Amnistía Internacional Venezuela

Expertos aseguran que en el país hay más de 200 personas detenidas por razones políticas

La ONG Foro Penal denunció este martes, 21 de diciembre, que en Venezuela hay 244 presos políticos. De los cuales, 230 son hombres y 14 son mujeres.

«Además, 9.422 personas siguen sujetas a procesos penales políticos, pero bajo medidas cautelares», escribió en su cuenta de Twitter el director de esa ONG, Gonzalo Himiob.

El abogado detalló que, de estos detenidos, 112 son civiles y 132 son militares. Actualmente, 209 de los presos no han sido condenados por ningún delito, mientras que 35 han recibido ya una sentencia.

Sin embargo, hay otras instituciones que tienen un registro más alto de víctimas. La ONG Justicia Venezolana, que centra su atención en los casos de uniformados presos, afirmó que en Venezuela hay 252 militares procesados por razones políticas, de los cuales 180 están detenidos (48 más que Foro Penal).

Las autoridades venezolanas han «perpetuado el  incumplimiento de las garantías procesales en los casos» de los militares, denunció este martes Justicia Venezolana, al tiempo que advirtió que los tribunales no han cumplido con su labor, según reseñó la agencia EFE. 

 Asimismo, aseguraron que se han producido «graves irregularidades» que sufren los uniformados y que «combinan tanto las violaciones a sus derechos humanos, como al debido proceso».

La directora ejecutiva de la ONG, Lilia Camejo, afirmó que las autoridades encargadas no han cumplido en dar «protección y seguridad a los presos políticos militares», ni tampoco con «las más elementales condiciones de reclusión».

A juicio de Justicia venezolana, los militares presos «corren peligro por no recibir atención médica adecuada, permanecer en recintos carcelarios sin las condiciones», y son «sometidos a una serie de irregularidades en todas las fases procesales, con la intención de mantenerlos, de manera ilegal, en prisión».

Militar en huelga de hambre

Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército detenido, comenzó este martes una huelga de hambre para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes», según una carta difundida por Justicia Venezolana.

A través de la misiva, solicitó también que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el encargado de negocio de la UE y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten «la casa de los sueños», nombre con el que se refieren a una celda de castigo, para que verifiquen «los tratos crueles inhumanos y degradantes» a los que son sometidos los presos.

María Chaparro exigió que una comisión de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que verifique «la misma situación, dando curso a la respectiva denuncia ante los citados organismos y ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por el uso sistemático de torturas y tratos crueles».

El teniente coronel también reclama «la eliminación de la ‘casa de los sueños’ como depósitos de seres humanos y centros de torturas y violaciones a los derechos fundamentales».

Preso de conciencia

Este lunes, Amnistía Internacional (AI) emitió una «acción urgente global» para exigir la «libertad inmediata» de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, que ha denunciado en diversas oportunidades las actuaciones de los grupos guerrilleros colombianos en el país.

Para AI, Tarazona es un «preso de conciencia» que fue detenido arbitrariamente «por su labor de defensa de derechos humanos». 

El Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes denunció que la salud de Tarazona se había agravado por la «falta de atención médica adecuada». Aseguraron que en la última semana, el director de la ONG había sufrido «alteraciones cardíacas constantes».

«Su madre, familiares más allegados, sus abogados y el equipo de activistas de la organización exigen a las autoridades venezolanas la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos, quien junto con dos de sus activistas, enfrenta un juicio injusto», indicó la ONG.

El pasado 9 de diciembre se confirmó que Tarazona y otros miembros de Fundaredes (Rafael Tarazona, hermano del director de la organización, y Omar De Dios García, activista ) pasarían a juicio.

Este martes, el comisionado para los Derechos Humanos del gobierno de Juan Guaidó, Humberto Prado, clamó por la liberación de Tarazona.

Prado recordó que el activista y abogado está detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, en Caracas, el mismo centro de detención donde murió el pasado 12 de octubre el general y exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009, como consecuencia del covid-19.

Con información de EFE.

Entre el 22 y 23 de septiembre se realizará la primera edición del Festival Música Urbana en los espacios del Centro Cultural Chacao, ubicado en Caracas, donde conoceremos a los talentos emergentes del hip hop, trap y reggaetón que se sumarán a la campaña de Amnistía Internacional Venezuela #BastaDeBalas.

