Alfredo Romero

Desde 2014 han registrado un significativo aumento de detenciones de mujeres

Alfredo Romero, director y presidente de la ONG Foro Penal informó que actualmente hay 19 mujeres presas políticas en Venezuela.

“Actualmente, según la lista actualizada proporcionada por Foro Penal, hay 19 mujeres presas por motivos políticos en Venezuela, incluida la respetada defensora de derechos humanos Rocío San Miguel”, dijo el abogado en un hilo publicado en su cuenta de X (antiguamente Twitter).

Romero manifestó que durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez hubo menos detenciones políticas de mujeres, pero que desde 2014 han documentado un significativo aumento, que suma 429 presas políticas y 1.729 mujeres detenidas con fines políticos.

“Tanto el equipo del Foro Penal como yo hemos respaldado a las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela durante más de dos décadas, y seguiremos haciéndolo, independientemente de las circunstancias que se presenten”, indicó.

Desde 2014 Foro Penal ha registrados 15.818 detenciones políticas en el país, informó Romero. 

No han permitido contacto con España 

El cónsul de España en Venezuela, Marcos Rodríguez Cantero, espera la aprobación para visitar a San Miguel.

Rodríguez Cantero acompañó este sábado a Miranda Díaz y a su padre Víctor Díaz Paruata al El Helicoide para constatar el estado de la defensora de derechos humanos, quien tiene también nacionalidad española. Sin embargo, todavía no han autorizado la visita de Cantero.

Igualmente acudió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) junto a los familiares de Alejandro González, exesposo de la defensora de derechos humanos.

A San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, la detuvieron el pasado viernes 9 de febrero junto a varios familiares, incluida su hija. La acusan de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.

El Ministerio Público que dirige el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha asegurado que ambos están vinculados con la Operación Brazalete Blanco, que tendría como fin atentar contra Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios.

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La organización no gubernamental Provea señaló que, la mayoría de los asesinatos de aquel día, fueron a manos de policías, militares «e individuos que siguen sin justicia»

Han pasado 21 años desde aquel 11 de abril de 2002, cuando una gran marcha en Caracas derivó en una situación de violencia y represión en el centro de la ciudad capital. 

De acuerdo con Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano (FPV), a más de dos décadas del hecho, cada vez hay menos claridad y no ha habido justicia.

«Hoy se cumplen 21 años del 11 de abril de 2002. En esa manifestación, que caminaba hacia Miraflores, resultaron 19 personas asesinadas y más de 300 personas heridas de bala», recordó Romero.

Romero recordó también el caso del joven Jesús Espinoza, de 18 años, a quien asesinaron de un disparo en la cabeza. El caso sigue impune. 

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con los venezolanos, ya que habiéndose admitido esa denuncia y habiendo concluido el procedimiento relacionado con el mismo, al día de hoy,  no se ha pronunciado para remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a la denuncia en 2004 y a la audiencia en 2007».

Para el director del Foro Penal, ese día marcó el inicio de la represión política en Venezuela.

«Ese día marcó el comienzo de lo que sería la represión política sistemática que al día de hoy investiga la Corte Penal Internacional (CPI). El 11 de abril de 2002 no lo investiga, pero sí lo que ocurrió posteriormente» acotó.

#11Ab Hoy se cumplen 21 años de la masacre del 11 de abril 2002 en Caracas, Venezuela. Mas años, menos claridad.#QueSeHagaJusticia @ForoPenal @alfredoromero @HimiobSantome pic.twitter.com/QDkyAescgk

— Foro Penal (@ForoPenal) April 11, 2023

Por su parte, la organización no gubernamental Provea señaló a través de Twitter que la mayoría de los asesinatos de aquel día fueron a manos de policías, militares «e individuos que siguen sin justicia».

«21 años de políticas de represión que persisten y se agravan en Venezuela», cuestionó la ONG.

Hoy #11Abr se cumplen 21 años en impunidad de la masacre del 11 de abril del 2002, Caracas.

La mayoría de los asesinatos fueron a manos de policías, militares e individuos que siguen sin justicia.

21 años de políticas de represión que persisten y se agravan en Venezuela. pic.twitter.com/hENiTWXi9S

— PROVEA (@_Provea) April 11, 2023

Marcha pacífica atacada con armas

Pedro Benítez, profesor de Historia Económica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recordó que la multitudinaria marcha del 11 de abril del 2002 fue pacífica y que la narrativa oficial ha tratado de cambiar eso.

