es manejar las expectativas del electorado. Cuando renunció el CNE encabezado por Pedro Calzadilla, la intención era profundizar las divisiones internas y que la misma oposición dijera que no era viable hacer la primaria por razones operativas. 

Desde el Guachimán Electoral consultamos con los miembros de la Comisión Nacional de Primaria sobre si ven en riesgo el proceso del 22 de octubre con la llegada de las nuevas autoridades electorales y declinaron responder. 

AN oficialista allanó inmunidad parlamentaria de Hugbel Roa para que sea enjuiciado por corrupción
El diputado oficialista y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, será enjuiciado por hechos de corrupción que no se precisaron

 

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista allanó la inmunidad al diputado chavista Hugbel Roa, detenido el pasado fin de semana, para que sea enjuiciado por corrupción en tribunales ordinarios.

La medida la aprobó las dos terceras partes del Legislativo, en respuesta a una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se informó del comienzo de un proceso judicial contra Roa, exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a solicitud de la Fiscalía.

«El diputado podría estar incurriendo de manera flagrante en hechos delictivos», dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez. «El TSJ solicitó que la AN califique estos delitos a los efectos de que sea allanada la inmunidad parlamentaria de ese diputado para que se pueda continuar el juicio que se ha iniciado por graves actos de corrupción«, sumó.

«Es hora de la justicia, debe ser hora de la justicia. El PSUV se compromete con el alma y el espíritu a dar la pelea contra los hechos de corrupción y quien caiga que asuma su responsabilidad», declaró el diputado Diosdado Cabello.

Él fue quien solicitó la moción de urgencia en el parlamento tras presentar una comunicación de la Sala Plena del TSJ. 

No se precisó por qué se le acusa

En la AN no se precisaron cuáles son los hechos de corrupción por los que sería enjuiciado Roa, un colaborador cercano del exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció el pasado 20 de enero en medio de denuncias de corrupción en Pdvsa. 

La agencia AFP afirmó en despacho este 21 de marzo las supuestas razones de la detención del diputado a la AN oficialista por Trujillo.

Una fuente ligada a la investigación comentó a AFP que Roa tenía una red de «testaferros» entre los que se encontraba el empresario Alejandro Arroyo, «dueño de una mansión en el Country Club, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol», añadió la fuente.

De acuerdo con esta versión, Roa «manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía», subrayó el informante de AFP, quien agregó que el empresario también tenía una «sociedad con el exgobernador de Cumaná, Edwin Rojas», que trascendió, fue detenido el pasado lunes.

Amnistía Internacional lanza acción urgente contra ley que pone en riesgo a las ONG en Venezuela
AI expone que la “Ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las entidades no gubernamentales y organizaciones” es otro esfuerzo para restringir y controlar a la sociedad civil en Venezuela

 

Este miércoles, 25 de enero, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado de acción urgente a poner fin «de inmediato» al proyecto de ley que pone en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, AI publicó una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. 

“Estamos alarmados por el proyecto de ley recientemente presentado que busca controlar, limitar y posiblemente enjuiciar penalmente a las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela, que se sometió a una primera votación el martes 24 de enero de 2023″, se lee en el texto.

Según refiere AI, el proyecto de ley aprobado en primera discusión, es «otro intento de controlar a las ONG», las organizaciones humanitarias y otros miembros de sociedad civil venezolana, y «un vergonzoso esfuerzo por limitar su trabajo de derechos humanos», incluida la asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, beneficiarios de ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela.

«Las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil cumplen una misión vital en cualquier país, pero más aún en Venezuela, donde más de 7,1 millones de personas han huido de violaciones masivas de derechos humanos y millones necesitan asistencia humanitaria», señaló AI.

Amnistía Internacional exige poner fin de manera inmediata y que detengan todos los esfuerzos para «atacar, controlar, enjuiciar o censurar a las organizaciones de la sociedad civil» que trabajan para proteger los derechos de todos venezolanos, particularmente de los más necesitados.

AI expone que la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las entidades no gubernamentales y organizaciones es «otro esfuerzo para restringir y controlar a la sociedad civil en Venezuela».

Además, la ley impondría controles estrictos que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes y registro de movimientos.

Les preocupa que el incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y posibles procesos penales.

“Buscan ilegalizarlas”: AN oficialista aprobó en primera discusión polémica ley contra las ONG
El diputado Diosdado Cabello aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero»

 

La Asamblea Nacional oficialista aprobó este 24 de enero la creación de una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), dado que, según el chavismo, casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.

El diputado Diosdado Cabello presentó esta propuesta, que fue respaldada por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores- y que ahora entra en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.

«Hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país», dijo Cabello tras considerar que la actuación de estas organizaciones constituyen «una situación irregular».

Aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».