Son 26 los artistas y agrupaciones caraqueñas que competirán con sus líricas frente a más de 500 personas y un grupo de expertos en derechos humanos, música y producción que formarán parte del jurado. La reñida selección se obtuvo después de revisar más de 150 proyectos, donde el jurado valoró la calidad musical y los mensajes de cada material postulado.

Los seleccionados participarán en un proceso de formación en derechos humanos y producción musical, de la mano de expertos en la movida urbana venezolana y la histórica Fundación Nuevas Bandas. Las actividades formativas se realizarán los días 18 y 25 de agosto en los espacios del centro de conferencias Foro XXI exclusivamente para los artistas seleccionados a competir.

A través del festival, los talentos participantes podrán convertirse en agentes de cambio a través de sus canciones, para promover y exigir a las autoridades venezolanas la creación de políticas integrales que garanticen el control de armas y municiones en Venezuela.   

Los detalles del evento serán anunciados en las redes sociales del Festival: @fmusicaurbana en Twitter e Instagram, y en la fanpage de Facebook; así como en las redes de Amnistía Internacional Venezuela: @amnistia.

Detener el sufrimiento de la población venezolana ante la escasez y los altos costos de los alimentos, así como el avance de la pobreza, fueron los temas desarrollados en una jornada convocada por Acción Solidaria, otras organizaciones de la sociedad civil aliadas y Amnistía Internacional Venezuela, con el fin de identificar nuevas acciones que permitan recuperar de manera urgente indicadores mínimos de disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en el país.

Representantes de la Fundación Bengoa, Acción Campesina de Venezuela y de Cáritas de Venezuela, coincidieron en la necesidad de que las autoridades venezolanas desarrollen programas coordinados con las agencias de cooperación internacional para atender la actual emergencia humanitaria en el ámbito de la alimentación que padecen las personas en Venezuela, partiendo del levantamiento de estadísticas públicas que permitan tomar medidas eficaces.

“El gobierno venezolano no ha emprendido programas planificados de alimentación, con sus respectivo indicadores de seguimiento y evaluación; solo se ha limitado a repartir alimentos de baja calidad nutricional”.

Un diagnóstico muy preocupante

Las consecuencias de la actual coyuntura en materia de alimentación dentro del territorio nacional podrían extenderse a lo largo de décadas de acuerdo a Maritza Landaeta, coordinadora y fundadora de la Fundación Bengoa, en tanto muchas mujeres embarazadas no cuentan en la actualidad con los nutrientes adecuados para el desarrollo del feto, como el ácido fólico, lo cual produce lesiones permanentes a los neo natos que a su vez pueden heredarse por generaciones.

“Son las comunidades de bajos recursos las más afectadas por la actual emergencia humanitaria” explica la experta, quien puntualiza que en estos segmentos poblacionales el consumo de proteínas cayó a favor del consumo de tubérculos por lo que las “exiguas” una o dos comidas diarias que hacen las familias pobres además carecen de calidad nutritiva. Este tipo de privaciones afectan significativamente el desarrollo de niñas, niños y adolescentes que necesitan de tres comidas y tres meriendas diarias. “Vamos hacia la desnutrición crónica. El promedio de pérdida de peso está en alrededor de los nueve kilos”.

“Las madres tienen que hacer magia para alimentar a sus hijos, pero esta magia tiene sus límites. La inflación ha hecho que sean necesarios 19,6 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria. Sencillamente no alcanza el dinero. Estamos viendo casos de suicidios en madres o de violencia hacia infantes para acallar los llantos por hambre de los más pequeños. La FAO dice que 4,6 millones de venezolanas y venezolanos no están consumiendo los alimentos necesarios. Una persona que no está bien alimentada puede ser víctima de depresión porque no genera las endorfinas suficientes”.

Sergio Salvador, representante de Cáritas, expuso que las cifras oficiales de 2016 demuestran aumento de la mortalidad infantil en un 35%, y aumento de la mortalidad materna en un 65%. De igual manera, expuso los resultados del último estudio de la referida organización, que revela que en Vargas, Miranda y Zulia, 69% de las familias han tenido que buscar duras estrategias de supervivencia nunca vistas en el pasado, como desincorporar a miembros familiares para enviarlos a otros, comprar alimentos a deuda o pasar todo el día sin comer. En la muestra se encontró un déficit nutricional de 68% en niños menores de 5 años, en muchos casos severo. Aunado a la desnutrición, la falta de acceso al agua potable con un 22% hogares sin agua el último mes, 17% que solo la reciben pocas horas al día y 35% solo 3 horas a la semana, sería una combinación potencialmente mortal.