“A diferencia de lo que ocurrió en 1936, que el presidente López Contreras recibió a los manifestantes en Miraflores, la del 11 de abril de 2002 fue recibida por un grupo de bandoleros armados en las adyacencias», expresó en entrevista que ofreció a VPITV.

“Son dos acontecimientos distintos que la narrativa oficial trata de mezclar: El 11 de abril hubo una marcha pacífica, legítima, de protesta contra un gobierno, cosa que sería normal en cualquier democracia, pero terminó en medio de una represión terrible y, al día siguiente, un grupo de aventureros intentó dar un golpe de Estado”, añadió Benítez.

21 años del 11 de abril del 2002, el profesor de historia en la UCV, Pedro Benítez (@PedroBenitezF) hace un análisis sobre lo ocurrido y las consecuencias que trajo a la actualidad. #11Abr

¡Conéctate! #BuenosDíasVPItv #EnVivo aquí: https://t.co/Ls7DXj2RKe pic.twitter.com/z5335d07BI

— VPItv (@VPITV) April 11, 2023

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«En virtud de que se ha presentado y se ha tratado de establecer una impresión falsa de un supuesto alivio de la situación en cuanto a la represión, es importante notar que ha habido reformas cosméticas de leyes, como el Código Orgánico Procesal Penal, y digo cosméticas en el sentido de que no se han hecho efectivas, solo la letra escrita», dijo el presidente de la ONG Foro Penal

La ONG Foro Penal afirmó este viernes que 114 presos políticos llevan más de tres años privados de libertad sin condena, pese a que la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece que las medidas cautelares no pueden durar más de este período, por lo que considera que la modificación fue «cosmética».

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En una conferencia de prensa, Romero señaló como ejemplo el artículo 230 de dicha norma, que «estableció un máximo, incluyendo extensiones, de tres años de prisión sin condena, y eso no se ha cumplido porque hay 114 (presos políticos) que han superado los tres años privados de libertad arbitrariamente y que no han tenido condena».

Afirmó que, en este momento, hay 237 presos políticos, entre ellos, 130 militares y 15 mujeres.

Por otra parte, Romero insistió en que «los presos políticos no pueden ser piezas ni fichas de negociación».

Información de EFE

Tarazona ya cumplió 10 meses preso tras haber sido detenido en julio de 2021

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció este martes, 10 de mayo, que Javier Tarazona, director de Fundaredes, fue aislado durante 20 días por contar en una carta sus condiciones de reclusión.

En un video difundido en redes, Romero informó que Tarazona fue castigado por contar en carta a ciertas personas su condición dentro de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Llevaba 20 días aislado, castigado (Tarazona),por unas cartas donde le escribía a unas personas sobre si situación», indicó Romero.

Además, Romero indicó que Tarazona presenta problemas de ansiedad, alergia, hiperinsulinemia e hipertensión y no ha comenzado el juicio, por lo que no ha tenido derecho a la defensa efectiva.

«Luego de 20 días le permitieron ver el sol y recibirnos a nosotros como sus abogados. No ha tenido contacto con sus familiares y no le han permitido hacer llamadas», agregó.

Tarazona ya cumplió 10 meses preso tras haber sido detenido en julio de 2021, cuando fue acusado de terrorismo, incitación al odio y “traición a la patria”.

El pasado 5 de mayo, Fundaredes pidió la liberación del activista y aseguró que el estado de salud de Tarazona se ha deteriorado por la vulneración de sus derechos básicos.

#10May 🇻🇪 El director del Foro Penal, Alfredo Romero, indicó a través de su cuenta de la red social Instagram, que logró tener contacto con Javier Tarazona, director de @FundaREDES_ , tras haber sido aislado durante 20 días.
🧵#SomosFronteraViva

— Frontera Viva (@fronteravivanew) May 10, 2022

1⃣ Romero, quien se encontraba en compañía de Rachel González, coordinadora general del Foro Penal, informó que Tarazona fue castigado por contar en carta a ciertas personas su condición dentro de El Helicoide.#SomosFronteraViva

— Frontera Viva (@fronteravivanew) May 10, 2022

2⃣ Tarazona, quien presenta problemas de ansiedad, alergia, hiperinsulinemia e hipertensión, no ha comenzado el juicio, por lo que no ha tenido derecho a la defensa efectiva, detalló Romero.#SomosFronteraViva