«Comenzamos a revisar, más o menos, cuántas (ONG) hay hasta este momento. En una primera vuelta, (encontramos) 62 que operan con fines absolutamente políticos en nuestro país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones», prosiguió, para luego mencionar, entre otras, a Provea, organización que lleva 35 años dedicada a la defensa de derechos humanos.

El proyecto inicial de ley, compartido en la sesión por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado.

Las «siniestras intenciones» de las ONG

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, manifestó: «Cada vez que vemos a esos organismos [ONG], o gobiernos que están plagados de buenas intenciones, detrás lo que aparece son sus verdaderas y siniestras intenciones. ONG que son financiadas por el Reino Unido«.

Además, cuestionó: «¿Con qué se van a financiar las elecciones cuando se convoquen? Además, la Constitución obliga a que la gente puede y debe reunirse y el Estado debe proteger esa reunión, pero debe hacerse de conformidad con la ley».

Ante una bancada opositora en desacuerdo con lo expresado por el oficialismo, agregó: «En primera discusión no se discute artículo por artículo; se discute el título de la ley, las partes, luego se lleva a consulta y regresa a los efectos de la discusión».

Para dar por zanjado el asunto, y después de la votación de los parlamentarios, Rodríguez sentenció: «Mayoría evidente para la aprobación de la ley. En consecuencia, se aprueba la ley para regularización de las ONG».

ONG denuncian que buscan ilegalizarlas

A través de la cuenta de Twitter de Provea, mencionada por Cabello, expresaron que, con esta ley, «avanza la criminalización» hacia estos organismos.

«Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento. Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas».

Acceso a la Justicia fue otra de las organizaciones que condenó la aprobación en primera discusión de la ley.

«El proyecto de ley no tiene el mismo nombre que el presentado el año pasado, conocido como Proyecto de Ley de Cooperación Internacional ni se conoce aún su texto. El nuevo proyecto en la materia se llama Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines y se presentó a discusión en la AN sin ser divulgado», señaló la ONG en su cuenta de Twitter.

En este sentido, añadió: «Es práctica de la AN discutir y aprobar proyectos de leyes bajo opacidad. Inclusive, desde que el oficialismo tomó el poder de la AN, recurre a la práctica de aprobar leyes, pero no siempre las publica en Gaceta Oficial. Al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las ‘ONG y afines’, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela».

Para Acceso a la Justicia, esta primera aprobación revela «las ambicionas del gobierno de Maduro de controlar a la sociedad civil, una práctica con la finalidad de desarmar, despojar y aniquilar la libertad y autonomía de las ONG, y en general de cualquier otra expresión asociativa».

De igual manera, desde la ONG esperan que esta polémica ley «no vaya en la misma línea que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el régimen nicaragüense, a fin de reprimir el derecho de asociación en ese país».

Gabriela Buada Blondell, periodista y defensora de los derechos humanos, opinó que la aprobación de la ley «lo que da es pena», pues con ella el gobierno pretende «ilegalizar a las ONG con una Ley Anti-ONG que también busca exponer a las víctimas. Cambian el nombre, cuentan historias increíbles, estigmatizan y amenazan el trabajo de quienes han hecho frente a la crisis y han documentado».

Con información de EFE

Acceso a la Justicia: Pdvsa firmó contrato sin aval de la AN oficialista
Pese a la importancia financiera del pacto, no hay constancia de que el mismo haya pasado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 para ser analizado

 

La ONG Acceso a la Justicia señaló este jueves, 1 de diciembre, que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó un contrato de interés público nacional sin siquiera el aval de la Asamblea Nacional oficialista.

Según la ONG,  la empresa estatal suscribió en mayo pasado un acuerdo con la Empresa Nacional Iraní de Refinación de Petróleo y Distribución (Niordc, por sus siglas en inglés; IRNA, en español) para la reparación y expansión de la refinería de El Palito, ubicada en el estado Carabobo y la cual tiene una capacidad para procesar 140.000 barriles diarios.

Según lo reportado por por Reuters y Crónica Uno, el contrato también incluiría una segunda fase, a través de la cual la empresa persa se encargaría de modernizar el Complejo Refinador de Paraguaná, por un monto valorado en 110 millones de dólares estadounidenses.

Pese a la importancia financiera del pacto, no hay constancia de que el mismo haya pasado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 para ser analizado, tal y como manda el artículo 150 de la Carta Magna, advierte la ONG.

«La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidaddomicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías», expresa el artículo constitucional.

Las condiciones y términos del acuerdo bilateral no han trascendido ni han sido informados debidamente por las autoridades. Desde tiempos de Hugo Chávez el Gobierno venezolano mantiene estrechas relaciones con Irán, esto a pesar de que el llamado régimen de los ayatolás es objeto de sanciones internacionales por su programa nuclear y por la represión a su población.