Las soluciones deben partir de un aparato integral por parte del Estado en coordinación con la ayuda internacional

“Estamos frente a una emergencia alimentaria. El Estado debe permitir la ayuda de organismos internacionales para mitigar la crisis y no llegar a la hambruna generalizada” afirma firmemente Sergio Salvador, en tanto para él el Estado venezolano no tendría hoy por hoy la “musculatura” suficiente para poder enfrentarse a la situación de emergencia humanitaria en el ámbito de la alimentación que sufre la población venezolana.

“Hay un umbral de emergencia de severidad que amerita la intervención no sólo del Estado sino de otros organismo enfocados en la alimentación, como la FAO”.

Para Maritza Landaeta de la Fundación Bengoa, combatir el fenómeno de inflación y la falta de alimentos en Venezuela pasa igualmente por revertir las políticas de expropiaciones emprendidas en los últimos años, así como los controles excesivos por parte del gobierno nacional que según la experta han provocado que la producción de alimentos en Venezuela disminuyera desde un 70% de auto abastecimiento a solo el 30% en la actualidad, un modelo que solo ha favorecido al negocio de las importaciones.

Nhelsyr González, de Acción Campesina, agrega por su parte que las autoridades nacionales deben asimismo tomar las medidas necesarias y respetuosas de los derechos humanos para disminuir la altísima inseguridad humana que afecta a las productoras y los productores del campo, así como falta de infraestructura de transporte; y que se tomen también medidas que garanticen el cese de las extorsiones que esta activista denuncia por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de trasladar alimentos hacia ciudades y poblados. De igual manera, habría que emprenderse políticas públicas para integrar más a las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones y financiamiento agro productivo, por ser los más olvidados.

Emergencia humanitaria en el ámbito de la salud en Venezuela: Diagnóstico y soluciones

Detener el sufrimiento de la población venezolana ante la disminución de la calidad de vida, la caída del poder adquisitivo, la escasez de alimentos y medicinas; aunado a la crisis de los servicios de salud públicos y el avance de la pobreza, fueron los temas abordados a lo largo de la primera jornada convocada por Acción Solidaria, Amnistía Internacional Venezuela y otras organizaciones de la sociedad civil aliadas, con el fin de identificar nuevas acciones que permitan recuperar indicadores mínimos de disfrute del derecho a la salud.

El activista y defensor de los derechos humanos, Feliciano Reyna, inició el encuentro explicando que la actual emergencia humanitaria que sufre Venezuela tiene múltiples causas, pero que entre todas ellas destacan la militarización de los procesos de compra, almacenamiento y distribución de medicinas e insumos, la ineficacia en la distribución debido a los desvíos relacionados con la corrupción; la falta de estadísticas por parte de las autoridades; que impide la elaboración y ejecución de planes eficaces en materia sanitaria; y el debilitamiento de todas las instituciones, incluido el poder judicial.

“El personal de salud está sometido a vigilancia permanente y a represalias si informa sobre lo que está sucediendo en los servicios” manifestó Reyna. Sin embargo, aclaró que la dramática situación termina siendo del conocimiento público. Tiene un impacto tal que afecta de una u otra manera a todos los habitantes del país. Algunos datos que han visto la luz pública y son altamente preocupantes: “66% de incremento de muertes maternas y 30% de incremento de muertes en niños menores de 1 año, ya son motivos de alarma. «Venezuela, aun siendo país petrolero, retrocedió décadas. No hay excusas para eso.»

«El 13 de noviembre falleció una persona trasplantada por rechazo del órgano debido a la falta de inmunosupresores” agregó Reyna en referencia al caso de la señora Belkis Solórzano, que se hizo viral en redes sociales al haber grabado un video testimonial pocas horas antes de que su cuerpo colapsara definitivamente. Existen casos de personas con hemofilia que reciben apenas 3 de las 24 dosis que necesitan diariamente.