— Frontera Viva (@fronteravivanew) May 10, 2022

Alfredo Romero #10Mayo Javier Tarazona nos contó en su prisión política en El Helicoide sobre tratos crueles e inhumanos que sufrió al momento de su detención en julio
del año pasado que estamos evaluando y sustanciando. Estuvo aislado por 20 días hasta hoy. pic.twitter.com/teJTbIX11D

— freddyzur (@freddyzur) May 10, 2022

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Romero señaló que en estos momentos no existe esa oficina, al menos no legalmente constituida

El director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) aseguró este viernes, 8 de abril, que es falso el rumor de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto su oficina en el Tribunal Supremo de Justicia. 

«Nos informan que es falso el rumor de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya abierto su oficina en el TSJ de Venezuela. Igualmente hacemos seguimiento y verificación de cualquier posibilidad de que dicha Fiscalía abra su oficina en Venezuela y atienda a las víctimas», así lo aseguró Romero a través de su cuenta Twitter.

Romero señaló que en estos momentos no existe esa oficina, al menos no legalmente constituida. Aclaró que para abrir una sede en Caracas es necesario «seguir un proceso administrativo, protocolar y formal, el cual no se ha llevado a cabo».

Alfredo Romero indicó que el FPV le está haciendo seguimiento al hecho para comprobar y verificar cualquier posibilidad que la CPI abra su oficina en el país para ofrecerle atención a las víctimas.

Nos informan que es FALSO el rumor de q la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya abierto su oficina en el TSJ de Venezuela. Igualmente hacemos seguimiento y verificación de cualquier posibilidad de que dicha Fiscalía abra su oficina en Venezuela y atienda a las víctimas

— Alfredo Romero (@alfredoromero) April 8, 2022

#8Abr | El director presidente de la ONG Foro Penal (@ForoPenal), Alfredo Romero (@alfredoromero), aseguró este viernes 8 de abril que es «falso» que ya esté instalada la oficina de atención de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas.

Vía @milmanrique pic.twitter.com/JTOOrw1I9m

— 800 Noticias (@800Noticias_) April 8, 2022

“No hace falta que la CPI investigue”

El fiscal general, designado por la Constituyente, Tarek William Saab, durante la presentación del balance de de su gestión frente al Ministerio Público dijo que no hace falta que la CPI investigue casos de violación de derechos humanos. Agregó que en el país  las violaciones a derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico.

«Sinceramente, no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar. Lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo, se han firmado los memorándum, pero en la práctica lo vamos a demostrar».

Saab aseguró que la fiscalía, desde el principio, ha colaborado con la CPI aportando información e invitándolos a visitar el país. «Entregamos ocho informes que compilan más de tres mil páginas sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales para procesar a responsables de violación de DDHH”.

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El pasado 31 de marzo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro, con quien se reunió, en privado.

Khan, cuya visita no fue anunciada a los medios, compareció ante la televisión pública VTV para comunicar los avances en la relación con Venezuela, desde que el pasado noviembre decidiera abrir una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que han denunciado la oposición y diversas organizaciones.

«A lo largo de estos últimos tres días (…) las partes han acordado señor presidente, que mi Fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas, es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí», señaló Khan.

Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, publicó en su cuenta de Twitter la lista de presos políticos trasladados, quienes estaban en Ramo Verde, y los centros de detención a donde los llevaron

Luis Eduardo Betancourt, coordinador del Foro Penal Venezolano en Carabobo, denunció este lunes, 24 de enero, el traslado irregular de varios presos políticos a cárceles comunes.

A través de su cuenta de Twitter, Betancourt indicó que acudió al Palacio de Justicia para verificar que el Tribunal tercero en funciones de juicio, el cual conoce el caso Paramacay, no tiene conocimiento de estos traslados.

«El Tribunal, en este caso el juez, me informó que no tenía conocimiento de ese traslado», añadió Betancourt.

Asimismo, el coordinador del Foro Penal en Carabobo indicó que seguirían en averiguaciones para conocer quién autorizó esos traslados.

De acuerdo con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano»unas de las peores angustias de presos y familiares son los traslados sorpresivos e inciertos».