“3.550 personas trasplantadas, 77.000 personas con VIH-Sida, 4.990 con hemofilia, personas con esclerosis múltiple, párkinson, krohn, están sin medicinas total o parcialmente. Los tribunales nacionales no pueden resolver que es responsabilidad de las familias conseguir las medicinas con los actuales índices de pobreza. El Estado está en la obligación de movilizar los recursos disponibles de la cooperación internacional para mitigar los efectos de la falta de medicinas y alimentos” manifestó el activista.

 El problema de la salud en Venezuela responde a las malas políticas de los últimos años

 Jorge Díaz Polanco, del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), también recalcó el problema de la poca eficiencia en el gasto de salud debido a la descoordinación de las iniciativas de las autoridades en esta materia.

 “En Venezuela no tenemos un sistema de salud sino una serie de establecimientos que brindan una atención médica no coordinada. Un sistema de salud debe trabajar articuladamente para atender las necesidades de la población” puntualizó el experto.“Se acentuó la desinstitucionalización y la privatización del sector salud. Casi el 70% de lo gastado en servicios de salud, sale del bolsillo de los usuarios. En los últimos años ha impulsado, lejos de lo que manda la Constitución, un sistema privado de salud. Ha privatizado el derecho” declaró Díaz Polanco.

 «El índice de tuberculosis ha incrementado significativamente. No se publican cifras oficiales desde 2014. Se suman factores de hacinamiento y pobreza extrema. La caída en la importación de productos farmacéuticos ha sido abrupta y explica los actuales niveles de escasez. Casi el 80% de los servicios de emergencia en hospitales se encuentran paralizados”. afirmo el experto.

Una de las soluciones que plantea el Dr. Díaz Polanco tiene que ver con la descentralización “la descentralización es una estrategia. Las personas son las que resuelven los problemas” al tiempo que advierte que la emergencia humanitaria en Venezuela está teniendo repercusiones a nivel internacional: “El repunte de la malaria es evidencia del retroceso de la salud en Venezuela y ya comienza a ser un problema de preocupación internacional” afectando a Colombia y Brasil.

 Perspectiva de género y pueblos indígenas

 Magdymar León, Coordinadora de la Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa (AVESA), detalló la manera como la actual emergencia humanitaria en Venezuela afecta especialmente a las mujeres de acuerdo al último informe de la organización “Mujeres al Límite”. “Ya no estamos en una crisis, estamos en una emergencia humanitaria que requiere de unas acciones que partan de un diagnóstico apropiado y enfoque de género” explicó León. “Si las mujeres no tenemos acceso a los métodos anticonceptivos se nos coarta desde el derecho a la educación hasta la participación política: en Venezuela el retroceso que hemos tenido en este ámbito es dramático. No es un problema moral, es de políticas públicas. De acuerdo a la Federación Farmacéutica, desde 2014 hay 90% de escasez de métodos anticonceptivos. Solo el 2% lo aporta el gobierno. Las mujeres están recurriendo a esterilizaciones quirúrgicas” afirmó León.

 “Mientras globalmente las muertes de mujeres a consecuencia de complicaciones por el VIH disminuyen, en Venezuela aumentan debido al difícil acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y desabastecimiento de medicinas; se están practicando partos vaginales en mujeres con VIH-Sida, lo cual expone al neonato. También a falta de fórmulas lácteas, las mujeres con VIH-Sida se ven obligadas a amamantar a sus hijos lo que aumenta las probabilidades de transmisión al bebé”.

León denuncia que no existe ninguna política pública explícita para el abordaje, prevención y detección a tiempo del cáncer de mama. “El tipo de cáncer que más está afectando a las mujeres venezolanas” y, enfocándose en el tema de la alimentación y su relación con la salud, León afirmó que “las mujeres en Venezuela están dejando de comer para poder alimentar a otros miembros de la familia, mermando su salud. Específicamente, en el 56% de hogares se están sacrificando las abuelas. La alimentación de las niñas es sacrificada para mejorar la de los niños” manifestó la coordinadora de AVESA.

 Aime Tillet, del Grupo de Estudios Antropológicos de la UCV, quien ha desarrollado un importante trabajo de campo en Amazonas, abordó el impacto de la emergencia en los pueblos indígenas venezolanos, afectados por la invisibilización en el sistema de salud en Venezuela no contempla la variable “etnia; así como las áreas de silencio” donde no se levantan estadísticas y que coinciden con las áreas del país donde habitan estas personas. Las pocas estadísticas disponibles revelarían una realidad demoledora: Mortalidad entre niños indígenas sería hasta 10 veces más alta que la de cualquier otro grupo, alcanzando casi un 40%.

 “Los pueblos indígenas están sujetos a fuertes procesos de discriminación y vulneración de sus derechos. Las niñas indígenas tienen una expectativa de vida 40 años menor que una nacida en Caracas debido a la cólera y otras enfermedades que les afectan de manera desproporcionada. En lugares de Delta Amacuro la prevalencia del VIG supera el 30%, lo que los está diezmando. Son necesarios materiales informativos en los idiomas de los pueblos indígenas para combatir la expansión del virus” manifestó Tillet.

 Sobre el impacto de la minería en los pueblos indígenas venezolanos, Tillet explica que la minería descontrolada y masiva ha facilitado los vehículos para enfermedades endémicas como el paludismo. “Venezuela está aportando más del 50% de los casos de Malaria en el continente. Junto a Haití son los dos únicos países en los que la enfermedad ha venido creciendo. Los peces del Río Caura, base de la alimentación de los indígenas tienen una concentración de mercurio de 1,8 mg/kg el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 0,5mg/kg”.

En el evento también participó Flor Pujol, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quien hizo un llamado a las autoridades a informarse y aplicar medidas que han tenido impactos positivos fuera de nuestras fronteras, por ejemplo las llevadas a cabo en el norte de Brasil donde se han logrado controlar distintos tipos de epidemias.

 Próximos encuentros

 El siguiente foro sobre la emergencia humanitaria en Venezuela se desarrollará el miércoles 15 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en Foro XXI, en el Centro Letonia de La Castellana, en Caracas, donde se dilucidará sobre la emergencia alimentaria: malnutrición y factores de riesgo infantil, incidencia en la salud pública de la crisis alimentaria y situación general de la producción agroalimentaria.

El tercer y último foro tendrá lugar el lunes 20 de noviembre, también de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y en los mismos espacios, para aproximarse al drama de las migraciones a países vecinos desde Venezuela: diagnóstico y recomendaciones para  la atención de población migrante en riesgo.

En ambos eventos, abiertos sin costo alguno al público general y medios de comunicación, estarán participando, además de la coalición Cívilis que engloba a más de 170 organizaciones de la sociedad civil, Fundación Bengoa, Acción Campesina-CESAP, el Observatorio Venezolano de la salud (OVS), el Grupo de Estudios Antropológicos (GEA), el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, Cáritas y la Universidad Central de Venezuela.

 Para más información; organizaciones, instituciones y personas interesadas pueden escribir a info@aiven.org o llamar al (0212) 7931318.

Como una cuestión de vida o muerte califican las organizaciones Acción Solidaria y Amnistía Internacional Venezuela la crisis que vive el país e instan al gobierno a que convoque a la comunidad internacional y a los países vecinos a detener el sufrimiento de la población venezolana.

Por ello, estas organizaciones, a través de un comunicado, llaman a unas jornadas que comienzan el lunes 13 de noviembre, en el Centro Letonia de La Castellana, para abordar la merma de la calidad de vida, la caída del poder adquisitivo y la escasez de alimentos y medicinas, a lo que se suma la crisis del sistema de salud público y el avance de la pobreza. El propósito es “identificar nuevas acciones que permitan recuperar de manera urgente indicadores mínimos de disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas que se quedan o huyen del país”, indica el documento.

“El gobierno debe dejar a un lado su arrogancia y emplear la energía que actualmente invierte en la búsqueda de chivos expiatorios y en repetir las misma ineficientes medidas obstinadas, en activar los mecanismos para solicitar la ayuda internacional que tan desesperadamente requiere la población del país”, afirmó Marcos Gómez, director de AIV. Destacó que ya es tiempo de buscar respuestas serias y sostenibles para enfrentar la crisis de salud y de alimentación.

En 2016 murieron en Venezuela 11.466 niños menores de un año, según los boletines epidemiológicos semanales publicados por el Ministerio de Salud después de 4 años de silencio, lo que implica que en ese año aumentó 30,12% las muertes en comparación con 2015, cuando se reportaron  8.812. En el caso de la mortalidad materna, se constata un incremento de 65,79%.