#24Ene Informan traslado de presos políticos caso Paramacay desde Ramo Verde a Rodeo y Yare. Sin embargo el tribunal no ha sido notificado, lo cual es una irregularidad. Unas de las peores angustias de presos y familiares son los traslados sorpresivos e inciertos. @ForoPenal pic.twitter.com/UKLDvd606K

— Alfredo Romero (@alfredoromero) January 24, 2022

Por su parte, Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, publicó en su cuenta de Twitter la lista de presos políticos trasladados, quienes estaban en Ramo Verde, y los centros de detención a donde los llevaron.

Rodeo 3

Víctor Yoel Cisneros

Jorge Alayeto

Juan Ubencio Machado

Rodeo 2

Gulianny Espinoza

Dixon Giménez

Larry Briceño

Darwin Solís

Yare 3

Gabriel Barros

Luis Mariño

Robert Salas

Alberto Polo

Dirimo Pernía

José Gregorio Rodríguez

#Venezuela. Aquí la lista y los los Centros de Detención donde fueron trasladados varios presos politicos hoy desde la cárcel Militar Cenapromil en Ramo Verde: 👇👇 pic.twitter.com/iAOq4OExBb

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 24, 2022

#24Ene

🚨 ¡TRASLADAN A PRESOS POLÍTICOS!

El abogado de @foropenal en Carabobo, Luis Armando Betancourt (@betangut), alertó sobre el traslado sin notificación de los detenidos por el caso Paramacay.

Vía: @milmanrique@ImpactoVE 📌 pic.twitter.com/Rr8VOBejiQ

— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) January 24, 2022

ONG exigen respeto

El Observatorio Nacional de DDHH se hizo eco de la noticia y denunció el hecho. «Abogados y familiares no recibieron notificación alguna y temen por la integridad de los detenidos», señalan.

Además, exigieron respeto para todos los presos políticos que fueron trasladados.

Desde hace horas se están produciendo traslados de los presos políticos del #CasoParamacay desde CENAPROMIL-Ramo Verde, hacia cárceles comunes. Abogados y familiares no recibieron notificación alguna y temen por la integridad de los detenidos.

— Observatorio Nacional de DDHH (@ONacionalDDHH) January 24, 2022

Desde el #ONDDHH exigimos respeto a los derechos de los presos políticos:
Gabriel Barros, Giulliany Espinoza, Alberto Polo, Robert Salas, Juan Ubencio, Larry Briceño, Luis Mariño, Dirimon Pernía, Luis Mariño, Alayeto Bigott, Dixon Jiménez.

— Observatorio Nacional de DDHH (@ONacionalDDHH) January 24, 2022

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El abogado Gonzalo Himiob, de Foro Penal, explicó que aunque todo estaba listo para la audiencia los funcionarios del Sebin no trasladaron a Javier Tarazona hasta el tribunal

El 25 de noviembre se aplazó, por duodécima vez, la audiencia preliminar de los tres activistas de la ONG Fundaredes detenidos en julio, Omar García, Rafael Tarazona, puestos en libertad condicional en octubre, y Javier Tarazona, que continúa preso. Fueron acusados por terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».

«Hoy se suspende nuevamente -ya van 12 veces- la audiencia preliminar de Javier Tarazona», informó el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en un tuit acompañado de un video en el que aparece Gonzalo Himiob, director de la misma organización, acompañado por los dos activistas liberados, cuya primera fase del juicio también fue aplazada.

#25Nov Hoy se suspende nuevamente ( ya van 12 veces) la audiencia preliminar de Javier Tarazona @FundaREDES_ pic.twitter.com/ZSNgfhj7Md

— Alfredo Romero (@alfredoromero) November 25, 2021

Los activistas fueron detenidos el pasado 2 de julio cuando acudieron a la Fiscalía de Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.

Los agentes que, según su denuncia, los perseguían pertenecen a la Policía y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), así como otros sujetos sin identificar, denunció entonces Fundaredes.

El pasado 26 de octubre, Rafael Tarazona y Omar García fueron excarcelados bajo una medida cautelar que les obliga a presentarse ante los tribunales cada ocho días, según informó en ese momento Romero, mientras Javier Tarazona se mantiene detenido en el Helicoide, un centro de detención del Sebin, en Caracas.

Himiob explicó, en el video en el que aparece con los dos activistas liberados, que aunque todo estaba listo para la audiencia, los funcionarios del Sebin no trasladaron a Javier Tarazona hasta el tribunal.

«Estaba listo el tribunal, estaba la Fiscalía presente, estaba incluso el abogado de la presunta víctima presente, pero lamentablemente el Sebin no cumplió con su obligación de trasladar a Javier Tarazona a los tribunales y por lo tanto (…) no se pudo realizar la audiencia», indicó Himiob.