Gómez también indicó que se debe reducir y prevenir la discriminación y atropellos a venezolanos en países vecinos, como Colombia, Brasil, Panamá y República Dominicana. En el comunicado se hace referencia a que en julio pasado cerca de 50.000 venezolanos han solicitado asilo, y se encuentran en situación de vulnerabilidad ante abusos, de acuerdo con información del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Los principales destinos fueron Estados Unidos (18.300), Brasil (12.960), Perú (4.453), España (4.300) y México (1.044). Aruba, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador y Trinidad y Tobago también han recibido solicitudes.

“Es una cuestión de vida o muerte para cientos de miles de personas que actualmente hurgan entre la basura para poder alimentarse, y padecen de condiciones de salud desatendidas debido a la escasez y muchas veces falta total de medicinas e insumos médicos; la apertura del Estado a la cooperación internacional, así como la publicación de datos oficiales y la generación de acciones que contribuyan a disminuir la crisis estructural que origina la emergencia humanitaria”, precisó y exhortó a escuchar las voces de expertos y a manifestar solidaridad.

Habrá una jornada para los pobres el domingo 19

El papa Francisco invitó a celebrar el domingo 19 de noviembre la primera Jornada Mundial de los Pobres, por lo que Cáritas de Venezuela –organización de promoción y asistencia de la Iglesia Católica–, a través de grupos diocesanos y parroquiales en todo el país, se unirá al encuentro con actividades de acogida, acompañamiento y asistencia a personas inmersas en situaciones de pobreza. A esta jornada se unirán simultáneamente 160 organizaciones de Cáritas Internacional y demás fieles católicos en el mundo.

Con el apoyo de voluntarios ofrecerán atención médico-especializada, el Programa de “Ollas Solidarias” y orientación técnico-nutricional a miembros de las familias más necesitadas.

La celebración de la Jornada Mundial de los Pobres de 2017 es la primera en la historia de la Iglesia Católica.

La socióloga Janeth Márquez, directora ejecutiva de Cáritas de Venezuela, invita a la población a sumarse a la ayuda ese domingo 19.

A POCO MÁS DE UN AÑO de que la palabra “femicidio” apareciera en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cuerpo decapitado y desmembrado de Yessika Durán apareció en el refrigerador de su casa. El 28 de diciembre de 2015, el maltrato que recibía de su pareja terminó en una escena dantesca. En el congelador, su cabeza. El resto de su cuerpo mutilado, en la parte inferior de la nevera.

Un mensaje de texto del homicida a su padre develó el suceso. El hombre ante la noticia se dirigió a la estación de Politáchira en la ciudad de Colón para denunciar a Gaudy Mejía, su hijo. Casi de inmediato se activó un bloque de búsqueda para detener al asesino. Sin embargo, a más de 12 meses del hecho, aún continúa prófugo de la justicia.

La corrupción es la causa que para Luis Durán, padre de la víctima, mantiene libre al homicida de su hija. “Ese hombre es de familia adinerada y ya se ha visto en reiteradas ocasiones en Colón y en Colombia, aun así no lo han detenido. Si mi hija hubiera sido la culpable seguro ya estaría tras las rejas”.

Yessika tenía 25 años y llevaba alrededor de tres meses conviviendo con Mejía, quien la sometía a múltiples maltratos. “No le permitía salir con sus amigos, no la dejaba vestirse como quería, la limitaba muchísimo. Incluso, ese 24 de diciembre ella lo pasó sola, porque él se fue sin razón”, cuenta una amiga cercana.

Kharina Rico también hizo poner en práctica los protocolos de esta ley a tan solo 27 días de su reforma. El 22 de diciembre de 2014 murió asfixiada por su cónyuge, así lo afirma Marta Rico, su hermana, y las pruebas preliminares que hicieron mantener a su presunto asesino dos años tras las rejas.

6 años de convivencia con su pareja fueron el preámbulo del suceso. Las señales de violencia siempre fueron percibidas por su familia. “Él la agredía verbalmente, la trataba malísimo”, cuenta Marta. Detrás del maquillaje las consecuencias de un maltrato que traspasaba las palabras. “Notábamos morados en su cuerpo, que ella intentaba tapar con maquillaje. Nosotros le preguntábamos y siempre tenía alguna excusa, nos decía que se había pegado con cualquier cosa pero jamás responsabilizó a Wagner”.

Pese a que el pasado mes de febrero el tribunal encargado del proceso acordó un sobreseimiento de la causa, que le otorgó libertad plena a Wagner Newman, Marta no tiene duda de que su hermana fue asesinada por su pareja. “Kharina tenía un golpe en la base del cráneo y su autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. Todo indica a que él la mató”. En su cuerpo quedaron señales de un maltrato que se acentuaba con el tiempo: “Mi hermana quedó con unas cicatrices de hebilla de correa en sus piernas que demuestran el maltrato al que era sometida”.

La familia de la víctima, al igual que el padre de Yessika, apunta de inmediato a que el giro en el proceso judicial es producto de la corrupción. “Nosotros sabemos que ellos han movido mucho dinero para que el caso quede impune. Él no debe estar libre si está siendo procesado por femicidio agravado. Nosotros solo pedimos justicia”.

La señal más clara de las irregularidades en el proceso, según Marta, se ilustra en la exhumación del cuerpo de Kharina. Así lo aprobó la jueza luego de más de un año en que la familia del acusado solicitara el procedimiento para demostrar que Wagner no había sido responsable. El resultado dictaminó que la muerte de la mujer de 30 años fue por causas naturales. “La exhumación del cuerpo de mi hermana no era necesaria. Desde el inicio hubo suficientes pruebas que incriminan a ese señor. Además se hizo de manera muy sospechosa y sin nuestro consentimiento”, explica.

Pese a que la ley expone que aquel que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, y será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión, aún ambas familias esperan por justicia.

De la ley a las políticas públicas

La deuda de Venezuela no es en materia legislativa sino en la aplicabilidad de la norma, argumenta Judith Pacheco, abogada y presidenta de Amnistía Internacional Venezuela. “Fue un gran avance haber incluido la palabra femicidio en la ley, que se tipificara un delito tan grave como este. Ahora hace falta aplicar políticas públicas que vayan orientadas a detener realmente la violencia contra la mujer”, precisa.

Al momento de encontrar razones para que este tipo de actos sigan ocurriendo en el estado, la cultura es una variable a atender. “En Táchira vivimos aún con muchas manifestaciones de la cultura del patriarcado, el machismo es una de ellas y esto hace que exista misoginia y la consecuencia más lamentable es que continúen apareciendo estos casos tan lamentables”.

La Ley entiende esta realidad y en su objeto busca promover “cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. Sin embargo para Pacheco aún queda mucho trabajo que hacer pues las sombras culturales parecen haber invadido el andamiaje institucional.

“Si los funcionarios de los órganos de justicia no están conscientes de que las victimas deber ser atendidas de manera especial no vamos a ningún lado. La capacitación debe ser indispensable para la concienciación. Aún la cultura machista está en las instituciones y hace que estos casos no tengan justicia con la celeridad debida”, enfatiza Pacheco.

Mujeres que vencen el miedo

Para vencer ese círculo de violencia es necesario denunciar cualquier caso de maltrato. Así lo entendieron 138 mujeres que fueron atendidas por el Instituto Tachirense de la Mujer solo en febrero. No es un número aislado. El promedio de atención de la institución adscrita a la gobernación del Táchira supera los 100 casos mensuales. Esto dibuja una larga fila de más de 1.000 mujeres que vencieron el miedo en 2016.

En Táchira funcionan cuatro de las 69 dependencias fiscales especializadas en violencia contra la mujer que operan en el país. Se trata de las fiscalías sexta y 18, en San Cristóbal; la 32 en Rubio; y la 26 San Antonio. En La Fría, la de guardia también recibe estos casos.

En el edificio del Ministerio Público en la capital saben que los despachos que llevan los expedientes de mujeres maltratadas son de los más álgidos; el trabajo de los fiscales muchas veces se extiende hasta la noche.

En los periódicos no hay espacio para tantos hechos de violencia. El Observatorio Venezolano de Violencia con sede en la Universidad Católica del Táchira, que se encarga de monitorear la prensa regional, solo registró 14 casos. “Solo se reseñan los sucesos en los que ya no se puede hacer nada, casos de femicidio o de violencia muy grave que se hacen noticia”, comenta Mirian Bustos, periodista de sucesos de Diario La Nación.

La tarea entonces es promover la denuncia, vencer el miedo, romper con el machismo como rasco cultural para que estos casos tengan justicia y no se sumen más mujeres a las cifras de una estadística lamentable. Pues como lo expresó la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet: “La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos”.