Información de EFE

La ONG Foro Penal instó al Poder Judicial a ejecutar la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, liberando a 67 «presos políticos» que llevan más de tres años detenidos, en condición de privación de libertad preventiva.

El preso político Daniel Parra, arrestado en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, fue liberado el 22 de septiembre, informó la ONG Foro Penal.

«En libertad (el) preso político Daniel Parra, encarcelado en Mérida por protestas de 2017», escribió la organización no gubernamental en su cuenta de Twitter.

#22S En libertad preso político Daniel Parra, encarcelado en Mérida por protestas de 2017. Primer preso político liberado consecuencia de reforma del COPP. Agradecidos con equipo @foropenal Mérida @francisco_cermeno @fernandocermeza … #QueSeHagaJusticia#AbrazoDeLibertad pic.twitter.com/CdqkSjg5Uh

— Foro Penal (@ForoPenal) September 22, 2021

Parra es el «primer preso político liberado consecuencia de la reforma» del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Horas antes de quedar en libertad, el Foro Penal instó al Poder Judicial a ejecutar la reforma del COPP, liberando a 67 «presos políticos» que llevan más de tres años detenidos, en condición de privación de libertad preventiva.

Otros deben ser liberados de inmediato

El presidente de la ONG, Alfredo Romero, dijo en una rueda de prensa que esa reforma establece «claramente la obligación de liberar a personas que se encuentran más de tres años privadas de libertad preventivamente».

“Hubo personas privadas de libertad cuatro años de libertad, como Lorent Saleh, o que aún se mantienen con privaciones de libertad de cuatro a siete años y a las personas se les iban prorrogando esas medidas de privación de libertad», añadió.

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En este sentido, se preguntó «cuál es la reforma concreta del COPP que establece un tope de tres años»: «Si la prórroga existe de manera justificada por un juez, solo puede ser máxima de un año. Incluso con una prórroga justifica, medida privativa de libertad preventiva solo puede durar un máximo tope de tres años».

Asimismo, Romero indicó que, al día de hoy, «hay 67 presos políticos de los 261 que llevan más de tres años privados de libertad de manera preventiva y aún privados de libertad».

«En virtud de que aplica retroactivamente esta medida en beneficio del reo, hay 67 presos políticos que deben ser inmediatamente liberados«, añadió.

#22Sep Tras la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, solicitará formalmente la liberación de más de 60 presos políticos. Reporta @NeidyFreytesUrb para #VIVOplay por: https://t.co/AyzOvsL1rt pic.twitter.com/NHfWUBuDeV

— VIVOplay (@vivoplaynet) September 22, 2021

#21sep Con la reforma del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal 67 presos políticos que tienen más de 3 años privados de libertad“preventivamente” DEBEN ser liberados inmediatamente. pic.twitter.com/Uobp2vh3X2

— Alfredo Romero (@alfredoromero) September 21, 2021

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, coincide con Romero sobre la necesidad de que sean puestos en libertad de forma inmediata 67 presos políticos.

«La prisión preventiva debe dejar de ser usada arbitrariamente como si fuese una pena anticipada que cumplen personas que ni siquiera han sido juzgadas», sumó.

Exactamente. La prisión preventiva debe dejar de ser usada arbitrariamente como si fuese una pena anticipada que cumplen personas que ni siquiera han sido juzgadas. https://t.co/BJQQgaP7UX

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) September 21, 2021

Esfuerzos institucionales

El abogado Alejandro Rodríguez Morales, experto en derecho penal, también se refirió a la reforma al COPP, que, a su juicio, «tiene aspectos positivos tales como la eliminación del efecto suspensivo ante el otorgamiento de la libertad, la nulidad absoluta de las detenciones arbitrarias y la ampliación de los derechos de las víctimas, entre otros».

No obstante, apunta Rodríguez Morales, «nunca debe olvidarse que más allá de la ley se encuentra su aplicación. En tal sentido, es necesario que se hagan verdaderos esfuerzos institucionales para que dicha aplicación sea adecuada y efectiva«.

En su opinión, «deben hacerse reformas no solo de las normas, sino también respecto al proceder de actores fundamentales del sistema de justicia, como los fiscales del Ministerio Público y los jueces penales. Solo así podrá aplicarse debidamente cualquier reforma del proceso penal».

Con información de EFE